Con el eventual triunfo en las próximas elecciones para presidente del candidato del Movimiento Progresista regresarían los políticos y funcionarios de las administraciones de De La Madrid, Salinas y Zedillo, los “neoliberales”.
Obras son amores
“El cambio verdadero”, dice Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista. Pero no es cambio verdadero el que pretende ni son progresistas los partidos y el movimiento que lo postulan. ¿Qué debería significar un “cambio verdadero” conforme una posición progresista? Pues en comparación con las actuales políticas públicas, conducir a éstas cada vez más y mejor conforme a criterios científicos; esto es, hacer más eficiente y eficaz al Estado, que tenga mejores resultados costándonos menos. A la vez, orientar sus objetivos y metas para ampliar y fortalecer las condiciones que permitan efectivamente mejorar el desarrollo humano. Progresismo es ciencia y humanismo; tecnología y promoción de derechos humanos. El progreso implica el pago de costos y demanda el cumplimiento de deberes; los recursos son limitados, mientras que la población y sus necesidades son numerosas y crecientes. El progresismo sólo puede ser el criterio que concilie la optimización de recursos con el mejor rendimiento y aprovechamiento de éstos para todos de manera justa.
López Obrador no tuvo un gobierno eficaz ni eficiente en la Ciudad de México. Tampoco implicó avance en cuanto a promoción de derechos humanos. El supuesto principal de su progresismo está en los “programas sociales” a partir del reconocimiento de “derechos universales” y la honestidad. Pero si hablamos de “programas sociales”, el padre de ellos es Carlos Salinas de Gortari, con el programa modelo de todos: Solidaridad, hoy Oportunidades. Y Ernesto Zedillo, otro en la lista de los “mafiosos”, supuestamente neoliberal, comenzó a otorgar becas a estudiantes pobres de educación superior (Programa Nacional de Becas para Educación Superior, Pronabes). Si ese es el criterio (repartir dinero público entre los pobres), entonces Salinas y Zedillo tendrían que estar en la lista de los progresistas y no en la de “mafiosos”, o en ambas.
Pero el programa estrella del pejismo, Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, condicionado a que compren en cadenas de autoservicio, no es progresista porque no cumple con un criterio de racionalidad que lo haga eficiente y favorezca más y mejor a quienes lo necesitan. Un concepto errado, falaz, de quienes se dicen progresistas acaba cometiendo una enorme injusticia: aciertan en que todo mundo tiene el derecho a una pensión universal, pero se equivocan en la obligación que al gobierno le corresponde al respecto: que sea universal no implica que se deba subsidiar a todos ni por igual. Es injusto que reciban subsidios quienes no los necesitan, puesto que esos recursos deberían destinarse sólo a quienes les hacen falta. Lo que a unos les sobra a otros les falta y el gobierno actúa sin compensar la desigualdad de la manera más efectiva posible, que es: a mayor pobreza, mayor subsidio; a menor pobreza, menor subsidio hasta llegar a cero. Es tremendamente injusto subsidiar a los que no son pobres: los adultos mayores más pobres deberían estar recibiendo las pensiones de quienes no las necesitan, para que en vez de 900 pesos recibieran 1,800. Este subsidio, así como se entrega ahora, equivale a que los alumnos de la Universidad Iberoamericana y de la Anáhuac recibieran beca de Pronabes. Subsidiar a quienes no lo necesitan no es progresista. Algo similar podría decirse de varios otros programas, que al revisar uno por uno se constata que no son progresistas.
No sólo sus programas, sino en general las políticas públicas y obra pública de quienes se dicen progresistas están lejos de ser efectivamente así. Por ejemplo, el agua es un derecho y en el oriente de la Ciudad de México hay una importante carencia de este bien. Pues en vez de atender esta necesidad por medio de la construcción de un acueducto, esos recursos se destinaron a la construcción de una autopista para el beneficio de unos cuantos automovilistas que transitan de Televisa San Ángel a la colonia Del Valle. En catorce años de gobiernos que se dicen de izquierda no ha aumentado el área cubierta por transporte eléctrico en un solo metro. Ni una estación de Metro más, ni una línea más de trolebús. Al metrobús le dicen ecológico, como si no fuera de combustión de dísel. Lo presumen como si fuera la neta de las netas porque en Brasil hay metrobús y simbólicamente se quieren igualar a Lula Da Silva; pero en la panistísima foxista ciudad de León el metrobús funciona desde mucho antes y mejor. Las estaciones cuentan con timer, por ejemplo. La irracionalidad de estos gobiernos llega al colmo de cobrarle más al automovilista que contamina menos, y a que pague menos quien contamina más. Las policías del Distrito Federal siguen siendo tan negligentes y corruptas como en la época de los gobiernos del PRI, y su burocracia tan nefasta como entonces. Ahí es donde el discurso de honestidad topa con la realidad que lo contradice. ¿Cómo demuestra su progresismo un gobierno que se dice de izquierda como el que fue de López Obrador y luego de Ebrard, si contratan a empresas de outsourcing y sus propias dependencias tienen en su nómina a trabajadores por honorarios a quienes no cumplen sus derechos laborales? Simple y vulgar neoliberalismo institucionalizado.
Que los gobernantes se digan de izquierda o progresistas no implica una ventaja o diferencia con respecto a otros gobiernos de signo distinto en el país: en todos hay “programas sociales”. Veamos el caso de políticas públicas en cultura, con eso de que quienes se dicen progresistas dicen que para ellos la cultura es prioridad: el “jefe de la mafia”, Salinas de Gortari, fue quien creó por decreto el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes así como el Fondo Nacional para Creadores de Arte, y a partir de entonces todos los estados de la República tienen sus respectivos fondos para sus sistemas de creadores locales, excepto el Distrito Federal. El gasto público propuesto por el jefe del Ejecutivo capitalino y aprobado por la mayoría de legisladores izquierdistas locales no marca una diferencia significativa en sus asignaciones presupuestales a los ramos de educación, cultura y ciencia y tecnología. Por cierto, su proyecto educativo manifiesto en las preparatorias del Distrito Federal es lo opuesto al progresismo, que deja a los estudiantes pobres en desventaja frente a los ricos frente al mercado laboral, bajo el criterio de: pobrecitos, no hay que exigirles porque eso es neoliberal y los pobrecitos tienen derecho a recibir un título sin estudiar. El progresismo, por el contrario, implica la competitividad, el esfuerzo por ser mejores, exigirle más a quien más lo necesita.
Lo que propone el “nuevo proyecto alternativo de nación” implicaría en la realidad aumentar el gasto público al doble, lo que requeriría duplicar los ingresos, tan solo para gastar numerosos subsidios no compensatorios, y esto necesariamente tendría que ser por medio de impuestos. Los ahorros por los privilegios de la alta burocracia apenas servirían para pagar el crecimiento de la baja burocracia.
¿Y los derechos humanos?
Si en eficiencia y eficacia estos gobiernos dejan mucho qué desear, en promoción de derechos humanos están peor. No sólo siguen sin erradicarse las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal (GDF), sino que se han incrementado anualmente, de manera constante, las quejas en todos los tipos de violaciones presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CDHDF) durante la jefatura de Ebrard Casaubón, primero impulsado por López Obrador como su delfín y ahora propuesto por él, previa negociación, como su secretario estrella en Gobernación.
Lo que hace más evidente esta falta de compromiso de parte de las autoridades para abatir las violaciones a los derechos humanos de las que son responsables es que de su parte hay un franco desdén para aceptar las recomendaciones que les dirige el ombudsman de la capital, así como para cumplir los puntos que de cada una han aceptado atender. El jefe del GDF ni siquiera asistió a la presentación pública del informe anual de la CDHDF el 30 de mayo de 2011. Durante la administración que se inició en diciembre de 2006 hasta marzo de ese año el GDF había recibido 79 recomendaciones de la CDHDF y sólo cumplió cabalmente con once. Del total, la autoridad ha aceptado cumplir 45, de manera parcial 30 y cuatro no las aceptó. A la fecha permanecen 68 bajo seguimiento del ombudsman.
Lo que hace más evidente esta falta de compromiso de parte de las autoridades para abatir las violaciones a los derechos humanos de las que son responsables es que de su parte hay un franco desdén para aceptar las recomendaciones que les dirige el ombudsman de la capital, así como para cumplir los puntos que de cada una han aceptado atender.
Los pendientes y las negativas llegan a tal punto que el Consejo de la CDHDF exhortó a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el pasado 26 de abril, para que a su vez soliciten a las autoridades correspondientes del GDF que acepten todos los puntos de las recomendaciones que les ha dirigido y no sólo una parte. Esto se debe, según el boletín 128/2011 de la CDHDF, a que “hay funcionarios públicos que aceptan a modo los puntos recomendatorios que no les confrontan con su condición de violadores de derechos humanos, negándose a la reparación del daño, y arguyendo posiciones jurídicas arcaicas, formalistas y contrarias a los derechos humanos”. Por ejemplo, de la Jefatura de Gobierno de Ebrard hay un rezago de 51 puntos recomendatorios sin cumplir, de un total de 98.
“De las y los jóvenes desalojados de la discoteca [News Divine]”, 102 fueron trasladados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a sus cuarteles y a agencias del Ministerio Público, “supuestamente con el carácter de víctimas o testigos del delito; sin embargo, en instalaciones de la SSP se les retuvo, se les marcaron números con plumón en el dorso de la mano, se les fotografió y se les recabaron sus nombres y domicilios, entre otros datos. Además, algunas mujeres señalaron haber sido desnudadas en agencia del Ministerio Público ante un médico y otros hombres para certificar su estado físico”.
Lo anterior es parte del informe de la CDHDF sobre los acontecimientos en la discoteca News Divine en junio de 2008, en el cual se menciona que “los elementos de la SSP, en general y prácticamente de manera continua, insultaron, manosearon, golpearon e infligieron malos tratos a varios de las y los jóvenes”, que les robaron sus pertenencias, faltaron al respeto a sus familiares, les arrojaron gas y maltrataron de varias maneras más. La CDHDF recibió la queja de “Persona 6”, quien vio a dos jóvenes “tirados en el suelo, al parecer desmayados, por lo que solicitó a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que se encontraban en el lugar los atendieran; en respuesta uno de ellos le indicó que tenían órdenes de sus superiores de no atender a nadie”.
Pues bien, las redadas, que se hicieron notorias con motivo de la tragedia en este lugar de entretenimiento para jóvenes, han formado parte de una política pública de seguridad violatoria de las garantías individuales instituida por el propio Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública de López Obrador, según se puede constatar por la Recomendación 6/2004 que la CDHDF le envió en junio del año que indica. En ella se leen hechos como el siguiente: “El 17 de febrero de 2004, su hija Nancy López Mendoza, se encontraba en un vehículo, acompañada de su novio Edgar y un amigo de ellos de nombre Ulises, cuando fueron interceptados por varios elementos de la SSP, quienes hacían un operativo dentro de las inmediaciones de la Delegación Miguel Hidalgo”. Fueron golpeados, torturados severamente y amenazados para que declararan sobre unos paquetes de droga. “A Nancy la subieron a un camión blanco, donde la mantuvieron encerrada por más de seis horas, metiéndole su cabeza a un bote con agua, a efecto de que aceptara todos los cargos que le imputaban e incluso fue objeto de abuso sexual y de insultos, y fue amenazada de que si denunciaba a los policías tomarían represalias contra su familia”. Junto con esta queja se acumularon otras 78 para formar un solo expediente en la CDHDF, en el que se da cuenta de que los Grupos Operativos Especiales de la SSP entraron con violencia a domicilios sin orden de autoridad competente, “amenazaron, amagaron, insultaron, golpearon y manosearon”, incluyendo a menores de edad; también robaron joyas, teléfonos, dinero y enseres electrodomésticos.
De este expediente se derivó la Recomendación 6/2004 presentada el 19 de agosto, la cual solicita a Marcelo Ebrard Casaubón que se abstenga de realizar operativos “que no se contemplen en el marco jurídico” y “de implementar las recomendaciones propuestas por el Grupo Giuliani Partners” —la firma del exalcalde de Nueva York de ese apellido, que se hizo famoso por su tolerancia cero. La recomendación fue aceptada parcialmente por él y sigue sin concluir.
Sin compromiso manifiesto en acciones a favor de derechos humanos no hay progresismo.
Salinistas de vuelta al poder
¿”Cambio verdadero”? ¿Pueden lograr un cambio verdadero quienes formaron parte de lo que ahora dicen querer cambiar? No se trata del arribo al poder de individuos o grupos que han permanecido al margen de éste, sino de aquellos que ya han estado en las posiciones más importantes, que han formado parte de los gabinetes de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que formaron parte de esos gobiernos que no se cansan de llamar neoliberales, pero bien que cobraron en ellos, incluido el propio López Obrador que formó parte del gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid. El cambio que proponen quienes se dicen progresistas es un regreso: el de ellos a las posiciones más importantes de poder.
¿”Cambio verdadero”? ¿Pueden lograr un cambio verdadero quienes formaron parte de lo que ahora dicen querer cambiar?
La actual “propuesta de gabinete” de AMLO carece mayoritariamente de individuos que puedan ser considerados progresistas e inclusive de militancia o filiación de izquierda. Por ejemplo, el secretario de Educación sería Juan Ramón de la Fuente, ministro del “mafioso” y archirrecontraneoliberal y antiglobalifóbico Ernesto Zedillo, gobierno que se dedicó, según la mitomanía de El Evangelio del Amor, a la privatización de la salud y la educación. Los jóvenes universitarios amlistas celebran su eventual nombramiento en 2012 como si desconocieran o no les importara que el doctor llegó a la rectoría de la UNAM por dedazo presidencial y detrás de los granaderos que llevaron a los del movimiento estudiantil huelguista a la cárcel. Su biografía honesta y legítima indica precisamente que fue “designado” y que “el inicio de la rectoría de De la Fuente no estuvo exenta de polémica, pues implicó la toma de CU por parte de la policía y el arresto de cientos de estudiantes huelguistas”. De la Fuente es alguien que no tiene militancia alguna que se pueda considerar de izquierda: no ha formado parte de ninguna lucha social, de ningún movimiento reivindicador, en ninguna protesta. Ni siquiera en el plano intelectual puede reconocérsele alguna aportación a la izquierda como ideólogo, teórico, investigador o que tenga alguna aportación en lo humanístico. Su mérito como rector fue haber quitado el requisito de tesis para la titulación, lo que permitió elevar los índices de eficiencia terminal para escalar un poquito en los ranking internacionales de las mejores universidades hasta alcanzar una posición menos que mediocre entre ellos.
Asimismo, Marcelo Ebrard es alguien a quien los amlistas se dedicaron a restregar su salinismo durante la disputa por la candidatura resuelta por una encuesta. La posición de Ebrard en Gobernación le deja abierta la puerta trasera del despacho a Elba Esther Gordillo. Como secretario de Turismo propone a Miguel Torruco, consuegro de Carlos Slim, prominentísimo miembro de su lista negra de “mafiosos”. El gabinete de AMLO también es territorio Telcel. Adolfo Hellmud, propuesto como secretario de Energía, fue director general en Hacienda bajo las órdenes de Pedro Aspe Armella durante el gobierno de Salinas, uno de los “tecnócratas” señalados por AMLO como miembros de “La Mafia”.
¿Quiénes más podrían ser funcionarios del más alto nivel en su gabinete? José María Pérez Gay, que formó parte del gobierno de Salinas y embajador durante el gobierno de Vicente Fox, otro expresidente en la lista de “mafiosos”. Sería también el regreso a la administración pública federal de Manuel Camacho Solís, en donde no había figurado desde… precisamente cuando Salinas era presidente. También muy probablemente en el gabinete ampliado o en la oficina de Presidencia estarían Alfonso Durazo, del equipo de Salinas en Programación y Presupuesto y luego en la Sedesol, más tarde secretario particular de Fox; Ricardo Monreal, presidente del PRI en Zacatecas en el gobierno de Salinas y senador por ese partido; Héctor Vasconcelos, diplomático y funcionario en Conaculta en el gobierno de Salinas, asesor ahí mismo de Sari Bermúdez, embajador en el gobierno de Zedillo; Arturo Núñez Jiménez, director del Instituto Federal Electoral de Salinas y coordinador de diputados del “mafioso” Zedillo cuando se aprobó el Fobaproa; Porfirio Muñoz Ledo, quien no participó en la campaña a favor del candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, sino en la de su adversario derechista Vicente Fox, en cuyo gobierno participó sin aportación alguna al progreso del país; etcétera, etcétera. No es alternativa ni alternancia ni transición. Ellos ya fueron gobierno, ya gobernaron y lo siguen haciendo desde otros poderes o gobiernos locales; ya estuvieron en el espacio más importante de poder y quieren regresar. Son clase política, parte de la élite. Todas las buenas ideas o intenciones no las pusieron en práctica o de manera suficiente cuando tuvieron oportunidad. No lo harán cuando vuelvan a tenerla.
El sustituto del Tata en la propaganda MoReNazi, Héctor Bonilla, pregunta: “¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo?” Pues bien, la nueva cara del partido más viejo es ésta, la cara del Partido del Trabajo (PT). Precisamente, el líder moral de quienes se dicen progresistas, Cuauhtémoc Cárdenas, reconoció a Manuel Bartlett por su “contribución importante al movimiento progresista”. Cabe recordar que Bartlett fue secretario de Gobernación del jefe de “La Mafia del Poder”, y gobernador de Puebla por el PRI durante el mismo sexenio. Sus diferencias con el salinismo o el neoliberalismo no fueron tan importantes en su momento como para no haber aceptado ser secretario de Educación de Ernesto Zedillo. Pragmatismo puro el del führer del MoReNazismo: sumar aliados y restarlos a sus adversarios. Su objetivo es ganar. La pureza ideológica y el rollo de los principios, los valores y la moral son para su AMLOjügend y su “pueblo organizado”.
Votar por AMLO será votar por todos a los que les convenga y vean más o mejores oportunidades para las ambiciones en sus carreras políticas a nombre del progresismo. Votar por AMLO será votar por el regreso del salinismo tanto o más que votar por Peña Nieto.
Mancera y los derechos humanos… violentados
Pésimas cuentas en cuanto a derechos humanos deja Miguel Ángel Mancera, actual candidato de las izquierdas y el supuesto progresismo, de su gestión al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Durante el periodo de 2007 a 2011 durante el que el doctor Mancera ocupó esta responsabilidad en la función pública la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió un total de 96 recomendaciones, de las cuales 38 fueron dirigidas a la PGJDF, lo que equivale a que en 40 por ciento de las violaciones a los derechos humanos que cometieron autoridades del gobierno local han estado adscritos a distintas dependencias de la procuraduría al mando de Mancera.
Lo más grave es que durante el último año de su gestión, diez de un total de trece recomendaciones se dirigieron a la PGJDF, lo que hace de esta dependencia la principal violadora de los derechos en la entidad, incluyendo cinco recomendaciones por tortura en 2011. Y apenas de esas 38 recomendaciones sólo se han concluido dos, es decir, que casi todas permanecen sin haber sido cumplidas, por lo que la CDHDF las clasifica como “bajo seguimiento”.
No obstante, éste es el candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital del país para quienes se dicen progresistas. El punto es que definitivamente Mancera no cumple con un perfil progresista. Si quienes se dicen progresistas fuesen congruentes con su discurso habrían promovido la postulación de Marta Delgado, quien cubre a la perfección con ese perfil.
Progresistas ausentes
El precandidato del PAN Ernesto Cordero sólo vale la pena ser recordado por haber exhibido el ausentismo de Josefina Vázquez Mota en su función como representante popular más importante, que es la de participar en la toma de decisiones por medio de su voto. Revisando cuál es el promedio en la Cámara de Diputados en que los legisladores votan, en el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año, que fue de septiembre a diciembre se puede encontrar que es en 70% de las ocasiones. Sin embargo, quienes se dicen progresistas y presumen representar y promover un “cambio verdadero están dejando de participar en la mayoría de las decisiones mucho más que aquellos a quienes dicen oponerse. Por ejemplo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, coordinador político nacional del Frente Amplio Progresista, de 237 votaciones estuvo ausente en 174. Votó en 27%, una de cada cuatro. En el Senado no son muy distintos los petistas, su promedio es de 36% y el de la cámara es 65%. Están por debajo de la mitad. La senadora Rosario Ibarra sólo vota en 25% de las ocasiones. Una de cada cuatro decisiones que se deben tomar. ¿Cuáles son sus logros como legisladora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara?
¿Tú quieres que las cosas empeoren o que sigan igual? Sí hay de otra: MoReNazismo. ®
