En la ciudad de Guadalajara [México] se publicó en los medios locales la noticia sobre diputados de varios partidos que además cobran sueldos por otros empleos a los cuales no asisten.
Arturo Zamora
Esta vocación, a la que coloquialmente podría calificarse de centavera, se advierte en funcionarios de todo tipo —el origen partidista no hace ninguna diferencia—, en dirigentes de la universidad pública y también entre quienes forman parte de organismos “ciudadanizados”.
No sólo son los salarios y prestaciones de Jauja con que estupendamente se despachan esos presuntos “servidores públicos”, sino las dobles o triples plazas que, para colmo, son incompatibles, o que materialmente no pueden cumplir con ellas.
Tal es el caso de la diputada priista Elisa Ayón, quien aparte de tener un sueldo como legisladora local (por 107 mil pesos mensuales) cobra más de 22 mil pesos al mes por su nombramiento como directora de dos planteles públicos de educación primaria y en los cuales, para colmo, sólo es una “aviadora”, pues cobra pero no se presenta a trabajar.
Hay una cosa muy útil y práctica —el problema es que también exige una conducta honesta— que se llama “pedir licencia”, es decir, separarse alguien temporalmente de un cargo cuando otra responsabilidad mayor o más apremiante impide atender como es debido el primer compromiso.
Eso es justamente lo que no ha hecho la profesora Ayón ni otros “servidores públicos” centaveros, y quienes todavía tienen el descaro de tratar de justificarse, alegando que la ley no les impide hacer lo que hacen.
En esta situación “legalmente” anómala se encuentran también legiones de funcionarios públicos, que cobran asimismo como presuntos académicos en la Universidad de Guadalajara, pues comúnmente no cumplen con sus compromisos magisteriales.
No sólo son los salarios y prestaciones de Jauja con que estupendamente se despachan esos presuntos “servidores públicos”, sino las dobles o triples plazas que, para colmo, son incompatibles, o que materialmente no pueden cumplir con ellas.
Diputados, regidores y otro tipo de funcionarios, aparte de tener un trabajo gubernamental —muy bien remunerado y que cualquiera consideraría de tiempo completo— mantienen asimismo una plaza docente en la UdeG, una plaza que desde luego no atienden como es debido, cuando no desatienden por entero, en perjuicio de la casa de estudios y de manera particular de quienes tienen la desgracia de ser, aunque sea en teoría, sus alumnos.
Los casos más descarados, en este sentido, son los de diputados federales como el neopriista José Trinidad Padilla López, el priista Arturo Zamora y el petista Enrique Ibarra Pedrosa.
Si los tres residen en la Ciudad de México, donde habitualmente atienden su labor legislativa, ¿cómo es que pueden, al mismo tiempo, cumplir con sus tareas docentes cotidianas en la UdeG, donde cada uno de ellos cobra regaladamente una plaza de “profesor investigador”?
En días recientes —la primera semana de agosto—, tanto el ex rector Trino Padilla como el ex alcalde Arturo Zamora dijeron estar arrepentidos de ello y hasta han declarado que “pedirán licencia sin goce de sueldo”. Pero si reconocen como algo indebido cobrar sin trabajar en la UdeG, ¿por qué lo hacen hasta ahora, dos años después de que se mudaron a la Ciudad de México para asumir el cargo de diputados federales?
Y una pregunta más: ¿ese “arrepentimiento” no debería implicar también la devolución del sueldo cobrado durante esos dos años en la UdeG: 38,676 pesos mensuales en el caso de José Trinidad Padilla López y 24,607 al mes en el de Arturo Zamora?
Por supuesto que no, porque en primer lugar no hay tal arrepentimiento, sino un simple y vulgar cálculo político, pues como ya se avecina el nuevo ciclo electoral y ambos están decididos a buscar un nuevo cargo público no quieren tener el flanco débil de una plaza laboral no atendida en la UdeG. Así que el caso del ex rector y del ex alcalde de Zapopan ni siquiera llega a codicia arrepentida.
Ahora que donde no hay ni pizca de arrepentimiento —ni siquiera de dientes para afuera— es con los funcionarios locales que también cobran en la UdeG. Diputados, regidores, dirigentes partidistas, asesores y otros funcionarios insisten en que no violan ningún reglamento al mantener plazas dobles y hasta triples.
Ahora que donde no hay ni pizca de arrepentimiento —ni siquiera de dientes para afuera— es con los funcionarios locales que también cobran en la UdeG. Diputados, regidores, dirigentes partidistas, asesores y otros funcionarios insisten en que no violan ningún reglamento al mantener plazas dobles y hasta triples.
Esta multitud de plazas también se da dentro de la propia UdeG. El ex rector Raúl Padilla, por ejemplo, acumula alrededor de una decena de nombramientos. Y el rector sustituto Marco Antonio Cortés Guardado cobra también como profesor investigador, aunque tenga años de no acudir a las aulas, y también como miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
A estos y muchos otros funcionarios públicos, escocidos por la codicia, habría que preguntarles dónde se les extravió la honestidad. E igualmente se les podría preguntar por los postulados que, en materia salarial, discurrieron José María Morelos (para quien la persona que ocupa un cargo público debe ser un “siervo de la nación”), o Benito Juárez, quien predicó con ejemplo al hablar de “la medianía republicana”.
Por desgracia, esa digna medianía ha sido atropellada y de manera grosera, hasta por funcionarios segundones, pero eso sí, muy centaveros.®
