Hechos, cifras y opiniones 2005-2013. Unos 5 mil asesinatos en el sureste, incluyendo homicidios dolosos aislados y asesinatos asociados al crimen organizado; 903 presuntas narcoejecuciones de 2005 a septiembre de 2011 según la PGR; el Gobierno Federal realizó ajustes a sus estrategias de combate a la inseguridad.
Entre 2005 y 2013 se cometieron más de cinco mil asesinatos en la región sureste y la frontera sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, siendo las principales causas arma de fuego y objetos punzocortantes, según las cifras oficiales que incluyen tanto homicidios accidentales y violentos, como aquellos presuntamente relacionados con el crimen organizado, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Y aunque incluso en 2014 las cifras oficiales proporcionadas por INEGI, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR siguen sin coincidir en un cien por ciento, la tendencia de la violencia en el sureste de México sigue al alza, contrario al promedio nacional que, en teoría, ha venido disminuyendo desde el pasado 2013.
Pobreza, problema aliado a la violencia
Al panorama de la violencia y el narcotráfico se suman, además, importantes niveles de pobreza en los citados estados mexicanos, que oscilan entre 34.5%, el más bajo (Quintana Roo), y 78.4% del más alto (Chiapas). Una encuesta de febrero de 2012 del Gabinete de Comunicación Estratégica (GEA) indica que la población mexicana considera su mayor preocupación a “la pobreza y el desempleo”.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2012), del INEGI, los delitos que la gente considera más frecuentes son el consumo de alcohol en la calle, robos y saltos, así como consumo de droga, pandillerismo y bandas violentas.
En promedio, 28.8% de los encuestados en el sureste considera el consumo de droga un delito frecuente, aunque la mayor preocupación es el consumo de alcohol en la calle (63.7%).
Las estadísticas de los últimos siete años indican que más de la mitad de los crímenes se perpetraron en sitios públicos y, en buena medida, obedecen a factores demográficos, económicos, políticas públicas de combate a la delincuencia organizada y disputas territoriales entre criminales.
Dejando a un lado los crímenes aislados, que serían la mayor parte, las principales preocupaciones de las policías de los distintos órdenes de gobierno, han sido: el narcotráfico, Los Zetas, en toda la zona, y en menor proporción, La Mara Salvatrucha, básicamente en la frontera chiapaneca.
Las estadísticas de los últimos siete años indican que más de la mitad de los crímenes se perpetraron en sitios públicos y, en buena medida, obedecen a factores demográficos, económicos, políticas públicas de combate a la delincuencia organizada y disputas territoriales entre criminales.
Excepto por La Mara Salvatrucha, el resto de formas de violencia ocasionada por la delincuencia organizada proviene del norte de México, exportándose a Centroamérica, utilizando el sureste mexicano y Guatemala como conducto. Este país ha funcionado como puente de importación-exportación, pasando por allí los narcotraficantes y Los Zetas, de arriba hacia abajo pero también, de abajo hacia arriba, los Maras. Habría que añadir el fenómeno migratorio y las disparidades económicas y sociales entre las mismas entidades de la región.
El director general adjunto de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI, Adrián Franco Barrios, declaró a los medios el 22 de agosto de 2012 que la violencia en México no puede ser medida sólo por la tasa de homicidios, y que “no existe en el mundo manera de medir el crimen organizado”; salvando las proporciones y comparaciones con el resto del país, la información oficial y periodística revela que la violencia encontró nichos de sobrevivencia y crecimiento en la frontera sur mexicana.
Del combate frontal al ataque a la narcoeconomía
Mientras en el sexenio 2006-2012 Felipe Calderón se distinguió por realizar un “combate frontal”, armado, a la delincuencia organizada, el actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto, ha planteado, al menos en su discurso político, la intención de atacar el problema atacando la economía de los grupos delictivos.
Según información del INEGI, correspondiente a “Homicidios por entidad federativa según año de registro”, que abarca de 2005 al 19 de julio de 2012, en los estados del sureste y la frontera sur se registraron 4,734 asesinatos, comprendiendo “el total de registros marcados en el certificado de defunción como ‘presunto homicidio’ y con códigos de causa básica para homicidios según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud”.
“Las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos, básicamente de defunciones accidentales y violentas. Contiene registros de 4 mil 723 Oficialías del Registro Civil y mil 096 Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionan información al INEGI”, expone la institución en su boletín de prensa número 310/12 del 20 de agosto de 2012.
El estado con mayor número de crímenes de este tipo fue Chiapas, con 2,106, en tanto los que presentaron menores cantidades fueron Yucatán y Campeche, con 300 y 336 asesinados, respectivamente. Tabasco registró 1,134 homicidios y Quintana Roo 858. La diferencia de estos dos estados se invierte cuando se trata de crímenes asociados a la delincuencia organizada.
Vino del norte
Según el “nuevo mapa del narcotráfico en México”, graficado y divulgado por la agencia británica BBC, el grupo de Los Zetas se ha expandido desde Monterrey hasta la península de Yucatán, pasando por los otros dos estados integrantes de la región sureste: Tabasco y parte de Chiapas, pues en la costa Pacífico de este último operan, también, algunas células de la “Federación de Sinaloa”. Tanto los Zetas como la Federación se han infiltrado además en la zona norte de Guatemala.
Y en esa frontera de Chiapas con Guatemala existen, según la fuente citada, territorios en disputa entre más de dos grupos delictivos.
Los Zetas —que nacieron de “una treintena de exmilitares de élite, contratados como la guardia personal del entonces jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén”— eran “el brazo armado” de ese cártel, “con el que rompió en 2010” aunque antes de la ruptura “ya operaban por su cuenta”. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), “la organización estableció una red de abasto de drogas desde Centroamérica hasta la frontera norte mexicana. El cártel controla prácticamente todos los estados costeros del este del país, desde Quintana Roo hasta Tamaulipas y Coahuila” e incluso se les ha vinculado, presuntamente, con la “Ndrangheta”, un grupo mafioso de Italia, y se caracterizan por recurrir a la extorsión y operar de forma violenta, acribillando a la manera de los sicarios colombianos, según autoridades policiacas.
Son “cientos de células, conocidas como estacas, con veinte sicarios cada una. Los grupos responden a un jefe local, y a su vez éste recibe órdenes de un responsable regional. La cadena termina en el jefe del cártel, que era Heriberto Lazcano Lazcano”, alias el Lazca, presuntamente fallecido en un enfrentamiento con la Marina mexicana el 7 de octubre de 2012. “Su sucesor sería Miguel Treviño Morales, ‘El Z40’, quien era el segundo en el mando”.
Son “cientos de células, conocidas como estacas, con veinte sicarios cada una. Los grupos responden a un jefe local, y a su vez éste recibe órdenes de un responsable regional. La cadena termina en el jefe del cártel, que era Heriberto Lazcano Lazcano”, alias el Lazca, presuntamente fallecido en un enfrentamiento con la Marina mexicana el 7 de octubre de 2012.
Chiapas es la entidad sureña más colorida y compleja dentro del “nuevo mapa del narcotráfico”: colinda con Tabasco (marcado por la gráfica como territorio Zeta), con Veracruz (también zona Zeta y, además, del Cártel de Jalisco Nueva Generación); está infectado por los mismos Zetas, asimismo células de la Federación de Sinaloa, y posee áreas detectadas como “en disputa” (igual que Oaxaca, su otro vecino) y, por si fuera poco, a causa de su colindancia con Guatemala (658.5 kilómetros fronterizos: 57.3% del total de la frontera sur), ha sido foco de atracción para La Mara Salvatrucha.
El otro estado con dificultades serias es Quintana Roo, donde se ha registrado la mayor parte de crímenes relacionados con la delincuencia organizada, al menos desde 2007, concentrándose las cifras específicamente en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es el paradisiaco Cancún.
Narcos, Zetas y Maras desbordándose
Entrevistado por este reportero en 2012, cuando se desempeñaba como procurador General de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia reconoció que el incremento de actos delictivos y otras formas de violencia en la región obedece principalmente a “la dispersión” de los criminales, provenientes del norte de México.
Cae El Mamito, oriundo de Campeche, 2011. Foto AFP.
En entrevistado el funcionario —que desde enero de 2014 se desempeña como zar antisecuestros— dice que Los Zetas vinieron del norte, como el narco, “pero se mueven fundamentalmente en el Golfo de México. Los Zetas nacen con Osiel Cárdenas, un grupo desertor del Ejército, de élite, eran los Gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) del Ejército Mexicano, formado en la Escuela de las Américas, con tácticas de contrainsurgencia, contratados por Osiel para ser el brazo armado del Cártel del Golfo”.
“Los cárteles se desgajaron a partir de que la estrategia emprendida por el gobierno federal anterior fracasó. La extradición de Osiel Cárdenas derivó en la pérdida del control homogéneo sobre los Zetas, que entraron en conflicto con sus anteriores jefes, que son los del Cártel del Golfo. Los Zetas pactan con un grupo que se desgaja del Cártel de Sinaloa, el del Chapo, que son los Beltrán Leyva, y lo que se logra con todo esto es la dispersión del problema. Dispersado el problema, y los Zetas predominando en el Golfo de México, han afectado a Campeche, directa e indirectamente; directamente durante los años 2007, 2008, 2009, hasta una parte del 2010, cuando se captura una célula de ese grupo conformada por sicarios, halcones, narcomenudistas, y un administrador, se les consigna y se les procesa por violencia organizada”.
El Gobierno Federal detuvo capos, pero no subcapos, lo que devino en conflictos intestinos de los mismos cárteles. Sólo se generó “dispersión” del problema en otras regiones. A juicio del funcionario estatal, “faltó inteligencia y combatir desde varios flancos, no sólo las armas”.
Afirma que el “enfrentamiento bélico genera más violencia” pues, además, “no es un problema de policías y ladrones, de matarnos entre sí, sino de asistencia social, oportunidades, ubicación de conflictos en la adolescencia, educación”.
El Gobierno Federal detuvo capos, pero no subcapos, lo que devino en conflictos intestinos de los mismos cárteles. Sólo se generó “dispersión” del problema en otras regiones. A juicio del funcionario estatal, “faltó inteligencia y combatir desde varios flancos, no sólo las armas”.
Un dato coincidente con la declaración del funcionario es el de la encuestadora GEA, según la cual los mexicanos opinan que las causas de la violencia en México son la pobreza y el desempleo, con 22%, seguido de falta de oportunidades de educación: 17%; gobiernos anteriores: 16, corrupción: 13 y guerra contra el crimen del entonces presidente Felipe Calderón apenas 7 por ciento.
En las zonas turísticas, dice Sales Heredia, predomina “el manejo de estupefacientes, sicotrópicos”, mientras que en Yucatán “existen versiones, que no puedo afirmar pues no tengo pruebas, de que se da otro fenómeno, que es la presencia de líderes de delincuencia […], las familias de los jefes de estos capos”.
En cuanto a la presunción de que El Lazca, supuestamente muerto y cabecilla principal de Los Zetas haya tenido propiedades en Campeche, rechaza tajante y afirma que quien estuvo asociado a la entidad sureña es Jesús Rejón Aguilar, al que apodan “El Mamito”, originario de Sabancuy, perteneciente al municipio de Carmen, quien se confesó culpable en Estados Unidos; “en un procedimiento abreviado para tener beneficios”.
El principal conflicto es territorial.“No es efecto cucaracha, de que los saquen de un lugar y se vayan a otro […]. Es la disputa por los territorios, entre los cárteles” y “tiene que ver con droga, trata de blancas, dísel, secuestros, extorsiones, en todo el país”. En Quintana Roo se consume “más cocaína, por ser zona turística”, aunque aclara que la de “mayor nivel como región es mariguana, pero el alcohol es lo que más se consume”, según la tabla de adicciones. “Es más peligroso el alcohol adulterado que cualquier droga”. Las otras víctimas son los migrantes, en Chiapas, pues “una variante de Los Zetas es secuestrar migrantes.
A juicio de Sales Heredia, un foco amarillo es la frontera sur: Campeche, Chiapas y Tabasco “colindan con Guatemala. Allí, el presidente Otto Pérez, que fue director de Inteligencia del gobierno guatemalteco, suspendió las garantías individuales hace un año para expulsar a los Zetas del Petén”, lo cual puede repercutir en México y es factible “que, desbordados de Guatemala, vengan a los estados de la frontera”. Los Zetas están operando en Guatemala; “ya son guatemaltecos algunos, pueden abarcar territorio mexicano. Los problemas con la delincuencia centroamericana, los Maras por ejemplo, pueden repercutir en México”.
La frontera sur abarca desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, comprendiendo alrededor de 1,200 kilómetros, incluyendo las colindancias con Belice y Guatemala, siendo ésta la más preocupante, a juicio del procurador campechano. La línea fronteriza con Guatemala representa unos 956 kilómetros, de los cuales 654 pertenecen a Chiapas, 108 a Tabasco y 194 a Campeche.
Encuestas imprecisas
El INEGI posee su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), dentro de los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), cuyo propósito es el de “recabar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva”, que sirvió para medir “la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades”. Su diseño correspondió al citado Instituto y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODOC por sus siglas en inglés).
Pero indica que “delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización como la que realiza el INEGI”.
En cambio, informa que 30.6 por ciento de los hogares mexicanos contó en 2011 con víctimas de algún tipo de delito del fuero común. La conclusión en materia de víctimas de delitos es que, por cada cien mil habitantes, 29 han sido agraviados. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, y la PGR, sin embargo, sí divulgaron información estadística hasta parte de 2012.
Lluvia periodística de cifras
Cabe aclarar que tanto el gobierno federal como los medios masivos difieren en el uso de términos para referirse a los asesinatos presuntamente asociados al crimen organizado, y que los datos oficiales se han dado a conocer en distintas fechas, abarcando distintos periodos. Así, existen, por ejemplo, concentrados que abarcan 2005-2010; otros 2006-2011 y otros más 2007-2012. Ni el gobierno ni los medios informativos coinciden en sus apreciaciones. Aquí compartimos un par más.
Dos de los periódicos que hacen sus propias evaluaciones acerca de las “ejecuciones” del sexenio de Felipe Calderón son Reforma y Milenio. Éste, considerando que la política oficial del panista en combate al crimen arrancó en 2007 y terminó en 2012, refiere (con fecha 1 de diciembre del año pasado, cuando publicaron su conteo) las siguientes cifras para el sureste: Yucatán: 44, Campeche: 53 ejecuciones, Tabasco, 139 (el año más violento fue 2009, con 46, y el segundo más violento 2011 con 32); Chiapas, 150 y Quintana Roo, 317 (2010 y 2011 presentaron más ejecuciones: 73 y 94 respectivamente), a juicio del citado medio y su particular interpretación de las cifras oficiales.
Pruebas incautadas a banda de asaltantes. Foto PGJ Campeche.
Reforma hace lo suyo paralelamente y parte del mes de diciembre de 2006, para concluir en el mes de noviembre. Según esto, en Campeche hubo 14 muertes “en hechos relacionados con el crimen organizado”; en Yucatán, 21; Tabasco, 197; Quintana Roo, 208 y en Chiapas, 323. Aunque la nota aclara que “el ‘Ejecutómetro’ de Grupo Reforma tiene como base las notas publicadas en sus ediciones impresas y páginas web”, es decir, no se refiere a las estadísticas oficiales. La situación de Milenio es parecida, aunque no lo advierte en sus “ejecutómetros”.
En consecuencia, los concentrados oficiales del gobierno federal, que investigamos, no coinciden con las apreciaciones particulares de los citados medios.
Jóvenes, principales delincuentes
Mediante su Envipe 2012 el INEGI informa que durante 2011, en el caso de los delitos donde se identificó la edad del infractor, la mayor parte de los delincuentes fueron jóvenes menores de 29 años de edad en la región sureste.
En Campeche 29.3% habría sido cometido por menores de 25 años y 29.1 por mayores de 26 pero menores de 35. En Chiapas 26%, menores de 25, mientras que en 30.9 de los casos los presuntos responsables oscilaban entre los 26 y 35.
Asimismo, en Quintana Roo 42.1% habría estado a cargo de menores de 25, y en el resto, 30.6 por ciento, contaba con más de 26 y menos de 35. Mientras que en Tabasco 28.7% se ubicó en el primer rango citado y 23.4 en el segundo. Finalmente, en Yucatán, 24.3 por ciento de los delitos los habrían cometido menores de 25 y 26.5 por mayores de 26 pero menores de 35.
La inmensa mayoría de delitos los cometieron varones, y donde las mujeres se involucraron más fue en Tabasco.
Impacto económico y apatía de académicos
Según el Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES) “la violencia y el crimen tienen consecuencias al atemorizar a los ciudadanos e impiden la cooperación social, frenan también el crecimiento económico, corroen el entramado social a nivel local” (José Antonio Aguilar Rivera, coord., Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México, México: S.S.P, 2012).
El investigador José Antonio Aguilar Rivera lamenta la apatía de buena parte de los académicos mexicanos, al ser muy pocos, al menos hasta octubre de 2012 (mes de la maquila del citado libro, según su pie de imprenta), los que se ocupaban con seriedad del problema de la violencia en el país, y reconoce la labor de la revista Nexos en este apartado, pese a no ser una publicación academicista.
En Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México se indica el “impacto de la tasa de homicidio sobre PIB per cápita”, conforme a la “tasa de homicidios 2003-2010”. De allí se desprende que “Chihuahua encabeza la lista con una pérdida de 0.89% seguido de Sinaloa que pierde 0.55%, Nuevo León 0.52%, Durango 0.47%, Nayarit 0.39%, Coahuila 0.37% y Tamaulipas 0.33%. En los estados de Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y México la reducción de sus tasas de homicidios mejoró el desempeño económico. En Campeche, Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas hubo poca afectación debido al crimen” (Raúl Aníbal Feliz, pp. 236-237). La expresión “poca afectación” deja implícita, sin embargo, la existencia de aquélla por menor que haya sido.
En su tabla “Impacto sobre la tasa de crecimiento per cápita del crimen” el citado investigador revela que la tasa de homicidio en Campeche, en 2003, fue 6.07, mientras que en 2010 fue de 6.08. El “impacto de la tasa de homicidio sobre PIB per cápita” en Campeche fue, en promedio, de 0.02% anual.
En Chiapas ese “impacto de la tasa de homicidio sobre PIB per cápita”, en promedio, fue de 0.69 anual. Para Quintana Roo, de 0.37, para Tabasco, de –0.16, mientras que para Yucatán fue de 0.36.
Aumento paulatino del tráfico de drogas
En Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México se aprecia cómo se ha incrementado el problema del consumo o tráfico de estupefacientes en el sureste de México. En el apartado relativo a “Averiguaciones previas por delitos contra la salud” se muestra cómo, en 1997, del total de esas averiguaciones previas, en Campeche sólo 12.2% correspondía al rubro “delitos contra la salud”, mientras que en 1999 sube a 27.9, en 2007 aumenta a 58.9 y desciende en 2010 a 22.2% luego de una serie de altibajos estadísticos.
El caso más extremo es Quintana Roo, que en 1997 contaba con 33.3% de averiguaciones previas por delitos a la salud, y en 2010 la cifra era de 62.6%, sin tomar en cuenta que en 2007 ese rubro representó 95 por ciento.
Casos diferentes son Tabasco y Chiapas. En ese mismo contexto, la “región del trópico húmedo pasó de 5.9% en 1997 a 13.8 en 2010, en tanto que Chiapas, del total de averiguaciones previas en 1997 sólo 10.1% pertenecía a delitos contra la salud”, y luego de ligeras variaciones, en 2010 el porcentaje es de apenas 14.2.
903 asesinatos “por presunta rivalidad delincuencial” de 2005 a septiembre de 2011. Cancún, alarma
La PGR, que inicialmente había utilizado el término “ejecución” en 2011, lo reemplazó por el de “fallecimiento” al poco tiempo. La “ejecución” o “narcoejecución” como “asesinato cometido por el crimen organizado”, dice la investigadora polaca Małgorzata Polańska, “no existe como un término jurídico”.
Según la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial en el periodo diciembre 2006 a diciembre 2010” de esa Procuraduría, en los cinco estados que conforman el sureste de México suman 710 los crímenes cometidos nada más en cuatro años. A saber, Campeche: 31, Chiapas: 304, Quintana Roo: 151; Tabasco: 198, y Yucatán: 26, a partir del documento “Ejecuciones por Municipio”.
A esa cantidad habría que sumarle 193, reportados oficialmente por la PGR como correspondientes al periodo enero-septiembre de 2011. Es decir, 903 hasta la fecha en que se detuvo el conteo público con que el gobierno federal “transparentaba” las ejecuciones asociadas al crimen organizado.
De la primera estadística: 2006 a 2010, en Campeche, la mayor parte de los crímenes del contexto arriba citado, se concentra en el municipio de Carmen, donde se perpetraron 24, y el resto se divide entre la capital de la entidad (4), Escárcega, Calakmul, y “No especificado”, con uno cada cual.
Con 304 casos Chiapas que acumula más crímenes de esta naturaleza, en buena medida por su densidad poblacional: 4,796,580 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del 12 de junio de 2010, más que el norteño Nuevo León: 4,653,458 habitantes, pero con mucho menor poder adquisitivo.
El municipio chiapaneco más conflictivo de 2006 a 2010 fue Tapachula, con 46 homicidios, probablemente influido por su cercanía con Guatemala y, tal vez, la presencia de La Mara Salvatrucha. Le sigue Suchiate, con 30; Comitán de Domínguez, con 23; Frontera Comalapa, con 18 y Benemérito de las Américas con 15. En el resto se contabilizaron casos de cero a nueve.
Quizás la situación más alarmante la viva Cancún, cabecera del municipio con el mayor número de homicidios cometidos por delincuentes en presunta rivalidad con otros delincuentes: 101 casos en cuatro años. Más de 66% de un total de 151 en la entidad maya.
Al respecto Renato Sales Heredia, a partir del intercambio de experiencias y apoyos con procuradores de la zona sur, comentó en entrevista que el problema está relacionado con la afluencia de turismo nacional e internacional, que implica, además, movimiento de drogas sintéticas, distintas a la mariguana, como la cocaína, entre otras.
Con base en el banco de datos de la PGR, los otros dos municipios con mayor número de homicidios son Othón P. Blanco y Solidaridad, con 17 asesinatos por presunta rivalidad entre delincuentes, respectivamente. Le siguen Cozumel, con nueve; Isla Mujeres con uno, Tulum con dos y “No especificado”, cuatro.
Por otra parte, Tabasco suma 198 crímenes de la misma naturaleza entre 2006 y 2010. Los municipios más conflictivos, en este sentido, fueron Centro (donde está la capital Villahermosa), con 41; Huimanguillo, 34; Cárdenas, 22, así como Cunduacán y Tenosique, cada uno con 20 casos.
La entidad con menos problemas es Yucatán, con 26 asesinatos del mismo tipo, a pesar de los 12 decapitados de 2008. El municipio que acaparó la mayoría de crímenes fue Mérida (22), Muna (3) y Valladolid (1).
A causa de la explotación petrolífera, la de Carmen es una “población flotante” que proviene de entidades vecinas, como Tabasco, y otras relativamente cercanas, como Veracruz, pero también del norte y centro del país, que han incorporado nuevas dinámicas sociales, culturales, económicas e incluso delictivas a la isla.
Una estadística parcial, pero que al fin y al cabo engruesa las cifras de muertes relacionadas con el crimen organizado por causas de rivalidad es la proporcionada por la PGR, correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2011, que conservan la misma tendencia, aunque según la dependencia hubo un decremento en el país. En ese lapso Campeche suma nueve casos más: en Carmen siete, en tanto Calakmul y Calkiní registraron uno cada cual. No obstante, la tendencia en cuanto a violencia en determinados municipios se mantiene, pese al supuesto retroceso criminal.
A causa de la explotación petrolífera, la de Carmen es una “población flotante” que proviene de entidades vecinas, como Tabasco, y otras relativamente cercanas, como Veracruz, pero también del norte y centro del país, que han incorporado nuevas dinámicas sociales, culturales, económicas e incluso delictivas a la isla.
Chiapas incrementa con 60 asesinatos en el mismo concepto, Los municipios con más homicidios “por presunta rivalidad delincuencial” son Huixtla (6), Suchiate (7) y Tapachula (10).
Quintana Roo agrega 43 ejecuciones. Los números más altos los representan los municipios de Benito Juárez (Cancún), con 31 asesinatos, Othón P. Blanco e Isla Mujeres, con cuatro cada uno. Felipe Carrillo Puerto y Tulum, uno cada cual, e Isla Mujeres, dos.
A su vez, en Tabasco se registran 80 nuevos asesinatos en la misma etapa. Los que mayor número de crímenes registraron fueron Cárdenas, con 33; Centro (Villahermosa), 11; Huimanguillo, 10 y Tenosique con ocho; en el resto: Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa, los homicidios entre presuntos delincuentes organizados oscilaron entre uno y dos solamente.
Yucatán presenta uno solo en el municipio de Tizimín.
Yucatán, tierra de “decapitados” y familias de capos. Un recuento
Si en las estadísticas regionales Yucatán figura como el estado con menor índice de ejecuciones, también es cierto que acumula casos de hallazgos de cadáveres y propiedades vinculadas a la delincuencia organizada, que mantienen abierta la posibilidad de que se trate de un paraíso para la residencia de capos y familias de capos.
El 24 de septiembre de 2007 un avión (matrícula N-987SA) de Estados Unidos, que transportaba 3.3 toneladas de cocaína, se estrelló en Tixkokob informaron medios nacionales.
El 26 de septiembre del mismo año El Universal publicó que la PGR consideraba a Yucatán una zona “estratégica para el tráfico de drogas”, armas e indocumentados. Según esto, el narco habría usado avionetas que “bombardean de droga” sitios del sureste y la transportan a tierra “en lanchas rápidas”. Asimismo, permite “operaciones ilícitas a través del canal de Yucatán —que conecta al golfo de México con el mar Caribe—, por donde transcurre 70% del transporte marítimo hacia Estados Unidos”. La cercanía con Centroamérica y el paso de indocumentados aumentaba “la posibilidad del tráfico ‘hormiga’ de estupefacientes y armas”.
Los narcohallazgos continuaron. Un año después, el 28 de agosto de 2008, hubo una matanza de 12 narcomenudistas, cuyos cuerpos decapitados se encontraron en la exhacienda Chichi Suárez y el municipio de Buctzotz.
La relación con Quintana Roo quedó más clara cuando detuvieron en Cancún, el 3 de septiembre, a dos cubanos presuntamente vinculados con las doce decapitaciones en Mérida: Ricardo Coto Vázquez, de 39 años y Yamiset Santana Lam, de 30, que portaban armas prohibidas a civiles.
Ese mismo día El Universal divulgó “versiones de la ruta” del avión N-987SA, que transportaba cocaína de El Chapo Guzmán, según datos de la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos, que ubicó a la aeronave “saliendo de Fort Lauderdale, Florida, el 18 de septiembre de 2007, con destino al aeropuerto de Cancún”, aunque la versión de la DEA es que se dirigía a Toluca. En cualquier caso habría hecho escala en Río Negro, Cundinamarca, Colombia, e intentó regresar a Cancún pero no les autorizaron el aterrizaje.
Según boletines 572/07 y 586/07 de la PGR el avión fue comprado por dos millones de dólares en Estados Unidos y había operado “como parte de vuelos clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde trasladaron a sospechosos de terrorismo a Guantánamo, Cuba, y a centros de detención ilegales”, según documentos de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. El jet “fue dado de baja en Estados Unidos oficialmente el 20 de febrero de 2008, citando como razón de la cancelación de la matrícula que la aeronave privada fue ‘exportada’ a México […] En los registros de la FAA no se incluyen los vuelos del 18 al 24 de septiembre de 2007”. Existe una averiguación previa con el registro PGR/YUC/MER-V/258/2007.
La madrugada del miércoles 10 de septiembre de 2008 militares catearon una casa en la calle 58 con 85 del centro de Mérida, usada “como ‘picadero’” y que se sospecha tuvo algún vínculo con sicarios que participaron en la matanza de doce narcomenudistas ocurrida el 28 de agosto pasado y cuyos cuerpos sin cabeza fueron dejados en montes de la exhacienda Chichi Suárez y el municipio de Buctzotz.
El 29 de enero de 2013 la PGR informó a los medios de comunicación que investiga el paradero del tamaulipeco Jesús Alvarado Aguilar, padre de Juana Raquel Alvarado Torres (o Raquel Alatorre Correa) como presunto responsable de más de veinte viajes entre México y Centroamérica, de 2006 a 2012, para transportar dinero y droga en vehículos camuflados como propiedad de Televisa, según averiguación previa 239/2012 (UEIORPIFAM/AP/239/2012).
Alatorre Correa había sido detenida en Nicaragua en 2012. Alvarado Aguilar se hacía pasar por empresario en Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán. Sería residente de Mérida, donde hay inmuebles registrados a su nombre y el de su hija, adquiridos entre 2008 y 2012.
También le aseguraron doce costosas propiedades en Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas y Tamaulipas. La PGR no ha determinado si están vinculados al Cártel del Golfo o a Los Zetas.
En Nicaragua, el 18 de enero de 2013 Raquel Alatorre Correa y otros diecisiete mexicanos fueron condenados a treinta años de prisión, culpables de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas.
Disparidad económica, social y cultural
Los estados de la región sureste mexicana no sólo sufren disparidades económicas, sociales, culturales y educativas, en comparación con entidades del centro y norte, de mayor potencial económico, desarrollo industrial y educativo, sino que además las padecen entre ellas mismas.
El estado de la región sureste y frontera sur con mayor pobreza es Chiapas, y el menos afectado por este problema es Quintana Roo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo público descentralizado del gobierno mexicano, y ProMéxico, perteneciente a la Secretaría de Economía.
La aportación de cada entidad al producto interno bruto mexicano no se refleja en los niveles de bienestar idóneos, como se aprecia en las demandas permanentes de los gobiernos locales, legisladores y sector empresarial de Campeche, cuyo PIB estatal ascendió a 816 mil millones de pesos en 2011, que representa 5.9% del nacional. Su nivel de pobreza es de 50% y de “pobreza extrema” de 12 puntos.
A su vez, el PIB estatal de Quintana Roo ascendió a más de 192 mil millones de pesos en 2011, que representa 1.4% del PIB nacional. Su nivel de pobreza es de apenas 34.5 puntos porcentuales, y de “pobreza extrema” sólo 4.7.
El PIB estatal chiapaneco fue de 261 mil millones de pesos en 2011, aportó 1.9% al PIB nacional. Su nivel de pobreza es el más alto en el contexto frontera sur, con 78.4%, semejante al de pobreza extrema, de 32.8 puntos.
Mientras que Tabasco, cuyo PIB estatal ascendió a más de 604 mil millones de pesos en 2011, que aporta 4.4% del PIB mexicano, tiene un nivel de pobreza de 57.2 puntos porcentuales y de pobreza extrema de 11.
Por último, Yucatán, cuyo PIB estatal ascendió a más de 187 mil millones de pesos en 2011, 1.4% del nacional, cuenta con una pobreza de 47.9% y de “pobreza extrema” de 9.8 puntos porcentuales.
A esto habría que sumar la permanente queja del estado de Campeche, a través de su clase política y empresarial, que reclama desde hace décadas un mejor trato financiero del gobierno federal, con el argumento que desde “1980 a la fecha, en la Sonda de Campeche se genera la mayor producción del petróleo crudo y una gran parte del gas natural” (alrededor de 80%), afectando diversas actividades productivas, así como la salud y el medio ambiente.
“En 1979 la Sonda de Campeche sólo aportaba 3.5% de petróleo crudo de la producción total nacional. Para 2002 las instalaciones de la Regiones Marinas localizadas en la Sonda de Campeche produjeron (2,604 millones de barriles diarios) 82% del petróleo crudo de México y 32% de gas natural con 1451.8 millones de pies cúbicos diarios; en tanto que del petróleo crudo, 16% en las instalaciones de la Región Sur (conformada por Tabasco y Chiapas) y en la Región Norte (que comprende los estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí) el 2% restante”, expone un documento oficial denominado “Propuestas del Estado de Campeche a la Ley de Coordinación Fiscal”, fechado en 2004.
El hoy gobernador campechano, Fernando Ortega Bernés, firmó siendo senador, el 28 de noviembre 2006, junto con sus homólogos Alejandro Moreno (del PRI) y Sebastián Calderón (del PAN), una “propuesta con punto de acuerdo por el que se hace un exhorto al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en la conformación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, se contemplen recursos a favor del estado de Campeche, para reconocer su aportación en la producción petrolera nacional”, argumentando que según cifras públicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se revelaba en ese entonces que “en la Sonda de Campeche se extrae 83% de la producción nacional de petróleo y 34% de gas natural. Fuente: http://www.pep.pemex.com ”.
En su ponencia “El Campeche de ayer, hoy y el de mañana”, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, Tirso de la Gala Gómez, se quejó de que la economía campechana, fuerte gracias a la exportación del palo de tinte, maderas preciosas y producción pesquera, de las décadas setenta y ochenta, se terminó a causa de “la disminución de las áreas de pesca y la introducción de la industria petrolera a la Sonda de Campeche”.
“Los campechanos aspiramos a un trato fiscal justo, en que la federación otorgue lo que por derecho le corresponde a Campeche, para concretar más obras y servicios y coadyuvar a mejorar la calidad de vida de todos nosotros, como sucede en Estados Unidos, Brasil, Noruega”, que se benefician con porcentajes superiores al de México gracias a la extracción del crudo (19 de octubre, Colegio de Contadores de Campeche, Campeche, XXVI Semana de la Contaduría Pública 2011).
Reacciones estratégicas nacionales 2012-2014
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, contrario a lo que sus críticos opinaron durante la campaña de 2012, el combate al crimen no pasó a un tercer plano y se mantuvo como una política pública, en buena medida a causa de las presiones externas hacia el gobierno mexicano, para atender tres temas fundamentales: la democracia, la corrupción y la inseguridad, por parte de diversas naciones, encabezadas por el vecino del norte, Estados Unidos.
Así, el mandatario planteó como tema prioritario reforzar la lucha contra la pobreza y conservar el combate a la inseguridad. En el primer caso, retomó ciertos elementos que, en teoría, funcionaron en Brasil durante el mandato de Luiz Inácio da Silva, Lula, que aquí aterrizaron con el programa “Sin Hambre. Cruzada Nacional”, cuyos antecedentes nacionales son “Solidaridad”, “Progresa” y “Oportunidades” desde 1988 a 2012. En el tema de la lucha contra la delincuencia, sin manejarlo como “refuerzo”, el actual gobierno federal dio dos giros que los distinguieron de la llamada “guerra contra el crimen” del gobierno anterior, de Felipe Calderón: uno, no concentrarse en la sola captura de algunas cabecillas de bandas delictivas sino abarcar las raíces; dos, implementar medidas que dificulten la inyección de recursos económicos a los delincuentes; tres, reforzar la coordinación entre las distintas áreas de seguridad nacional y cuatro: crear entre otras nuevas áreas la Coordinación Nacional Antisecuestro, a cargo de Renato Sales Heredia, quien hasta las primeras semanas de enero se desempeñó como subprocurador en la Procuraduría General de la República, con el objetivo de atacar uno de los sectores aliados del narcotráfico: los grupos de secuestradores, que se habían convertido ya en un problema especializado, por su forma de operar, que ya no sólo ayudaba a los grupos armados (los brazos armados del narco) sino que además funcionaba como un negocio “aparte”, con sus propios modus operandi y sus propios intereses.
En su boletín número 301/14 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática “da a conocer la información preliminar, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país en 2013”, revelando que “en 2013 hubo 22 mil 732 homicidios en México, es decir, una proporción de 19 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional”.
Lo anterior se deriva de los “registros de 4 mil 994 Oficialías del Registro Civil y mil 157 Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionan información al INEGI”, mientras que “para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se utilizaron los datos publicados por el Conapo, referentes a la Conciliación Demográfica para los años 1990-2009 y las Proyecciones de la Población de México, 2010-2050”.
El INEGI advierte que “además de la estadística de mortalidad por homicidio que genera y publica el INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación publica, en su página de Internet, cifras sobre delitos de homicidio doloso, por lo cual se estima conveniente precisar las diferencias metodológicas de ambas fuentes, las cuales derivan en cifras distintas”. Ésta es la razón por la cual, como en años pasados, los datos no son coincidentes y es difícil especificar, comprender, la incidencia de las muertes asociadas al crimen organizado.
Considerando las últimas cifras del INEGI, y desestimando las citadas desde el principio de este reporte, concluimos que mientras el número de homicidios desciende en el plano nacional, en el sureste aumenta: 160 más que en 2012, aunque, a diferencia de años anteriores, no se especifica cuáles se consideran asociados al crimen organizado. Hubo 860 homicidios en el sureste durante 2012 y 1,020 homicidios en la región durante 2013. ®
