Tres años después del incendio que mató a 41 niñas

“No quiero que nadie me diga Feliz Día de la Mujer el 8 de marzo”, dice Brendy Cuy Urizar. Tampoco Elsa Siquín Montafur celebra este día. Brendy es la tía de Yohanna y Elsa la madre de Yemmi, dos de las 41 niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro en Guatemala el 8 de marzo de 2017.

Tres años después de esta tragedia se culpa a las menores por protestar el día anterior, o se les considera delincuentes ya que, “por estar ahí, algo habrán hecho mal”. También las madres tienen la culpa porque “abandonaron sus hijas en el Hogar”. Esta criminalización llegó al colmo cuando a finales de 2019 las quince niñas sobrevivientes fueron denunciadas “por ser las responsables de la muerte de sus compañeras”. La estigmatización y criminalización no solamente determinan la búsqueda de justicia después la tragedia, también determinó la muerte y vida de las chicas, y de cómo llegaron al Hogar.

Una tragedia anunciada

El día antes del incendio varias jóvenes protestaron y se escaparon del Hogar Seguro Virgen de Asunción en el municipio de San José Pinula, a las afueras de la ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro no era tan seguro, como pretendía su nombre, tampoco según la ley que establece su función como una casa que acoge a jóvenes en riesgo de sufrir violencia.

Cada domingo y cada lunes la madre de Yemmi la visitaba en el Hogar. Yemmi lloraba mucho, quería irse del Hogar. “Se quejaba de la comida podrida y de maltratos. El último domingo que la vi me contó que ya no quería tomar el refresco porque temían que las drogaban para tranquilizarlas, que vio cómo se llevaron a una niña en la noche. Ese día me dio una carta, y por eso luego la castigaron.” Yemmi no exageró. Entre 2012 y 2016 el procurador de Derechos Humanos registró decenas de denuncias de abusos, entre ellos maltratos, violaciones y trata sexual. Brendy, la tía de Yohanna, entiende por qué las niñas protestaron. “Lo único que estaban pidiendo eran sus derechos. No tenían ni toallas sanitarias. Cuando tenían sus reglas sacaron pedazos de colchones.”

El 7 de marzo no fue la primera vez que las jóvenes se rebelaron contra los abusos. Lo que fue excepcional es que esta vez llegaron, por orden del entonces presidente Jimmy Morales, más de cien policías entrenados para combatir criminales a reprimir una protesta de menores de edad.

El 7 de marzo no fue la primera vez que las jóvenes se rebelaron contra los abusos. Lo que fue excepcional es que esta vez llegaron, por orden del entonces presidente Jimmy Morales, más de cien policías entrenados para combatir criminales a reprimir una protesta de menores de edad. Golpeados y rociados con gas pimienta, los jóvenes capturados tuvieron que esperar durante horas en el frío a las afueras del Hogar. Por no querer mezclar a “los buenos” con “los malportados”, encerraron a los chicos en un auditorio grande y a 56 chicas en una aula de 47 metros cuadrados. Las chicas estaban aplastadas ahí desde medianoche, sin acceso al baño ni a agua potable. Les dieron unas colchonetas de polietileno. Después de un día y una noche de desesperación una chica les prendió fuego. Rápidamente un mar de llamas llenó la habitación.

Durante nueve minutos la subcomisaria Lucinda Marroquín tuvo la llave, pero no abrió la puerta. Las sobrevivientes dicen que las insultó y les gritó que se quemaran. Veintitrés niñas murieron calcinadasy dieciocho más en los días siguientes. Quince niñas sobrevivieron, con graves lesiones físicas y emocionales. “Nueve minutos”, llora Brendy sentada en el cuarto donde duerme toda la familia. “Ni abrió la puerta cuando escuchó esos gritos aterrorizados de las niñas que se estaban quemando. Nunca lograré entender esto.”

Sobrevivientes denunciadas por asesinato

Doce personas, entre ellas policías, empleados del Hogar Seguro, una jueza y altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social enfrentan juicios por los eventos del 7 y 8 marzo. Se les acusa de delitos menores, como maltrato y homicidio culposo, delitos que implican penas de tres a ocho años. El proceso penal apenas avanza. “El mayor obstáculo es que dividieron la investigación y enjuiciamiento en tres procesos, según la capacidad de mando y decisión de los sindicados”, dice Esteban Celada, el abogado de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que es querellante adhesiva en el caso y que defiende a tres familias. El proceso también está plagado por otros retrasos y obstáculos. Ya solamente en la última semana de enero 2020 se canceló una audiencia porque un fiscal llegó dos minutos tarde, y la otra, porque olvidaron los permisos de transporte de una sindicada.

Otra estrategia de los abogados de los acusados es culpar a las sobrevivientes y familiares de las fallecidas. Es una campaña que se refleja también en el plano político, mediático y social. Celada habla, indignado: “En vez de concebir a las niñas como víctimas que sufrieron una enorme violencia, las pintan como jóvenes malportadas y delincuentes que fueron encerradas”. También cuestionan a las familias, específicamente a las madres, insinúan que no les importaron sus niñas y por eso terminaron bajo la custodia del Estado. Celada califica esos discursos de muy ofensivos. “Pero lo más perverso de toda esta criminalización es denunciar penalmente a las chicas sobrevivientes como responsables”.

“Este caso es un reflejo de Guatemala, un coctel letal de misoginia, pobreza extrema y violencia intrafamiliar, estatal, institucional y criminal”.

En septiembre de 2019 el abogado Ludwig Sandoval interpuso una denuncia en contra de las quince niñas sobrevivientes, acusándolas de 18 delitos y asesinato, cargo que acarrea una pena de 25 a 50 años de prisión. Sandoval no tiene nada que ver con el caso pero sí con el exdirector del Hogar Seguro. La denuncia se dio precisamente cuando los abogados querellantes buscaban que siete niñas sobrevivientes pudieran por fin dar su testimonio y que ningún sobreviviente debería repetir su historia en tres procesos penales distintos. Según Celada, esta denuncia busca no solamente estigmatizar a las niñas, sino también callarlas. Añade que para poder entender esta criminalización perversa se debe contextualizar la estigmatización y la violencia continuada contra las niñas que ha marcado sus vidas, su llegada al Hogar, sus muertes y la búsqueda de justicia. “Este caso es un reflejo de Guatemala, un coctel letal de misoginia, pobreza extrema y violencia intrafamiliar, estatal, institucional y criminal”.

Secuestrada por el Estado

Yemmi tenía quince años cuando murió en el incendio. Vivió toda su vida en un barrio empobrecido de la ciudad de Guatemala. Su casa es de láminas y ladrillos amontonados. Aun con la cocina afuera del reducido espacio, apenas hay lugar para el baño y dos cuartos con piso de tierra para toda la familia. En el cuarto más grande hay dos camas matrimoniales, donde Yemmi dormía con su madre, tres hermanas y un hermano. El padre murió hace años. Los dos cuartos están llenos de trofeos. A Yemmi la encantaba jugar futbol. Afuera hay vestidos secándose por todos lados. Elsa lava ropa y vende comida para ganarse la vida. Cuando terminó la escuela Yemmi y Carlota, su hermanita cuatro años menor, ayudaban a su mamá a preparar y vender tamales. “Nunca les faltó nada, siempre tuvieron que comer, aunque fueran solamente frijoles. Si necesitaba un cuaderno yo miraba cómo podía comprarlo. Siempre fui papá y mamá para todos.”

No solamente la extrema pobreza caracterizó la vida de Yemmi. También la determinó la violencia que azota el barrio donde creció, y a toda Guatemala. Las pandillas y la violencia que causan es una realidad que no se puede negar allí. Tampoco se puede negar la violencia que generan las autoridades que estigmatizan a los jóvenes pobres de esos barrios como posibles pandilleros. Debido a la persecución de varones jóvenes las pandillas cambian de táctica y encargan a chicas el acarreo de armas y drogas. Una vez Yemmi estaba con una amiga que portaba una arma y fue detenida en un retén de policía. No le permitieron llamar a su mamá. El policía que le quitó su teléfono nunca se lo devolvió. El juez envió a su amiga a un penitenciario juvenil y a Yemmi al Hogar Seguro. Nunca avisaron a Elsa dónde estaba su hija.

El Estado tendrá el cuidado

Stef Arreaga es periodista guatemalteca y miembro del Colectivo 8 Tijax. Tras escuchar del incendio permaneció varios días en el hospital y en la morgue, y desde entonces acompaña a la mayoría de las familias y sobrevivientes. “El dominador común de todas las 54 niñas que estaban en el incendio es la situación de pobreza extrema. Además la mayoría vivía en áreas rojas, consideradas muy peligrosas. Otro factor común es que varias niñas vinieron de familias con madres solteras. Las razones por las cuales las chicas llegaron al Hogar fueron distintas, pero ninguna estaba ahí porque cometió un delito. Unas fueron maltratadas y hasta prostituidas en su casa, otras madres las pusieron ahí porque las maras querían reclutarlas. También hubo madres que querían que sus niñas pudieron tener una educación, comida, acceso a un médico. Algo que las madres no pudieron darles.” Otras niñas eran como Yohanna, quien fue criada por su tía Brendy, porque sus padres se marcharon. “A los quince años se puso rebelde, quería irse”, dice Brendy en su casa de madera, en un municipio de Sololá. “Yohanna llamó al juzgado para llevarla al Hogar.” Stef se pregunta si los jueces que tuvieron que decidir sobre las chicas habrían tomado la misma decisión si no vinieran de áreas marginales. También le llama la atención que tantas niñas provinieran de familias en las que mujeres criaron a las niñas y la marginalización que esto implica.

Elsa, quien no sabe leer ni escribir y casi nunca salió de los alrededores de su barrio, buscó a su hija en hospitales, morgues, hogares y juzgados, dentro y fuera de la ciudad de Guatemala. Varias veces preguntó por Yemmi en el Juzgado de la Niñez que la había encerrado.

Elsa, quien no sabe leer ni escribir y casi nunca salió de los alrededores de su barrio, buscó a su hija en hospitales, morgues, hogares y juzgados, dentro y fuera de la ciudad de Guatemala. Varias veces preguntó por Yemmi en el Juzgado de la Niñez que la había encerrado. Al cabo de un mes la encontró en el Hogar Seguro, después de la sugerencia de un desconocido. “Su pelo tieso, su ropa y su cuerpo estaban llenos de manchas. No la dieron nada para bañarse. Estaba toda golpeada por otras chicas y quemada porque la ponían en la cancha como castigo. Le prometí que iba a sacarla de ahí. En la audiencia el juez dijo que él decide, que el cuidado lo iba a tener él. Pero ¿qué cuidado?, si me la entregó muerta”… Elsa llora.

“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”

Elsa y Brendy lo tienen muy claro: fue el Estado el que las quemó. “Pero los vecinos y mi familia me dicen que por mi culpa estaba ahí”, se lamenta Elsa: “Hasta en el camino a la morgue mi madre y mi hermana me regañaron, porque Yemmi era mi responsabilidad”. También a Brendy la miran mal fuera del pueblo. En las calles de la ciudad más cercana le gritaron asesina. “Ya no vamos por ahí.” Elsa ya tampoco vende sus tamales en el mismo puesto cerca del barrio por miedo a que la vayan a extorsionar. Muchas personas piensan que Elsa, Brendy y las demás familias recibieron dinero por lo que les pasó a sus hijas, las desprestigian porque su motivación al estar en los juicios, dicen, es una indemnización.

“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”, dice Elsa. No hace mucho recibió amenazas de muerte de unos vecinos; hace año y medio mataron a su hija Carolina, de trece años. Fue a una tienda a unos metros de casa y nunca volvió, la decapitaron y la tiraron en un terreno baldío cercano. Elsa dice no tener idea de por qué sucedió eso: “Quizás porque pensaron que yo recibí dinero, o quizás porque Carolina no quería acompañar a una persona, como hizo su hermana. Aquí en Guatemala la violencia la agarra contra las niñas”.

Tres años sin justicia

Tanto Elsa como Brendy se desesperan en su búsqueda de justicia, sobre todo cuando el juez suspende una y otra audiencia. Llegar a éstas cuesta dinero y tiempo, algo que varias familias no tienen. “No voy a todas. El día que voy es un día que no trabajo”, dice Elsa. Brendy se indigna pues ya son tres años y todavía no hay justicia: “Sabemos que estamos enfrentando a funcionarios muy altos y poderosos”. Con unos implicados tardaron dos años para decidir si deberían enfrentar un juicio, como la jueza que no cumplió con su deber de averiguar y asegurar la seguridad de los niños y adolescentes el 7 de marzo. Otros acusados tenían estrechos vínculos con el expresidente Jimmy Morales. Él también enfrenta querellas por haber ordenado la llegada de cien policías extra. Su inmunidad siempre lo protegió de ser acusado en este caso. Y sigue gozando de inmunidad ya que en enero de 2020 fue investido como diputado en el Parlamento Centroamericano, horas después de la toma de poder por el nuevo presidente en enero de este año.

“Lo malo es que la sociedad no escucha. Si siguen rebelándose es porque algo nos quieren decir, pero ni siquiera pensamos que son merecedores de ser escuchados”.

Celada considera que otra razón por la cual se incrementa la obstaculización de la justicia es porque dos de los tres procesos penales están a punto de entrar en la etapa final. En esta etapa habrá debate público y se presentarán evidencias. Quizás en el 2020 se podrán ver condenas por el caso de Hogar Seguro. Sin embargo, Stef Arreaga, del colectivo 8 Tijax, teme que podrían ser penas leves, ya que no se juzga por delitos de tortura sino por delitos como el maltrato. Ademas, penas como la de asesinato culposo no son acumulativas, se juzga por todo el grupo, no por las 56 chicas.

Justicia fuera de los tribunales

Para Brendy y Elsa la justicia no es el memorial que el gobierno instaló en noviembre de 2019 a la entrada del Hogar, con los nombres mal escritos y olvidándose de invitar a las familias y sobrevivientes a la inauguración. Justicia para ellas es que se conozca la verdad sobre lo que pasó, que los culpables sean condenados debidamente y que no vuelva a pasar lo que pasó en ningún otro Hogar y a ninguna otra niña.

Queda todavía mucho por hacer. “Siguen pasando esos episodios de motines en otros hogares donde los niños escapan, donde las niñas están pidiendo que las escuchen”, dice el abogado Celada: “Lo malo es que la sociedad no escucha. Si siguen rebelándose es porque algo nos quieren decir, pero ni siquiera pensamos que son merecedores de ser escuchados”.

Celada insiste en que la justicia también se debe buscar fuera de los tribunales, por ejemplo, manteniendo el altar que organizaciones de la sociedad civil y muchas personas montaron en la Plaza Central de Guatemala. En septiembre de 2019 el gobierno lo quitó. Aunque los activistas volvieron a ponerlo, la falta de indignación de la población en general dice mucho, según Celada. Revela la estigmatización y criminalización de las familias y las sobrevivientes. “Si una sociedad es incapaz de sentir empatía por lo que pasó en un hecho tan grave como éste, se normaliza la violencia. Y puede volver a pasar una tragedia como ésta del Hogar Seguro.” ®

Sitio de Frauke Decoodt.

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