Si pensamos los datos de trabajos serios relacionados con prohibición de drogas y se hace un ejercicio de derivación y agregación consecuente, lo que encontramos son demasiados efectos negativos como consecuencias globales —por generales e internacionales.
Una de las fuentes innegables del Derecho es la estupidez parlamentaria.
—Daniel Cosío Villegas
What is commonly called Utopian is something too good to be practicable; but what they appear to favour is too bad to be practicable.
—John Stuart Mill
El Estado y el narcotraficante. Foto © Excelsior.
Siendo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon dijo que “la guerra contra las drogas es nuestra segunda guerra civil”. Como idea de una guerra de los buenos contra un mal evidente y absoluto no es sino otra mentira de aquel famoso mentiroso. La afirmación sólo podría ser cierta, paradójicamente, si se viera con los ojos del bando esclavista del sur, en lo que sería la primera guerra, y si seguimos a Michelle Alexander: un nuevo sistema de “Jim Crow” estaría entre los resultados de esta nueva y prohibicionista versión The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, The New Press, 2010). Así, la “guerra contra las drogas” de los siglos XX y XXI actualizaría las políticas y las intenciones de fondo de los sureños segregacionistas de los siglos XIX y XX. Por otro lado, pero en la misma línea, en México la supuesta segunda guerra civil nixoniana habría llegado a dar pie a otra guerra civil, una guerra civil económica (cfr. Andreas Schedler, En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, CIDE, 2015). Lo empíricamente cierto es que la prohibición ha provocado más males que bienes: representa y sostiene una mala “guerra”, en la que lo malo puede moverse y se mueve por ambos bandos, Estado y crimen organizado, hasta el punto en que por momentos son o parecen uno.
Si pensamos los datos de trabajos serios relacionados con prohibición de drogas, de los de Ethan Nadelmann y Alejandro Madrazo a los de Fernando Escalante y Ernest Drucker, los de Luis Astorga o Elena Azaola, pasando por los del Grupo de Expertos de la London School of Economics y el mexicano Colectivo Unido por una Política Integral Hacia las Drogas, y se hace un ejercicio de derivación y agregación consecuente, lo que encontramos son demasiados efectos negativos como consecuencias globales —por generales e internacionales.
Prohibirlas legalmente —en vez de regularlas legalmente de modo no prohibitivo— las pone en manos de individuos tan malos como los asesinos profesionales. Y más aún: así se crea a los criminales de las drogas: no hay narco sin ilegalidad. No hay narco sin prohibición. Por eso es que la legalización es una medida contra el fenómeno económico-cultural conocido como narcotráfico.
No sólo se incentiva relativamente el consumo sino que se facilitan costosas adicciones (lo prohibido, en un campo como el de las drogas, es por su misma naturaleza más eficaz atrayendo y obsesionando a ciertos individuos y grupos, aun más cuando no existe buena información, como suele suceder en la ilegalidad). No se reducen los daños en materia de salud pública, se maximizan; un producto de las condiciones de oscuridad, la clandestinidad, la ilegalidad, la criminalización. Se realiza —se vuelve “muy real”, dirían algunos— una dimensión de la injusticia penal, esto es, se origina y conserva discriminación penal contra pobres y otros desaventajados (y afroamericanos en el caso de Estados Unidos, con una tasa de reclusión entre 13 y 15 veces mayor a la de los hombres blancos). Con los encarcelamientos injustos y masivos se alimenta la sobrepoblación en un sistema carcelario podrido, lo que es otro factor de la reproducción criminal. Se violan derechos humanos y se imponen barreras ilegítimas a las libertades individuales. Se permiten, mantienen y endurecen la violencia y la inseguridad públicas que todos podemos ver. Pero concentrémonos aquí en otras grandes consecuencias que incluyen o se relacionan con las anteriores, y que son una cadena de la mayor relevancia fuera del “Primer Mundo”:
Creación de crimen. Prohibir moralinamente por ley es poner bajo control de criminales lo que nadie —salvo ellos— quiere que controlen los criminales. Se trata de un absurdo de los prohibicionistas ideológicos: creen que ciertas sustancias son tan malas que deben quedar prohibidas, pero prohibirlas legalmente —en vez de regularlas legalmente de modo no prohibitivo— las pone en manos de individuos tan malos como los asesinos profesionales. Y más aún: así se crea a los criminales de las drogas: no hay narco sin ilegalidad. No hay narco sin prohibición. Por eso es que la legalización es una medida contra el fenómeno económico-cultural conocido como narcotráfico.1
Corrupción. La prohibición y su “guerra contra las drogas” son foco y fuente de corrupción. Es imposible que no lo sean: el negocio y su potencial son enormes, más allá de cualquier literalidad: 100% de mercado negro, a explotar y defender para toda droga que no sea tabaco o alcohol. Empieza a implicarse en el debate público la idea de que no debemos legalizar hasta que el Estado sea menos corrupto, o que no hay que legalizar porque el Estado está muy corrompido. Pero Estados como el mexicano son tan corruptos como son, en buena medida, por la prohibición. Eliminarla es eliminar una gran fuerza corrupta y una gran presión corruptora sobre el Estado. Como ha recordado Stefano Fumarulo,2 la corrupción es delincuencia organizada, y la delincuencia organizada es corrupción. La prohibición es delincuencia organizada. La “guerra contra las drogas” es corrupción. La legalización no…
No rule of law. La prohibición es una amenaza y un obstáculo al Estado de Derecho, ese arreglo sistémico que no ha crecido en México, por poner un ejemplo. Y es que, puesto en palabras del ex presidente colombiano Virgilio Barco (1986–1990), “la única ley que no violan los narcoterroristas es la de la oferta y la demanda”. Una situación existente gracias a las políticas prohibicionistas. Prohíbes las drogas por ley, espera una ola infinita de delincuentes especializados y profesionalizados que rompen la ley. No sería necesario decir más. Pero hagámoslo. No se ve cómo se avanzaría hacia un Estado de Derecho y de derechos si se insiste, de jureo incluso de facto, en eso que equivale a la locura de encarcelar a alguien por tomar unas cervezas: encarcelar a alguien por fumar unos cigarros de marihuana. A todo ello hay que sumar los costos constitucionales de los que habla Madrazo, los estropicios de los compromisos gubernamentales con “la guerra” sobre los compromisos constitucionales democráticos (véase también “Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas” en Acabando la guerra contra las drogas, LSE–Open Society Institute–CIDE).
“La única ley que no violan los narcoterroristas es la de la oferta y la demanda”. Una situación existente gracias a las políticas prohibicionistas. Prohíbes las drogas por ley, espera una ola infinita de delincuentes especializados y profesionalizados que rompen la ley.
Ahora señalemos dos consecuencias asociadas más, acentuando en México. Sin exagerar ni estirar el argumento, puede decirse que una guerra prohibicionista como la vigente presiona contra la calidad de la democracia y la condiciona a la baja. Es muy difícil dudar racionalmente de que esa guerra haya sido y sea un factor del deterioro político–institucional que ha sufrido este país. Cómo dudar si la prohibición carga y recarga a la corrupción, la impunidad, la ineficacia gubernamental, la ingobernabilidad, la debilidad estatal, la desconfianza social, además de desperdiciar constantemente recursos públicos, tanto sociales como estatales.
En consecuencia, la prohibición de drogas, como matriz jurídico–institucional, juega contra otra deuda de politiescomo la mexicana: la consolidación —plena, cabal, completa— del régimen democrático. Si es posible que una democracia sobreviva en medio de una guerra perdida de antemano y extremadamente costosa, no lo es que suba sostenida y generalizadamente la calidad institucional de esa democracia. ¿Cómo se consolidaría cualquier democracia rodeada por semejantes problemas? En efecto, éstos pueden ocurrir bajo un régimen democrático pero no son culpa directa de una democracia a la que ellos mismos victimizan. En esta guerra no sólo hay víctimas individuales, también las hay del lado de las instituciones democráticas.
La legalización de drogas, es decir, su regulación pública, legal y democrática, puede ser tomada como una política de desarrollo complementaria, al hacer lo contrario de la prohibición: no destruir recursos materiales y humanos, abrir oportunidades de negocio legítimo y de inversión, levantar una plataforma fiscal progresista.
Existe una última consecuencia nefasta: la cancelación del desarrollo. La prohibición se opone al desarrollo en tanto proceso estructural pro–calidad de vida. ¿Por qué? Por todo lo que ya se dijo. Evidentemente. Si se malgastan recursos públicos en burocracia y operaciones de “fuerza”, si se filtran esos recursos entre agentes y actos corruptos, si se anulan en juicios y prisiones, y si no se permite la generación de recursos nuevos vía impuestos de la legalidad, ¿cómo, entonces, la “guerra contra las drogas” no minaría o bloquearía el desarrollo? Así que podemos concluir apuntando que la legalización de drogas, es decir, su regulación pública, legal y democrática, puede ser tomada como una política de desarrollo complementaria, al hacer lo contrario de la prohibición: no destruir recursos materiales y humanos, abrir oportunidades de negocio legítimo y de inversión, levantar una plataforma fiscal progresista, entre varias cosas más.
Es urgente, no sólo justo y necesario, terminar la “guerra contra las drogas”. Eso no es una utopía estricta, algo demasiado bueno para ser practicable, es una alternativa mejor que la realidad actual. Una matriz de posibilidades institucionales positivas y reales. La prohibición, por sus inocultables consecuencias, es como aquello que vio Stuart Mill: algo demasiado malo para ser practicado. ®
—Una versión anterior de este texto se publicó en “Derecho en Acción”, blog de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Esa versión aparece editada por los responsables del blog.
Notas
1 Cabe insistir en que legalizar es regular (en mayor o menor medida, mejor o peor que X), y regular de esta forma, dadas las circunstancias, es liberalizar. Liberalizar es introducir liberalismo en algo, o acercarlo al liberalismo, lo que puede lograrse regulando estatalmente, no sólo desregulando, en clara dependencia objetiva del punto de partida.
2 En el seminario “Responsabilidad pública y rendición de cuentas: una exigencia democrática”, Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas celebrado en octubre de 2015.
