El problema de la legitimidad tiene como imagen ilustrativa para su discusión la del presidente electo Felipe Calderón en el momento en que toma protesta de su cargo como presidente (legal) constitucional, en medio de una protesta impugnatoria al proceso y resultado de su elección.
Sin embargo, no cabe circunscribirlo sólo a ese importante episodio de la vida pública reciente del país. Se trata de un asunto que no es personal ni coyuntural, puesto que es el régimen el que está en un proceso de transición más o menos inacabado y estancado, a medio camino entre una vieja gobernabilidad autoritaria y una nueva gobernabilidad democrática. Esto implica un cambio en el patrón de legitimidad, en sus fundamentos y en las formas para coordinar y hacer operativas las relaciones entre gobernantes y gobernados, funcionarios públicos y ciudadanos, entre los poderes republicanos, así como entre sociedad política y sociedad civil.
La legitimidad se define básicamente como la aceptación del derecho a mandar de los gobernantes y del deber de obedecer de los gobernados; luego, como la creencia o suposición de que el régimen vigente es el mejor posible, y también como reconocimiento de que se tiene un buen gobierno, que se basa en principios compartidos, que toma sus decisiones con bases y procedimientos incuestionables, y que por su origen y fines merece ser respaldado. Junto con la eficacia, la estabilidad constituye una de las dimensiones de la gobernabilidad, que es la capacidad de un gobierno para dar respuestas satisfactorias a las demandas que se le plantean. De modo que entre más legitimidad goce un gobierno, mayor capacidad tendrá para que las decisiones que tome sean aceptadas y respetadas por la mayoría durante más tiempo.
El acertijo de la legitimidad (México: FCE, 2007) viene entonces a aportar una excelente explicación y una interesante propuesta para destrabar el estancamiento en la transición con incentivos y reglas favorables a la democracia. En primer lugar, centra su atención en el mecanismo de nominación o procedimiento sucesorio que fue tradicional en el sistema político mexicano durante el siglo XX y que aún conocemos como dedazo. Pero este acto supremo del presidencialismo “dejó de gozar de legitimidad, incluso dentro del partido”, del Revolucionario Institucional.
Si en un principio los postrevolucionarios institucionalizaron la lucha por el poder, no lograron del todo su legitimidad, debido en buena medida a que “todo el andamiaje legal no era más que formalidad” al cual estaban sobrepuestas reglas no escritas. Puesto que no eran claras ni siempre conocidas, “los políticos tenían que interpretar la voluntad del poderoso y actuar en consecuencia”, con el problema y frecuente consecuencia de que “en ocasiones acertaban y en otras cometían errores”. Las leyes escritas se usaban para justificar o legitimar las reglas no escritas “y su uso era frecuentemente caprichoso”. De acuerdo con Luis Rubio y Edna Jaime, es imposible construir y fortalecer la legitimidad de un sistema político, incluyendo sus reglas de sucesión, cuando la institucionalidad del sistema en su conjunto se sustenta en no más que reglas no escritas y en un sistema legal que es una mera formalidad. Tesis que se resumen en que “la legalidad no fue el elemento clave del desarrollo histórico del país”.
La persistencia de las reglas no escritas ha mantenido “ausencias” de legitimidad del marco normativo, así como de la capacidad y disposición del gobierno de hacerlo cumplir, omisión tremendamente grave dado que “ésa es su función” y precisamente “así está legitimado por la sociedad”. Rubio y Jaime identifican parte de esta omisión como resultado de la matanza en Tlatelolco, en 1968, debido a la cual “el régimen priista perdió la legitimidad para el uso de la fuerza”. A partir de entonces el gobierno renunció tácitamente a ella para resolver conflictos políticos. Entonces se optó por privilegiar otro medio de control distinto al de sumar y disciplinar: “la permisividad o cualquier modo de actuar a cambio de que no se retara al sistema”. Así, la legitimidad autoritaria, la previa a la transición o alternancia, se sostuvo “mientras hubo capacidad económica para repartir, el sistema pudo ser incluyente”; pero cuando ésta se disipó “la tolerancia se instituyó como política para evitar retos a su legitimidad y viabilidad, aunque a la larga implicaran inestabilidad”. Esta “adaptación y tolerancia a los disensos y la indisciplina partidista erosionaron las reglas tradicionales”.
El problema de la legitimidad cuestionada y la dificultad para hacerla operativa lo hereda el presidente Calderón tanto del régimen priista como de su predecesor el presidente Vicente Fox, quien cometió el error de no haber asumido públicamente la legitimidad de su gobierno. El guanajuatense no se ocupó en construir la nueva legitimidad democrática que lo distinguiera de sus predecesores. Al menos debió haberlo hecho en el discurso, si atendemos la lección de Rubio y Jaime: “las narrativas que se construyen desde el poder son componentes inherentes al desarrollo de la legitimidad de todo sistema político. Son parte del proceso de construcción ideológica que le da forma y contenido a un sistema de gobierno”.
Fue así que la derrota del PRI en 2000 “legitimó” tanto la elección como al Instituto Federal Electoral (IFE), así como a toda la estructura y la legislación detrás de éste. Las reformas electorales lograron nuevas reglas de competencia para hacerla equitativa, “pero no cambiaron la percepción de ilegitimidad que caracteriza el concepto de legalidad del país”. Persiste, por lo tanto, el problema del descrédito que guarda la legitimidad institucional respecto de la legitimidad obtenida por canales informales, como dinámicas de polarización, “discursos de antipolítica” y “ausencia de racionalidad en el debate”.
La transición a la democracia no es idílica, no implica el cambio rotundo e inmediato a la vigencia del Estado de derecho ni a la resolución de los conflictos por las vías institucionales formales. Tenemos entonces una falta de correspondencia entre legalidad y legitimidad: aún “se premia lo ilegal, se exalta el desafío a la autoridad y se legitima la transgresión sistémica de la ley. Los delincuentes acaban siendo héroes populares” y “diversas formas de ilegalidad adquieren legitimidad social”. Se refieren los autores, en concreto, a organizaciones que presionan fuera de los marcos institucionales, los cuales acaban por lograr “legitimidad fundamentada en la defensa de intereses particulares”.
La propuesta de los autores es muy elemental. Nada que no sea obvio o que no se haya dicho una y otra vez en cualquier foro. Plantean que la democratización requiere garantizar la gobernabilidad por medio de reformas constitucionales que transformen las relaciones políticas entre Estado y sociedad, por medio de adecuaciones institucionales, así como las interrelaciones entre los poderes. Y algo así como la estricta aplicación de la ley que haga efectivo el Estado de derecho.
Expuesto lo anterior, cabe afirmar que El acertijo de la legitimidad no es un texto de corte netamente académico, en tanto que no resulta de investigación ni mantiene una claridad de orden teórico-conceptual. Es un ensayo que se aproxima a la literatura tanto en transiciones a la democracia como en la de gobernabilidad. Como ensayo, tiene el propósito no sólo de explicar, sino también, y sobre todo, de aportar soluciones, de proponer acciones de gobierno. Es, en este sentido, por su carácter normativo, un libro más de política que de ciencia política.
Publicado en 2007, el libro adquiere para mí renovado interés en la medida en que se ponen en duda o se discuten como fuentes de legitimidad del actual gobierno tanto la militarización de la seguridad pública como la oposición a que los homosexuales puedan contraer matrimonio y formar familias distintas al modelo nuclear-tradicional, apelando a valores conservadores arraigados en la mayoría y apegados a creencias religiosas, más que en la consolidación de un Estado moderno, el progreso económico de los gobernados o el progreso en una agenda para garantizar los derechos humanos. ®
