El sistema, para ser democrático, además de ser legal debe contar con un mecanismo que permita mantener la legitimidad. La legalidad y la legitimidad deben desarrollarse paralelamente; ni legalidad sin legitimidad, ni legitimidad sin legalidad le hacen bien a la democracia.
Para el hombre ambicioso, el buen éxito disculpa la ilegitimidad de los medios.
—François de La Rochefoucauld
La asunción al poder de líderes carismáticos pero con un talante autoritario ha causado preocupación en la opinión pública internacional, ésa que ellos menosprecian, pero que, les guste o no inciden en el desarrollo de sus países al retirar inversiones o generar devaluaciones, etcétera.
Esto es consecuencia de que sólo se escuchan así mismo y a los corifeos que les rodean. Desprecian las leyes porque les estorban, nunca entenderán que un órgano de gobierno democrático debe provenir en su totalidad del sufragio efectivo, un poder constituyente establece la forma y los alcances del acto fundacional de una sociedad política; es el establecimiento del orden social pactado por los individuos inmersos en un Estado.
Este orden social emanado de un constituyente debe ser determinado por la mayoría y no por el capricho de voluntades individuales característico de un gobierno despótico. En el acto mismo de creación de un Estado se asientan las bases con las que se ha de proseguir el desarrollo de la sociedad perteneciente a éste. Son tales las vicisitudes que ha de enfrentar esta sociedad que no se le puede conferir su autodeterminación a nadie más que a ella.
“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”.
Los principios de la democracia moderna contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano buscan la legitimidad del gobierno, con un control de poderes por parte de los ciudadanos para que no se pierda la libertad, así lo plasma Montesquieu en su célebre obra Del espíritu de las leyes: “Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”.
En este contexto, dos términos son los que consideramos importantes precisar en su real concepción, con la finalidad de identificar con mayor facilidad si es o no democrático un sistema o, por el contrario, si sólo tiene el nombre. Esos términos son “legalidad” y “legitimidad”. A la palabra legalidad le debemos dar una connotación jurídica, y al término legitimidad una concepción sociológica–política.
Por lo que el sistema, para ser democrático, además de ser legal debe contar con un mecanismo que permita mantener la legitimidad.
La legalidad y la legitimidad deben desarrollarse paralelamente; ni legalidad sin legitimidad, ni legitimidad sin legalidad le hacen bien a la democracia, por el contrario, la deforman o, como ya dijimos, la desnaturalizan.
Un gobierno legal o constitucional, sin legitimidad, tiende a institucionalizar una dictadura y, como tal, vendría a ser una dictadura constitucionalizada; es decir, un poder cuyo ejercicio se fundamenta en la norma jurídica, pero éste no se inspira en la voluntad popular —es el poder legal el que se impone—. Este tipo de gobierno es el que, al desarrollarse, termina siendo autoritario o totalitario.
La democracia, como estilo de vida, se desarrolla en función del desarrollo cultural de un pueblo, en el entendido de que no es sólo proveer de bienes materiales a quienes no pueden acceder a ellos, sino promover un Estado de bienestar diferenciado, en el que lo económico predomine sobre lo social y político.
Un gobierno legítimo, sin legalidad, es aquel en el que el poder no toma en cuenta la norma, o en todo caso forzadamente la adecua a él, se fundamenta exclusivamente en la voluntad popular (la autoridad gobierna calculando las encuestas).
La democracia constitucionalizada o impuesta dura el tiempo que permanecen en el poder quienes la imponen; en la práctica, resulta ser sólo un instrumento de gobierno. Por ello, no es extraño que, invocando su nombre, se hayan cometido las más flagrantes inconstitucionalidades y las más escandalosas violaciones.
La democracia, como estilo de vida, se desarrolla en función del desarrollo cultural de un pueblo, en el entendido de que no es sólo proveer de bienes materiales a quienes no pueden acceder a ellos, sino promover un Estado de bienestar diferenciado, en el que lo económico predomine sobre lo social y político. Un desarrollo en el que el bienestar se encuentre acompañado de un espíritu de compromiso de participación en el manejo del poder de parte del pueblo.
Debemos aspirar a una democracia que no se imponga por la fuerza o por decreto, sino una que se vaya creando, formando, logrando y consolidando en el diario vivir de una sociedad. ®
