México atraviesa por un problema que —gracias a las propias cifras oficiales puede determinarse sin error— lleva por lo menos de 1997 a la fecha, es decir diecisiete años bajo una actividad delictiva constante, persistente y creciente.
Unas 300 personas fueron asesinadas por los Zetas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.
La convocatoria realizada recientemente por el presidente de México, Enrique Peña Nieto a los Poderes Legislativo y Judicial, los partidos políticos y organizaciones civiles y no gubernamentales para iniciar un diálogo que lleve a “cambios de fondo” en materia de seguridad en el país pone en evidencia la ausencia de una política eficiente que garantice la seguridad para la población mexicana.
El asunto no es nuevo. No deja de ser una ironía que en 1998, un 26 de agosto, el entonces presidente Ernesto Zedillo anunciara la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia ante el mismo foro de invitados a un gran pacto social. Y no deja de serlo porque las propias autoridades tienen datos que muestran cómo la delincuencia y la inseguridad siguen siendo un problema vigente desde 1997.
Lo que exhiben también las cifras es el principal problema de México en esta área de la vida social: la impunidad. Si se trata de establecer una de las razones que alientan el crimen y que obstaculizan una estrategia de prevención del crimen, cuya existencia es cuestionable, es el porcentaje de delitos que no son castigados en México, y por si eso fuera poco, de los que ni siquiera son denunciados.
Reportes de organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia señalan que la impunidad en México alcanza 98 por ciento de los casos denunciados y que de 1997 a la fecha la incidencia delictiva en el país ha incrementado 24 por ciento.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito reportó que al cierre del sexenio del expresidente Felipe Calderón, de aproximadamente un millón de personas detenidas 450 mil habían sido liberadas por expedientes mal integrados.
La razón del manejo ineficiente de esos expedientes puede ser tanto los atrasos en el sistema judicial y penal acusatorio del país como la falta de preparación adecuada de los agentes del ministerio público, hasta la corrupción de estos últimos, oficiales y agentes de seguridad pública e incluso jueces.
La desaparición y muy posible asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en la costa sur del Pacífico mexicano, ha puesto los ojos del mundo en el país, pero por momentos ignorando hechos como el ocurrido en Acteal, Chiapas, justo en 1997, o la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995; la otra de Guerrero, en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en 1998.
La ironía persiste si se recuerda que el año pasado fueron liberados quince acusados de ser responsables del caso de Acteal, luego de demostrar su inocencia y las fallas en el proceso legal que los sentenció como culpables, y a eso se suma la acusación en el plano internacional contra el expresidente Zedillo por la ineficiencia del Estado en la resolución del caso.
La cadena de impunidad está eslabonada no sólo con esas figuras reconocidas sino también con miles de homicidios cometidos en ese periodo, con las fosas comunes que siguen apareciendo en más de una decena de estados del país, con las acusaciones de secuestro y extorsión, la tortura de parte de las instituciones policiacas y, necesariamente, señalarlo con la impunidad en los casos de crímenes contra periodistas.
Más irónico es que quien gobernaba Guerrero en 1995, Rubén Figueroa Alcocer, nunca haya sido responsabilizado penalmente por el caso Aguas Blancas, y que —según la información publicada en ese año— el propio Zedillo lo conminara a solicitar licencia para no tener que ahondar más en la investigación del caso y sentenciar sólo a los autores materiales, funcionarios del gobierno de Figueroa.
Por si eso fuera poco, al dejar el cargo Figueroa Alcocer dejó en el gobierno a Ángel Aguirre Rivero, quien hizo caso omiso de la intervención y el ataque del Ejército a un grupo de campesinos en el caso de El Charco y posteriormente no brindó ayuda a los sobrevivientes. Para cerrar la ironía, Aguirre Rivero acaba de solicitar licencia por sus omisiones en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.
A ese tipo de casos habría que sumar el incendio de la guardería ABC, en el estado de Sonora, en el que fallecieron 49 niños y 76 más resultaron con lesiones que llevarán a flor de piel toda su vida. Aun cuando se ha demostrado la omisión o posible responsabilidad del hoy ex gobernador, Eduardo Bours Casteló, nunca se procedió legalmente en su contra.
El mismo nivel de impunidad prevalece en el caso de los 72 migrantes asesinados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando viajaban a través de México, con la intención de cruzar a Estados Unidos.
La cadena de impunidad está eslabonada no sólo con esas figuras reconocidas sino también con miles de homicidios cometidos en ese periodo, con las fosas comunes que siguen apareciendo en más de una decena de estados del país, con las acusaciones de secuestro y extorsión, la tortura de parte de las instituciones policiacas y, necesariamente, señalarlo con la impunidad en los casos de crímenes contra periodistas.
Si bien existen descensos, por ejemplo, en el número de homicidios dolosos en el periodo entre enero de 1997 y septiembre de 2014, la cifra no ha bajado de los 10 mil. En 1997 llegó a 16 mil 866 en total, su máximo pico lo alcanzó en 2011 con 22 mil 852, de acuerdo con el informe de Cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno mexicano.
Tan solo en el periodo de enero a septiembre de este 2014 la cifra oficial es de 11 mil 835 homicidios dolosos, según esas cifras oficiales, que representan nada más la “presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas”.
La publicación casi diaria de nuevos casos de asesinatos, ejecuciones y muertes en combate en el escenario de la guerra entre cárteles del crimen organizado y contra el Estado mexicano hace pensar que esas cifras no reflejan la realidad del país. Ese pensamiento toma fuerza cuando se revisan los estudios sobre impunidad que se han publicado en los últimos años.
Citando al más reciente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), muestra que la mayoría de los delitos en el país no se investigan y que la propia cifra de esa impunidad es creciente.
Ese informe indica que en 2013 se cometieron aproximadamente 33.1 millones de delitos. De éstos solamente 6.2 por ciento llegó a una averiguación previa. Así, 31 millones de ilícitos no fueron investigados ni sentenciados quienes los cometieron.
Junto a esos datos queda todavía una evidencia más: la cifra negra, es decir, la tasa de posibles delitos no denunciados alcanza 93.8 por ciento, por encima de 92.1 por ciento de 2012, que fue de 92.1 por ciento.
Según ese estudio nueve de cada diez delitos no son denunciados por las víctimas. Seis de cada diez víctimas no denuncian porque no confían en el sistema judicial por razones diversas: mal servicio, trámites engorrosos, miedo a ser extorsionados, entre otros. El resto sostiene que no denuncia por miedo a los delincuentes o porque no tiene pruebas.
Aparte, de los delitos que son denunciados, en 30 por ciento no se inició una averiguación previa, lo que implica también un nivel alto de impunidad.
Esa percepción de que en el país la sanción al delito puede evadirse genera otras consecuencias que son medidas en el mismo análisis del INEGI: el miedo de la población a ser víctimas que se refleja en datos como la prohibición que siete de cada diez familias encuestadas ejerce sobre sus hijos cuando les solicitan salir por la noche.
También se expone en el documento la desconfianza contra las policías estatales y municipales, con un nivel de desconfianza mínimo pero presente en las instituciones policiacas federales o incluso la Marina y el Ejército.
En una investigación realizada en la década pasada el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Carbonell, ya expone el mismo problema: la impunidad.
La llamada “cifra negra” (delitos no denunciados ante la autoridad), alcanza 75 por ciento de los cometidos, tres de cada cuatro no se denuncian. De 24 por ciento denunciado 4.55 por ciento tienen concluida la investigación ministerial, pero se pone a disposición de los jueces solo a 1.6 por ciento. De cada cien delitos solamente 1.6 llegan a conocimiento de un juzgado, la impunidad alcanza una cifra de 99 por ciento.
Lo anteriormente expuesto también permite poner en evidencia los problemas que existen en el registro de los datos debido a la falta de denuncias, a la mala integración y el mal manejo de los expedientes que también, como resultado del caso de Guerrero, ha vuelto a recordarse, se repite en el caso de las desapariciones en el territorio mexicano.
La llamada “cifra negra” (delitos no denunciados ante la autoridad), alcanza 75 por ciento de los cometidos, tres de cada cuatro no se denuncian. De 24 por ciento denunciado 4.55 por ciento tienen concluida la investigación ministerial, pero se pone a disposición de los jueces solo a 1.6 por ciento. De cada cien delitos solamente 1.6 llegan a conocimiento de un juzgado, la impunidad alcanza una cifra de 99 por ciento.
Una revisión de un ejercicio de periodismo de datos, hecho por el periódico El Universal, demuestra la falta de correlación entre las cifras de la Procuraduría General de la República y otras instituciones de seguridad pública, e incluso de la Secretaría de Gobernación, sobre el número de desaparecidos, según la cifra oficial poco más de 22 mil, y cuántos han sido hallados.
Si todo el anterior escenario no es suficiente, hay que sumar también la impunidad en los crímenes contra periodistas en México. Según el informe “Evadir los asesinatos” del Centro para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), México se encuentra en el lugar número siete del ranking mundial entre los peores países en términos de la resolución de casos de homicidios, secuestros y extorsión a periodistas.
Sólo países como Somalia, Iraq o Siria están por encima del caso de México. Del 2004 a la fecha Reporteros Sin Fronteras reporta ochenta periodistas asesinados y diecisiete desaparecidos en territorio mexicano. La Procuraduría General de la República reconoce que de 2000 a 2014 el número de periodistas muertos llegó a 102. El porcentaje de casos resueltos no llega ni a uno de cada diez.
Una evidencia de la poca atención del Estado que prevalece en ese tema es la ausencia de propuestas de campaña que siquiera lo mencionaran durante el proceso electoral de 2012, en el que resultó elegido el actual presidente Enrique Peña Nieto.
En síntesis, México atraviesa por un problema que —gracias a las propias cifras oficiales puede determinarse sin error— lleva por lo menos de 1997 a la fecha, es decir diecisiete años bajo una actividad delictiva constante, persistente y creciente.
Se trata de un escenario permanente de criminalidad alentado también por la evidente ausencia de políticas públicas eficientes de prevención que van desde la administración de las riquezas del país, expuesta en una distribución inequitativa que causa pobreza y marginación, que se suma además a los altos niveles de corrupción dentro del Estado, en complicidad con parte de la ciudadanía.
Pensar en un esquema que permita reducir esa impunidad y establecer al mismo tiempo estrategias adecuadas de prevención es casi utópico si primero no se atienden causas como la marginación, la falta de oportunidades de desarrollo personal y laboral, la educación y la promoción de la cultura, que se suman ineludiblemente a esa premisa evidente: la impunidad. ®
Fuentes
XIII Encuesta Nacional sobre percepción de inseguridad en México.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014.
Informe “Get away with murder” (Eludir los asesinatos) Centro para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
102 periodistas muertos en el país en los últimos 14 años.
Sin precedentes, muerte de periodistas en México: CPJ.
Entrevista consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Raúl Benítez Manaut.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/4.pdf»>Corrupción judicial e impunidad: el caso de México. Miguel Carbonell, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Desaparecidos, nadie sabe cuántos son”, El Universal. Periodismo de datos.
Este texto fue producido originalmente para el curso “Se puede prevenir el crimen en América Latina” que organizan el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional para el Periodismo (ICFJ).
