La emigración de mexicanos hacia Estados Unidos es parte de una política pública del gobierno mexicano, dice el autor. La emigración es y ha sido un fenómeno de tal constancia por más de un siglo que bien podía sacársele provecho como fuente de ingresos para el país.
El principal problema y riesgo para México frente a la creación de más legislaciones que refuercen las actitudes antiinmigrantes en Estados Unidos es de carácter económico y político. No hay que desgarrarse las vestiduras, hay que sacar cuentas y bajar la mirada por vergüenza.
La causa principal de la emigración ha sido el error, la falta de voluntad y el descaro de los gobiernos mexicanos, que no sólo han mantenido al sector rural empobrecido y en mínimas condiciones de crecimiento social y productivo, sino que incluso apostaron a fomentar su abandono porque era menos costoso y más redituable “incentivar” a los campesinos a dejar sus tierras para irse a Estados Unidos que invertir en su desarrollo.
Teotihualmart, © Héctor Villarreal
La puesta en vigor de la Ley de Actos de Ejecución de Vecindad Segura en Arizona, llamada coloquialmente en los medios de información “ley SB1070” —denominación que corresponde a su registro de entrada al Senado— ha enfocado la mirada de la sociedad mexicana y sus autoridades ante una escalada en la discriminación contra los emigrantes mexicanos en Estados Unidos.
El Gobierno Federal mexicano que condena la violencia extrema contra los connacionales en Estados Unidos y la agenda de los medios de información centrada en la construcción de un discurso de nota roja, espectacular en su morbidez, que retrata “la injusticia contra nuestros migrantes”, parecen soslayar o al menos restar importancia a dos cuestiones que deberían colocarse en la discusión y en la búsqueda de soluciones: ¿No es ya de por sí violenta y discriminatoria la propia emigración, cuyo origen mayoritario radica en la incapacidad o ausencia total de voluntad de los gobiernos mexicanos de desarrollar políticas públicas que ofrezcan oportunidades equitativas de desarrollo para todos? ¿Cómo podemos alzar la voz en México y acusar de discriminadores a los habitantes de otro país cuando en el propio territorio nacional más de cincuenta distintas etnias y pueblos originales integran la mayoría del conjunto de los hoy más de 55 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y casi la totalidad de los más de veinte millones que viven en pobreza extrema e inseguridad alimentaria?
La respuesta partiría a entender que uno de los aspectos centrales de la relación entre Estados Unidos y México va más allá de esa dependencia o influencia ideológica y cultural —que otros más también reclaman y sólo unos pocos estudian a fondo para tratar de ver lo positivo y negativo con más claridad—, y se ubica específicamente en la dependencia económica de millones de familias mexicanas.
La clave está justo ahí, en el dinero que los mexicanos que viven, trabajan y se rompen la espalda en el territorio del vecino país del norte envían cada año a México y que se consideran actualmente la segunda fuente de ingresos económicos del país, solamente después de las ventas por petróleo en el mercado internacional.
El 26 de abril pasado, al inaugurar la XV Reunión del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, el presidente Felipe Calderón afirmó entre otras cosas que “donde quiera que haya un mexicano, ahí tiene que estar el gobierno para apoyarlo en todas sus demandas y necesidades”.1 La referencia era expresada en su primera crítica a la “Ley Arizona”. Luego el discurso parecía reconocer el hecho central, el tema económico, pero del otro lado: “El gobierno no puede ni quiere permanecer indiferente cuando esas políticas afectan a los derechos humanos de paisanos que por generaciones han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona, que no se entendería sin ellos”.
Lo que el presidente Calderón no mencionaba es que esos mismos mexicanos, también por generaciones, y mucho más en los últimos treinta años, han contribuido igualmente al desarrollo y la poca prosperidad de México que, podríamos parafrasear, no se entendería sin ellos.
Justo en el mes del discurso de Calderón el Banco de México cerraba las cuentas del primer cuatrimestre del año en el rubro de las remesas. El resultado era alarmante: de enero a abril de 2010 las remesas habían tenido la peor contracción de los últimos cinco años y habían caído en 8.99 por ciento.
Según la institución financiera, los envíos de dólares en ese periodo sumaron seis mil 603 millones de dólares, es decir, 652.36 millones menos que lo acumulado en el mismo periodo de 2009.2
Ello significa unos ocho mil 280 millones de pesos que dejaron de llegar a cientos de miles de familias en el territorio nacional, algunas de las cuales subsisten con esos recursos. La cifra bien puede representar incluso más de la mitad del presupuesto anual del gobierno de un estado mediano del país.
La respuesta partiría a entender que uno de los aspectos centrales de la relación entre Estados Unidos y México va más allá de esa dependencia o influencia ideológica y cultura, se ubica específicamente en la dependencia económica de millones de familias mexicanas.
La causa estaba más centrada en la crisis económica de Estados Unidos en el periodo 2007-2008, pero ponía en advertencia a las autoridades federales mexicanas ante lo que podría ocurrir si al tema de las finanzas internas del vecino país del norte se sumara una gran ola de rechazo a los emigrantes mexicanos y por ende una estrategia de reforzamiento en la seguridad fronteriza que dificultara el paso de los “mojados”.
Ese escenario forma parte de la actual realidad estadounidense, una que los analistas del tema migratorio advierten al considerar que la crisis económica en el norte es un acicate para la discriminación y la xenofobia. Pero también dejan claro que el problema ha sido la ineficacia de los gobiernos mexicanos para combatir la pobreza más allá de programas asistencialistas.3
Lo que al parecer se sigue oslayando en esta reacción sobre la relación mexicano-estadunidense, la SB1070, el racismo, el maltrato a los jornaleros agrícolas en ese país, la discusión político-electoral, que suma o resta votos, según posiciones, entre demócratas y republicanos sobre el tema migratorio, es que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos es parte de una política pública del gobierno mexicano. Es decir, la emigración es y ha sido un fenómeno de tal constancia por más de un siglo que bien podía sacársele provecho como fuente de ingresos para el país.
Hace quince años el gobierno de México, al igual que otros de Centroamérica, apostó por un modelo de desarrollo basado en el abandono de las tierras de producción, del sector agropecuario, a otro sustentado en “la incitación a migrar y la obtención de remesas”.4
El objetivo era que se fueran, que salieran de un país donde no ha habido voluntad ni eficacia para proporcionarles oportunidades de desarrollo, para que ellos, los emigrantes, las encontraran solos y se las dieran a sus familias. Qué mejor lugar para que siguieran yéndose que Estados Unidos con su amplia demanda de mano de obra barata y sin derechos laborales, pero con dólares y salarios trece veces más altos que en México.
En 2005 el entonces gobernador del Banco de México auguraba de cinco a siete años de dinamismo o incluso índices más altos en los ingresos por remesas. El análisis quizá no contaba con la crisis económica estadounidense ni con el conflicto político entre demócratas y republicanos, que no permite avanzar ni un solo modelo de reforma migratoria.
Es decir, que además de haber dejado el país porque aquí no encontraron las condiciones para tener mejor calidad de vida vía ingresos e infraestructura básica, ahora son cofinanciadores de ésta. Por cada dólar que ellos ponen los tres niveles de gobierno ponen, cada uno, uno más.
Pero más atrás, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Luis Téllez, entonces subsecretario de Agricultura, estuvo encargado de elaborar las políticas para sacar a la gente del campo y meterla en las ciudades o arrojarla al extranjero. Había que modernizar a la población rural, pero no llevándoles el desarrollo a sus sitios de origen, sino llevándolos a ellos hacia el desarrollo global. Incluso el todavía funcionario público federal llegó a afirmar entonces que la migración era “un fenómeno altamente deseable y es la condición indispensable para lograr la mejoría gradual de las condiciones de vida de la población en general”. Téllez fue uno de los actores clave en la firma del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que a la fecha sigue siendo desventajoso para México.
Ese acuerdo, por cierto, no considera ni establece, aun cuando siempre ha formado parte de la realidad de nuestra relación con Estados Unidos, un solo apartado de revisión, regulación o prestación de derechos para los trabajadores agrícolas mexicanos, la principal exportación hoy día de aquí para el otro lado.
Tal ha sido una estrategia de los gobiernos mexicanos para generar ingresos directos a las familias con menos oportunidades; incluso, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la administración de Vicente Fox Quesada creó el programa Migrante 3 x 1.
El objetivo de ese programa, vigente hasta la fecha, es estimular a los grupos de emigrantes organizados a canalizar parte de sus ingresos al desarrollo de escuelas, parques y centros de salud, entre otros, en sus comunidades de origen. Es decir, que además de haber dejado el país porque aquí no encontraron las condiciones para tener mejor calidad de vida vía ingresos e infraestructura básica, ahora son cofinanciadores de ésta. Por cada dólar que ellos ponen los tres niveles de gobierno ponen, cada uno, uno más.
Hace un par de semanas el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Javier Mayorga, lo reconoció sin ambages: “El campo mexicano no está preparado para un eventual retorno de connacionales […] habrá que buscar empleos en otras actividades, porque el sector agrícola no genera gran cantidad de empleos”.5
No se equivocó, su referencia obedece a lo antes señalado. El problema es que la estrategia falló y hoy es más sencillo aprovechar la complicada relación entre México y Estados Unidos con base en el argumento del exacerbamiento del racismo de algunos grupos y la política-electoral de aquella nación, para encontrar toda la culpa del problema migratorio del otro lado. ®
