Si en algo mejora el combate a la impunidad podrá ser un factor que haga sentir a la ciudadanía que valió la pena, ahora sí, otorgar su voto a un partido de oposición, ya que la anterior alternancia federal de hace doce años resultó, por decir lo menos, decepcionante.
El 2013 debiera ser, para México, un año en el cual se dieran cambios positivos en materia de combate a la impunidad. El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el hecho de haber estado ausente dos sexenios durante los cuales la impunidad fue una de las notas distintivas, lo obliga a que haga algo para diferenciarse del PAN. Desde luego que la impunidad está presente tanto en el ámbito federal como en el local, esto es, los gobiernos estatales no están todos en manos del tricolor; aunque en menor o mayor medida en todas las entidades existe la impunidad y la injusticia.
Por otro lado, la impunidad se gesta desde el primer contacto del Estado con los ciudadanos: el momento en que la policía, sea federal o estatal, detiene a un ciudadano o deja de hacerlo, a pesar de haber motivos para ejercer esa función policial. Tras una detención arbitraria, hay impunidad al no ser castigados los responsables de ella. Desde este primer momento están presentes dos ingredientes de la impunidad: la corrupción y la ineptitud. Pero estos dos aspectos no son privativos de esta primera fase, sino que persisten a lo largo de todo el camino, pasando por la procuración de justicia, su administración y también, de modo significativo, en el sistema penitenciario, tanto local como federal.
Durante el pasado sexenio fueron frecuentes las noticias sobre fugas masivas de diversos penales. En todos los casos se iniciaron investigaciones en contra de custodios y funcionarios de los centros penitenciarios. De inmediato surge la sospecha de la complicidad y de la corrupción de estos servidores públicos.
Durante el pasado sexenio fueron frecuentes las noticias sobre fugas masivas de diversos penales. En todos los casos se iniciaron investigaciones en contra de custodios y funcionarios de los centros penitenciarios. De inmediato surge la sospecha de la complicidad y de la corrupción de estos servidores públicos. Pero sólo existió respuesta reactiva. No se hizo mayor actividad de prevención de futuras fugas en otros o en los mismos penales. Aparte de la corrupción, indudablemente el hacinamiento de los penales y las instituciones preventivas fueron una causa que facilitó la falta de control de la población penitenciaria y la sujeta a proceso. Es de llamar la atención que el expresidente Calderón, aun ya con esa calidad de exmandatario, insista en subrayar que no existieron fugas de instalaciones federales, sino que todas se dieron en los centros de reclusión estatales, lo cual es cierto; no obstante, si algunos de los centros estatales padecen de sobrecupo es precisamente porque en ellos hay reclusos del ámbito federal.
Foto © LaIndustria.pe
A finales del año pasado y principios de 2013 se ha iniciado el traslado masivo de reclusos federales a instituciones nuevas de este ámbito, lo cual hace que parcial y paulatinamente deje de haber hacinamiento en algunos centros penitenciarios estatales. Por otro lado, y de gran importancia, son las noticias de que ya las instituciones preventivas de las entidades federativas que han iniciado la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal acusatorio han disminuido su sobrepoblación, merced a que el sistema acusatorio propugna que la prisión preventiva sea el último recurso del Estado y se someta a proceso a la mayoría de los que han sido acusados de algún delito gozando de libertad, en lugar de ser recluidos.
Tenemos, pues, un buen principio, que debe reforzarse con capacitación del personal de todas las áreas de los centros preventivos y penitenciarios y asignación de recursos suficientes para garantizar un mejor manejo de la población recluida y mayor garantía de que en el futuro ya no se darán las inaceptable fugas masivas del pasado.
A pesar de que se ha iniciado el traslado de reclusos federales de las cárceles estatales a los nuevos centros penitenciarios federales, lo que ha significado un alivio a la sobrepoblación penitenciaria en algunas entidades, tomando en cuenta que el grueso de la población penitenciaria es del orden local, y, aunque también se han ejercido fondos para la ampliación de algunas cárceles estatales, estas acciones iniciales son insuficientes, debido, sobre todo, al enorme rezago en la construcción de espacios suficientes para garantizar condiciones dignas de reclusión a toda la población penitenciaria en las entidades federativas. Si bien es cierto que el PAN heredó una situación ya de por sí difícil, por el hacinamiento generalizado en los reclusorios estatales con reclusos federales, también habrá que tomar en cuenta que al inicio del sexenio de Calderón se tomó la decisión de hacer frente al crimen organizado, realizando una gran cantidad de detenciones, sin tomar en cuenta que se estaba sobresaturando a muchos de los centros penitenciarios estatales. No fue sino hasta finales del sexenio cuando se decidió construir nuevos centros federales de readaptación social (Ceferesos). Esta medida alivió parcialmente el hacinamiento, aunque en muchas entidades aún persiste la sobrepoblación de internos del fuero local.
Respecto de la prisión preventiva, ya existen reportes de la disminución de la población que está siendo sujeta a proceso en las entidades en las cuales se ha iniciado el sistema procesal acusatorio, ya que éste implica que se recurra a la privación de la libertad del menor número posible de procesados. No hay duda de que, en este aspecto, ya el sistema acusatorio está justificando su efectividad.
Respecto de la prisión preventiva, ya existen reportes de la disminución de la población que está siendo sujeta a proceso en las entidades en las cuales se ha iniciado el sistema procesal acusatorio, ya que éste implica que se recurra a la privación de la libertad del menor número posible de procesados. No hay duda de que, en este aspecto, ya el sistema acusatorio está justificando su efectividad. Queda a la nueva administración federal impulsar la aplicación de la reforma constitucional en las entidades en las que aún no se ha hecho, para que a la brevedad se aplique el sistema acusatorio. Asimismo, será preciso asignar más fondos para la construcción de nuevos espacios en las entidades federativas que lo requieran. Estas acciones ayudarán a disminuir las probabilidades y condiciones de fugas de los penales; pero, sobre todo, permitirán que a los reclusos se les proporcionen condiciones dignas durante su estancia en los penales.
Se requiere, pues, voluntad política, acuerdo entre las autoridades federales y estatales y asignación de fondos para cambiar las condiciones de muchos de los centros penitenciarios estatales. La nueva administración federal debe y puede impulsar estas acciones y de esta manera diferenciarse, al menos en este aspecto, de la anterior administración que no logró disminuir la sobrepoblación penitenciaria sino hasta fines del sexenio y con ello propició las fugas, que abonan a la impunidad, al no cumplir los fugados con la totalidad de su sentencia.
Cada administración hereda de la anterior lo bueno y lo malo. Corresponde a la actual administración federal aprovechar el avance de la puesta en marcha del sistema acusatorio y su operación, aunque parcial, en algunas entidades federativas, así como la construcción de nuevos centros penitenciarios federales para lograr que a mediano plazo las estadísticas muestren un menor hacinamiento y, con ello, mejores condiciones para la población recluida, al igual que la supresión de las fugas de los penales estatales, que si bien son responsabilidad estatal, la federación tiene mucho que hacer al respecto, pues de cualquier forma el desprestigio internacional no hace distinción entre local y federal al difundirse la noticia de cada fuga.
Una de las instrucciones destacadas en la prensa relativa a que el presidente Peña Nieto dio a los embajadores y cónsules recientemente fue la de ofrecer una mejor imagen del país en el extranjero. Mucho ayudaría a los diplomáticos y funcionarios consulares el tener cifras convincentes del cambio de situación del país, ya que la seguridad es una de las realidades que más impacta negativamente la imagen de México en el extranjero.
En el terreno de la administración de justicia nos encontramos a medio camino de la puesta en marcha en toda la república del sistema procesal penal acusatorio. Ya en varias entidades está vigente, así sea en parte de su territorio en algunas de ellas. Eso ha significado un enorme esfuerzo legislativo para reformar varias leyes, entre ellas y, de manera preponderante, el Código Procesal Penal. Las entidades que no se han incorporado a la reforma constitucional y aún no aplican el sistema acusatorio están en el proceso de reforma de sus leyes respectivas. Pero, apenas iniciado este sexenio, ya se externó la intención de que se implante un código procesal penal único en todas las entidades federativas, lo que se puede calificar de positivo, para evitar que en cada entidad se tenga una diversa forma de administrar justicia. No obstante, me parece que este hecho frenará los esfuerzos de los legisladores locales para incorporarse a los estados que ya aplican el nuevo sistema, en espera de que se decida sobre el código único. Al respecto, habrá que tomar en cuenta que por mandato Constitucional en el año 2016, dentro de tres años, ya debe estarse aplicando el sistema acusatorio en toda la república, lo que implica reformas a varias leyes locales. Pero lo que muy probablemente frenará esta urgente reforma será la propuesta también nacida del Ejecutivo Federal en el sentido de que asimismo se tenga un solo Código Penal en todo el país. Esta última idea no es nueva, ya en 2007 el presidente Calderón intentó lo mismo, sin éxito.
A diferencia del código procesal penal, que puede lograr la unificación de la forma en que se realiza la administración de justicia, el código penal contiene la descripción de las conductas que se consideran delito, así como la pena que corresponde a cada uno de ellos, e históricamente ha existido una diversidad de opiniones con respecto a estos dos aspectos en las entidades federativas.
A diferencia del código procesal penal, que puede lograr la unificación de la forma en que se realiza la administración de justicia, el código penal contiene la descripción de las conductas que se consideran delito, así como la pena que corresponde a cada uno de ellos, e históricamente ha existido una diversidad de opiniones con respecto a estos dos aspectos en las entidades federativas. Unas apuestan por las penas severas de reclusión y la tipificación de gran cantidad de conductas como delitos, mientras que en otras entidades se transita en sentido contrario. Ardua será la labor para lograr el consenso, ojalá este afán unificador no implique retraso en la culminación de la reforma constitucional en el aspecto del proceso penal acusatorio.
Habrá mucha resistencia a ceder en sus convicciones de parte de los legisladores locales de algunas entidades, en especial aquéllas que se encuentran en los extremos, como pueden ser el Distrito Federal y Guanajuato, pues no es de esperarse que se acepte, por ejemplo, que en esta última entidad se deje de penalizar el aborto (procurado) o la difamación y la calumnia o que se instaure su tipificación en el D.F. Asimismo, en materia de penalización, existen estados que apuestan por contribuir con la inflación penal, esto es, por las penas de muchos años de cárcel, llegando a la prisión vitalicia, como es el caso de Chihuahua, ignorando el consejo del Marqués de Beccaria: “La certeza de un castigo, si bien moderado, causa siempre una mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido a la esperanza de la impunidad”.1 Hace más de 250 años de esta afirmación y hoy en día es plenamente vigente. La impunidad propicia el delito.
Habría que separar las dos propuestas y condicionar la puesta en marcha de la segunda, hasta que ya esté siendo aplicado el código procesal penal único, en su caso. Entiendo que habrá opiniones en contrario, pero mucho me temo que si se insiste en la unificación de ambos códigos se verá frenado el de por sí lento avance para la implantación del sistema acusatorio, o bien, se legislará al vapor y se cederá a la presión para imponer un código penal con alta penalidad y tipificación de un gran número de conductas como delictivas.
En el ámbito policiaco, se esperan también, en el nivel federal, importantes cambios que podrían abonar al combate a la corrupción y la ineptitud, sobre todo y, por tanto, a la disminución de la impunidad y la injusticia en nuestro país. De inicio, se anunció la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y su incorporación a la Secretaría de Gobernación, lo que significaría una mayor efectividad de las acciones policiacas.
Existen, desde luego, muchos otros aspectos importantes en lo relacionado con la impunidad, pero uno que ilustra ampliamente la magnitud de ésta es el del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, aspecto en el que existe una gran gama de efectividad —o, mejor dicho, inefectividad— según la entidad federativa y el año que se analice. Al respecto, aun las entidades en las que mejores resultados se reportan puede considerarse que la cifra es baja con respecto a los estándares internacionales. Muy ilustrativo es lo que informa Guillermo Zepeda:“Las proporciones en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión presentan una gran disparidad a lo largo del país. Por una parte hay estados como Puebla, Tlaxcala e Hidalgo que presentan una tasa de cumplimiento superior a 60%, mientras entidades como Guerrero, Campeche, San Luis Potosí y Oaxaca muestran tasas de captura por debajo de 15 por ciento”.2Si esta pobre actuación de la policía no representa una impunidad rampante en casi todos los estados, entonces cualquier otro aspecto de la impunidad puede considerarse sin importancia.
Pero casi todo está por hacerse. Las impresionantes cifras que arrojan algunos estudios, de 87% de impunidad,3 nos hacen sospechar que si bien puede haber algún avance a mediano plazo, siempre y cuando exista la suficiente voluntad política, no será de esperarse nada espectacular; sin embargo, es inaplazable que se dedique todo el empeño y los recursos disponibles para iniciar un proceso de cambio que mejore, así sea modestamente, la forma de procurar y administrar justicia, con lo cual se contribuiría a disminuir la impunidad y la injusticia. Sería lamentable que se deje pasar esta oportunidad y que todo quede en el discurso. Si en algo mejora el combate a la impunidad podrá ser un factor que haga sentir a la ciudadanía que valió la pena, ahora sí, otorgar su voto a un partido de oposición, ya que la anterior alternancia federal de hace doce años resultó, por decir lo menos, decepcionante. ®
