Con la elección democrática del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la manifiesta militancia de izquierda de sus titulares llegó también una tendencia modernizadora, la cual ha implicado que el servicio público se realice cada vez más por empresas privadas y, en consecuencia, por los empleados que ellas contratan. Los siguientes son algunos casos que así lo ilustran.
La recaudación tributaria era una actividad realizada exclusivamente por los trabajadores de las oficinas de la Tesorería, pero el primer acto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue ampliar la recepción de pagos en los bancos, con lo que elevó 25 por ciento los ingresos tan sólo en el primer cuatrimestre. Luego hizo auxiliares de la Secretaría de Finanzas para prestar estos servicios a varias cadenas de tiendas de autoservicio (supermercados). En continuidad y congruencia con esta política pública, la administración de Marcelo Ebrard ha normalizado el procedimiento de “línea de captura” en formato único vía internet, de modo que actualmente son las cajeras de las sucursales de diez sociedades anónimas y de las instituciones bancarias (mayoritariamente extranjeras) quienes hacen constar los pagos de impuestos, derechos y multas. En su momento, López Obrador aseguró que en las oficinas de la Tesorería “se fugaban” al año mil millones de pesos, cuestionando así la honestidad de los servidores públicos de esta dependencia (La Jornada, 13-IV-2001). Por cierto, ¿alguien sabe cuánto ganan los súper y bancos por recibir estos pagos?
En lo que respecta al cobro por agua, actualmente cuatro empresas tienen concesión para ello y a partir del próximo año el GDF otorgará a la iniciativa privada “participación integral”, para que además distribuya y mida el consumo. Es decir, privatizará servicios que realizan trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por subestimar la capacidad y los resultados de ellos: “la utilidad de cada empresa se basaría en que no haya fugas, en cobrar bien y para lograr eso tendrá que ser eficiente en la distribución, en que sea eficiente en su medición, pues si tienen fugas pierden dinero y si no la miden bien estarán regalando el líquido”, dijo su secretario de Finanzas, Mario Delgado (El Universal y Milenio, 21-VIII-2009).
Asimismo, una modalidad gerencial que abarca a toda la administración pública es la del outsourcing. Es decir, la contratación de empresas que proveen, principalmente, de recursos humanos, para que el patrón no adquiera obligaciones legales con los trabajadores. En este caso el GDF y todas sus dependencias y entidades han incorporado personal subcontratado a las funciones organizacionales. Áreas como las relacionadas con la intendencia han sido cubiertas por completo bajo este esquema, de tal modo que las plazas de los trabajadores que estaban destinadas a ello fueron transferidas, por acuerdo, a cumplir con responsabilidades de otra índole.
Herencia de los gobiernos priistas es la venta de hologramas de verificación vehicular, por lo cual el ciudadano tiene que pagar las utilidades de los propietarios de los centros que cuentan con la concesión para ello (“verificentros”). Hubiera podido esperarse que gobiernos de filiación de izquierda revertieran este diseño en la prestación y el cobro del servicio para que su operación se realizara con personal y patrimonio de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), pero al día de hoy son 59 sociedades anónimas las que realizan este servicio público con técnicos y trabajadores administrativos contratados por ellas.
Otra vertiente de la modernización es la de leasing, es decir, alquilar vehículos en vez de adquirirlos como activos fijos. En este caso, las grúas que la Secretaría de Seguridad requiere operar han sido contratadas por el GDF a sociedades anónimas desde enero de 2005, con lo que se privatizó el servicio público de arrastre para el muy lucrativo negocio de éstas, que obtienen cerca de la mitad de lo que paga el infraccionado. Son también empresas particulares y su personal administrativo las que se encargan de inspeccionar e inmovilizar a los vehículos estacionados sin pago frente a los parquímetros que tienen concesionados y cobrar las multas por ello.
Un proyecto que ha quedado pendiente tiene que ver con la modernización de la infraestructura urbana para la vialidad de automóviles particulares, como es la obra de un túnel en la zona poniente de la ciudad, que iría desde el Auditorio Nacional hasta Santa Fe, y que forma parte de la estrategia gubernamental para captar inversión y generar empleos, para lo que se invitó a más de cien empresas “de todo el mundo” (Milenio, 21-IV-2008). Sin embargo, se ha visto pospuesta su realización, al parecer por la objeción de políticos opositores y líderes de opinión a que se cobraría por el peaje. Cabe señalar que el cobro de un particular por la provisión de un bien o servicio público no está fuera de la realidad del D.F. y este proyecto tendría que tener viabilidad si consideramos que, durante la anterior administración, trabajadores a las órdenes de la empresa española Gas Natural zanjaron la carpeta asfáltica por doquier para enterrar la instalación de distribución que le permite a ésta usufructuar el subsuelo de la nación, sin ingreso alguno para las finanzas públicas de la localidad.
Como parte de la modernización urbanística para el mejoramiento del tránsito vehicular se emplean también estrategias innovadoras como la de enajenar inmuebles de la ciudad a cambio de materiales para la realización de obra pública. Éste fue el caso de los convenios que López Obrador firmó durante su administración para canjear doce terrenos de la zona de Santa Fe por cemento con empresas que lo producen y comercializan (El Universal, 10-XII-03). La enajenación y venta de patrimonio del Distrito Federal por medio de su empresa paraestatal Servicios Metropolitanos (Servimet) ha permitido también revaluar el valor comercial del suelo en la ciudad. Gracias a ello la zona donde antes estaba el basurero de Tlayacapa hoy se ha convertido en un polo de desarrollo habitacional y empresarial, donde se edifica el campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey.
Como dato pertinente puede citarse la experiencia del actual jefe de Gobierno en procesos de modernización y gestión administrativa, que se remonta a cuando era secretario General del entonces Departamento de Distrito Federal. Fue entonces cuando el presidente de la República, Carlos Salinas, y el regente de la capital, Manuel Camacho, prácticamente liquidaron al autotransporte público en la demarcación a favor de los consorcios de peseras (y luego microbuses), en perjuicio de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta 100 (Sutaur100), quienes militaban en el opositor Movimiento Proletario Independiente (véase Angélica Cuéllar, La cara oculta de Ruta 100, UAM-PyV). Cabe notar que ahora la política de modernización del transporte público corre en sentido contrario, por la propiedad pública y la operación de las unidades de servicio por parte de la Secretaría de Transportes y Vialidades (Setravi).
Por lo expuesto anteriormente puede afirmarse que durante la última década las políticas públicas en el GDF han tenido un fundamento importante en la racionalidad económica y criterios como los de eficiencia y eficacia (cumplir metas a menor costo), que eventualmente se sobreponen a otros de índole política normados por principios como el nacionalismo, el fortalecimiento de la empresa pública y el respaldo a las reivindicaciones favorables al trabajo sindicalizado. ®
