El crimen organizado en México también opera en el entorno de Internet, desde donde intenta por vía de la amenaza, la cooptación o incluso el homicidio, controlar el flujo de información sobre sus operaciones, la guerra entre cárteles y contra el Estado mexicano.
Una justicia que no llega.
La muerte de periodistas, la cooptación de otros por medio del terror o la corrupción, además de la oferta de recompensas por las “cabezas” de usuarios de cuentas en redes sociales virtuales exponen abiertamente los intentos del crimen organizado por controlar el flujo de información en Internet sobre sus actividades en la guerra entre ellos y contra el Estado mexicano.
De acuerdo con fuentes como el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ-NY), investigadores de Microsoft Research, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), además de periodistas que cubren ese conflicto, también Internet ha dejado de ser un lugar seguro para informar.
Si en algún momento lo fue, uno de los primeros ejemplos de lo contrario fue expuesto en 2011 con el asesinato de la reportera María Elizabeth Macías, conocida en la blogósfera como “la Nena de Laredo”, y quien habría sido identificada y localizada por el crimen organizado a través su actividad en la web.
El segundo más conocido sería la oferta de una recompensa por información sobre el administrador de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas”, a mediados de febrero de este año, coinciden especialistas en análisis sobre riesgos en el ejercicio del periodismo en México y el uso de herramientas digitales para la información y comunicación.
El objetivo central de ese tipo de operaciones, como en toda guerra, implica ejercer un mayor control de la información e incluso era algo de “esperarse” por la forma en la que los grupos criminales han emulado al Estado, ofreciendo incluso dinero a la población abierta por información sobre aquello o aquellos que afecten sus operaciones.
En la lucha entre los cárteles, añadió, queda claro que la información es un bien preciado y de ahí los intentos por controlarla, ya sea que la tengan las fuerzas de seguridad, los periodistas o los ciudadanos.
De acuerdo con el coordinador del Programa de las Américas del CPJ-NY, Carlos Lauría, “estamos viendo intentos de coartar el flujo informativo ahora también a través de las redes sociales en estos hechos de violencia”. No es fácil medirlo, dijo en entrevista: “No tenemos datos suficientes para decir que es una tendencia generalizada, pero hay ejemplos y puede haber más”.
Expuso que el crimen organizado influye en todos los sectores sociales, como la política, las fuerzas de seguridad pública, la justicia y también busca influir en cómo funciona la prensa, porque es un importante vínculo para ellos también en materia de información.
Amenaza cumplida.
En la lucha entre los cárteles, añadió, queda claro que la información es un bien preciado y de ahí los intentos por controlarla, ya sea que la tengan las fuerzas de seguridad, los periodistas o los ciudadanos.
Aclaró que en el caso de los periodistas no se puede generalizar que todos los que pudiesen estar cooperando con los criminales sean corruptos: “En principio porque la corrupción no es una característica exclusiva de quienes cubren esos temas en México, eso no es exclusivo de su país”. Lo que ocurre en ocasiones, precisó, es la cooptación mediante la amenaza, el riesgo de perder la vida, sea la propia o la de familiares.
“El problema es que ante la ausencia del Estado y la falta de garantías para ejercer el periodismo hay un territorio controlado por el crimen organizado que se convierte en autoridad de facto”, expuso Lauría en entrevista telefónica.
De acuerdo con el analista, esa censura se va extendiendo a medida que surgen más nichos de información. Tanto la prensa como los ciudadanos están buscando nuevas formas de saber qué pasa, cómo prever riesgos, cómo organizarse para enfrentar la violencia y las redes sociales virtuales han ocupado también ese espacio para informarse.
“Esto no por desidia de los periodistas, sino por lo amenazada que está la actividad en México”, reiteró para luego manifestar su preocupación ante el hecho de que el riesgo también se ha trasladado al ámbito de Internet y como ahora incluso sobre ciudadanos que creían estar seguros bajo el anonimato.
Por su parte, el candidato a doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts e investigador del Social Media Lab del mismo centro, así como de Microsoft Research, Andrés Monroy-Hernández, consideró lo que ocurrió con la recompensa ofrecida por el administrador de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” como “algo muy preocupante”.
En el último lustro, Monroy-Hernández ha monitoreado el flujo de información en las redes sociales en México e identificado la forma en la que se convirtieron en un espacio para la denuncia y la alerta ciudadana frente a la violencia provocada por la guerra entre grupos de narcotraficantes y de éstos con el Estado mexicano.
En la portada de RíoDoce, de Culiacán, la información sobre la huída de «Lucy», la cabeza del Blog del Narco.
Lo lamentable, consideró, es que el crimen organizado también ha ocupado el espacio del llamado social media para posicionarse de forma estratégica y controlar la información sobre sus operaciones.
Explicó que lo ocurrido en Tamaulipas “es algo muy preocupante pero era de esperarse: el crimen organizado emula y toma la forma de conducir del Estado, incluyendo el uso de recompensas”.
Lo lamentable es que el crimen organizado también ha ocupado el espacio del llamado social media para posicionarse de forma estratégica y controlar la información sobre sus operaciones.
“En el caso de Nuevo Laredo o este último caso de la recompensa el tipo de información es más privada y lleva mucho peligro, razón por la cual no están completamente incluidas en mi estudio”, reconoció enfatizando el peligro que ya puede implicar el uso de las redes sociales virtuales en la difusión sobre hechos de violencia.
Coincidió con Lauría en que las redes sociales virtuales están tomando el rol de los medios al reportar información pública, como balaceras, en tiempo real. “Su valor reside en la velocidad y su capacidad de descentralizar la comunicación”, indicó.
En términos generales explicó que “en el caso de información privada las redes son usadas como una herramienta para combatir directamente a los grupos de poder y delictivos, lo cual típicamente sería el rol de reporteros de investigación o investigadores del Poder Judicial”. Dijo también que “Se han convertido en parte de la vida de las personas que las utilizan, por ende, aportan elementos para el análisis de las percepciones, opiniones y lamentos de aquellos que viven en ciudades violentadas. Las redes sociales son un canal de flujo de información, cruda y sin censura, al menos hasta el momento”.
No obstante, aclaró que los grupos con dinero y poder fácilmente pueden acceder a los medios tradicionales y modernos: “Ya hemos visto desde hace varios años videos de secuestros de miembros del crimen organizado publicados en YouTube”.
Trabajar en el anonimato
Por su parte, periodistas que cubren los hechos de violencia relacionados con el crimen organizado en estados como Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Guerrero señalaron los riesgos que implica su trabajo y que incluso los hace operar en el más cerrado anonimato posible.
Bajo el compromiso de no publicar nombres ni referencias específicas e incluso eliminar correos electrónicos o cualquier archivo de fácil acceso sobre la comunicación con ellos, expusieron que cada vez es mayor el riesgo frente a las amenazas que se reciben de parte de elementos del crimen organizado o incluso de autoridades estatales o federales.
Las autoridades estatales y federales han querido relacionar la muerte de los periodistas con casos de corrupción y colusión con el crimen organizado, “quizá como una forma de evadir investigaciones más profundas”, así como la nula efectividad que cualquier indagación al respecto ha tenido.
En su mayoría han perdido a compañeros de trabajo, algunos incluso a colaboradores y colegas cercanos, además de amigos que han fallecido o desaparecido y sobre los que era bien sabido entre el gremio que pesaban amenazas directas por el trabajo realizado.
Aviso asesino.
Lamentaron que en algunos casos las autoridades estatales y federales han querido relacionar la muerte de los periodistas con casos de corrupción y colusión con el crimen organizado, “quizá como una forma de evadir investigaciones más profundas”, así como la nula efectividad que cualquier indagación al respecto ha tenido. Prácticamente todos los crímenes siguen impunes, consideraron.
A ello, coincidieron, se suma la desconfianza que ha surgido dentro del propio gremio periodístico en algunas entidades del país luego de identificarse a reporteros que operan para los grupos criminales como proveedores de información sobre las actividades de otros periodistas, lo cual implica ya no solo publicar bajo el anonimato, sino incluso mejor dejar de publicar cualquier información sobre el tema.
Sin embargo, también mostraron comprender que en algunos de esos casos “los colegas” bien pueden verse ante el peligro de perder la vida o que pongan en peligro a sus familiares y frente a ello no tienen más opción que cooperar con los grupos criminales.
Estadísticas: los periodistas no están preparados para los riesgos en línea
La tesis del riesgo que ahora existe por la difusión de datos sobre actividades del crimen organizado en México a través de Internet es confirmada por un estudio que fue publicado apenas este mes de febrero en el que se establece principalmente la falta de conocimientos y herramientas por parte de los periodistas en México para usar la web como medio de información sin peligro.
El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) y la asociación Freedom House, publicaron una encuesta realizada entre periodistas y blogueros mexicanos realizada en veinte estados del país considerados entre los más violentos y donde la actividad informativa, tanto para periodistas como ciudadanos que utilizan el social media es un riesgo identificado.
El hashtag de Reynosafollow, un fenómeno estudiado incluso por investigadores del MIT.
De acuerdo con el estudio siete de cada diez de los encuestados ha sido atacado por su trabajo y nueve de cada diez conocen a otros pares que también han sido víctimas similares. Además, identifican con claridad el hackeo de sus cuentas de redes sociales virtuales, así como de correos electrónicos como algunos de los mayores riesgos en su actividad. Sin embargo, la mayoría no cuenta con conocimientos suficientes en términos de herramientas como codificación de datos, navegación anónima en Internet o destrucción segura de información.
El estudio cita también el caso de “la Nena de Laredo”, así como de dos ciudadanos asesinados en el mismo 2011 y al lado de cuyos cuerpos se encontró un mensaje advirtiendo que lo mismo podría sucederle a cualquier usuario de la red que se “metiera” con el grupo delictivo que se responsabilizó por sus muertes.
Señala también casos de usuarios de blogs y social media que son monitoreados también por autoridades estatales y federales, lo que representa actividades específicas de espionaje a su desempeño o datos personales que la autoridad justifica en términos de seguridad pública.
El estudio cita también el caso de “la Nena de Laredo”, así como de dos ciudadanos asesinados en el mismo 2011 y al lado de cuyos cuerpos se encontró un mensaje advirtiendo que lo mismo podría sucederle a cualquier usuario de la red que se “metiera” con el grupo delictivo que se responsabilizó por sus muertes.
A mayor detalle, la encuesta realizada entre periodistas staff, independientes o freelance, activistas y blogueros, más de 20 por ciento aseguran ya haber sido agredidos o amenazados recientemente. Uno de cada diez dicen haberlo sido físicamente. El 27 por ciento, casi tres de cada diez consideran como el riesgo más grande la amenaza física. Uno de cada diez refiere el asesinato o la demanda legal como el peligro mayor.
También se consideran otros factores como la seguridad personal y familiar, así como la seguridad de la información personal y la de sus colegas o pares. Un 49 por ciento, prácticamente la mitad, afirmaron que sus familiares o amigos han también recibido amenazas.
En cuanto al uso de herramientas digitales, nueve de cada diez encuestados dan uso “muy frecuente” a éstas. El 70 por ciento usa algún dispositivo móvil para el trabajo periodístico o de uso personal. En contradicción, “la mayoría califica como pobres sus habilidades en el uso de las tecnologías digitales”.
Reynosafollow.
De hecho, sólo 15 por ciento, es decir, menos de dos de cada diez dijo tener dominio aceptable o excelente de herramientas de seguridad digital como encriptación de datos, navegación anónima en Internet y destrucción segura de información.
En número más específicos: 70 por ciento aceptó que no utiliza ninguna herramienta para ocultar su identidad mientras navega en Internet, aun cuando éstas son decisivas “para tener seguridad física, psicológica y digital debido a que las organizaciones criminales y el gobierno monitorean las actividades en Internet de los ciudadanos y periodistas”.
En cuanto al uso de redes sociales virtuales, el estudio expone que “la mayoría de los participantes” las utilizan. “Sin embargo carecen de habilidades para hacer uso óptimo” de éstas. El principal problema es que mezclan información personal con información profesional en Twitter y en Facebook.
“Es fundamental impulsar el uso de nuevas herramientas y estrategias diseñadas para minimizar la vulnerabilidad de periodistas y blogueros que cubren temas de alto riesgo, como el narcotráfico, el crimen organizado, corrupción, violencia y abusos y violaciones de los derechos humanos”.
Ante los resultados de la investigación coordinada por el periodista y becario del Knight Internacional Journalism Fellow, Jorge Luis Sierra, se considera “urgente que periodistas y blogueros mexicanos incrementen su seguridad digital y móvil”. Al mismo tiempo considera de gran importancia animar a las empresas de medios a incrementar los recursos para ayudar a sus reporteros, editores, fotógrafos y productores a proteger su seguridad digital.
“Es fundamental impulsar el uso de nuevas herramientas y estrategias diseñadas para minimizar la vulnerabilidad de periodistas y blogueros que cubren temas de alto riesgo, como el narcotráfico, el crimen organizado, corrupción, violencia y abusos y violaciones de los derechos humanos”, destaca.
Recomienda además que periodistas, blogueros y los equipos editoriales se conecten entre sí y con organizaciones internacionales que se dedican a apoyar a periodistas, para mantenerse alertas y actualizados sobre las amenazas digitales en pleno desarrollo.
Tanto los investigadores como los periodistas consultados coinciden con el riesgo abierto que el estudio señala existe ya. Hacer periodismo en México en medio de los hechos de violencia puede costar la vida. Sin embargo, ni las autoridades estatales o federales o los propios medios de información, ni siquiera las grandes empresas, han tomado las medidas necesarias o suficientes para reducir esa exposición al peligro.
Al parecer, queda de los propios reporteros encontrar la forma de protegerse frente a los embates de la violencia o hacerse a un lado y dejar la profesión, como algunos ya lo han hecho, o incluso, dejar el país donde sus condiciones para sobrevivir son cada vez menores. ®
