El asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez orilla una vez más a su colega yucateco Luis Castrillón —#YoSoyReportero— a reflexionar sobre uno de los oficios más riesgosos en México: el de tratar de informar de los crímenes, la inseguridad y la impunidad que imperan desde hace ya muchos años en este país.
Moisés Sánchez, asesinado.
Él era Moisés Sánchez. Para algunos, incluido el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, nada más que “un taxista”.
La apreciación del mandatario de esa entidad reconocida por su café de altura, el son y otros ritmos costeros, la música romántica a través de las letras de Agustín Lara, entre otras virtudes, da una muestra del interés que existe en el país por detener en realidad lo que parece un sistemático ataque al ejercicio del periodismo.
Sólo el estado de Veracruz contabiliza, ya con Sánchez, más de una decena de periodistas muertos. Duarte sabe bien que en un nefasto y mórbido ranking mundial gobierna la primera entidad en el mundo por el número de sus reporteros muertos y desaparecidos. Aunque para él y otros más era sólo el chofer de un auto de alquiler.
La realidad es que financiaba su trabajo periodístico con lo que ganaba como taxista.
La realidad es que el alcalde del municipio donde ruleteaba, Medellín, lo amenazó.
Sólo el estado de Veracruz contabiliza, ya con Sánchez, más de una decena de periodistas muertos. Duarte sabe bien que en un nefasto y mórbido ranking mundial gobierna la primera entidad en el mundo por el número de sus reporteros muertos y desaparecidos. Aunque para él y otros más era sólo el chofer de un auto de alquiler.
La realidad es que antes de confirmarse su muerte, torturado y degollado, con él sumaban dieciocho periodistas en calidad de desaparecidos en México desde 2000 a la fecha.
La realidades que desde esa fecha se han reportado 102 periodistas asesinados.
La realidad es que cada mes se siguen documentando agresiones, extorsiones, despidos injustificados —al menos no éticamente— en contra de periodistas en prácticamente todo el país.
Javier Duarte, con récord de periodistas asesinados en el estado que gobierna.
(En 2012, en una entrevista para Animal Político,Carlos Lauría, director de la Oficina para América del Comité para la Protección de Periodistas —CPJ, por sus siglas en inglés— de Nueva York, me dijo que uno de los elementos que veía con mayor preocupación en las campañas para la elección de Presidente de México era la ausencia de alguna propuesta, por mínima que fuera, relacionada con la protección de las garantías de los periodistas para realizar su trabajo en el país y, por ende, de garantizar el derecho a la información de la sociedad mexicana.
Ni Enrique Peña Nieto ni Gabriel Quadri ni Josefina Vázquez ni López Obrador presentaron una sola línea en sus plataformas o discursos que tuviera relación con el quehacer periodístico.
Un año antes, Lauría ya me había señalado que los riesgos para los periodistas seguirían creciendo en México en la medida en que la información se convertía cada día más en un instrumento esencial dentro del escenario de guerra que vivíamos y seguimos viviendo en México.
Poco tiempo antes de esas llamadas documenté personalmente para la ya desaparecida revista Milenio Semanal cómo operaban grupos de secuestradores en Coatzacoalcos, Veracruz, donde también falleció otro periodista: Gregorio Jiménez. La principal advertencia que recibí en aquel entonces fue: Ni se te ocurra consultar con fuentes oficiales.
También para Milenio Semanal documenté cómo desde 2011 el crimen organizado se había infiltrado en algunas redacciones de medios informativos del país y más adelante, para Replicante, los riesgos que existen incluso en Internet para el ejercicio periodístico, como resultado de la tecnología que el crimen organizado puede utilizar para detectar a quienes bajo la endeble seguridad que prodiga el anonimato han tratado de mantener a la sociedad informada sobre el impacto de la guerra entre narcotraficantes y contra el Estado en México.)
La realidad es que, frente a los hechos y los resultados de los instrumentos y las instituciones establecidas por las autoridades para proteger a los periodistas, se puede afirmar que en México no existe una política pública real para garantizar que muchos de quienes integran este gremio no terminarán jugándose la vida el día que menos lo esperen. Y si no la vida, al menos el trabajo en algún medio donde resulten incómodos por la información que tengan y que publiquen. Si lo sabré.
La realidad es que los rockstars del periodismo, quienes borran sus sonrisas y ponen rostros serios cuando informan sobre un periodista muerto más, como si fuera una simple estadística, y expresan una indignación que es difícil creerles, ni idea tienen de todo el escenario que se vive más allá de sus lujosos sets, oficinas y casas.
Lo que saben no es más que las versiones que los reporteros que llevan la materia prima a sus espacios noticiosos les pueden contar. Esos mismos periodistas que ni ganan lo que ellos ni tienen sus prestaciones ni sus relaciones políticas.
La realidades que quienes son freelancers la pasan aún más mal. Si un reportero que supuestamente está cobijado por una empresa que debería respaldarlo en una situación de riesgo puede también terminar en problemas o incluso muerto, hay que imaginar tan sólo por un instante cómo lo pasan aquellos que tienen que buscarse cotidianamente el espacio para publicar y ganarse algo, porque simplemente han tomado la decisión de seguir en esa misma senda, la del periodismo.
La realidad es que es verdaderamente difícil trabajar como reportero en México, porque las garantías legales para hacer el trabajo no operan, porque a las empresas les interesa más el ingreso que sostenga todo el aparato que la chamba periodística para aportarle algo a la sociedad, y además en algunos estados hay que cuidarse de que no los ataquen, dejen sin chamba, levanten, secuestren, torturen y asesinen.
La realidades que la impunidad es la única realidad.
La realidad es que, así, está de la chingada. ®
