Parte de guerra, reelecciones y delirios

¿En qué se equivoca Javier Sicilia? ¿Por qué se deshiló el tejido social? ¿Se debe permitir la reelección de nuestros legisladores? ¿Qué está ocurriendo en Ombudslandia? Aquí algunas respuestas.

I. Parte de guerra

Sicilia está equivocado

Javier Sicilia

Siendo poeta, debería estar más atento al habla popular para hacer sus diagnósticos: el tejido social nunca fue lo que añora que sea. Nunca hubo un tejido social —valga la expresión— construido bonito. Los insultos más importantes desde hace mucho son: indio, negro, chacha (sirvienta), naco, puto, joto, muerto-de-hambre, oaxaco, chilango, sardo, guacho, pipope, cholo, cocho, pirrurris… es decir, desprecio a quien se considera diferente e inferior por su pobreza, por su aspecto, por sus preferencias, por su cultura, por su oficio, por su pertenencia regional, etcétera. En un país en el que siempre ha habido tantas diferencias de clase no ha habido tejido social, porque no hay identificación ni compromiso entre unos y otros.

El peor enemigo de un mexicano siempre ha sido otro mexicano, no el extraño del que habla el Himno Nacional. Durante las intervenciones francesa y estadounidense no hubo tantos mexicanos muertos como en su guerra civil revolucionaria. Es por eso, también, un país con profundo desprecio por lo público, por lo que se supone que es de todos. Lo público es continuamente vandalizado, robado o agandallado para el uso particular. Así también, es un país profundamente dividido por las diferencias entre su población: étnicas, fenotípícas, económicas, educativas, religiosas, políticas, partidarias… Este país ha sido un error.

La descomposición del tejido social no es la causa sino el efecto de la delincuencia y de la impunidad. Véase lo dicho aquí mismo. O son precisamente los delincuentes quienes, al organizarse, construyen tejido social: sus redes, sus estructuras, su capacidad de acumular recursos (humanos, materiales y simbólicos), de instituir reglas y jerarquías, de corromper, de operar, es precisamente eso. Nunca hubo un México bonito. Es una fantasía del pensamiento conservador, así como la de la gran familia mexicana, la hospitalidad del mexicano y el Pueblo Bueno. El diagnóstico de «la descomposición del tejido social» es una versión más o menos moderna del pensamiento conservador, que dice: “hay una crisis de valores”, repetida irreflexivamente por conservadores tanto de izquierda como de derecha (por ejemplo).

Extraño a esa izquierda que explicaba todo a partir d las «estructuras de dominación», cuando ahora hablan de «crisis de valores», “principios” y «ética». Mi propuesta para definir al candidato de La Izquierda es que gane quien se apropie del monopolio de la moral. Igual para candidato de La Derecha. Y luego en vez de votación que se haga un concurso de moral entre ellos. Un reality.

Los mentados “ninis”

Otro diagnóstico falaz sigue siendo el de los “ninis. Que los jóvenes que no estudian ni trabajan ingresan a organizaciones criminales. Un tema que ya se había tratado aquí mismo, del cual se han publicado datos recientemente que confirman que los cárteles reclutan a sus elementos de entre los desertores de las fuerzas armadas.

Durante el gobierno de Felipe Calderón (2007-2010) ha habido 37 mil desertores, según información de la propia Sedena. Según la propia secretaría uno de cada tres individuos que forman parte de las organizaciones criminales de los casi 500 mil involucrados en el narcotráfico en todos los ámbitos y niveles, al menos una tercera parte cuenta con antecedentes militares. Es decir, cerca de 170 mil. Y en los últimos ocho años ha habido al menos 150 mil desertores, según se publica en la prensa.

En realidad no hay una guerra de carteles contra carteles y de policía más fuerzas armadas contra carteles, sino de carteles y grupos de policías contra otros carteles y grupos de policías, y sus aliados respectivos, incluidas autoridades corruptas.

Los desertores no sólo pasan a integrarse a estas organizaciones, sino que también las crean, como en el caso de los zetas, el más documentado, fundado por ex miembros de tropa de elite, fuerzas especiales, de las cuales, por cierto, ha habido 1,560 deserciones en el periodo de 1994 a 2004, esto es, desde la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes) y de los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Ganfes), según información proporcionada mediante el IFAI publicada en 2008 por El Universal.

Si uno de cada tres desertores se vincula a las organizaciones criminales, ¿uno de cada cuántos de los miles de expolicías participa activamente en ellas? Más los policías en activo. En realidad no hay una guerra de carteles contra carteles y de policía más fuerzas armadas contra carteles, sino de carteles y grupos de policías contra otros carteles y grupos de policías, y sus aliados respectivos, incluidas autoridades corruptas.

De modo que es gente con empleo, en la que el Estado ha invertido, la que también forma parte del crimen organizado. Ahí están esos casos televisados como ejemplos: La Barbie, un joven estadounidense, de una familia sin problemas económicos, que por vocación vino a México a dedicarse al tráfico de droga. Otro, el de El J.J. que tenía una empresa de transportación, pero que decidió dedicarse al narcotráfico por las cuantiosas ganancias que le podía redituar.

La teoría de la falta de oportunidades y la pobreza como causas de ingreso a organizaciones criminales, puede explicar muchos casos, pero no basta para explicarlos todos y quizá ni siquiera la mayoría. Tampoco permite explicar por qué las comunidades más pobres y en las que hay menos oportunidades o de plano no las hay no se hayan hecho todas y por completo de delincuentes o base de reclutamiento de organizaciones dedicadas al crimen. La falta de oportunidades, en el mejor escenario probabilístico, podría ser causa necesaria, pero no suficiente. ¿Qué otras variables independientes podría haber?

¿Estrategia equivocada?

No hay estrategias equivocadas o acertadas, sino ejecuciones eficaces o ineficaces. Dejemos de preguntarnos cuál puede ser la estrategia correcta, y calculemos cuál es la que tiene más probabilidad de ejecutarse eficazmente. La estrategia de la militarización pudo y podría tener una buena ejecución. Como estrategia no es una equivocación, como ejecución es ineficaz. ¿Se necesita un cambio de estrategia o una mejor ejecución? Un cambio de estrategia no garantiza que vaya a tener una ejecución eficaz, que dé buenos resultados (los deseados o cercanos a ellos).

II. ¿Reelecciones para qué?

La línea intelectual para los políticamente correctos es: reelección de legisladores. El argumento es que así los ciudadanos “podremos” premiarlos o castigarlos.

Ya hay reelección en México desde hace décadas. Es legal en varios organismos públicos, como en los casos de consejeros electorales (incluido consejero presidente), presidentes y consejeros de comisiones de derechos humanos (estos consejeros, aunque no reciben paga por su trabajo, son funcionarios públicos: toman decisiones que incluyen los objetos del gasto del presupuesto, los programas operativos, la planeación institucional, la rendición de sus cuentas y, en general, la decisión de sus políticas públicas), rectores (las universidades son organismos públicos, incluidas las autónomas, de modo que los rectores son funcionarios públicos).

Si no hay reelección actualmente, no hay castigo. Es como que uno desayune gratis en un restaurante y de castigo lo dejen sin cenar. O ganarse una casa en una rifa y de castigo nada más sea de dos pisos y no de cuatro. O ganarse el premio fulanito de novela y de castigo no ganar el de ensayo.

Se trata de reelecciones que no son por votación popular (de todos los ciudadanos con derecho a voto), sino restringidas a una pequeña minoría. Por ejemplo, Eugenia Denise Dresser Guerra fue reelecta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (previo dictamen de su comisión de Derechos Humanos), a propuesta de la propia CDHDF, cuyos consejeros firmaron su postulación como si lo fueran de una organización de la sociedad civil, independiente de todo gobierno.

El asunto de la reelección a legisladores por voto popular me parece que tiene dudosos beneficios democráticos: va a premiar a los nefastos. Ya podrá Fernández Noroña eternizarse como parlamentario, puesto que un electorado organizado de manera corporativa y clientelar no actúa con la lógica o rational choice de “castigar” a su representante, sino de apoyar a su líder. Si el Peje dice en Iztapalapa: votan por Noroña, votan por Noroña y ya. No van a andar revisando qué puntos de acuerdo presentó al pleno ni su asistencia a reuniones de comisiones ni lo que dijo en tribuna.

Nada más falaz que “castigar” a alguien sin reelegirlo. Qué castigote. No se puede castigar quitando lo que no se tiene o no se ha dado. Si no hay reelección actualmente, no hay castigo. Es como que uno desayune gratis en un restaurante y de castigo lo dejen sin cenar. O ganarse una casa en una rifa y de castigo nada más sea de dos pisos y no de cuatro. O ganarse el premio fulanito de novela y de castigo no ganar el de ensayo.

De verdad que no aspiro a ser reelegido. Aspiro a lo que pueda transar en tres años. Lo que hace falta no son reelecciones, sino mejorar la representación. A contracorriente del discurso intelectual: depauperar a la clase política.

Por lo pronto no hay ninguna demostración comparada de qué beneficios van a tener las reelecciones de legisladores que tome en cuenta la complejidad y características del electorado mexicano. Todos los supuestos parten de que los electores somos sujetos informados, responsables, concientes, participativos, demócratas, educados, escolarizados, etcétera. Ciudadanos nórdicos, pues.

III. Ombudslandia urbi et orbi

La CDHDF lleva una vida institucional delirante, al menos en su comunicación social: por ejemplo, en un solo boletín “condena” (juzga como si fuera tribunal), sin contar con ninguna evidencia ni investigación, un “homicidio”, que, sin peritaje alguno (que ni el ministerio público ha hecho), asegura que se debe a “hechos discriminatorios” en contra de un “activista”. Aunque se trata de una institución que debe dedicarse a las violaciones que a los derechos humanos que comenten funcionarios y servidores públicos en el Distrito Federal, “exige al gobierno del estado de Guerrero” que investigue, esclarezca y finque responsabilidades. Así debería estar exigiéndole a Marcelo Ebrard que cumpla con las recomendaciones que desde hace una década esta misma comisión le ha dirigido, desde que era secretario de Seguridad Pública. Y así debería empeñarse en atender las miles de quejas que recibe al año de ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal con las que no pasa nada. Su delirio institucionalizado se enfrasca en reiterar la afirmación de que Digna Ochoa fue asesinada, caso que ha sido ratificado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como un suicidio. ®