El valor del voto está por encima de la aplicación fraudulenta de la cláusula de gobernabilidad, y hay precedente legal al respecto. Si se hace una estafa para evitar que la pluralidad partidista sea garante de la Constitución Mexicana NO tendremos un Estado Constitucional.
· ¿Cómo sería el país si en el año 2000 el Tribunal Electoral no hubiera ponderado el voto ciudadano sobre la mal interpretada cláusula de gobernabilidad?
En el siglo pasado ser mujer y hacer política traía consigo a la esfera pública las conocidas desventajas producto de la opresión sexual, pero si además eras una lesbiana dedicada a la política, lograr que se te viera con respeto te obligaba a tener una muy sólida carrera, a ser una profesional sobresaliente y a resistir la abierta lesbomisoginia. Nuestra visibilidad era un tabú e inexistente en aquel momento era el tema de cuotas electorales para personas LGBTI.
Favorablemente entonces sí había un movimiento independiente social y político que tenía claridad de la ruta a seguir para avanzar en la defensa de sus derechos humanos (DDHH), así que en la elección del año 2000 fui candidata —en alianza con el Partido Democracia Social (DS)— a una diputación en el Congreso de la Ciudad de México (entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF). Ganamos ese escaño en representación de una agenda ciudadana feminista y LGBTI.[1] Sin embargo, aunque los resultados obtenidos en las urnas fueron enfáticos pues individualmente obtuvimos más votos de los que cada uno de los demás diputados necesitó para llegar a la ALDF, nuestro triunfo no fue reconocido de inmediato debido a una maliciosa interpretación de la cláusula de gobernabilidad (exacta a la que se analiza hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF) con la que se pretendió negarnos el cargo que la voluntad ciudadana, con su voto, nos había dado.
Aunque los resultados obtenidos en las urnas fueron enfáticos pues individualmente obtuvimos más votos de los que cada uno de los demás diputados necesitó para llegar a la ALDF, nuestro triunfo no fue reconocido de inmediato debido a una maliciosa interpretación de la cláusula de gobernabilidad
Hubo que acudir al Tribunal Federal Electoral, que afortunadamente dejó claro que la voluntad popular estaba por encima de todo y que el resultado del voto ciudadano debía respetarse y reflejarse en el porcentaje de diputados que cada expresión política obtuviera en los Congresos, interpretando en forma correcta la cláusula de gobernabilidad y considerándola en su justo cometido. Creando con ello además un precedente jurídico que actualmente tienen la obligación legal de observar en sus resoluciones.
Fue en esa legislatura cuando pusimos en marcha la estrategia integral de mediano plazo (que llamamos Ley de Sociedad de Convivencia) para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, con la que procurábamos mucho más que sólo reformar la ley; se trataba de abrir el diálogo social sobre la situación de terrible discriminación y carencia de derechos en que se encontraba una parte importante de la población, romper la espiral del silencio que hacía que ProVida y sus secuaces se dijeran los voceros de la sociedad, crear conciencia de que cada persona —particularmente las mujeres— tiene derecho a elegir forma de vida, que en un país laico el Estado no podía decidir sobre el amor entre personas adultas que tenían derecho de fundar sus hogares con libertad y no por ello debía ser castigada con la carencia de derechos.
Se trataba de abrir el diálogo social sobre la situación de terrible discriminación y carencia de derechos en que se encontraba una parte importante de la población, romper la espiral del silencio que hacía que ProVida y sus secuaces se dijeran los voceros de la sociedad, crear conciencia de que cada persona —particularmente las mujeres— tiene derecho a elegir forma de vida…
Se trataba de mostrar que las inteligencias y lo mejor de la sociedad estaba de nuestro lado y, desde luego, con todo ello, la estrategia consideraba obligar a TODOS los partidos políticos a tomar postura (la que fuera) respecto de los DDHH de lesbianas y demás población disidente sexual (baste recordar que el principal opositor al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI era AMLO, entonces jefe de Gobierno).
Ahí sentamos las bases para posteriormente avanzar a escala federal, ya siendo yo diputada en el Congreso de la Unión —en alianza con el PRD— con la reforma constitucional en DDHH que haría posible el reconocimiento de esos y otros derechos que hoy son ley en todo el país.
En esa legislatura fue también cuando, por primera vez en el país, se le dio autonomía a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, se lograron alrededor de veinte normas generales para prohibir todo tipo de discriminación, incluida la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles que ha tenido tanto impacto en la cultura de todo el país, y una larga lista más que por falta de espacio no listaré. El objetivo cumplido era mostrar que las legislaturas y las leyes sí cumplen un papel fundamental en la lucha cultural contra la discriminación.
Ello fue posible por la claridad que teníamos de nuestra agenda, nuestra certeza en los argumentos y nuestra búsqueda del diálogo en una legislatura que, por su composición plural, estaba obligaba al diálogo parlamentario, ya que nada podía ser aprobado por un partido sin debatir y llegar a acuerdos con los otros.
No es para nada exagerado decir que, ante esa experiencia legislativa y el movimiento social que la acompañó, el país cambió para bien, se revalidó el Estado laico, el fortalecimiento de la ciudadana dio pasos gigantescos y esa resolución del TEPJF —que hoy es precedente jurídico (que como tal es un criterio a seguir hoy)— convergió con todo ello.
Señalar ese antecedente es obligado por la importancia de darle a cada cual lo que ganó en las urnas, por encima de las engañosas intentonas de sobrerrepresentación: dejando claro que pretender utilizar las coaliciones como un todo para transferir votos está prohibido, por lo que a cada partido coaligado se le debe asignar el porcentaje que obtuvo en la elección.
Y al respetar lo que efectivamente la ciudadanía mandató, el Tribunal también permitió que la historia de los Derechos Humanos siguiera su curso tal y como el electorado la decidió.
· Ese referente jurídico atiende además a otros principios fundamentales:
El poder legislativo está diseñado para ser el reflejo de una sociedad que se reconoce —entre otras cosas— como plural y diversa, eso hace posible contar con Congresos que salvaguarden la efectiva división de poderes, beneficiarse con parlamentos que cuestionen, que pongan en duda, que sean capaces de escuchar, enriquecer los debates y las leyes con el intercambio de ideas distintas.
La voz de quien no ostenta mayoría posee un valor decisivo, es ella la que certifica la expresión de la pluralidad de ideas que discurren y mueven a una sociedad que dista de ser homogénea. Así, garantizar que la magnitud de la pluralidad y su expresión se respeten es fundamental para la democracia. Sin pluralidad no hay democracia, sólo hay democracia si se respeta la libertad de expresión y se respeta el derecho a disentir.
La democracia presupone libertad, igualdad en la diferencia y hace posible el disenso. Y para ello es indispensable que la pluralidad se pronuncie en su justa dimensión al interior del Estado ¿o cómo tendría cabida la manifestación de las necesidades de quienes no tienen mayoría?
Así, garantizar que la magnitud de la pluralidad y su expresión se respeten es fundamental para la democracia. Sin pluralidad no hay democracia, sólo hay democracia si se respeta la libertad de expresión y se respeta el derecho a disentir.
· El elemento básico de la democracia es el respeto al voto, que éste cuente imparcialmente. Por ello, ponderar el valor del voto ciudadano por encima de la presión del gobernante en turno por controlar al Congreso se convierte en una obligación con la que no sólo se prueba la efectiva autonomía del TEPJF ante las presiones de las elites del poder: también muestra su serio compromiso con la ley, la democracia y la ciudadanía.
En un país en el que aún se cambian votos por dádivas —con lo que se violentan derechos humanos y se violenta la democracia— votar con libertad es muy complejo pues implica que la ciudadanía es capaz de acudir a las urnas sin coacciones, en forma informada, sin abuso de la precariedad que implica la pobreza.
Si quien discrepa del régimen logra ejercer el voto con libertad, y lo hace porque supone que se respetarán los resultados de la elección, posteriormente se entera de que —por una argucia del poder— su voto ha perdido su valor y ha dejado de contar, sabe que en realidad se le ha despojado de su capacidad de elección, se le ha robado su derecho a disentir en forma pacífica.
Eso es lo que ocurre al quitarle al partido opositor a la mayoría por el que la ciudadanía votó el porcentaje de legisladores que le corresponden, producto de la suma de votos que recibió. Es a las personas votantes a quienes se les usurpa su voluntad expresada conforme a las reglas electores.
Puesto que no hay ciudadanía sin posesión de derechos, sin participación social y política: se les despoja de ese elemento básico de ciudadanía que es un principio constitucional. Si eso llegara a pasar ¿qué camino se le deja después de esa agresión? ¿A dónde se le está empujando para hacer sentir su postura política?
¿Con qué calidad el régimen le podrá exigir a la población que fue a las urnas que cumpla con sus obligaciones si el poder se sostendrá en decisiones legislativas que no serán producto del resultado electoral sino de un robo?
¿Cómo cuestionar que parte de la sociedad use enérgicos canales de expresión si es desvalijada la legítima decisión electoral? ¿Cómo se llama a respetar la ley si quien hará la ley legislará producto de un fraude?
· La democracia requiere de ciudadanía y parte de ella es la capacidad de ejercer realmente los derechos políticos (que son derechos humanos). Cuando se ejerce el derecho de oponerse a las decisiones del régimen se está haciendo un ejercicio de democracia y si —producto de un fraude a la ley— se evita que la composición en la Cámara de Diputados sirva para ello, se acomete contra la democracia y contra los DDHH.
Garantizar la coexistencia pacífica de estas diversidades sociales requiere, entre varios elementos, de hacer posible que la libertad de expresión y el intercambio de ideas sean posibles en términos de equidad.
Todo lo señalado anteriormente lo supo ver el Tribunal Federal Electoral en el año 2000 y por ello ponderó el voto por encima de la tramposa interpretación de la cláusula de gobernabilidad. La relevancia de ese PRECEDENTE JURÍDICO es hoy esencial en un país que no está para añadirle exacerbaciones que lo polaricen más.
· Al margen de la composición del Congreso de la Unión, penosamente, el futuro de este México militarizado, en crisis y con un mediocre Estado de Derecho no es venturoso. Si, pese al precedente legal multicitado, el TEPJF cediera a las presiones y decidiera que el régimen meta la mano para que la composición de la Cámara de Diputados vaya por un camino contrario al de la voluntad ciudadana estaría corrompiendo el porvenir, condenando al país a un destino adulterado y a vivir una historia torcida, distinta a la que el electorado la decidió.
Si, pese al precedente legal multicitado, el TEPJF cediera a las presiones y decidiera que el régimen meta la mano para que la composición de la Cámara de Diputados vaya por un camino contrario al de la voluntad ciudadana estaría corrompiendo el porvenir.
Evidentemente el resultado electoral le procuró al régimen la mayoría simple en la Cámara, eso le permitirá disponer del presupuesto como quiera y cambiar leyes sin necesidad de parlamentar con la oposición.
Pero el mandato en las urnas también fue el de contar con un parlamento plural donde ningún partido pueda cambiar la Constitución sin que las modificaciones sean el reflejo de esa pluralidad partidista.
Por ello, impedir que quien obtuvo los votos para ser diputado llegue a la Cámara pone en grave riesgo el pacto social, los valores colectivos plasmados en la Carta Magna. Baste recordar que es la reforma en DDHH del año 2011 la que sostiene derechos contra la tentación de los mayoritarios de atentar contra el sistema democrático y que para su defensa es fundamental que se respete la representación plural en el Congreso.
Permitir que, producto de una tramposa interpretación de la ley, quien no alcanzó los votos necesarios ocupe un curul en la Cámara es una patente forma de fraude electoral que además, al sobrerrepresentar a la mayoría, rompe con la división de poderes y evita que el parlamento sea el reflejo de la pluralidad que es la sociedad mexicana.
De ahí que toda reforma legislativa que se hiciera —TODA— sería producto de un ultraje a las personas que votaron por una opción distinta a la del régimen y por tanto carecerá de toda legitimidad. Todo diputado que lo fuera sin contar con los votos ciudadanos para serlo sería un atracador, un usurpador, por lo que cada decisión que se tome en el Congreso en la que ese defraudador participe será corrupta, aviesa y sin legitimidad.
Así el Estado de Derecho se rompe, las reglas del juego se burlan y la democracia en su base misma se fractura.
En esta elección no vi en la contienda un compromiso que hubiera significado una alternativa que priorizara a la ciudadanía, pero ¿acaso mi punto de vista puede ser razón para justificar que se viole la ley contra alguno de ellos?
Hacerse cómplices de ese fraude a la ley sería un gigantesco tropiezo, una caída al pasado del partido único de los años setenta, a una dictadura lejana a la voluntad expresada en las urnas.
Soy parte de quienes están seguras de que el partido en el régimen no es de izquierda y que los retrocesos en su gestión van a afectarnos por décadas. También sé que la mayoría de los partidos son muy lejanos al proyecto de país con el que sueño, por ello nunca me he afiliado a ninguno de ellos. En esta elección no vi en la contienda un compromiso que hubiera significado una alternativa que priorizara a la ciudadanía, pero ¿acaso mi punto de vista puede ser razón para justificar que se viole la ley contra alguno de ellos? ¿Acaso dejó de ser verdad que la democracia o es para todas las personas o no es democracia? ¿Qué congruencia, qué decencia, qué principios tiene quien está dispuesto a validar las estafas para el actual régimen, aunque antes las criticó para el contrario?
El sistema democrático requiere de ejercer con libertad los derechos a dudar, cuestionar, exigir transparencia, mostrar errores, denunciar corrupción, rechazar las verdades únicas, etcétera.
Para aspirar a la tan necesaria democracia requerimos Estado laico y respeto a la pluralidad: “racionalidad crítica opuesta a los dogmas, pluralidad opuesta al monopolio de la verdad”.
No espero que se conduzcan como se supone que una izquierda moderna lo haría, pero ¿a qué sistema aspira el régimen si empieza por evitar que el poder legislativo sea la representación real de la voluntad señalada en las urnas? Si se hace una estafa para evitar que la pluralidad partidista sea garante de la Constitución Mexicana NO tendremos un Estado Constitucional, así de simple. ®
[1] Necesario aclarar —en estos tiempos— que ni esa agenda ni sus logros son parte de la corriente política queer–woke que en la última década se ha alojado en el movimiento gay y otros más, con la que no tengo nada que ver.
