¿“Derecho a la educación superior”?

Hay la constitución de un imaginario colectivo más o menos amplio y nacional según el cual toda demanda de educación superior debe ser atendida por el Estado, de que las matrículas deben ampliarse en la medida de ellas y que el financiamiento público debe garantizar que así sea. Esto es aberrante, dice el autor.

De lo nacional a lo chilango

UNAM

Hasta hace una década el Distrito Federal había sido la única entidad del país en la que su gasto público no contribuía a la educación superior de sus habitantes: el Instituto Politécnico Nacional, las escuelas de Bellas Artes y Antropología e Historia, y las universidades Nacional Autónoma de México, Metropolitana y Pedagógica Nacional han sido sostenidas exclusivamente por subsidio de la federación. Cuando los estados de la República no tenían universidad pública y la Ciudad de México recibía a estudiantes de todo el país tenía sentido que la federación pagara la educación superior de instituciones nacionales. Pero una vez hecha la reforma política para que el Distrito Federal dejase de ser administrado como un Departamento de la federación y constituyera su gobierno de elección popular, cobró sentido que además de hacerse cargo parcialmente del financiamiento a las instituciones educativas de su población, que también tenga políticas públicas propias en materia de educación.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) pudo haber reconocido a la Universidad Autónoma Metropolitana como la IES propia de los capitalinos y otorgarle financiamiento con la expectativa de que, en el marco de su autonomía, pudiera ampliar su matrícula, su oferta educativa (nuevas carreras profesionales y posgrados) e invertir en infraestructura y recursos que le permitieran elevar su calidad y cantidad de investigación, así como de difusión de la cultura. Pero en vez de eso decidió crear un nuevo proyecto, apegado a determinados valores e ideas propias del proyecto político del jefe de Gobierno, dado que en su origen no tuvo autonomía. Ese proyecto, ratificado en su ley de autonomía, sobrepone lo que considera un derecho, el de la educación superior, a cualquier criterio de mérito académico como requisito de admisión. Un derecho irrestricto y exigible al Estado, como a la salud (a la atención médica y hospitalaria, debería decirse), sin obligación o deber de parte de toda persona demandante de éste.

Finlandia, Suecia y Cuba, sin cobertura total

El país con los mejores resultados en evaluación de su educación en el mundo es Finlandia, que también es el de mayor nivel de desarrollo y el más equitativo. Pues ahí la mayoría no cursa estudios de tercer ciclo o universitario. La educación superior es gratuita, pero sólo admite a uno de cada tres demandantes de ingreso en cada convocatoria, con base en las calificaciones obtenidas en el certificado de bachillerato y examen. La mayoría cursa lo equivalente a una especialización profesional de técnico superior o profesional asociado. La fortaleza del sistema de educación superior finlandés es su integración al campo de trabajo, a las empresas y los gremios (véase). A estudios universitarios sólo ingresa uno de cada tres de quienes presentan examen de admisión (véase). No hay marchas ni protestas de esos rechazados ni líderes demagogos al respecto. Los que no son admitidos pueden seguir intentándolo sin victimización o autovictimización de pobrecitos.

Nadie puede llegar a las universidades cubanas exigiendo que lo admitan sin cumplir los requisitos porque tiene derecho. Por ejemplo, para estudiar Ingeniería Química en la Universidad de La Habana hay que tener un promedio de 9, al menos, en los estudios de preparatoria, y acreditar exámenes de Historia, Matemáticas y Español, que son iguales para el ingreso a todas las carreras, y acreditar exámenes especiales en Química, Matemática y Física.

En Suecia, otro país con los mejores resultados en educación y el índice más alto en desarrollo humano en el mundo de manera constante, la cobertura de la población en edad de cursar educación superior es similar a la de México (véase, véase y véase), que ha ascendido al 31 por ciento. Sobre la base de una excelente educación básica y secundaria (media superior) tiene un riguroso y equitativo proceso de admisión (véase) a los estudios universitarios. Treinta por ciento de la población sueca de una edad entre treinta y 64 años tiene estudios de dos años de educación universitaria o más y es uno de los niveles más altos o el más alto del mundo. La sociedad sueca no aspira a que todos sean licenciados ni le hace falta para ser una sociedad sumamente equitativa y muy bien educada. Algo interesante tanto de Suecia como de Finlandia es que aunque son líderes en las evaluaciones de educación no tienen ni una sola universidad entre las cincuenta mejores del mundo ni entre las mejores de Europa.

Ni siquiera Cuba ha logrado, por mucho, una cobertura universal de educación superior para los jóvenes en edad de cursar estudios de este nivel, pues es de la mitad (véase), con todo y que tiene al menos treinta años con una curva poblacional estable y sin crecimiento. El derecho no es irrestricto, puesto que hay requisitos generales, haber cumplido el servicio militar, entre otros, y cada facultad o escuela profesional determina requisitos particulares: “Tienen derecho a ingresar a la educación superior, todos los ciudadanos residentes permanentes en Cuba poseedores del nivel medio superior, que reúnan los requisitos exigidos para cada tipo de curso” (véase).

Nadie puede llegar a las universidades cubanas exigiendo que lo admitan sin cumplir los requisitos porque tiene derecho. Por ejemplo, para estudiar Ingeniería Química en la Universidad de La Habana hay que tener un promedio de 9, al menos, en los estudios de preparatoria, y acreditar exámenes de Historia, Matemáticas y Español, que son iguales para el ingreso a todas las carreras, y acreditar exámenes especiales en Química, Matemática y Física (véase). Es difícil. Realmente difícil. Y no se puede ingresar por sorteo en consideración a que el aspirante es pobre o que ha sufrido. O porque ha estudiado mucho y reprobado varias veces, entonces, por insistencia, por echarle ganas, habría que darle chance. Tampoco. Por cierto, el gasto en educación en Cuba es del 22% de su Presupuesto de Egresos, menor al de México (véase). Sí, México, el del gobierno panista, el de la malvada derecha, destina más recursos a la educación que Cuba.

La demagogia de los rechazados

El supuesto de la educación superior como un derecho exigible precede al proyecto en comento, y tiene una dimensión mucho más amplia: discursos, supuestos, debate público y oferta política partidaria. Hay la constitución de un imaginario colectivo más o menos amplio y nacional según el cual toda demanda de educación superior debe ser atendida por el Estado, de que las matrículas deben ampliarse en la medida de ellas y que el financiamiento público debe garantizar que así sea. Esto es aberrante, porque la educación superior —la superior, subrayo— no es un derecho, sino un servicio que presta el Estado en la medida de sus posibilidades, especialmente en atención a la educación básica como prioridad y, en segunda instancia, a la educación media superior. Así es en todo el mundo. No hay ningún país que le dé educación superior a todos los demandantes sin que cumplan con méritos académicos. La existencia de demandantes rechazados no es, en absoluto, prueba de fracaso de un gobierno, país o Estado, ni del sistema educativo. Ni de la maldad del diabólico neoliberalismo. Es la prueba de que esos jóvenes no estudian lo suficiente, no se esfuerzan, no ponen empeño o que, si lo hacen, no tienen capacidades intelectuales o de carácter para cursar estudios superiores.

La visión y el discurso de los pobrecitos jóvenes que se van a volver “ni-nis”, que van a ser reclutados por grupos criminales para delinquir, es un chantaje para el lucro de políticos sinvergüenzas —rectores incluidos—, de demagogos que a nombre de un supuesto derecho y de la izquierda reclutan clientelas y contingentes para movilizaciones y grupos de presión con los que construyen sus carreras políticas.

(Por cierto, el Colegio de México es tan público como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, financiado por el Ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero a los líderes de movimientos de rechazados parece que no se les ocurre ir a exigir admisión a éste. Los populistas que prometen garantizar educación superior a todos los que la demanden no entran en detalle de cómo asegurar ni siquiera la mala calidad, sino siquiera la factibilidad. Es un problema mucho mayor al del financiamiento. Si de un año a otro aumenta en cien mil o en diez mil a los que hay que inscribir en Medicina, ¿quién y cómo los va a enseñar? Y luego de cuatro o cinco años ¿quién va a querer ir a consulta o que los opere uno de esos egresados?)

Educación e izquierda, tres posibilidades

Anthony Giddens

El primero correspondería al modelo soviético y es el que más o menos iguala a todos, a los universitarios con los no universitarios, dado que corresponde a una economía centralmente planificada de control de salarios y precios; el segundo es el populista, que asemejaría nominalmente a los pobres con los ricos haciendo a todos licenciados, y el tercero es el tipo europeo socialdemócrata que deja al esfuerzo de cada quien su progreso, asegurando sólo que la competencia sea equitativa.

Respecto al tercero, Anthony Giddens plantea que la socialdemocracia moderna se debe fundamentar en un nuevo contrato social: ningún derecho sin responsabilidad. La tercera vía se postula como de izquierda, en cuanto tiene por objetivo reducir la desigualdad y procurar la justicia social, pero no pretende el igualitarismo (todos iguales en todo), sino la igualdad de oportunidades. Es decir, pone el énfasis en la responsabilidad personal, pues en lugar de que el Estado tenga obligación de garantizar alimento, vivienda y vestido, debe asegurar que cada quien pueda obtener estos bienes por su propio esfuerzo. Esto implica transformar la red de seguridad de derechos adquiridos en un trampolín de responsabilidad.

¿Qué deberes son los que corresponden al derecho —contraprestación a un servicio, en realidad— a la educación superior? Al menos el de aprovecharlo óptimamente, como en el disfrute de un bien escaso. Tenemos derecho a disponer de agua, por ejemplo. Y los gobiernos prestan como un servicio público la distribución de este bien escaso en los domicilios. No de manera gratuita, sino a cambio de una cuota, condicionado a un pago. Ni siquiera pagando por este servicio tenemos derecho a desperdiciar el agua. En el caso de la educación superior no debe ser muy distinto en cuanto a derechos y deberes: es un bien escaso, costoso y además no es fundamental, sino el beneficio de un servicio que presta el Estado, a diferencia de la educación básica, a la cual sí hay un derecho que debe ser inconculcable, que ni siquiera cabe perder por bajas calificaciones o indisciplina.

Así, pues, la educación superior gratuita y universal (para todos sin excepción), y sin deberes para quienes se benefician de ella como un derecho, equivale a la casa de tres pisos. Promover una educación pública que no sea competitiva, sino apapachadora y compasiva de los pobres que han sufrido mucho, es como querer regalarles casas de tres pisos, pero de cartón.

La educación superior no es ni tiene por qué ser exigible al Estado como garante de un derecho. Dicho en otra forma: la educación superior no es derecho ni tiene por qué serlo. Por ejemplo, hay derecho a la vivienda. Y en lo concreto este derecho se garantiza sólo a los trabajadores y en la prestación de un crédito para comprar casa habitación, para lo cual hay una institución encargada de posibilitarlo (Instituto de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit), a cambio de una obligación del sujeto de derecho: el pago de cuotas, el abono periódico a la deuda. El derecho a la vivienda no tiene que implicar que el gobierno le regale a cada quien una casa de tres pisos o un departamento en una colonia bonita. Así, pues, la educación superior gratuita y universal (para todos sin excepción), y sin deberes para quienes se benefician de ella como un derecho, equivale a la casa de tres pisos. Promover una educación pública que no sea competitiva, sino apapachadora y compasiva de los pobres que han sufrido mucho, es como querer regalarles casas de tres pisos, pero de cartón.

En contraste con el socialdemócrata, el modelo soviético conduce a buenos profesionistas a una economía permanentemente deprimida, con escasos incentivos y motivación, mientras que el proyecto populista mexicano sólo puede conducir a sus pobres redimidos a hacer más obesa la burocracia gubernamental y partidaria, a emplearlos en plazas mantenidas por el gasto público con una tasa de retribución muy baja o regresiva para la sociedad, del tipo oficial cuarto de seguimiento y evaluación de operaciones de control y registro de la unidad de planeación con responsabilidad social y desarrollo sustentable con perspectiva de género.

Locuacidad derechomaniaca

El “derecho a la educación superior” es un exceso como toda retórica disparatada que se ha construido sobre los derechos humanos, que llega a afirmar negando: “derecho a no ser…”, “derecho a la no…”. Absurdo, pues lo que se afirma como “derecho a la no discriminación” en realidad se refiere a un deber, el de no discriminar. El derecho es: a ser respetado y a la igualdad de oportunidades. Pero a los grupos y políticos que lucran con la retórica de los derechos humanos no les gusta ni les conviene hablar de los deberes de los individuos, sólo de los del Estado, puesto que quieren incrementar la lista de derechos ad infinitum porque así es más fácil hacer una carrera profesional, convocar a movilización, obtener patrocinios y ocupar espacio en medios noticiosos y de opinión.

La otra rama de su locuacidad es la proclamación de derechos que no lo son. Por ejemplo, “derecho a la felicidad”. Se trata de un bien tan subjetivo, tan personal, que es imposible garantizarlo y es de lo más peligroso que un político, partido o régimen pretenda hacerlo efectivo y universal. Existe el derecho a formar una familia, a que cada quien lo procure en el marco de un ejercicio de libertades y bienestar, no a que el Estado le garantice y asigne esposo a una soltera (o viceversa). La felicidad no es un derecho, más bien puede ser el resultado del goce de un conjunto de ellos. El derecho a la salud en realidad es básicamente a la atención médica. ¿Y el dizque derecho a la felicidad?

Por último: dos principios elementales de justicia para la educación superior: que paguen los que puedan pagar en la medida de lo que puedan. Y que el ingreso esté condicionado no por la demanda sino por resultados de evaluaciones académicas, de modo que aunque haya cupo para una demanda de cien y sólo uno acredita los mínimos, el curso deberá abrirse sólo para ése. ®