El objeto de esta estrategia es propagar el miedo entre la comunidad inmigrante, orillando sicológicamente a esa comunidad a sentirse aún más desamparada, cada vez más vulnerable, completamente “fuera de casa”, y de esta manera, continuar propiciando un éxodo hacia México.
La eficacia del populismo tiene su raíz, en parte, en la ignorancia rampante de los gobernados. Si el populismo es de izquierda, otro de sus elementos fundamentales es la exclusión de un sector amplio de los gobernados; si es de derecha, ese elemento es el miedo.
En Estados Unidos predomina la ignorancia y aparte hay miedo en un vasto sector social provocado por una crisis de identidad que tiene su raíz en los cambios demográficos del país, los cuales son en gran medida consecuencia del fuerte flujo migratorio de hispanos al interior y su alta tasa de natalidad. Además, como es obvio, este fenómeno involucra una lucha por el poder político en el futuro no muy lejano.
Políticos y adalides de derecha que han promovido en la última década la corriente de populismo conservador dominante en el quehacer político en Estados Unidos se prepararan para un nuevo embate en contra de la inmigración, sobre todo de mexicanos.
Políticos y adalides de derecha que han promovido en la última década la corriente de populismo conservador dominante en el quehacer político en Estados Unidos se prepararan para un nuevo embate en contra de la inmigración, sobre todo de mexicanos. Un embate que se espera sea muy agresivo, tomando en cuenta el éxito obtenido en las pasadas elecciones de noviembre por los políticos republicanos —en todos los niveles de gobierno— y, en particular, por los representantes del movimiento de ultraderecha denominado Tea Party. Esa embestida estará dirigida de manera directa a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, ya que representan los cambios demográficos en el país y, en consecuencia, representarán los cambios en la configuración del poder político en unos años más.
Básicamente, la ofensiva tendrá dos frentes: uno, legal y, obviamente, otro mediático. Muy posiblemente se verán intentos de modificar la enmienda número 14 de la Constitución Federal desde el Congreso Federal a fin de negar la nacionalidad estadounidense a los hijos de indocumentados; además de que, por su parte, las legislaturas estatales intentarán atacar ese aspecto sin intentar siquiera modificar la enmienda.
El segundo frente, mediático, sería tan sólo una consecuencia del primero. Se aplicará una muy fuerte dosis de miedo entre la comunidad indocumentada, mediante la retórica y propaganda efectuada por políticos y comentaristas de ultraderecha mientras promueven sus intentos legislativos. El primer frente está condenado al fracaso al mediano y largo plazo, y ellos lo saben; el segundo, casi al éxito, y ellos ya se frotan las manos.
Uno de los argumentos de la ultraderecha tiene de fundamento un mito: el proveniente de la noción de anchor babies. Aunque el término anchor babies (bebés ancla, o algo parecido en español) se remonta a la década de los ochenta, en esta época ha sido puesto en boga por los comentaristas conservadores y se utiliza para referirse, de una manera despectiva, a los hijos nacidos en territorio estadounidense de inmigrantes indocumentados. El término implica la falsa idea según la cual los bebés actúan como eslabón para que sus padres obtengan la ciudadanía estadounidense o al menos obtengan beneficios migratorios, ya sea de manera automática o eventual, incluyendo entre los beneficiarios a hermanos (incluso en ocasiones algunos comentaristas mencionan que miembros de la familia extendida pueden verse favorecidos de manera rápida).
La verdad es que los hijos nacidos en Estados Unidos de extranjeros pueden fungir como patrocinadores de sus padres y hermanos hasta que cuentan con 21 años de edad; no obstante, éstos deben residir en el extranjero si no cuentan con estatus migratorio adecuado en el país —visa de trabajo, permiso temporal, etcétera. Por consiguiente, se entiende que un padre indocumentado no puede obtener el beneficio de la residencia permanente legal porque la ley migratoria vigente no se lo permite.
Dicho a grandes rasgos, para que los padres indocumentados de un estadounidense puedan ser patrocinados por un hijo mayor de 21 años tendrían que abandonar el país e iniciar el trámite desde el extranjero, lo que conllevaría a ser citado a una representación consular o diplomática estadounidense, donde después de entrevistados por un oficial del Departamento de Estado muy probablemente se les negaría la residencia legal al descubrir una previa presencia indocumentada en Estados Unidos. Además, seguramente serían castigados impidiéndoles solicitar beneficios migratorios por muchos años. Así, ¿cuál es, en este caso, el eslabón que conduce a los indocumentados a la obtención de beneficios migratorios? Ninguno.
Respecto del frente legal del embate, se espera que el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsay Graham, quien ha sido presionado desde 2008 por varios grupos de sus constituyentes para deslizarse a la derecha, promueva alguna iniciativa para modificar la enmienda 14 de la Constitución Federal. Esa enmienda establece el principio del Ius soli (derecho del suelo en el que se nace) como uno de los derechos para la adquisición de la nacionalidad estadounidense, el que ha sido ratificado en diversas resoluciones de la Suprema Corte a través de los años.
Muy probablemente serán, al menos, quince estados los que intentarán modificar sus respectivas leyes con el objeto de negar la nacionalidad a los hijos de indocumentados al interpretar a su manera la enmienda 14 constitucional y en consecuencia proponer cambios administrativos dentro de sus propios ámbitos.
No obstante, las vociferaciones más agresivas provendrán sin duda de parte de varios congresistas estatales. Para tal efecto, se ha conformado una coalición denominada en inglés State Legislators for Legal Immigration (Legisladores Estatales para la Inmigración Legal), formada por legisladores de quince entidades federativas de la Unión Americana. La coalición incluye por supuesto a legisladores de Arizona y es liderada, entre otros, por el representante estatal en esa entidad, Russell Pearce. Esto indica que muy probablemente serán, al menos, quince estados los que intentarán modificar sus respectivas leyes con el objeto de negar la nacionalidad a los hijos de indocumentados al interpretar a su manera la enmienda 14 constitucional y en consecuencia proponer cambios administrativos dentro de sus propios ámbitos.
Para proponer este tipo de iniciativas legislativas e implementar los posibles cambios legales, estos legisladores estatales se amparan en la facultad que poseen las entidades federativas de administrar los registros civiles, y en específico, de expedir los certificados de nacimiento de los niños nacidos dentro de sus delimitaciones territoriales. Desde esta óptica, los registros civiles estatales podrían ser requeridos a negar el certificado de nacimiento a un recién nacido hasta que los padres, o algunos de ellos, puedan ser capaces de demostrar que poseen la nacionalidad estadounidense o al menos la residencia legal permanente.
O bien, es muy probable incluso que se llegue al absurdo de emitir diversos tipos de certificados de nacimiento, y en ese sentido, sólo los hijos de estadounidenses posean las prerrogativas inherentes a la nacionalidad estadounidense. Esto quiere decir que existirían clasificaciones formales de tipos de personas. Todo esto provocaría, inevitablemente, múltiples demandas en contra de las entidades federativas que la postre llevaría las controversias suscitadas ante la Suprema Corte. Algo que sin duda buscan los líderes de la ultraderecha ya que, si bien saben lo difícil que sería hacer prevalecer sus argumentos en la corte, no dejan de albergar en su corazón esa esperanza retorcida.
No obstante, lo que más le interesa a la ultraderecha anglosajona es, al final de cuentas, las secuelas en el ambiente social, azuzadas obviamente por los diversos medios de comunicación. Recientemente se pudo observar que miles de nacionales mexicanos que residían en Arizona regresaron a México debido al temor que les causó el intento de implementación de la SB1070 en ese estado —no existen aún cifras o estudios concretos que proporcionen con certeza la cantidad de repatriados por tal causa. Asimismo, por los mismos motivos, muchos de ellos incluso con documentación migratoria en regla se mudaron a otros estados de la Unión American que cuentan con un menor grado de hostilidad hacia los inmigrantes.
En este sentido, tomemos en cuenta, como ya se ha mencionado, que se trata de una estrategia muy amplia que tiene como una de sus principales causas la lucha por el poder político en el futuro en Estados Unidos, ya que esos hijos estadounidenses de indocumentados ejercerán eventualmente derechos políticos. Asimismo, el objeto de la estrategia es propagar, ahora, el miedo entre la comunidad inmigrante, orillando sicológicamente a esa comunidad a sentirse aún más desamparada, cada vez más vulnerable, completamente “fuera de casa”, y de esta manera, continuar propiciando un éxodo hacia México. Éxodo que inevitablemente arrastra a los hijos de esos inmigrantes, quienes verdaderamente pertenecen a Estados Unidos, y a quienes Estados Unidos les pertenece tan sólo por el atinado principio del Ius Soli, o lo que es lo mismo, por derecho propio. ®
