Dadas las condiciones del alto índice de desempleo en nuestro país y, sobre todo, de subempleo, además, tomando en cuenta el avance en el desarrollo internacional del respeto a los derechos fundamentales, es inaceptable una propuesta que pretenda penalizar o utilizar el trabajo como castigo para quienes se encuentran temporal o permanentemente sin desempeñar actividades productivas.
Las declaraciones hace poco más de un mes que hiciera el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el sentido de que intenta entregar al Congreso Federal una propuesta consistente en reclutar a los jóvenes que ni estudien ni trabajen, conocidos como “ninis”, para que cumplan con un servicio militar obligatorio por lo menos durante tres años en las filas del Ejército, puede tener varias interpretaciones, la más simple de las cuales sería, como ya se ha catalogado por algunos, una simple ocurrencia del gobernador. (Ocurrencia de la que después se desdijo, afirmando que, en todo caso, su propuesta sería la de un servicio militar optativo.) No obstante, se puede intentar otras lecturas, extrayendo ideas de los pocos datos que fueron captados por la prensa de las declaraciones que en su momento hiciera el citado mandatario estatal.
En primer lugar, habría que tomar en cuenta que, según el gobernador, su propuesta serviría como una medida para combatir la participación de los jóvenes en hechos delictivos. Tomando en cuenta esta clave se puede adivinar que la propuesta va dirigida a los varones cercanos a los dieciocho años, ya que, según se ha venido informando cada vez con mayor insistencia, el crimen organizado procura el reclutamiento de personas de estas características para entrenarlos y utilizarlos principalmente como sicarios, aunque iniciando su entrenamiento y desempeño como “halcones” en labores de vigilancia e información inmediata de diversa índole, a los que, aparentemente, ofrece compensaciones económicas que se antojan más bien bajas (aproximadamente dos salarios mínimos al mes y de tres a cinco mil pesos por participar en un ataque), aunque es cierto que seguramente les ofrecen otros incentivos, como la esperanza de mucho dinero a futuro, poder y fama.
Un segundo dato de lo declarado por el gobernador lo constituye la afirmación de que serían entrenados por el Ejército con sueldo y estudio. Sin tomar en cuenta otros datos, el ofrecimiento de “estudio” no puede dejar de parecer atractivo, dadas las dificultades de muchos jóvenes para acceder a alguna institución de enseñanza a niveles más allá de la secundaria. Claro que faltaría especificar qué tipo de estudios. En cuanto a la afirmación de que recibirían un sueldo, habría que hacer algunos cálculos, proponiendo una hipótesis, para saber qué cantidad de pesos sería necesaria para aterrizar su propuesta. No puede saberse con certeza la cantidad de jóvenes mayores de dieciocho años que se encuentren actualmente en condición de desempleo, dado que muchos de ellos frecuentemente recurren a actividades temporales y de bajos ingresos, cayendo por lo tanto en las estadísticas del subempleo. Se han manejado cifras mayores a los cinco millones de jóvenes catalogados como “ninis” (la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 indica que existen 7.4 millones de jóvenes de entre doce y 29 años que no estudian ni trabajan). Se podría proponer, tan sólo para hacer un primer cálculo, que de esa cantidad tres millones fuesen hombres. De ese total podríamos descartar dos terceras partes de los que, por diversas razones, no fuesen aptos para el reclutamiento propuesto, quedando, por lo tanto, un millón de candidatos a ser incorporados a las filas del Ejército durante tres años.
Las declaraciones hace poco más de un mes que hiciera el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el sentido de que intenta entregar al Congreso Federal una propuesta consistente en reclutar a los jóvenes que ni estudien ni trabajen, conocidos como “ninis”, para que cumplan con un servicio militar obligatorio por lo menos durante tres años en las filas del Ejército, puede tener varias interpretaciones.
Siguiendo con esta hipótesis de trabajo, habría que considerar que el total de los efectivos del Ejército mexicano probablemente no rebase los 300 mil militares; pero, sólo para facilitar los cálculos, podríamos suponer que fuesen 500 mil, quizás incluyendo la Fuerza Aérea. Así, con estas cifras redondeadas y sin bases en ningún dato oficial, se podría fácilmente deducir que el presupuesto de las fuerzas armadas tendría que triplicarse para poder llevar a cabo el proyecto del gobernador. Aunque los gastos para ofrecer instrucción no incluirían exclusivamente los sueldos propuestos sería conveniente hacer una primera aproximación, para imaginar la cantidad requerida, calculando exclusivamente los sueldos. Podríamos proponer tres hipótesis al respecto: la primera con un sueldo base de dos mil pesos mensuales, la segunda de cuatro mil y la tercera de seis mil (que, como todos los mexicanos sabemos gracias al secretario Ernesto Cordero, es una cantidad suficiente para pagar hipoteca, mensualidad del préstamo para auto y colegiaturas).
El gasto anual total en sueldos por año implicaría una erogación de 24 mil millones de pesos, para la hipótesis baja; 48 mil para la media y 72 mil para la alta. Podríamos escoger la media y concluir que para el proyecto de un mínimo de tres años de reclutamiento (que es otro de los datos ofrecidos por el proponente) se requerirían 144 mil millones de pesos para cubrir este concepto. Desde luego que para brindar educación se requiere aulas, instalaciones especializadas, instructores, transporte. Además, cubrir prestaciones como las que se ofrecen a los reclutas que ingresan voluntariamente al Ejército: seguro de vida militar, servicio médico, vestuario y equipo, alojamiento, alimentación, instalaciones deportivas y actividades sociales y culturales.
Dejando a un lado el cálculo de todos los fondos requeridos, podríamos hacernos una pregunta: si el proponente cree o sabe que el gobierno federal podría erogar, ya no digamos todo lo requerido, sino al menos 144 mil millones de pesos para sueldos de los próximos tres años, por qué no mejor hacer una propuesta que empate, por ejemplo, con la inquietud manifestada por el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán, quien el 22 de julio de 2010, según despacho de Notimex, “destacó que los jóvenes que no estudian ni trabajan, denominados ‘ninis’, representan una preocupación central para el Gobierno federal”. El funcionario añadió que “en México hay un número aproximado de 9.8 millones de jóvenes de 19 a 23 años de edad, y muchos de ellos no concluyen sus estudios o simplemente no continúan y a veces ni la primaria terminan”. Concluyó afirmando que el fenómeno se debe atacar no sólo desde el ángulo de la educación, sino también mediante el combate a la pobreza. Volviendo a nuestros cálculos, sería preferible, pues, invertir todo ese dinero en una propuesta más acorde con la dignidad humana de los jóvenes que por cualquier motivo no estudian ni trabajan, en lugar de enrolarlos forzadamente en el Ejército.
Además del aspecto presupuestal, desde luego que existen serios problemas de logística, pues, por ejemplo, ¿de dónde tendría el Ejército personal suficiente para dar adiestramiento y educación a ese supuesto millón de nuevos reclutas? Asimismo, habría que pensar en el tiempo requerido para la construcción de todo tipo de instalaciones para el alojamiento y la educación. Otro aspecto importante es que, si el propósito es lograr que la delincuencia organizada no reclute jóvenes mexicanos, nada impediría que recurrieran, como ya lo han hecho, a extranjeros, principalmente centroamericanos. Tampoco habría garantía de que no desertara parte de los reclutados, una vez obtenido cierto grado de capacitación en el uso de las armas, y se uniera a la delincuencia organizada, o bien, una vez pasados los tres años, al no encontrar en qué ocuparse, cayera asimismo en la tentación de ofrecer sus servicios al crimen organizado.
También habría que definir el término “obligatorio”, dado que, al parecer, sólo aplicaría para los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero qué sucedería con los que se negaran a enrolarse en el servicio militar y cómo se definiría si un joven estudia o trabaja y, por ende, está exento del servicio. ¿Bastaría probar que se trabaja un día a la semana o que se estudia una carrera corta o bachillerato en fines de semana o por Internet?
Existe un par de antecedentes internacionales importantes, relacionado con la propuesta del gobernador: el primero, de mediados del año pasado, es la propuesta del partido ARENA de El Salvador para instaurar un servicio militar obligatorio para mayores de dieciséis años, integrantes de pandillas a las que hayan ingresado recientemente y que hubiesen sido detenidos por delitos comunes. El servicio se prestaría en granjas, durante dos años, y la instrucción no incluiría armas. El segundo antecedente es el impulsado por Fuerza 2011 en Perú, en marzo de este año, propuesto para pandilleros y delincuentes a quienes se les ocuparía construyendo carreteras y otras obras de infraestructura, como un medio de resocializarlos.
En contraste, también dos noticias, pero europeas: la primera, que a partir de junio de este año deja de ser obligatorio el servicio militar en Alemania y, la segunda, consistente en que en España se festeja el décimo aniversario de la suspensión del servicio militar obligatorio, aunque persiste en el texto constitucional. También en España se comenta la noticia de la iniciativa del gobernador de Chihuahua, en un artículo aparecido en elmundo.es, donde dan una interpretación a las declaraciones del gobernador en el sentido de que trata de utilizar a los “ninis” en el combate contra el crimen organizado: “César Duarte quiere dar armas a los conocidos como los ‘ninis’, pero para que sirvan al bando de enfrente, a la causa del Ejército. Y les exigiría una permanencia de tres años a cambio de un sueldo”.
También habría que definir el término “obligatorio”, dado que, al parecer, sólo aplicaría para los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero qué sucedería con los que se negaran a enrolarse en el servicio militar y cómo se definiría si un joven estudia o trabaja y, por ende, está exento del servicio.
Si éste fuera el sentido de la propuesta del gobernador y no la intención de capacitar para el trabajo u ofrecer educación a los “ninis”, tendría que hacerse un análisis que comenzara por revisar la constitucionalidad de la propuesta y la probable violación a los derechos fundamentales, ya que podría estarse penalizando, al considerarlo como delito, el no trabajar, siendo que es muy difícil encontrar empleo en el México actual, donde prima un ambiente de desempleo y creciente subempleo. Esto es, existen muchos “desalentados” que ya no buscan empleo activamente, aunque estarían dispuestos a aceptar un ofrecimiento de empleo, debido a que no han tenido éxito en el pasado a pesar de buscar insistentemente un empleo acorde a sus aspiraciones. Debe tomarse en cuenta también que el empleo debe ser siempre dignificante y no imponerse, ni ser una forma de castigar conductas consideradas no aceptables.
Finalmente, dos citas de antecedentes del periodo previo a la Independencia nacional, relativo a Yucatán (1808) y del inicial de nuestra vida independiente, en la segunda década del siglo XIX, durante la cual se expidieron leyes, reglamentos o bandos relativos a los “vagos, ociosos y mal entretenidos”. Según se puede leer en la Revista de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán [Jorge I. Castillo Canché, “El contramodelo de la ciudadanía liberal. La vagancia en Yucatán, 1812-1842”, Universidad Autónoma de Yucatán, s/f]. En la primera cita es de destacar que, como en muchas ocasiones, en varias latitudes algunas consecuencias de la delincuencia pretenden ser cargadas a la cuenta de quienes frecuentemente no son sino víctimas de la realidad social, etiquetándolos como vagos o malvivientes y llegando a penalizar su falta de actividad productiva, siendo que, en muchos casos, su actitud no es sino consecuencia de la insuficiencia de puestos disponibles de trabajo. También es importante subrayar que las levas quizá sirvieron para reforzar al Ejército, pero, la historia lo demuestra, no fueron eficaces en el propósito anunciado de aminorar los delitos:
La idea de la vagancia como origen de mayores males, apareció en la preocupación del gobernador por el incremento de la criminalidad urbana que atribuía a la presencia de gente sin oficio ni beneficio. Así ordenó también al comandante militar realizar levas de vagos para sustituir las bajas militares. De esta forma pensaba erradicar un problema que parecía crecer en la ciudad.
Con la siguiente cita se prueba la insistencia, a pesar de haberse consumado la Independencia, y el consecuente cambio de autoridades, de persistir en penalizar la falta de actividad productiva y aprovechar de paso la oportunidad para proveer de reclutas al Ejército:
En la Ciudad de México, un decreto de 1828 creó un tribunal encargado, a través del ayuntamiento, de perseguir y juzgar a los acusados de vagancia. La represión de la vagancia durante las primeras décadas del siglo XIX estuvo ligada a la formación de un ejército “nacional” urgido de elementos para fortalecerse como institución. Los gobiernos nacionales impusieron a las regiones la contribución de un número determinado de reemplazos militares (el “contingente”) con el argumento de participar en la defensa de la soberanía del territorio mexicano. Sin duda, además de este objetivo, estaba el interés del gobierno general (fuera federalista o centralista) de consolidarse. Así lo entendieron muchos gobiernos locales y cumplieron la orden con los enjuiciados de ser “ociosos y mal entretenidos” y, por lo tanto, perjudiciales a la convivencia social.
Pero aquellos eran otros tiempos. Hoy en día, dadas las condiciones del alto índice de desempleo en nuestro país y, sobre todo, de subempleo, además, tomando en cuenta el avance en el desarrollo internacional del respeto a los derechos fundamentales, es inaceptable una propuesta que pretenda penalizar o utilizar el trabajo como castigo para quienes, voluntaria o involuntariamente, se encuentran temporal o permanentemente sin desempeñar actividades productivas. Ni siquiera a los que cumplen una sentencia de privación de la libertad se les debe obligar a trabajar, mucho menos a los que no han delinquido. El trabajo debe ser un medio de dignificación del ser humano y de satisfacción y desarrollo personal, libremente escogido, de ninguna manera un castigo ni tampoco un señuelo para atraer a los desempleados a una oportunidad de capacitación, a cambio de pasar a formar parte del Ejército, así sea temporalmente. Si existen posibilidades de asignar fondos para aumentar los efectivos del Ejército en forma desmesurada en tiempos de paz deben dedicarse a programas de educación y empleo productivo, fuera de las filas del Ejército, lo que sí ayudaría a reducir la tendencia creciente de los jóvenes a sumarse a la delincuencia, así como también contribuiría a disminuir el índice de desempleo y subempleo en el país. ®
