El año pasado Chile sufrió un aluvión encabezado por la redset Camila Vallejos y el también ABC1 de izquierda Giorgio Jackson. Avalancha que arrasó con la popularidad del presidente de derecha Sebastián Piñera, provocó paros nacionales de empleados públicos y privados; inició tomas de recintos educacionales y liberó plagas como delincuentes y encapuchados. Aunque sacó de los calabozos de la historia el poder más importante del pueblo: la soberanía común.
Mayo
© Guillermo González
La historia no ha terminado, pero comenzó cuando los estudiantes se acuartelaron en sus universidades para, más tarde, movilizarse. Lemas como “La educación debe terminar con el lucro”, “Somos guerreros de cartón” o “El Estado es el que se tiene que responsabilizar por la educación pública” poblaron medios de comunicación, redes sociales y fueron temas de conversación en el coffe-break de la oficina.
Un mes antes, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) estableció sus primeras peticiones y, desde un principio, la gratuidad ha sido uno de los puntos fundamentales.
Terminar con el lucro, más y mejor regulación de los aranceles, incrementos a la calidad y también un fortalecimiento concreto hacia las instituciones estatales a través de mayor asignación de recursos también eran puntos del pliego petitorio que se escuchaba en las pantallas de televisión y en los parlantes de los radios, primero en voz de Camila Vallejos, en ese entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y luego, con el énfasis creciente de los que no se sienten escuchados, en la de los numerosos adherentes al movimiento. En Facebook y Twitter la temperatura de los planteamientos eran mucho más candentes, con el presidente Piñera al centro de la hoguera.
El gobierno respondió sin dar respuesta satisfactoria para nadie. De inmediato planteó que la gratuidad total es absolutamente irreal. “Imposible si estamos hablando del 60% de la población”, sentenció Joaquín Lavin, quien ejercía como ministro de Educación por esas fechas.
Simultáneamente, en las quince regiones se convocó a manifestaciones en las propias instalaciones educativas. Profesores, universitarios y estudiantes secundarios se sumaron así al movimiento, con la exigencia de la desmunicipalización y estatización de la educación en general.
Tomado lo anterior como una afrenta directa la Confech convocó a la primera marcha por las calles de Santiago. Más de cuatro mil alumnos de educación secundaria y superior se movilizaron con mantas y pancartas con frases como “Piñera, culiao, Chile no es privao”, o gritaban “Piñera, entiende, la cultura no se vende”. Consignas más punzantes llegarían después: “Piñera, basura, vos sos la dictadura”, “Piñera, fascista, vos sos el terrorista”.
Simultáneamente, en las quince regiones se convocó a manifestaciones en las propias instalaciones educativas. Profesores, universitarios y estudiantes secundarios se sumaron así al movimiento, con la exigencia de la desmunicipalización y estatización de la educación en general.
En la cuenta pública anual, realizada el día 21, Piñera anunció la creación de la Subsecretaría de Educación, más atribuciones y flexibilidad en la gestión de las universidades estatales, mejoras en el financiamiento y la reprogramación de deudas de alrededor de cien mil morosos del fondo solidario y modificaciones al aporte fiscal indirecto.
Los anuncios, sin embargo, no tuvieron la acogida que se esperaba en las entrañas del gobierno. Los estudiantes no retiraron las peticiones que desde hacía algún tiempo se habían transformado claramente en demandas. “Nosotros estamos en la calle peleando por algo que no lograron conseguir nuestros padres. Nosotros nos hacemos también responsables del futuro de nuestros hijos”, declaró la dirigenta Camila Vallejos.
“En el discurso del presidente se plantea de nuevo y se insiste que éste es el año de la Educación Superior, pero las propuestas que se plantean son modestas. Creo que eso hace presagiar que esta movilización venía con fuerza”, expresó por su parte Harold Beyer, experto en educación CEP y actual ministro de Educación, sin que muchos entendieran el sentido de sus palabras expresadas en un noticiario.
Junio
En menos de un mes 184 colegios se adhirieron al movimiento a través de distintas formas de protesta. De esa nueva cifra, 122 establecimientos se encontraban tomados, mientras que los otros 62 permanecían en paro. Una nueva marcha convocada en Santiago convocó a más de cien mil estudiantes y profesores, tanto de escuelas y liceos como de educación superior. En regiones, varios miles de estudiantes marcharon por las calles.
“Todo el sistema de financiamiento de la educación superior fue diseñado a comienzos de los noventa, cuando había 250 mil estudiantes de la educación superior. Veinte años después, es decir en un periodo extraordinariamente corto, nos hemos encontrado con que los estudiantes se han multiplicado por cuatro y que hay un millón de estudiantes. Y claro, el esquema de financiamiento que se había diseñado a comienzos de los noventa ya no da abasto”, salió a explicar José Joaquín Brunner, experto en educación y exsecretario general de Gobierno.
Lo cierto es que con el término de la dictadura las universidades entraron en un proceso de democratización que se vio detenido por los grupos de poder que asumieron la conducción de las universidades, los cuales ven en los estatutos y marcos jurídicos heredados de la dictadura una excelente herramienta que les permite, dentro de un marco legal, introducirse en los cargos.
Lo cierto es que con el término de la dictadura las universidades entraron en un proceso de democratización que se vio detenido por los grupos de poder que asumieron la conducción de las universidades, los cuales ven en los estatutos y marcos jurídicos heredados de la dictadura una excelente herramienta que les permite, dentro de un marco legal, introducirse en los cargos.
Al cumplirse treinta años del ingreso de estos actores privados a la educación superior, el entonces ministro Joaquín Lavín fue interpelado en una ceremonia por un grupo de universitarios de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) que irrumpió en el acto celebratorio. Estos jóvenes no perdieron la ocasión ni la tribuna para exigir la renuncia del funcionario y manifestar su rechazo a la educación privada.
“Pudo haber sido un momento incómodo para mí en lo personal, ¡pero no me van a amedrentar en nada!”, atajó el hoy exministro, después de recibir insultos y manotazos por parte de los estudiantes.
Por las mismas fechas se decidió enviar al Congreso una reforma que incluye alternativas a la municipalización del sistema. Lavín se reunió con los representantes de los secundarios y el gobierno comenzó a analizar la extensión de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para todo el año y un fondo para mejorar los liceos técnicos. “Lavín concuerda con la desmunicipalización, pero en ningún momento habló de la estatización de la educación que es nuestra principal meta como asamblea nacional”, explicó uno de los varios dirigentes secundarios.
Para la educación superior el gobierno propuso en esos días fondos de 75 millones de dólares para universidades estatales, bajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado, resguardar la transparencia y fiscalizar para que no exista el lucro en la educación superior. Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), del mismo color ideológico pero menos famoso que la Vallejos, declaró que esa reforma estaba muy lejos de lo que esperaban.
Los alumnos siguieron sin clases en todo caso y se realizaron marchas cada vez más seguido. Entonces hicieron su aparición los terriblemente famosos encapuchados: supuestos infiltrados financiados por la derecha para desarticular el movimiento y desprestigiar a sus participantes frente a los ojos de la opinión pública. Esos estudiantes que se autodenominan anarquistas dejaron al toque millonarios daños a la propiedad pública y privada. Por esta razón, el Ministerio de Educación decidió adelantar las vacaciones de invierno de los colegios de la Región Metropolitana que estaban tomados por los alumnos.
Julio
A principios de este mes Piñera se dirigió al país en cadena nacional. En su discurso con inocultable ADN populista pidió que terminaran con las protestas, porque había llegado el tiempo de recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos. “Propongo hoy a todos los chilenos y chilenas un Gran Acuerdo Nacional por la Educación. El acuerdo GANE”, anunció.
Camila Vallejos, en representación de los estudiantes, no dilató la respuesta que cuestionaba al supuesto ganador: “Con este acuerdo, ¿quién va a hacer el que realmente gane? ¿Va a seguir ganando el mercado, la clase política, o nosotros los ciudadanos?”
El GANE contemplaba, entre otras medidas, un fondo de educación de cuatro mil millones de dólares y la creación de la Superintendencia de Educación Superior. Sin embargo, con respecto a la estatización de la educación, tema insustituiblemente prioritario para los estudiantes, el gobierno afirmó que es un error. “No creemos en la estatización y monopolización de la educación en nuestro país, porque eso a la larga es un atentado no solamente a la calidad; es un atentado a la libertad y es un atentado a la equidad en la educación”, puntualizó el presidente Sebastián Piñera.
A esas alturas los resultados de Joaquín Lavín eran nulos y se le acusó de falta de capacidad de negociación. Por lo tanto, Piñera pidió su renuncia poniendo en su cargo al abogado Felipe Bulnes. De esta manera el gobierno consiguió colocar en el tablero a un ministro con más capacidad de diálogo y muñequeo con el movimiento estudiantil.
Agosto
© Guillermo González
En los primeros días de agosto Felipe Bulnes anunció 21 medidas en la desmunicipalización y cambios en la entrega de becas y créditos. Destacó de la propuesta lo que nuevamente fue rechazado por los distintos actores del movimiento. “Más de lo mismo”, desestimó en su oportunidad el dirigente de la USACH Felipe Salgado.
Días después las marchas se reanudaron y en la capital se volvieron a escuchar los cacerolazos, famosa forma de protesta que se usó en los años de la Unidad Popular, principalmente por dueñas de casa y niños. Las comunas de Providencia, Ñuñoa y Santiago Centro, rompieron con la barrera del sonido durante tres noches seguidas.
En la tercera noche de los cacerolazos Bulnes envió un mensaje a través de la televisión: “Hemos oído, hemos escuchado. Y les quiero decir que es mucho más lo que nos une, que aquello que nos separa”.
Esta vez el gobierno propuso un sistema mixto de becas y créditos para los alumnos más vulnerables para salir de la Dirección Comercial DICOM (base de datos indicador del comportamiento financiero y comercial de una persona o empresa), reprogramación de créditos y bajas en las tasas de interés del crédito con aval del Estado de un 5.6% al 2%. También propuso un proyecto de desmunicipalización de la educación pública y la fiscalización del lucro en la educación superior, mediante una superintendencia.
Para los dirigentes estudiantiles esta propuesta no resultó suficiente porque a su juicio no atacaba el problema de fondo: el alto endeudamiento de los universitarios.
Septiembre
El tres de septiembre se dio la primera instancia de diálogo y el gobierno ofreció seguir conversando, pero los estudiantes se bajaron de la mesa y exigieron, entre otras cosas, frenar la entrega de recursos a las universidades con fines de lucro. Días después se hizo un llamado a paro nacional, con una convocatoria más baja que las anteriores movilizaciones.
Una de las estrategias oficiales era también apostar por el desgaste del movimiento y, como suele suceder con el alargue de un conflicto, la población comenzó a tomar un poco de distancia, a pesar de que simpatizaban con las demandas.
Una de las estrategias oficiales era también apostar por el desgaste del movimiento y, como suele suceder con el alargue de un conflicto, la población comenzó a tomar un poco de distancia, a pesar de que simpatizaban con las demandas.
Según las encuestas, aunque un gran porcentaje de la población compartía las demandas, ya no estaba de acuerdo con las movilizaciones. A este factor se sumó que, como consecuencia del pensamiento intransigente de los líderes del movimiento, se perdía el año escolar para todos los alumnos paralizados. “Desgraciadamente hicimos todo lo que era humanamente posible y estos 70 mil jóvenes no quisieron inscribirse en el sistema Recuperemos el Año. No quisieron tomar ninguna de las opciones y es muy doloroso constatar que van a perder un año escolar”, dijo Piñera.
El 23 de este mes, en la comuna de Providencia, el alcalde Cristián Labbé, político con claras tendencias fascistas (hace pocos meses homenajeó al brigadier (R) de la Dina —la policía militar secreta del régimen de Pinochet— Miguel Krasnoff, personaje que cumple más de cien años de condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura), mandó desalojar a través de la fuerza pública los colegios en toma de su comuna.
No contento con eso, aplicó un Plan de Reducción en los Colegios, que consistía en que todos los alumnos de enseñanza media que no tienen residencia en Providencia tendrían que buscar matrícula en otras comunas. O sea, exiliaría a un 85% de los estudiantes de sus recintos escolares. Obviamente, esta medida fue rechazada por el gobierno, pero encendió mucho más los ánimos en contra del gobierno de Piñera.
Sólo después de casi cinco meses de iniciado el conflicto estudiantil apareció un claro indicio de acercamientos entre los estudiantes y el Ejecutivo. Gobierno y estudiantes volvieron al dialogo, a portas del inicio de la Ley de Presupuestos del Congreso. Ante eso, los dirigentes pidieron a las autoridades correspondientes trasparentar las prioridades y detallar las partidas.
En ese entonces Bulnes, siguiendo la línea discursiva populista de Piñera y ante la petición de gratuidad para el 100% de los estudiantes de aquellos que asistan a universidades del Consejo de Rectores, alegó que “nosotros no creemos que una política correcta sea finalmente darle gratuidad también a los ricos”.
Según expertos, las peticiones de los estudiantes fueron muy rígidas y con falta de capacidad de negociación. “Esto al final, a pesar de que resultaron cosas interesantes y muchas de ellas van a beneficiar a estos estudiantes, no pueden reconocerlo como un éxito, como un triunfo estudiantil, simplemente porque no llegaron a sentarse a la mesa, donde finalmente se decidieron estas cosas. Diálogo que fue en torno a la discusión del presupuesto en el parlamento”, afirmó José Joaquín Brunner, experto en educación y ex secretario general de gobierno.
El 20 de octubre el ministro de Hacienda Felipe Larraín llegó optimista al Congreso. Para ese momento ya estaba avisado de que las posibilidades de aprobar el complicado presupuesto de educación habían aumentado. La propuesta oficialista ganó por 58 votos contra 55. En todo caso, cayó muy mal en la oposición verificar que los independientes, incluido el ex PPD René Alinco, se alinearan con el oficialismo. En un acto que él calificó de matonezco el diputado fue amenazado por algunos de los congresistas de izquierda: “Vamos a recordar este voto”, le dijeron. A lo que Alinco respondió públicamente que no funcionaba con amenazas.
Diciembre
El 27, en el Palacio de la Moneda, el ministro Felipe Bulnes entregó la cuenta pública anual del Ministerio de Educación y se dirigió a todos los estudiantes, exigiéndoles que “no sólo tengan la voluntad, el coraje y la decisión de pelear por aquellos derechos que les parecen justos reivindicar”, sino igual, para ser coherentes, “respondan con un sentido de responsabilidad a los deberes que también el sistema exige e impone”. Ante la exigencia Vallejos respondió que el deber más importante que tienen como ciudadanos en este país es pelear por sus derechos.
Dos días más tarde, el 29, Bulnes renunció al cargo y asumió como nuevo ministro de Educación Harold Beyer, quien antes había dicho en una entrevista que sólo se habían resuelto parte de las demandas de los estudiantes, pero que existía una parte que quedó muerta, la que algún día podría resucitar: el lucro, tema que está muy lejos del parlamento.
Enero de 2012
Al movimiento estudiantil —activo durante casi todo 2011— y sus derivados y similares como el paro de empleados públicos, el Centro Unitario de Trabajadores (CUT), la marcha por la diversidad sexual, las protestas por leyes no aprobadas, promesas no cumplidas en cuanto a la reconstrucción de viviendas destruidas por el tsunami, se suman los atentados incendiarios que presuntamente han provocado comuneros mapuches en la Región de la Araucanía.
Este movimiento, surgido a finales de los ochenta, reclama una serie de reivindicaciones etnocentristas, principalmente tomándose terrenos por la fuerza. Intimidando a propietarios y personal de tales predios, preferentemente con los mencionados ataques incendiarios, como sucedió el pasado sábado 7 de enero, donde los encapuchados quemaron el fundo de 27 hectáreas propiedad del oficial del Ejército en retiro Juan Torres. “Nuestro problema es con los ricos”, le dijeron al comprensiblemente quejoso dueño. En total, dos galpones, la casa patronal y una mediagua quedaron reducidos a cenizas.
Ése no sería el único hecho de violencia que se registraría esa noche. Ese ataque se registró en medio del clima de tensión que se vivió en La Araucanía por el incendio que afectó a un predio de la empresa Mininco, en Carahue, y en el que fallecieron siete brigadistas.
Es todo este contexto y la forma de enfrentarlo lo que de alguna forma explica que el presidente Sebastián Piñera obtuviera la cifra de aprobación ciudadana más baja de la historia reciente (26%). Y más encima, por el manejo que ha hecho el presidente de las crisis, ahora también es señalado de tener al país “al borde de la ingobernabilidad” (frase expresada en una entrevista de radio concedida a una emisora argentina por Eduardo Frei, expresidente chileno que gobernó entre 1994 y 2000).
Desde la Concertación, bloque opositor al gobierno conservador de Piñera, apoyaron esta impresión y reforzaron las críticas hacia la labor del mandatario, acusándolo de incapaz para ofrecer una respuesta a las demandas de sus ciudadanos.
Por su parte, Patricio Navia, cientista político de la universidad Diego Portales y académico de la Universidad de Nueva York, considera que pese a que “hay suficientes problemas como para generar preocupación, la actualidad chilena no da para hablar de ingobernabilidad”. En cualquier caso así es como está, con la problemática esbozada en este texto el Chile de Piñera. ®
