El juicio merece ser seguido y discutido por la sociedad activa de manera imparcial, esperando un buen resultado para todos. Esto es posible en todo juicio. “Mejor un mal arreglo que un buen juicio”, dicen algunos abogados.
La decisión de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el caso del exgobernador Humberto Moreira vs. Sergio Aguayo, periodista, activista y académico, ha provocado expectación en el gremio periodístico y en muchos usuarios de redes sociales. Muchos más podrían estar interesados.
Los incidentes del caso son conocidos y han venido a densificar la inquietud y la incertidumbre en el ejercicio de la profesión en las condiciones políticas del país. Este solo hecho convierte el asunto en caso de prueba para la difícil y frágil convivencia entre la libertad de expresión y el derecho al honor de las personas. Su núcleo involucra libertades fundamentales que el juez del caso considerará, pues ambos son valores en sí mismos que el juez deberá honrar por ser consustanciales a la convivencia cívica y social.
La SCJN saca el caso de la vía civil y lo pone donde le corresponde, en la vía constitucional, por involucrar garantías individuales. Al quedar anulada la sentencia previa contra Aguayo éste se libera de pagar una indemnización tan desmesurada que podría dañar irreparablemente su vida. Esa pena fue consecuencia de haber encuadrado el caso en el ámbito civil, que regula disputas entre particulares. El caso en cuestión no es una disputa entre particulares, sino un asunto moral entre personajes públicos: un político en lucha por la reivindicación de su honor y un periodista y activista social contra la violencia, la impunidad y la inseguridad desde hace décadas.
El caso tiene sus intríngulis, pero parece claro que la litis es una cuestión ética, la cual demanda un discernimiento ético. Se supone que toda intervención judicial debe ser ética, pero ahora estamos considerando el caso Moreira vs. Aguayo, que es ético en sí mismo. Por la naturaleza pública del caso la sentencia podría ser un referente para casos similares, de los que hay algunos más. Dada la importancia del buen periodismo para la vida en democracia, pero también del sagrado derecho de las personas a defender su honor, el caso está llamado a sentar una sentencia que, esperamos, sea justa para ambas partes y siente un precedente para la mejor convivencia cívica.
En casos así, hay que agarrar el toro por los cuernos. La expresión de Aguayo que originó la disputa parece excesiva; se entiende que el demandante se haya ofendido. Pero el exceso de Aguayo no fue dirigido a la persona como tal, sino a los males públicos que esa persona podría representar. En este punto se impone una aclaración: la cuestión de si Moreira es culpable de los actos que se le imputan no entra en el juicio de la Corte, y es deseable que no entre en el ánimo público. El litigio está acotado por las garantías individuales en juego: el derecho al honor personal y la libertad de expresión.
Su trayectoria política tiene luces, sombras y tragedia. La duda principal de la opinión pública recae en su aprovechamiento personal del presupuesto público. Otra duda es su actuación en seguridad, por los horrendos y masivos crímenes de los Zetas en Coahuila, pero Moreira entregó la seguridad y los penales al ejército desde el inicio de su gobierno.
El hecho de que el demandante haya endilgado su expresión al demandado como símbolo de algo más grande mitiga la intención de herir a la persona. El discurso público tiene muchos casos similares, y es algo que los periodistas nos debemos esforzar en superar. La expresión de Aguayo parece más resbalón retórico que animosidad hostil a la persona. Esta percepción se refuerza al recordar que Aguayo ha sido activista contra la corrupción y la impunidad en muchos casos, y cuya justeza de su causa no está en duda.
Moreira tiene muchos detractores en la opinión pública pero eso no le quita el derecho a reivindicar su honor. En su calvario, iniciado hace unos cuatro años, ha sido exonerado por la justicia en España, Estados Unidos y México. En España fue encarcelado. Al ser liberado por insuficiencia de pruebas obtuvo la retractación pública de dos diarios españoles que lo acusaron injustamente.
Su trayectoria política tiene luces, sombras y tragedia. La duda principal de la opinión pública recae en su aprovechamiento personal del presupuesto público. Otra duda es su actuación en seguridad, por los horrendos y masivos crímenes de los Zetas en Coahuila, pero Moreira entregó la seguridad y los penales al ejército desde el inicio de su gobierno. Su apoyo a los militares fue generoso, según documentos conocidos.
Su carrera a partir del sector educativo fue ascendente y destacada en el gobierno y el magisterio. Su especialidad es la capacitación docente y proviene de una familia de maestros. Tiene grados académicos de posgrado. Su obra material como gobernador de Coahuila fue sobresaliente. Durante su gobierno Coahuila fue el estado con mayor crecimiento en México. Sufrió el asesinato de un hijo suyo como represalia del cártel los Zetas. Este solo hecho lo pone junto al resto de las víctimas de la violencia en México, por lo cual merece nuestro apoyo moral.
Como se desprende de estos hechos, Moreira no parece entrañar odio personal contra Aguayo; su demanda es un episodio más de su largo combate contra la adversidad que cayó sobre él y su familia. Él es un hombre en lucha por su honor, lo que da a su causa un halo de dignidad personal. Esto es independiente de las acusaciones que se le han hecho y de las cuales, repitámoslo, ha salido airoso. Si tiene cargos pendientes en México su ventilación es asunto de los interesados y de la autoridad. Pero esto no es tema del juicio en ciernes.
El juicio merece ser seguido y discutido por la sociedad activa de manera imparcial, esperando un buen resultado para todos. Esto es posible en todo juicio. “Mejor un mal arreglo que un buen juicio”, dicen algunos abogados. Siempre será posible el arreglo satisfactorio para las partes, del cual saldría beneficiada la sociedad política por las lecciones que pueda aportar el caso.
Mi desenlace ideal es muy sencillo: que Aguayo retire la expresión entredicha y haga las consideraciones que juzgue pertinentes. Esto no tendría por qué perjudicar su autoimagen, pues es algo a lo que todos los escritores públicos estamos expuestos. Su trayectoria y su no intención de herir la persona del demandante lo mantienen intacto. Su integridad y buena fama pública se fortalecerían al hacer una rectificación justa.
Moreira no sólo tiene razón, sino que tiene derecho a proseguir su carrera política, como lo ha anunciado. Afirma estar en condición económica precaria. Los medios de comunicación habrán de confirmarlo, como es su responsabilidad, tratándose de un político activo. En este desenlace todos saldrían ganando. La sentencia podría ser un tónico para la vida democrática. ®
