Democracia moribunda. Puede terminar de morir este mismo año, tras la aprobación de la reforma judicial y cuando se aprueben las otras reformas del “plan C” y hasta que el INE sea plenamente gubernamental. Pero, más tarde o más temprano, morirá.
El régimen posrevolucionario mexicano nació en 1929. Desde mi perspectiva, la Revolución murió definitivamente en 1927, con las reformas obregonistas que restauraron la reelección presidencial que desató la Revolución (1910–1927, no 1910–1917). Si Francisco Madero se levanta contra la reelección de Porfirio Díaz, y Álvaro Obregón regresa a la reelección del presidente, reformando la Constitución de 1917, la Revolución no puede seguir: se traiciona, devora a sus hijos, recentraliza, concentra, se eleva en poder, se suicida. El régimen posrevolucionario es un régimen efecto de la Revolución y, al mismo tiempo, uno diferente, más cercano al “antiguo régimen”, el Porfiriato.
El régimen posrevolucionario incluyó al maximato callista (1928–1934). Usualmente se olvida que el Partido Nacional Revolucionario, el PNR fundado en 1929, coexistió con el maximato, por lo que es falso ese frecuente dicho de que el PNR (“Gracias a Plutarco Elías Calles”…) simplemente movió al país de los caudillos a las instituciones. La nueva institución no mató el liderazgo de un Jefe Máximo. Se mezclaron. El régimen posrevolucionario es un régimen de partido, pero con una etapa inicial personalista —el maximato—, una etapa de transición interna —el cardenismo que deja atrás al maximato, corporativiza al partido y fortalece al presidente— y una etapa hegemónica e hiperpresidencialista —“el PRI”.
El priato es, así, un momento del régimen posrevolucionario; no es un sistema ni opuesto al régimen posrevolucionario ni uno sin conexión con PNR y PRM (el Partido de la Revolución Mexicana, segundo nombre del partido oficial). Ese régimen tampoco nació en 1946, año en que se refundó el partido como PRI. Y el PNR no nació hegemónico técnicamente sino con las condiciones favorables para transformarse como partido y lograr la hegemonía. Había que concretar lo necesario y probar la hegemonía y lo hicieron. Para eso sirvieron las reformas legislativas de 1933, 1935 y 1946. Este año, ya en el marco de partido hegemónico, inicia lo que en otros textos describo como priismo clásico.
El régimen del PRI, que, repito, es una etapa del régimen posrevolucionario, termina como hegemonía pura en 1976–1977, aunque se puede decir que su “época de oro” se extendió —en cuanto a lo presidencial— hasta 1982, cuando José López Portillo decreta la estatización de la banca.
La hegemonía priista pura termina al iniciar la transición democrática, que tiene en la crisis de 1968 uno de sus antecedentes. Esa transición coexiste, por su gradualidad prolongada, con la hegemonía en declive, hasta superarla en 1997, y también con el neoliberalismo como política económica, que dura de 1982 hasta hoy (sí, hoy, con AMLO).
Transición democrática y neoliberalismo coinciden temporalmente: coexisten en el tiempo e interactúan, pero no son lo mismo ni tienen relaciones simples de causa–efecto. La transición, que comienza en 1977 —con la introducción de la Representación Proporcional— no causa al neoliberalismo; el neoliberalismo, que se inicia en 1982 —con Manuel Bartlett en la Secretaría de Gobernación— no causa a la transición ni la asesina. Así, durante los años que enmarcan a la transición y la postransición no toda la creación institucional es neoliberal. Por ejemplo, la constitucionalización del derecho a la información, la aprobación de la ley de acceso a la información pública–gubernamental y el establecimiento del IFAI (como el del IFE) no son órdenes neoliberales, tal y como señalé aquí y puede verse en este “hilo”. Ese derecho fue creado en 1977 y esa ley y ese instituto en 2001–2002. Lo demás es mentira del obradorismo, retórica política que ex pajes de AMLO como el charlatanesco Gibrán Ramírez se encargaron de academizar.[1]
La transición democrática, o el proceso de cambio de régimen autoritario a uno democrático, termina en 2000 y hasta 2018 está vigente una democracia de baja calidad, que empieza un proceso de deterioro entre 2003 y 2006 y nunca alcanza la consolidación. El periodo democrático 2000–2018 es tanto el de la postransición como el de la no consolidación democrática. Mi conclusión es que las dos condiciones necesarias para que la consolidación de la democracia se verifique son la supervivencia implícita como duración y el no deterioro institucional relevante. En México la democracia se deterioró pronto y mucho, primero gradualmente y después aceleradamente, bajo el gobierno de AMLO; no se cayó de inmediato, pero sólo sobrevivió, o sobrevivió pero deteriorándose.[2]
El 2018 es un gozne: la victoria electoral de AMLO aún pertenece a la democracia postransicional (es una victoria democrática) pero AMLO abre en 2019 una profundización del deterioro institucional y a partir de 2021 abre de lleno y sin dobleces (excepto retóricos) una transición autoritaria, un proceso de cambio de régimen democrático a uno autoritario, cuyo mayor jalón es el “plan C”. Concretar este plan requería/requiere una mayoría calificada en el Congreso y AMLO y su partido ya la tienen, gracias al INE y TEPJF, esto es, gracias a mayorías dentro del INE y el TEPJF que tomaron partido por la fuerza política mayoritaria y mayoritarista, el partido hegemonista (que busca ser hegemónico) y antidemocrático. Por eso es de la mayor importancia histórica recordar lo que hicieron esos consejeros y magistrados electorales… Además, esta transición autoritaria incluye la posibilidad de un maximato o de otra diarquía. Parte del proyecto, en su diseño, es que “Andy” —el infantil apelativo con que se le conoce al segundo hijo adulto del presidente— ocupe la secretaría general de Morena, el partido de su papá.
Como demuestra el régimen posrevolucionario, un maximato y un presidencialismo pueden negarse y ser negados pero suceder y sucederse sin una ruptura sistémica total de por medio: ambos, maximato y presidencialismo, estaban vinculados a un mismo partido, el partido oficial, por lo que podían ser y fueron dos partes de la evolución de un mismo régimen; régimen que no es siempre idéntico a sí mismo en momentos posteriores a otros que le pertenecen pero siempre es, mientras no muere, un solo régimen en general. Entonces: un maximato de AMLO y una hegemonía presidencialista de Morena no sólo pueden existir sucesivamente sino que pueden coexistir como construcción, es decir, pueden coexistir sus procesos y terminando uno —el maximato— suceder en todo sentido el otro —el presidencialismo—, y no por eso AMLO dejaría de ser priista: sería, repito, un tipo propio de priismo, uno que uniría dos momentos del régimen posrevolucionario, el momento personalista y el momento priista–hegemónico. En ambos momentos está/estuvo presente el mismo partido, o el mismo gato partidista pero revolcado, que así como siempre va en aumento organizacional siempre queda en papel de apoyo, primero al jefe máximo que lo arbitra y lidera sin ser el presidente, después al presidente de la república que es su jefe máximo —se pasa de un maximato sobre el ejecutivo federal y el comité ejecutivo del partido a un maximato del presidente de la república sobre el partido; de dos maximatos a uno.
Finalmente, en el presente, la transición autoritaria se acerca más a su fin: se acerca más la aprobación legislativa completa del “plan C”. Ya se aprobó la reforma judicial, mediante fraude postelectoral cometido en el INE y el TEPJF, la sobrerrepresentación que dio la mayoría calificada en la cámara de diputados, y mediante la compra y extorsión de senadores, con lo que se obtuvo mayoría calificada en el senado. Recuérdese que el partido posrevolucionario hizo su propia reforma judicial subordinante en 1935, después de hacer una reforma congresional centralizadora y subordinante (subordinar al Congreso) en 1933, y antes de hacer una reforma electoral centralizadora en 1946.
Apéndice. Tres notas
1. AMLO está sustituyendo al sistema de partidos como ámbito del conflicto político, reemplazándolos (a los partidos) en ese papel con la división de poderes. En lugar de sólo estar en conflicto con los partidos empezó a hacer cada vez más conflicto con otros poderes del Estado, el judicial y los órganos constitucionales autónomos. Esto no puede ser sino síntoma de la construcción de una hegemonía. Esta construcción era posible, y así lo publiqué, desde 2018. ¿Era inevitable? No. Hablar de inevitabilidad, en vez de posibilidad y probabilidad variable, implicaría que la oposición no podía hacer nada relevante ni mejorar nada. En fin, si la construcción hegemónica no estuviera avanzando no existiría la sustitución de conflicto que refiero. Y en eso seguimos… con la gran parte de las probabilidades en contra. Democracia moribunda. Casi muerta ya. Puede terminar de morir este mismo año, tras la aprobación de la reforma judicial y cuando se aprueben las otras reformas del “plan C” y hasta que el INE sea plenamente gubernamental. Pero, más tarde o más temprano, morirá.
2. Sobre la elección de este año. Puede calificarse como elección híbrida. No una elección normal de la democracia, tampoco una enteramente propia del autoritarismo, ya que la transición autoritaria no ha concluido. No se ha probado un fraude electoral en la jornada presidencial; sí hay un fraude postelectoral: la sobrerrepresentación en la cámara de diputados. Como proceso general, la elección fue mucho más inequitativa que en años previos y también estuvo cargada de irregularidades. Una elección híbrida, semidemocrática, por lo mismo semiautoritaria.
3. Algo sobre el PRI. Estos años me han dejado claro que son pocos, incluso en la academia, los que tienen claro qué y cómo fue el sistema de la hegemonía priista. Hay que insistir en ello: un sistema político autoritario y corrupto, un capitalismo de cuates muy desigual, un falso Estado de Bienestar, y un régimen civil–militar. ¿Civil–militar? En efecto: por ejemplo, el PRI tuvo cuatro presidentes de su Comité Ejecutivo Nacional que eran militares y generales… Militares y generales que —esto es lo fundamental— ocuparon puestos militares inmediatamente antes e inmediatamente después de ocupar puestos partidistas. No estaban retirados, estaban activos tanto en política partidista como en el ejército; la solicitud de licencia militar era la formalidad que cumplían, y con la que se fingía una civilidad cabal. La siempre celebrada civilización del autoritarismo que supuestamente llevó a cabo el PRI fue de hecho una civilización relativa y, por tanto, queda una militarización relativa. El régimen fue civil–militar. Pero ese carácter se mantuvo en la informalidad, es decir, el PRI usó con habilidad y gran hipocresía formalismos encubridores. Urge revisar al PRI hegemónico y divulgar la revisión. ®
[1] Estoy negando la autonomía absoluta tanto de la política como de la economía; por tanto, niego la falta de toda relación compleja y rechazo las posiciones reduccionistas, las politicistas y las economicistas, éstas en sus versiones neoclásica y marxista (la primera dice que la economía no tiene relación natural con la política, la segunda que la economía crea directa y totalmente a la política, por lo que el Estado resulta superestructura; ambas posiciones son históricamente falsas). Entre las muchas posturas tontas alrededor del obradorismo ninguna es más tonta que la de quienes son o dicen ser marxistas y comunistas y al mismo tiempo defienden a “la 4T”.
[2] Años antes de 2018, en un número especial de la revista Este País alerté sobre el deterioro (anti)democrático real y la consolidación democrática irreal. Fui ignorado porque la teoría general sobre el tema, sin ajustes por/para casos como el mexicano después de 2000, empujaba a la repetición académica inercial.
