Uno de los empresarios más poderosos del país. Un pueblo destruido en una madrugada por niños paramilitares. Un crimen sin castigo.
El crimen
Eran apenas las cinco de la mañana, demasiado temprano para distinguir la realidad del sueño. En el resto del país la rutina había comenzado, todos se movían en un vórtice de oscuridad, o dentro de un túnel con luces artificiales de carros y faroles. Todos excepto las setenta familias que habitaban San Antonio Ebulá, ellos despertaron con la luz natural del fuego. Yo no estuve ahí, pero la (i)lógica de los hechos me permite reconstruir algunas imágenes de esa madrugada. Padres haciendo lo posible por rescatar algunas de sus pertenencias, televisores, ropa, electrodomésticos, memorias, lo que sea. Madres corriendo en camisón, arrastrando a sus hijos de la mano o cargándolos entre los brazos. El chillido de los cerdos incendiados, la irrealidad de los perros corriendo en llamas. Ancianos ayudados por sus vecinos. Casas colapsando como atardeceres. La capilla en ruinas, los santos también. Más de cien jóvenes, sacados de colonias mutantes y municipios radioactivos, productos de subdesarrollo, lanzando piedras, vigilando el pueblo-cenicero a fuerza de palazos. La policía local atestiguando todo sin intervenir, como si fuera una película nada más. Y en algún lugar cercano, un automóvil lleno de mafiosos, encabezados por un poderoso empresario, huye partiendo la carretera como los truenos a veces parten la noche y el insomnio en dos.
Esto no es un recurso dramático para exaltar la gravedad de la noticia, ni siquiera es un recurso literario para traslapar los tiempos y llevar al presente una práctica bélica típica del Medioevo. No es necesario. Es una de las muchas realidades del sureste mexicano, región con tantas fronteras como el norte, fronteras que la literatura y el periodismo han tenido miedo de explorar.
El culpable
Ingeniero Eduardo Escalante Escalante, dueño de la Constructora Escalante, Construcciones y Materiales Peninsulares, y Grupo Constructor Patterson. En 2008 sus empresas acapararon contratos por casi 300 millones de pesos. En este nuevo año van cerca de los doscientos. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio no indica claramente que sea dueño de ningún terreno en San Antonio Ebulá, sólo de diversos predios en el Club Náutico. María de los Ángeles Escalante, esposa del difunto Juan Camilo Mouriño, hija del constructor, define a su padre como una persona que ha trabajado toda su vida, que comenzó desde muy abajo y llegó hasta donde está a golpe de sudor. Asegura que su familia se caracteriza por ser muy abierta. ¿Abierta a la conquista, al abuso, al poder?
Otros cómplices. El entonces gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, por paralizarse frente a las violaciones a los derechos humanos. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Miguel Aysa, y su equipo, por proteger a los agresores. El procurador de Justicia del Gobierno de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos, por no llevar a cabo investigación alguna sobre los ataques previos a la misma población. El Tribunal Superior Agrario, porque lleva más de 16 años sin resolver la situación de los terrenos en Ebulá.
El lugar
Fue fundado hace cuarenta años por campesinos mayas. Desde hace más de veinte han enfrentado diversos juicios y realizado diversas gestiones para regularizar y tener certeza legal de su territorio. En 1989 se presentó Luis Fernando Fosadas Frías como dueño de las tierras, ofreció dinero y amenazó a los pobladores. En 1992 el presidente del Tribunal Superior Agrario abrió el expediente 527/92 y declaró improcedente la dotación de tierras en perjuicio de los ebuleños. En 2008, después de las amenazas de Escalante, presentaron un juicio de amparo que ganaron en junio de 2009. A lo largo de su historia han convivido en absoluta paz la iglesia católica y la protestante. El 13 de junio celebran al patrón de su iglesia con actividades como la “cabeza de cochino” o el “palo encebado”. Desde hace siete años contaban con una escuela avalada por la Conafe, que también fue destruida. Es un pueblo como tantos otros del sureste, un hervidero en temporada de calor, algunas pocas casas hechas con bajareque, tabique y guano, grandes trechos de monte y un tiempo que transcurre tan lento, tan lento, que las alas de los loros y los carpinteros se detienen cuando pasan por ahí. En su lugar quedaron escombros de aproximadamente 2.5 metros de alto bloqueando su entrada.
Hechos y evidencia
—En el año 2007 y en mayo de 2009 el pueblo ya había sido atacado por Escalante, perdiendo veintiséis casa en total.
—En una ocasión el empresario ofreció reubicarlos en otro terreno. Cuando llegaron, se encontraron con un inmenso lodazal.
—El 13 de agosto de 2009 San Antonio Ebulá fue destruido por cien niños y adolescentes parapoliciacos protegidos por la Policía Estatal, enviados por Eduardo Escalante, quien asegura ser dueño de las tierras que dejó a nombre de su hijo Carlos. Seis personas resultaron heridas, una desaparecida, mataron a los animales, acabaron con todas las casas e inclusive talaron algunos árboles. La abogada, de apellido Bocanegra, ha admitido en las mesas de negociación que su cliente ordenó los ataques. Se ha dicho que las intenciones del empresario eran borrar cualquier evidencia de que Ebulá existió.
—Nadie sabe con certeza qué mantiene al hombre más poderoso de Campeche tan interesado en los terrenos. Algunos rumoran que se trata de una carretera parte del plan Puebla-Panamá. Pero ésas son sólo especulaciones. Hay muchas verdades que aún permanecen ocultas, habrá que seguir de cerca los juicios y escuchar el testimonio del agresor para tener un panorama más completo. Otros aseguran que simplemente no quiere perder un litigio. Lo cierto es que los últimos indicadores demográficos hacen que un territorio tan cercano a la capital del Estado sea de alto interés para cualquiera.
—Existen dos juicios paralelos: uno civil y uno agrario. El civil ha pasado por varias instancias y parece definido a favor del ingeniero. Él asegura haber comprado un terreno con escrituras de 1913. Sus abogados no han hecho público el documento. El agrario sigue pendiente y parece favorecer a los ebuleños. Se busca reponer todo el proceso agrario después de que se encontraron grandes irregularidades en la conformación del expediente. La clave es la diferencia jurídica entre propiedad y posesión. Los locatarios están en posesión del terreno desde 1968 y pueden probarlo. Carlos Escalante está en posesión de un documento que avala la propiedad de las tierras.
—Algunos derechos violados; a la integridad física y jurídica, a no ser desplazado, a retornar y contar con garantías para el retorno, a la restauración de daños e indemnización, a la propiedad y la vivienda, a no ser privado arbitrariamente de propiedades y posesiones, del pueblo maya a decidir sobre sus territorios, y claro, a la paz y a la justicia.
—Las familias se vieron obligadas a dormir en los lugares más inhóspitos, algunas en el suelo, debajo de las oficinas del gobierno campechano, otras en el campo, otras amontonadas en la casa de algún pariente.
—Más de sesenta personas de diversas instituciones humanitarias, así como algunos individuos, acudieron a exigir la devolución de las tierras. La Misión fue convocada por Serapaz, Indignación y la Red de Derechos Humanos.
—El 14 de agosto los pobladores tuvieron una reunión infructuosa con el subsecretario de Gobierno.
—La Comisión de Derechos Humanos, en los niveles local y nacional, se mostró en repetidas ocasiones ineficiente e inclusive desinteresada.
—Posteriormente representantes del gobierno estatal les regresaron 31 hectáreas y les otorgó amparo. También se hicieron promesas de otorgar algunos servicios básicos (calles, luz, agua, etc). Sin embargo, el gobierno no ha garantizado la reparación de los daños.
—En YouTube se pueden encontrar diversos videos con testimonios de los pobladores e imágenes de lo que ahora es un pueblo fantasma.
Juicio
El sacerdote Raúl Lugo, importante defensor de los derechos humanos y miembro del equipo Indignación, comentó en su blog: “El camino a esta pequeña victoria ha sido largo y espinoso. No me refiero aquí solamente a las incomodidades pasadas por los pobladores en más de un mes de dormir en el suelo, cocinar al aire libre, pasar días y noches sin los servicios mínimos que caracterizan a una vida digna, sino a los embates que tuvieron que soportar venidos de la dádiva que intenta corromper, de la infiltración de personas destinadas a sembrar división, del cansancio y la humillación a que pretendieron someterlos quienes, sentados indignamente en la silla de quienes gobiernan, no saben sino mirar a los pobres con desprecio. La recuperación de un lugar donde vivir dignamente y la inquebrantable decisión del pueblo de Ebulá de continuar su lucha por la tierra, son atisbos de aurora. En medio de esta cerrada noche, vale la pena celebrarlos. No es Ítaca aún, lo sabemos bien. Pero en este tramo del viaje, la entereza de los desplazados y su pacífica astucia, unidas a la solidaridad de las organizaciones que los acompañaron, ha hecho la diferencia”.
Inclusive si se repararan todos los daños materiales, si se devuelven todas las tierras, la memoria y el espíritu, órganos no oficiales, no se curan con ninguna subsidio. El crimen no debe pasar impune. Todos los involucrados deben ser enjuiciados. Mientras tanto se reconoce el esfuerzo del pueblo y las organizaciones civiles (de cuyos informes rescato buena parte de la información). Las manifestaciones, las marchas, están desvirtuadas como vías de resistencia, son tantas que podrían seguir marchando hasta el vacío sin que nadie les preste atención. Al mexicano le ha faltado creatividad para generar nuevas formas (radicales) de resistencia. Al menos en esta ocasión, se procedió por la vía legal y se obtuvieron resultados. Ahora sólo queda preguntarnos, ¿quién mató al comendador? Fuenteovejuna lo hizo. ®
