No debe “consultarse popularmente” sobre lo que es ocioso o tramposo, como es el caso de una “revocación del mandato” que ni el oficialismo ni los partidos de oposición ni grupos ciudadanos apartidistas buscan
Desde el presente
El gobierno y el gobiernismo obradoristas —el tándem que muchos malinterpretan como “el régimen” actual del país— quieren convencer a la ciudadanía de que sus “consultas populares”, y especialmente la de “revocación de mandato”, son inherentemente democráticas, una innovación absoluta en la historia mexicana y unas de las pocas experiencias en el plano internacional. Son otras de las muchas falsedades de esta presidencia–gobierno federal.
Las “consultas” de estos años de poder obradorista no han sido democráticas porque no se han realizado para que la gente decida sobre algo o para que el gobernante tenga más insumos ciudadanos para decidir sino para intentar cubrir y proteger con legitimidad popular una decisión previa e irreversible del presidente. La próxima “consulta para la revocación de mandato” es, bajo organización distinta, un intento de ratificación expansiva, esto es, el proyecto de relegitimar al presidente y aumentar el apoyo popular a su figura. En el pasado mexicano se han hecho o propuesto consultas populares, independientemente de la existencia de un régimen nacional democrático. También han sido celebradas y rechazadas democráticamente dentro y fuera de México. Napoleón III hizo consultas populares, antes de ser Napoleón III y para serlo. Un caso de rechazo democrático se dio durante la Revolución francesa.
Desde la historia
En 1792 la Revolución francesa avanzaba peculiarmente. Contrario a lo que muchos creen o podrían suponer, la Revolución no fue republicana o estrictamente antimonárquica de origen. Los revolucionarios no actuaron republicanamente durante los primeros años. Porque no había un consenso en esa dirección. El talentoso y turbulento Camille Desmoulins fue de los pocos republicanos de primera hora.
En la Revolución mexicana y en la Revolución rusa quienes eran las cabezas del antiguo régimen (republicano o no) pierden todo poder y toda presencia, formal e informalmente, de manera muy temprana. La Revolución mexicana comenzó en noviembre de 1910, Porfirio Díaz renunció a la presidencia en mayo de 1911 y ese mismo mes salió al exilio en Francia; la Revolución rusa se desencadenó en febrero de 1917, el zar Nicolás II abdicó en marzo —medio año antes del famoso octubre leninista que es la sustitución de Kerensky por Lenin y el inicio de la dominación soviética— y fue asesinado con su familia en julio de 1918. En Francia no sucedió lo mismo. En el caso de la Revolución iniciada en 1789 el rey Luis XVI perdió tempranamente el poder real, el que se ejercería con independencia de formalidades o meros mandatos formales, pero no perdió tan tempranamente todo poder formal ni toda presencia. Es 1792 y el rey está vivo, no ha sido destronado legalmente, los revolucionarios mantienen la monarquía como envoltura para un intento democratizante.
Habían actuado radical y antiautoritariamente, democráticamente de algún modo, pero no con un antimonarquismo cabal. Habían quitado el poder máximo a Luis XVI pero conservaban su figura. Habían ido —justificada y exitosamente— contra el absolutismo monárquico, no contra toda forma monárquica. Antes del primer semestre de 1792 casi vaciaron el trono pero no lo incineraron. Podría hablar de monarquías formales (Rusia con el zar), monarquías informales (México con el dictador Díaz) y de repúblicas formales e informales (donde decida real y principalmente alguien que no sea quien use una corona), pero el hecho básico es que antes de septiembre de 1792 la Francia revolucionaria no ha desaparecido a Luis XVI e incluso la Constitución de 1791 ratifica la inviolabilidad del rey.
Mediaban la insurrección de agosto de 1792, la guerra entre Francia y Austria–Prusia como potencias invasoras que intentaron salvar al rey y a su esposa austriaca María Antonieta y la instauración formal de la república, estos dos últimos hechos en septiembre. Más de tres años después de iniciada la Revolución muere por completo la monarquía y se piensa en castigar a quien fue rey.
Pero en ese 1792 se agota el consenso para seguir la forma monárquica y sobreviene otra crisis. Llegamos al segundo semestre del 92. Han pasado más de tres años de la toma de la Bastilla (con la que no creo que se inicie la Revolución), se ha pasado de los Estados Generales (en los que veo el comienzo) a la Asamblea Nacional (el Tercer Estado en los Generales se declaró a sí mismo como tal, como Asamblea Nacional) y de ésta a la Convención. Y con la Convención llega de nuevo la discusión sobre qué hacer, exacta y definitivamente, con Luis XVI. Mediaban la insurrección de agosto de 1792, la guerra entre Francia y Austria–Prusia como potencias invasoras que intentaron salvar al rey y a su esposa austriaca María Antonieta y la instauración formal de la república, estos dos últimos hechos en septiembre. Más de tres años después de iniciada la Revolución muere por completo la monarquía y se piensa en castigar a quien fue rey.
El 11 de diciembre de 1792 se abren las sesiones de la Convención sobre el castigo al ahora llamado Luis Capeto. Aquí es donde y cuando aparece el espectro de la consulta popular: se propone que se pregunte al pueblo —a los ciudadanos— qué decisión tomar. “El Incorruptible”, Robespierre, quien aún no ha perdido la cabeza ni literal ni figuradamente, se lanza contra la idea de una consulta. Argumenta que no es una necesidad. El 14 de enero de 1793 se dan tres preguntas a los diputados convencionistas que parafraseadas son:
1. ¿Luis Capeto conspiró contra la libertad y la nación?
2. ¿Cuál debe ser el castigo a Capeto?
3. ¿Debe preguntarse a la nación/el pueblo/la ciudadanía para la sentencia?
A la primera pregunta casi todos los diputados contestaron que sí: Luis XVI era culpable. A la tercera pregunta 278 dijeron Sí pero 426 No. Y así no habría consulta popular sobre la pena de muerte que en respuesta a la segunda pregunta se aprobó en la Convención por 387 votos a favor y 334 en contra. 26 diputados propusieron sentenciar con pena de muerte pero aplicar un indulto, por lo que se votó sobre el indulto, rechazado por 380 contra 310. Tres días después, el 17 de enero, se informó al rey caído y entonces preso en el Temple sobre las decisiones revolucionarias. Murió en la guillotina, como su esposa, pero también como muchos revolucionarios, como los “girondinos” que propusieron la consulta popular y como Danton, Desmoulins y Robespierre.1
Desde la razón: lecciones
La Revolución francesa y el intento de consulta popular que hemos revivido nos ofrecen muchas lecciones políticas. Concentrémonos en dos por su pertinencia para el presente mexicano. La primera es que las consultas populares pueden surgir como intentos de muchos tipos y por eso pueden ser usadas moderadamente, radicalmente, extremistamente, democráticamente, populistamente, o simuladoramente, republicana o antirrepublicanamente, autoritaria y antidemocráticamente, etcétera. Es una falsedad que siempre sean forma y fondo democráticos, y es una falsedad mayor que sean la máxima expresión de la democracia.
La consulta popular debe reservarse a casos del ámbito más local y relativos al desarrollo de la vida cotidiana o a casos de importancia nacional extraordinaria y con una complejidad frente a la ciudadanía tal que el poder de decisión normal de los representantes quede corto.
La segunda lección es complementaria. Así como una consulta popular tiene efectos democráticos si en su proceso armonizan democráticamente la intención real originaria y la organización institucional, debe recurrirse a la consulta para algunos asuntos, no para todos y cualquiera. No debe “consultarse popularmente” sobre lo que es ocioso o tramposo, como es el caso de una “revocación del mandato” que ni el oficialismo ni los partidos de oposición ni grupos ciudadanos apartidistas buscan (lo que el obradorismo busca desde siempre es la ratificación de su jefe en un cargo que, insisto, nadie pidió revocarle por medio de ninguna consulta); tampoco debe consultarse sobre la vida/muerte de alguien ni sobre los derechos de nadie, aun cuando pueda producirse el extraño resultado de que los ciudadanos consultados —en oposición al plan de unos hipotéticos gobernantes— salvaran vidas y derechos. Esto no es antidemocracia de mi parte; la democracia superior pasa por el hecho de que ni los gobernantes ni una mayoría electoral transitoria (pasajera, volátil) dispongan sobre la muerte y los derechos de otros, que ni quieran ni puedan hacerlo. Los revolucionarios franceses que rechazaron una consulta popular sobre la ejecución del ex rey no se equivocaron al decidir sino acaso por lo que decidieron. Robespierre tuvo razón al oponerse a consultar: no era necesario porque los representantes tenían legitimidad, poder y responsabilidad para decidir. Que todos los representantes de todo lugar y momento puedan equivocarse no hace innecesaria a la representación ni justifica cualquier consulta, precisamente porque esa posibilidad de error no puede anularse con cualquier consulta, o consultando sobre cualquier cosa, y porque una consulta puede manipularse y los consultados equivocarse con o sin manipulación. La consulta popular debe reservarse a casos del ámbito más local y relativos al desarrollo de la vida cotidiana o a casos de importancia nacional extraordinaria y con una complejidad frente a la ciudadanía tal que el poder de decisión normal de los representantes quede corto. No era el caso del castigo a Luis XVI en medio de una Revolución y cuando la república ya existía.®
Nota
1 El testamento de Luis XVI puede verse en las páginas 129–137 del número 19 de la gran revista Istor, CIDE, invierno de 2004.
