Hablar de campo de exterminio en Teuchitlán no es exagerar. Es nombrar. Porque no se necesita una cámara de gas para que haya exterminio. Basta con la sistematicidad. Con la impunidad. Con la intención.
Teuchitlán no es una excepción. Es un espejo. Y también una advertencia. El hallazgo de restos humanos, ropa infantil, fragmentos óseos y objetos personales en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, confirmó lo que desde hace tiempo se viene gritando en calles, colectivos, foros, banquetas: México se descompone desde adentro.
El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, fue descubierto el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Encontraron zapatos, prendas, crematorios improvisados y restos calcinados. Todo apuntaba a una maquinaria de muerte. Esta vez, los testimonios no venían de la sospecha: venían del suelo. De ahí donde nadie más quiso mirar.
La respuesta institucional no fue una reacción de justicia. Fue un operativo de discurso. Apenas se difundieron las primeras imágenes del terreno —un campo de entrenamiento y aniquilamiento operado por el crimen organizado—, empezó el trabajo de contención: no jurídica, sino narrativa. A falta de respuestas, hubo repetición. A falta de hechos, hubo frases. Y todo orbitando alrededor de la negación.
“No hay crematorios.”
“No hay infraestructura.”
“No hay evidencia suficiente para hablar de un campo de exterminio.”
Como si las desapariciones necesitaran manual técnico. Como si para nombrar el horror hiciera falta una maqueta exacta, una chimenea funcionando, una instalación con firma. Como si la violencia en México tuviera que cumplir con estándares arquitectónicos para ser tomada en serio.
En medio de la indignación legítima se activó otra maquinaria: la del asentimiento. Voces alineadas que salieron a “aclarar”, a “matizar”, a “evitar la confusión”. Pero no hubo confusión. Lo que hubo fue sangre coagulada bajo la piel del país. Y el intento de cubrirla con maquillaje institucional.
Cuando la semántica sirve para restarle gravedad a lo que ocurrió, entonces ya no estamos ante un debate técnico. Estamos frente a un ejercicio de manipulación.
Los términos importan. Lo sabemos. Pero cuando la semántica sirve para restarle gravedad a lo que ocurrió, entonces ya no estamos ante un debate técnico. Estamos frente a un ejercicio de manipulación. Frente a un discurso visible cuya única función es anestesiar.
Porque no se trató de falta de información. Se trató de falta de voluntad. Falta de urgencia. Falta de sensibilidad. Falta de humanidad. Esa palabra que incomoda tanto cuando se habla desde el poder. La falta, como categoría política, lo explica todo: la falta de reacción, la falta de verdad, la falta de personas, la falta de Estado.
Y ahí también habita el miedo. El miedo por aceptar lo evidente: que hay territorios fuera del alcance institucional. Que hay jóvenes reclutados y eliminados como si no valieran el esfuerzo de ser contados, material prescindible, piezas descartables. Que hay ranchos donde se entrena con golpes y se castiga con muerte. Que hay familias condenadas a buscar en fosas porque nadie más lo hace. Que hay una decadencia por todas partes y, sin embargo, no hay un plan.
Teuchitlán no es una herida nueva. Es una cicatriz abierta. No duele sola, duele junto a otras: San Fernando, Iguala, Tamuín, Ciudad Juárez. Duele porque insiste. Duele porque es reincidente. Porque no ha dejado de pasar. Pero esta vez hubo algo distinto: la coordinación milimétrica del discurso de negación. La forma en que distintas voces repitieron exactamente las mismas frases. La misma sintaxis. El mismo tono. Como si la consigna fuera neutralizar el dolor con eufemismos. Como si nombrar lo que ocurrió fuera un acto de traición al relato nacional.
Esta vez hubo algo distinto: la coordinación milimétrica del discurso de negación. La forma en que distintas voces repitieron exactamente las mismas frases. La misma sintaxis. El mismo tono. Como si la consigna fuera neutralizar el dolor con eufemismos.
Y, mientras eso sucedía, la realidad se abrió paso: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que ahí se asesinó y se torturó a jóvenes que intentaban escapar del adiestramiento impuesto por el CJNG. Confirmó también que había testimonios de personas que, tras ser reclutadas, vivieron ese infierno. Uno de ellos, José Gregorio “N”, alias “el Lastra”, estuvo reportado como desaparecido desde 2020. Fue detenido apenas hace unos días en la Ciudad de México. Resulta que no estaba muerto. Estaba al mando del rancho.
Y no es el único. También fueron detenidos expolicías vinculados al cártel, evidencia de que la descomposición no está en los márgenes: está en el centro del sistema.
Incluso con esas declaraciones, tanto Harfuch como Sheinbaum insistieron en matizar: dijeron que el sitio era un “centro de adiestramiento”, no un campo de exterminio. Como si matar y entrenar fueran dos actividades incompatibles. Como si el nombre cambiara el cadáver.
Contrario a lo que muchos insisten en espacios jurídicos o mediáticos —que el exterminio no debe nombrarse sin reservas—, el caso que nos ocupa no se sostiene en sospechas, sino en hallazgos. Aunque el exterminio no está tipificado en el Código Penal Federal mexicano, sí está contemplado como crimen de lesa humanidad en el derecho internacional. México ha ratificado el Estatuto de Roma, pero no ha armonizado su legislación penal interna, lo cual deja un vacío: la realidad ocurre antes de que el lenguaje jurídico pueda siquiera nombrarla.
Aunque el exterminio no está tipificado en el Código Penal Federal mexicano, sí está contemplado como crimen de lesa humanidad en el derecho internacional. México ha ratificado el Estatuto de Roma, pero no ha armonizado su legislación penal interna.
Y ahí radica el verdadero problema. Porque mientras se discute si esto fue o no un “campo de exterminio”, el predio estuvo meses bajo el supuesto resguardo de la Fiscalía de Jalisco, con los sellos rotos y sin un solo peritaje serio. Fue hasta hace unos días —tres semanas después de que salieran a la luz los restos calcinados, las prendas infantiles, los crematorios improvisados— cuando la Fiscalía General de la República por fin asumió el control del Rancho Izaguirre.
Apenas entonces entraron los peritos, como si la investigación comenzara ahora, como si el tiempo no contara, como si la escena del crimen no hubiera sido violada desde hace meses. Y aun así, lo que siguió fue un espectáculo. No de justicia, sino de semántica. El fiscal Gertz anunció la intervención federal. Pero lo que acaparó la narrativa fue otra cosa: la clase de lenguaje impartida desde la mañanera. Ahí estaba García Harfuch, no como secretario de Seguridad, sino como filólogo improvisado, explicando que “homicidio no es exterminio”, y que por tanto, lo de Teuchitlán no encajaba. Como si bastara una diferencia de vocabulario para diluir la magnitud de lo ocurrido.
Como si todo pudiera reducirse a tecnicismos —una masacre aquí, un homicidio allá— y no a lo que verdaderamente importa: la intención, la repetición, el abandono institucional. Y entonces se apela al diccionario como si fuera tribunal. Se busca en la etimología lo que ya está en los hechos: fuego, cuerpos, patrón, impunidad. Si eso no basta para encender las alarmas del Estado, tal vez no es porque falte una definición. Tal vez es porque ya aprendieron a convivir con el horror.
Y ahí se vuelve evidente la figura que recorre todo esto: el hombre del perpetuo asentimiento. El que asiente cuando se le dice que no hay pruebas. El que repite lo que le indican. El que prefiere defender al gobierno en turno antes que enfrentar una verdad incómoda. El que vive —sin saberlo del todo— atrapado entre la fidelidad y el abandono.
Estamos en un abandono mental impensable. Uno que permite convivir con la fosa siempre y cuando no interrumpa la agenda. Que tolera la desaparición si no altera la “percepción de seguridad”. Que reduce la tragedia a un asunto de forma. A una disputa sobre si lo ocurrido entra o no en una categoría técnica. Como si nombrar fuera más importante que actuar.
La inercia. La desmemoria. El hombre que siempre quiere cruzar su propia sombra pero no se atreve. Que firma donde le dicen. Que calla donde le piden. Que vive en automático, como si lo único que se le permitiera fuera morir.
Ése es el fondo de esta historia: no sólo la violencia de los grupos criminales, sino la violencia de la indiferencia. La inercia. La desmemoria. El hombre que siempre quiere cruzar su propia sombra pero no se atreve. Que firma donde le dicen. Que calla donde le piden. Que vive en automático, como si lo único que se le permitiera fuera morir. Morir sin saber que se está vivo.
Y, en ese clima, quienes buscan a sus desaparecidos no cuentan con protección. Cuentan con resistencia. Cuentan con intuición. Cuentan con una terquedad que debería incomodar al poder. Porque su sola presencia demuestra lo que el Estado no hace.
Hablar de campo de exterminio, en estas condiciones, no es exagerar. Es nombrar. Porque no se necesita una cámara de gas para que haya exterminio. Basta con la sistematicidad. Con la impunidad. Con la intención de desaparecer. Y todo eso estuvo —está— presente.
Aceptar eso implicaría aceptar el fracaso del Estado. Reconocer que no hay control del territorio. Que la estrategia de seguridad no funciona. Que la violencia no disminuye. Que la transformación prometida quedó atrapada en un eslogan. Que las víctimas siguen buscando solas, mientras el aparato se dedica a proteger la versión.
Pero la tierra no miente. Lo que sale del suelo, lo que se encuentra entre el monte, lo que se descubre en ranchos abandonados habla más fuerte que cualquier vocero. Porque los restos, por mínimos que sean, son testimonio de lo que se niega. Y seguir negándolo solo profundiza la fractura.
El país no necesita más defensores del poder. Necesita instituciones que no duden en enfrentar lo que duele. Que no conviertan el discurso en su única estrategia.
No se trata de un caso. Se trata de un patrón. De una grieta que atraviesa todo: justicia, memoria, protección. De una decadencia por todas partes que se camufla con declaraciones.
El país no necesita más defensores del poder. Necesita instituciones que no duden en enfrentar lo que duele. Que no conviertan el discurso en su única estrategia. Porque si no se puede nombrar una fosa, tampoco se puede cerrarla.
La pregunta no es si hubo o no una estructura para matar.
La pregunta es si hay estructura para proteger.
Porque nombrar no es suficiente si no hay consecuencias.
Porque admitir no sirve de nada si no hay castigo.
Un Estado que reconoce lo que duele pero deja intacto el mecanismo que lo produce no imparte justicia: administra la tragedia para simular control.
Y en ese vacío, la violencia encuentra su orden.
Su rutina.
Su impunidad.
Teuchitlán no necesita discursos.
Necesita respuestas.
Y cada día que pase sin ellas, el silencio se vuelve cómplice. ®
