La mayoría de los argentinos disfruta del futbol, y tenerlo a disposición de manera gratuita en la televisión es un claro placer. Lo que no queda tan claro es si esa masa de seguidores del deporte más popular está en condiciones de debatir si el ver el futbol por televisión debe considerarse un derecho y que deba solventarse con fondos públicos.
El televisor de aquel hotel de Venecia ofrecía una variedad de canales bastante acotada. No aparecía allí ninguna imagen del segundo tiempo de Barcelona contra Inter de Milán que había estado mirando en un restaurante. Pero algo que tenía que ver con el partido me sorprendió más. Era un programa de televisión integrado por un panel de periodistas deportivos que debatían el cotejo mencionado en tiempo real, sin que el encuentro pudiera verse. Cada tanto le daban paso a un relator a quien se veía mirar el juego en un televisor que nos daba la espalda a los televidentes y él contaba alternativas del juego.
Al día siguiente me terminaron de explicar algo que era muy claro. La mayor parte de la población italiana no ve esos encuentros y acceder a ellos resulta algo bastante oneroso. No es que no pueda imaginarme aquello, pero en Argentina una situación similar generó un debate nacional con efectos que llegan a nuestros días. Hasta hace algún tiempo el futbol aquí también se codificaba, se veían por el servicio de cable sin cargo extra un partido el viernes, otro el sábado y uno el domingo. Los demás tenían un costo adicional. Luego había que esperar hasta las 22 horas del domingo en que un programa, que gozaba de la exclusividad de la transmisión de los goles, hiciera un resumen que lo convertía en un natural líder de audiencia. Recién después de aquello los demás canales podían informar con imágenes de lo sucedido en una nueva fecha del campeonato argentino. Pero muchos canales hacían una transmisión radial en directo de los partidos, mientras las cámaras enfocaban a las tribunas. Desde el gobierno se dijo que esto no sucedía en ningún lugar del mundo, tal vez no preguntaron en Italia, y tomó intervención plena. No reguló con dureza ese esquema de derechos de transmisión, el Estado intervino en un negocio entre privados. Algo siempre difícil de justificar.
Así nació algo que se denominó “Futbol para todos”, un esquema de transmisión que garantiza que todos los partidos del futbol local se vean a través de la televisión pública. Cuando se firmó ese acuerdo estuvieron presentes autoridades del gobierno, Diego Maradona, autoridades de la Asociación del Futbol Argentino y la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Durante la presentación la mandataria señaló que la productora que estaba a cargo antes había practicado “un secuestro de los goles” y remató: “Antes secuestraron y desaparecieron a treinta mil argentinos”. Al día siguiente de aquel acto muchas voces señalaron que una vez más el gobierno de los Kirchner banalizaba el recuerdo de la dictadura militar para utilizarlo a su favor.
Presentemos el escenario previo a la estatización de las transmisiones del futbol. Una productora de medios, T y C Sports, convirtió al comienzo de la década del noventa en un negocio muy rentable el show televisado de la fecha del torneo local. Esa estructura fue creciendo a un nivel tal que luego se constituyó en una administradora de los derechos de transmisión. Al ritmo que se transformaba en un fuerte monopolio que involucraba todo lo que relacionara medios y deportes, sumaba a su estructura los programas más importantes del género, montó un canal de televisión de cable y una radio. Luego se incorporó a la estructura del poderoso grupo de medios Clarín. Esa posición dominante generó vínculos contractuales, muchas veces leoninos, con medios y servicios de cable a los largo del país. En fin, T y C (por las siglas torneos y competencias) era “el poder” en lo que a deportes respecta.
Por diversos motivos, entre los que se debe contar la llamada “crisis del campo” como uno de los más importantes, el romance con que comenzó el vínculo el grupo Clarín con el matrimonio Kirchner se rompió. A un punto tal que para la estructura del gobierno los medios que componen el grupo son culpables de “desestabilizar”. Claro que hay otros grupos de medios críticos, los menos, y también adictos al discurso oficial con abundantes premios en publicidad gubernamental. Pero ninguno tan poderoso y emblemático como el que se conformó alrededor del diario más vendido del país.
En esa medición de fuerzas, el “Futbol para todos” fue un golpe durísimo. Generando pérdidas enormes a ese grupo empresarial, provocando despidos y un verdadero debate nacional. Eso, más la nueva ley de radiodifusión, que en la actualidad transita estrados judiciales. Los siempre exagerados adherentes a la desmesura kirchnerista señalaron que los pobres habían recuperado el derecho de ver futbol.
Describamos el escenario actual. El gobierno lleva gastados 600 millones de pesos por las transmisiones de cada torneo. Bajo la denominación producción se presupuestan unos 50 millones de pesos argentinos más. En estos días se informó que estarían por solicitar al senado un incremento de fondos de unos 280 millones. Debido a las lógicas regulaciones del Estado no existe casi publicidad que no sea la oficial, con lo cual las transmisiones de futbol son un exagerado ejercicio de propaganda política gubernamental. No se aceitaron los mecanismos técnicos para que el canal oficial se haga cargo de las transmisiones, todas quedaron en manos de otra productora, La Corte, empresa vinculada al Estado Nacional que formaliza las contrataciones de productoras que ofrecen su capacidad técnica para las transmisiones, que también sea dicho son de una calidad notablemente inferior a las de TyC. Muchos estados provinciales han denunciado la falta de envío de fondos, al parecer destinados sorpresivamente al “futbol para todos”. En definitiva, una gasto millonario del gobierno para sustentar una actividad deportiva que tiene claras posibilidades de sustento privado, en un país con enormes carencias sociales cuya población sería feliz solo con ver su deporte favorito.
Esta política tiene un segundo costado negativo, uno que en las últimas horas ha vuelto a tener gran actualidad. Cuando aún no se concretaba la irrupción estatal en el negocio de las transmisiones del futbol empezaron las expresiones que anunciaban este nuevo orden en las tribunas de los estadios. Las “barras bravas”, grupos que bajo el escudo de ser un conjunto de simpatizantes de un determinado equipo se convierten en auténticas fuerzas de choque muy vinculadas a diversas actividades delictivas, mostraban su adhesión a la política en ciernes. Aquellas banderas de acompañamiento tendrían a futuro su contraprestación. Nació entonces la asociación Hinchadas Unidas Argentinas, organismo no gubernamental que combina esfuerzos de las dirigencias de estos grupos y de clara orientación kirchnerista. Algunos de sus referentes obtuvieron el beneficio de empleos oficiales. Con la llegada del mundial de Sudáfrica quedó al descubierto con el viaje de estos violentos personajes hacia el país de Nelson Mandela. Mientras escribo esto los diarios describen el modo en que el país anfitrión de la máxima cita futbolística deportó a doce de estos personajes, quienes antes de partir y para hacer gala de su impunidad lucían en el aeropuerto de Ezeiza máscaras con el rostro de Néstor Kirchner y la actual mandataria Cristina Fernández. Uno de ellos incluso salió del país con su pasaporte vencido.
Uno de los nombres más publicados de esta vergüenza internacional es el de Gusano Pugliese. Un personaje que por ser simpatizante del club de ascenso Nueva Chicago se transformó en empleado del INDEC (Instituto de Estadísticas y Censos). Este organismo sufrió desde hace tiempo la irrupción de sectores políticos que responden al polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Desde entonces los índices de inflación oficiales que desde allí surgen describen un país de fantasía. Pugliese, antes de su llegada a Sudáfrica, fue noticia por su violenta intervención en la feria del libro, cuando el periodista Gustavo Noriega presentaba INDEC: Historia íntima de una estafa. No hace falta explicar que Pugliese no cuenta con los requisitos técnicos y profesionales para ocupar el cargo en ese instituto oficial.
Las especulaciones son muchas, la mayor parte de ellas indica que esta fuerte y riesgosa inversión en transmisiones de futbol será prioritaria para el gobierno al menos hasta que garantice la adhesión de las masas en las elecciones del 2011. Allí se tratará de mantener la alternancia matrimonial en la presidencia, con Néstor Kirchner pretendiendo volver a la casa rosada. La intervención, por lo pronto, cumplió su rol como fuerte impacto económico en el grupo de medios Clarín. En una medición de fuerzas permanente.
Tampoco se podría definir esto como política deportiva, dado que la Secretaría de Deportes de la nación cuenta con un presupuesto de 146 millones para la coordinación de todas las disciplinas, apenas una cuarta parte del “futbol para todos”.
La mayoría de los argentinos, incluido quien suscribe esta nota, disfruta del futbol y por supuesto que tener a disposición de manera gratuita sus alternativas en la televisión es un claro placer. Lo que no queda tan claro es si esa masa de seguidores del deporte más popular está en condiciones de debatirse internamente si el ver el futbol por televisión debe considerarse un derecho y que por ello deba solventarse con fondos públicos. ®
