Ebrard y Álvarez Icaza

Una noticia desconcertante: “Marcelo Ebrard recibe el galardón como el mejor alcalde del mundo”, nos permite refrescar la memoria de nuestros lectores de la Ciudad de México y fuera de ella en relación con la carrera del jefe de Gobierno y sus amigos.

Dos presidenciables

Emilio Álvarez Icaza

La teatralizada conferencia de prensa de Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha salvado la carrera política de Marcelo Ebrard. Leído como un párvulo titubeante por el ombudsman, y en ese horrendo idiolecto de la corrección política, el discurso que atribuye “responsabilidad ética” a los que fueron secretario de Seguridad y procurador de Justicia le permite al jefe de Gobierno del Distrito Federal restituir la moralidad de su autoridad al despedirlos (al haberles “aceptado su renuncia”).

Nunca un informe de la CDHDF había sido tan esperado por un gobernante ni tan apremiada una recomendación ni tan promovida su espectacular presentación. Es la primera vez que una autoridad prácticamente demanda que se le dirija una recomendación. Algo tan insólito como efectivo. Los dichosos informes que presentó Álvarez Icaza sobre los crímenes que se cometieron en la discoteca New’s Divine y con sus detenidos arbitrariamente poco o nada aportan a lo que ya se sabía por los medios. Sí aportan, en cambio, a sus respectivas aspiraciones: una a la presidencia de la República y otra a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, la política como una relación ganar–ganar.

El periodista Miguel Ángel Velázquez asegura que la renuncia del secretario Joel Ortega “ya estaba en el escritorio de Marcelo Ebrard desde el día después de la tragedia del antro” y que la del procurador Félix Cárdenas “llegó después, pero antes incluso que su propio informe”, y lo más interesante es que “ambas decisiones se conocían en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y no provenían del chisme, así que matar al muerto no era cuestión de valentía, pero abría la puerta dorada por donde transitarían las ambiciones de quien busca escalar puestos a nivel nacional” [La Jornada, 11 de julio de 2008].

¿Nunca más?

La relación política e institucional entre ambos presidenciables data de varios años y episodios. Álvarez Icaza ya conocía, por el mismo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública, de sus cotidianas violaciones a los derechos humanos como una política pública instituida por él —según la propia CDHDF, la SSP es la institución con mayor número de quejas ante ese organismo. La Recomendación 6/2004, por ejemplo, documenta que las redadas que llevaban a cabo los “Grupos Operativos Especiales” cometían todos los abusos que vimos en el New’s Divine cuatro años después. En el caso de esta recomendación, los “operativos” se efectuaron en casas habitación y se denominó por la CDHDF como “ejercicio indebido del servicio público, lesiones, abuso sexual, allanamiento de morada, robo, amenazas, detención arbitraria y falsa acusación”, de lo que se presentaron 79 quejas (“peticiones”, dice la Comisión) por muchas más personas agraviadas. Es decir, la política pública para prevenir el delito de narcomenudeo era entrar a las casas a ver si hallaban droga, supuestamente a partir de alguna denuncia anónima, y sorprender a los habitantes en flagrancia o “cuasiflagrancia”. En la misma recomendación se documenta que sacaban a la gente de sus domicilios para subirlas a camiones y que las llevaban a fotografiar antes de ponerla a disposición del Ministerio Público. ¿Alguien recuerda la presentación a la prensa de esta Recomendación que Ebrard no aceptó cumplir cabalmente? Esta Recomendación, cuatro años después, sigue “sujeta a seguimiento”, es decir, pendiente de cumplimiento. Lo que no aceptó Marcelo Ebrard, explícitamente desde entonces, se refiere a “que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se abstenga de implementar las Recomendaciones número 32 y 49 propuestas por el Grupo Giuliani Partners, si no existe soporte legal”, que son exactamente las que dan ocasión a redadas como la del New’s Divine.

No está de más citar otra recomendación anterior, la 1/2003, dirigida también a Marcelo Ebrard Casaubón, por abusos y violaciones de granaderos a los derechos humanos de las personas que ocupaban un predio en Amalacachico, Xochimilco, quienes “fueron agredidas, y al parecer hubieron [sic] varios heridos y muertos. Tenían temor de que la actuación de los granaderos llegara a mayores consecuencias”, según expusieron Nancy Rodríguez Pantoja, Victoria Ríos Arellano, Juan Ramón Gutiérrez y Óscar David Quintero García en su queja a la CDHDF. La “peticionaria” Arely Tabla Rebollar narró que “Ocurría un desalojo en la Delegación Xochimilco. En esos momentos (4 de octubre de 2002) varios granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal arrojaban a los muertos y heridos a los canales de las chinampas, y saqueaban varias casas; los vecinos de su colonia estaban muy asustados”.

La relación política e institucional entre ambos presidenciables data de varios años y episodios. Álvarez Icaza ya conocía, por el mismo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública, de sus cotidianas violaciones a los derechos humanos como una política pública instituida por él —según la propia CDHDF, la SSP es la institución con mayor número de quejas ante ese organismo.

Por su parte, Félix Agustín Ortiz Ramírez, se quejó de que “con motivo del desalojo de los habitantes del predio “Toltenco”, los granaderos rompieron los puentes de acceso a la Sección 1 de la colonia Amalacachico”. Si hubo muertos o no es algo que no se aclara del todo en esa recomendación. En el operativo de desalojo hubo actos de robo a vecinos y comerciantes por parte de la policía, y a sus reclamos el entonces secretario de Seguridad Pública respondió con una sonrisa irónica: “Les vamos a devolver sus papitas y sus refrescos”. Salió en los noticiarios. La Recomendación no fue aceptada por Marcelo Ebrard. Y ahí quedó el asunto. El oficio político cambia las formas: entonces no hubo mamparas con nombres de víctimas ni informes ampulosos ante los medios. Y esta vez, la del New’s Divine, no hubo la burla de Les vamos a devolver su cóver y su cerveza.

La mayoría seguramente recuerda la negligencia criminal en el caso de los linchamientos de policías en Tláhuac el 23 noviembre de 2004, a donde nunca envió más policías a rescatarlos aduciendo dificultades por “la orografía” de esa delegación. Furioso por haber sido increpado al respecto por un ciudadano, Ebrard le dio un puñetazo en el rostro:

César Hernández Sánchez, un albañil de 20 años quien llevó a su esposa e hija a ver a Andrés Manuel López Obrador al parque La Bombilla, se quedó sin ganas de volver a asistir a algún mitin: con un derechazo a la mandíbula, Marcelo Ebrard le mostró “cómo va a gobernar la ciudad”.

Todo frente a su familia, quien esa tarde del 8 de diciembre pasado vio cómo tras el “descontón” del candidato del PRD a la jefatura de Gobierno, varios de sus simpatizantes todavía tundieron a golpes al joven.

El pecado de César Hernández fue decirle de frente al candidato del sol azteca que era “priista” y preguntarle cómo pretendía ser jefe de Gobierno, “si como secretario de Seguridad Pública dejó morir a dos personas en Tláhuac” [Raymundo Sánchez, “Puñetazo de Ebrard a joven que le recordó caso Tláhuac”, La Crónica de Hoy, 19 de diciembre de 2005].

Como en ese momento Ebrard no era funcionario sino candidato no le competía a la CDHDF pronunciar algo al respecto. Pero, ¿hubo alguna recomendación al Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública, por la negligencia de Ebrard en los linchamientos en Tláhuac? No la hubo. Y ahí quedó el asunto, como tantos otros. No hubo mamparas escenográficas con nombres y edades de víctimas ni informes ampulosos ante los medios. Ni el “nunca más”.

¿Y donde está(ba) el ombudsman?

Marcelo Ebrard

¿Dónde estuvo el “defensor del pueblo” durante más de un año de redadas impunes en esta administración, contra las que no averiguó ni emitió recomendación alguna en relación con detenciones arbitrarias que violan derechos fundamentales, instituidas como política pública (como en los peores épocas del priismo)? ¿A qué se ha dedicado Álvarez Icaza ante esta política pública y otras violatorias de derechos humanos fundamentales? ¿No las había visto? ¿No se había percatado de ellas? Hay constancia de que tenía conocimiento de ellas desde que Ebrard era secretario de Seguridad Pública. Quizá ha estado muy ocupado en su campaña a La Nacional (CNDH), en su pleito con Soberanes, en su carrera política. O hacía que no se daba cuenta para llevarla tranquila con el jefe Ebrard y sus diputados, para que le sigan aprobando sus incrementos presupuestales cada año. Por eso sólo les manda unas pocas recomendaciones al año y dos o tres declaraciones medio críticas a la prensa y así se la llevan, cordialmente, como antes con Encinas, a quien no confrontó ni por la avalancha de quejas que recibió por el bloqueo del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En relación con los asesinatos de la discoteca New’s Divine, Emilio Álvarez Icaza se demoró casi tres semanas en lo que pudo informar a las 72 horas de ocurridos los homicidios y de lo que los medios dieron cuenta con profusión de detalles. Todos sabíamos, por evidentes, de las violaciones a los derechos que se cometieron. Ebrard decía: Hay que esperar al informe de la Comisión, y ganaba tiempo para ir sacrificando peones que salvaran su posición. El ombudsman tampoco dijo nada. ¡Fue una semana después al lugar de los hechos a ver si había pasado algo! Pero un alud de fotografías y videos publicados en numerosos medios ya nos habían dado cuenta de los hechos e impidieron que el presidente de la CDHDF consintiera la impunidad total, a lo que influyó para que no demorara más la presión para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajera el caso. Como dice Miguel Ángel Velázquez, “en la cúspide de su histrionismo, con el moño negro sobre la solapa —que sólo usó para esa mañana—, pretendió, aunque no pudo, lanzar un grito de ya basta, que se ahogó en su protagonismo […] Y todo eso —el moño, la mampara, el grito ahogado— ¿era necesario para establecer la hipótesis de culpabilidad que ya hasta sentencia tenía?”

Un verdadero defensor del pueblo tendría que haber ido al lugar desde que la información empezó a aparecer en los medios. Los menores detenidos fueron liberados doce horas después. Era obvio que sí alcanzaba a llegar a dondequiera que los tuvieran. Ah, pero como los muertos, heridos y vejadas no son de la APPO ni del EPR ni del FDN ni de las FARC o asociados el tratamiento es distinto, como el de esas oenegés clientelares y maiceadas que muy orondas declaran que no protestan porque “no hay suficientes elementos” o porque “ya están consignados” los responsables. Éste es el problema de hacer de la defensa de los derechos humanos un asunto ideológico de izquierda vs. derecha: discriminar positiva o negativamente a los victimarios y a las víctimas según se incluyan en una, en otra o en ninguna. ¿Defensa o simulación?

Bendita “responsabilidad ética”

¿Dónde estuvo el “defensor del pueblo” durante más de un año de redadas impunes en esta administración, contra las que no averiguó ni emitió recomendación alguna en relación con detenciones arbitrarias que violan derechos fundamentales, instituidas como política pública (como en los peores épocas del priismo)?

Ahora, no pocos periodistas y “analistas” se han ido con la finta de la vacilada de la “responsabilidad ética”. Eso no existe. Lo que hay son violaciones a los derechos humanos fundamentales, violación a las garantías individuales, y los servidores públicos que las hayan cometido tienen responsabilidad administrativa (así como por prestación ineficiente del servicio público) y penal. La Contraloría, no la CDHDF —que no puede— debería haber inhabilitado a Joel Ortega y a Rodolfo Félix Cárdenas junto con los rufianes del ERUM (ésos que se dedican a pedir dinero en botes), que negaron la prestación del servicio (ayuda humanitaria) a víctimas civiles, e imponerles sanciones económicas a ellos, no al propietario del antro. Que ellos paguen de su bolsa las indemnizaciones a las víctimas.

Así como están mal diseñadas e instituidas las políticas públicas de seguridad, también lo están las relativas a las comisiones de derechos humanos, pues ¿qué es eso de “responsabilidad ética”? Es como si el director del Metro, ante un choque de dos convoyes con varios muertos, corre a dos subdirectores y luego dicen que éstos tuvieron responsabilidad “ética” y aquél “política”.

El ombudsman cubrió la espalda al jefe de Gobierno al no haber dado cuenta en la espectacular conferencia de prensa del historial de recomendaciones que se ha negado a aceptar o ha incumplido. Esto se debe a que las comisiones de derechos humanos, en México, no fueron diseñadas o creadas para proteger a los ciudadanos de los abusos de servidores públicos, sino para restituir legitimidad a los políticos y a las agencias gubernamentales en momentos de crisis.

Vamos a ver qué tal le llega al ombudsman capitalino su aumento presupuestal en términos porcentuales para enero. Le va a ir bien.®

[mayo de 2008; publicado en el libro El tamaño del ridículo, Arlequín, 2009]

* Los autores de este artículo trabajamos en la Subdirección de Publicaciones de la CDHDF durante 2003, periodo en el cual atestiguamos o padecimos violaciones a los derechos humanos —incluidos los laborales—, de las cuales nos quejamos por los medios institucionales debidos, de manera documentada, que en el caso de uno las respuestas no fueron favorables y en el otro ni siquiera se dieron. Véase Rogelio Villarreal, “Por qué dejé la Comisión”, y Héctor Villarreal, “¿Y quién nos defiende de los ombudsman?”, Día Siete, no. 186, febrero de 2004. Sobre los criterios políticos —no necesariamente legales— que determinan las decisiones en la CDHDF, en detrimento o agravio a los derechos humanos de ciudadanos o grupos vulnerables en la ciudad de México, véase de Elvira Reyes Parra su libro Gritos en el silencio: niñas y mujeres frente a redes de prostitución. Un revés para los derechos humanos [Porrúa/Cámara de Diputados, 2007], en el que da cuenta de algunos casos de entre muchos.