Marín merece la cárcel. Sus secuaces merecen diversos castigos, unos la cárcel larga, todos el desprestigio y la crítica permanentes. Deben también seguir encarcelados porque libres y despreocupados son un riesgo para Lydia Cacho y para todos los que hemos persistido en la justa crítica.
Cuando lo hacen bien se dice: bien por la Fiscalía General de la República (FGR) al detener a Adolfo Karam Beltrán, colaborador policiaco de Mario “el góber precioso” Marín. Mal —muy mal— la lentitud: lo detiene por una orden de 2019. Por un caso de 2005–2006.
Los problemas implícitos en la duración del caso Marín–Cacho deberían preocupar al presidente al grado de colaborar, seriamente y desde la independencia mutua, con el poder judicial y el poder legislativo para solucionarlos; pero lo que hace AMLO sobre el poder judicial sólo es hablar en contra con falsas totalizaciones y atacar políticamente a la Suprema Corte actual, pues lo único que le importa es lo que “sufren” él, su partido y sus leales.
Como su jefe Marín, Karam debe quedar en la cárcel, previo juicio. El sistema judicial tiene la obligación —internamente correcta— de “presumirlo inocente” para luego juzgarlo y sentenciar; yo no tengo esa obligación, porque no soy miembro del aparato judicial ni parte del proceso legal contra los torturadores directos e indirectos de Lydia Cacho. Hay hechos, ciencias, verdades empírico–históricas y críticas válidas por fuera o más allá de lo que digan en un juicio abogados, fiscales y jueces. Lo que digan, y especialmente lo que concluyan los jueces, importa y debe importar, pero ahí no se agota ni se crea toda la realidad anterior y posterior a un caso. No confundamos Estado de Derecho con reduccionismo judicializante… Como analista de la realidad política y de la historia poblana, sé que Karam es co–culpable de perjudicar ilegítimamente a Cacho: participó, de un modo u otro, en la conjura de Kamel Nacif y “el precioso” Marín contra la periodista. Eso es cierto independientemente de la decisión de un juez, se trata de un hecho real del pasado, un hecho que un juez debe y puede examinar y sobre el que puede decidir X o Y. Esa decisión puede tener correspondencia empírica o no, ser jurídicamente sólida o no, técnicamente superficial o no, incluso ilegal o corrupta, aunque es obvio que no debería ser esto. Ya que los hechos del caso Marín–Cacho llegaron al poder judicial (como no llegan enormes cantidades de casos de las realidades política, económica, social y natural, se violen leyes o no, deban llegar a juicio o no, lo que no significa, repito, que esos casos no tengan realidad, que no exista ciencia al respecto, que nadie pueda afirmar nada porque un juez no ha sentenciado ni que se deba esperar hasta que sentencie), y si el juicio es justo, el jefe de la policía judicial marinista debe recibir castigo penal, como debe confirmarse el castigo al gobernador que por autoritario y soberbio metió a Karam en el problema.
Insistiremos a lo largo de este texto sobre todos y cada uno de sus puntos, porque está escrito para recordar, explicar, hacer que se entienda el problema y no se olvide. Si usted es de esos a los que les molesta pensar y que le expliquen exhaustivamente desarrollando argumentos, moléstese…
Ampliemos e insistamos. Insistiremos a lo largo de este texto sobre todos y cada uno de sus puntos, porque está escrito para recordar, explicar, hacer que se entienda el problema y no se olvide. Si usted es de esos a los que les molesta pensar y que le expliquen exhaustivamente desarrollando argumentos, moléstese… Chille cuanto quiera, comente sin saber, insulte gratis, sea usted mismo, engáñese con furia o gusto, autogratifíquese un ratito dentro de su pequeña ilusión, logre la nada una vez más, porque nada conseguirá, me importa lo que me importa la felicidad de Marín… Aquí voy de nuevo sobre un caso y unas circunstancias que he estudiado mucho —que viví, además— y que desgraciadamente se olvidan con frecuencia.
Judicialmente, hoy, Karam es presunto inocente; en otro sentido, sería presuntamente culpable; pero históricamente lo es: culpable. Uno de los culpables. Lo es porque consintió o aceptó de otra forma órdenes del gobernador Marín contra derechos humanos, contra la periodista y ciudadana Cacho en particular. Una jueza poblana, Rosa Celia Pérez, actuó por el acuerdo entre el gobernador y Guillermo Pacheco Pulido, presidente de un Tribunal Superior sometido a los titulares del poder ejecutivo dominado por el PRI; Karam no se opuso al uso de la policía judicial estatal, que dirigía por designio de Marín, para ejecutar lo decidido por el gobernador a favor del empresario Nacif —lo que es igual a que sus policías ejecutaran de cierta manera la orden formalizada por la juez gracias al sometimiento de Pacheco al gobernador y tras otro acuerdo, el de colaborar Marín y Nacif contra Cacho a causa de su libro Los demonios del edén, acuerdo que enmarca la demanda formal de Nacif que dispara como pretexto toda la acción política–judicial–torturadora.
La cadena de agentes antiCacho es clara y debe quedar clara siempre: Nacif – “el góber precioso” – Pacheco Pulido – la jueza Pérez – Karam – policías. Nacif pidió a su amigo Marín castigar a Cacho, no sólo porque era su amigo y esto es México sino porque el gobernador de Puebla era individualmente autoritario y tenía un poder aun mayor al que tienen los gobernadores del presente: el sistema era también autoritario, en los términos de la clásica indivisión de poderes (ejecutivismo) de la dominación priista que seguía vigente en Puebla. No faltan quienes creen que la petición de Nacif disculpa a Marín o minimiza su culpa; creen que como el golpe contra la periodista habría sido idea original del empresario no hay verdadero culpable excepto él, pero es un disparate. Nacif lo pidió mas Marín aceptó, aceptó actuar y actuó. ¿Por qué lo hizo? No debía aceptar y no tenía que hacerlo pero podía aceptar, quiso aceptar, aceptó, y actuó. La idea de Nacif se materializó por Marín. Uno es el origen del deseo de venganza, el otro —el gobernador— es el origen de la efectiva violación de derechos humanos, de la violación como tal. Nacif no le ordenó a Marín, acordó con él. Marín no se vio obligado a obedecer, decidió satisfacer a Nacif. Y de paso mandar un mensaje de refuerzo conductual para el periodismo poblano. Marín, autoritario, se satisfizo a sí mismo ejerciendo su poder, autoritario, hasta un exceso provocado por la ceguera a su vez provocada por la soberbia del poder. El gobernador quiso actuar también fuera de Puebla como podía actuar dentro de Puebla…
El internacionalmente famoso caso Marín–Cacho ¿a qué se debió? ¿Sólo al odio de Nacif contra Cacho? No. No habría existido sin Nacif pero tampoco sin Marín. ¿Sólo a Marín? Ya se dijo que no. Otro ingrediente necesario, indispensable, para la especificidad del caso es el contexto, un enclave autoritario, el priismo poblano de esos años (y anteriores).
Hablamos con énfasis de una acción: la ejecución, y la ejecución es fundamentalmente marinista. La orden de detención, la detención en sí, la tortura, el encarcelamiento momentáneo, todo ello, lo decidió políticamente Marín y lo ejecutó el gobernador a través de Pacheco Pulido, la jueza Pérez y Karam y sus policías. Otra vez: Karam ejecutó la orden de aprehensión, la juez produjo jurídicamente esa orden, con el acuerdo —con un tipo de acuerdo— del magistrado presidente del poder judicial local, por estar sometidos todos al gobernador y éste aliado a Nacif. Por eso habita Marín la cárcel que merece, no por la “duda” de si cometió pederastia junto a Nacif… Si muchos o pocos creen que “el precioso” es pederasta es un asunto que no se está tocando (no hay pruebas de que haya sido pederasta al lado del empresario ni hay pruebas de que no lo haya sido). Y eso no lo hace inocente de autoritarismo y tortura.
Recapitulando y detallando más, el internacionalmente famoso caso Marín–Cacho ¿a qué se debió? ¿Sólo al odio de Nacif contra Cacho? No. No habría existido sin Nacif pero tampoco sin Marín. ¿Sólo a Marín? Ya se dijo que no. Otro ingrediente necesario, indispensable, para la especificidad del caso es el contexto, un enclave autoritario, el priismo poblano de esos años (y anteriores). El sistema autoritario del PRI hegemónico que sobrevivía en Puebla, donde el partido aún era dominante, sistema caracterizado por la no–división de poderes, es decir, por la subordinación del legislativo y el judicial al ejecutivo o el control del gobernador sobre Congreso y Tribunal Superior de justicia, por los medios conexos de mayorías legislativas ya nacionalmente excepcionales y magistrados presidentes formal o informalmente priistas. Cuando es gobernador Marín preside el Tribunal Pacheco Pulido, un político con credencial del partido e integrante de su élite local, que había sido jefe y formador de Marín (con Manuel Bartlett). Pacheco Pulido estuvo sometido a los dos gobernadores de su tiempo judicial, Melquiades Morales y “el góber precioso”. Véase cómo era frente a Morales, como el mismo Pacheco confiesa: “Un día íbamos a Ciudad Serdán y le dije que había que pensar en construir la Ciudad Judicial. Se quedó callado. No dijo nada. Pensé: ‘Mañana renuncio porque no me contestó’”. Es una confesión de Pacheco Pulido para el libro Reconocimiento a la vida y obra de Melquiades Morales. Ecos de una vocación al servicio de Puebla y la República, armado y publicado por El Colegio de Puebla en 2004, cuando el gobernador es… Morales. Un libro que, desde una perspectiva ética, El Colegio de Puebla no debió publicar pero que da cuenta —sin darse cuenta— de la objetivamente criticable predominancia del gobernador en la vida del estado, por lo que es pieza que sirve mucho al investigador.
Si eres un magistrado independiente del gobernador, ¿por qué renunciarías a un cargo del poder judicial por un desacuerdo mínimo con el titular del ejecutivo? Si no supieras que él es tu verdadero jefe, no pensarías siquiera en renunciar por aparentemente molestarlo. Pacheco Pulido no tuvo que renunciar porque no molestó a Morales, quien sólo no le contestó en ese momento; no le pidieron la renuncia porque nunca dejó de complacer al gobernador; pero la reacción natural y cándidamente confesada por Pacheco lo dice todo: sobre su disposición psicopolítica respecto al gobernador y sobre las relaciones reales entre titulares de poderes: subordinación. Priismo clásico. Con hombres como Pacheco y Marín y un sistema como el descrito, ¿quién se atreve a intentar demostrar que las autoridades judiciales poblanas no actuaron contra Cacho por consigna político–personal?
La subordinación judicial es un hecho anterior al gobierno de Morales, un hecho durante el gobierno de Morales y un hecho posterior a éste, con el gobierno de Marín. La prueba de la subordinación de Pacheco al “góber precioso” no está en declaraciones iguales a las de aquel libro sino en acciones y omisiones peores: el caso Marín–Cacho, el ataque a Lydia mediante el papel de una juez.
Esa confesión pachequiana (p. 76) es una muestra patética de que el ejecutivo estaba por encima del judicial; es una prueba de lo que por otros caminos concluí y argumenté antes del caso Marín–Cacho y que éste confirmó: el gobernador priista mandaba sobre el magistrado presidente, siempre, y Pacheco Pulido era un subordinado político y partidista de Morales y Marín. La subordinación judicial es un hecho anterior al gobierno de Morales, un hecho durante el gobierno de Morales y un hecho posterior a éste, con el gobierno de Marín. La prueba de la subordinación de Pacheco al “góber precioso” no está en declaraciones iguales a las de aquel libro sino en acciones y omisiones peores: el caso Marín–Cacho, el ataque a Lydia mediante el papel de una juez. Ése era el sistema priista —¡y aun así hay quienes se atreven a defender al PRI hegemónico!—, y eso es lo que le gustaría tener a López Obrador: cuando ataca a la Corte y a Norma Piña no lucha contra la corrupción judicial federal, que existe pero no en el grado que dice AMLO, sino que lucha contra la independencia judicial. Lo haría feliz feliz feliz que la Suprema Corte fuera tan fácil de usar como el Tribunal Superior que usó Marín y que la ministra Piña fuera tan dócil y entregada como Pacheco Pulido. Un Pacheco Pulido que, entre otras cosas abyectas y contradictorias dichas para el libro citado, afirmó: “Cumplir con el deber no tiene nada de extraordinario, pero cuando rebasa usted ese cumplimiento del deber, como en el caso de Melquiades, los poblanos debemos sentirnos satisfechos y felicitarnos. Yo felicito a Puebla por haber tenido este gobernador” (p. 79). Traducción: “Melquiades” fue extraordinario, según Pacheco. El presidente del poder judicial elogiando hasta el exceso al gobernador en funciones. Ni Arturo Zaldívar… Ése es el sueño de Andrés —¡y aun así hay quienes se atreven a decir que no es priista!
Ojalá se entienda de una vez por todas: el caso Marín–Cacho indica algunos de los riesgos de restaurar o reeditar relaciones ejecutivo–judicial como las que pretende López Obrador. La indivisión de poderes, en general, y la subordinación del poder judicial al poder ejecutivo, en particular, fueron condiciones necesarias para el caso en cuestión.
(Predigo que algún fanático digital habrá “entendido” que hice lo que no hice, culpar a su amado Andrés por lo sucedido a la periodista. Es lo que pasa cuando alguien es fanático y no puede entender lo que lee.)
El affaire Marín–Cacho en específico no es el efecto de difamaciones y calumnias que Cacho no hizo, es el resultado del encuentro desafortunado de un individuo y un sistema. Un individuo lobo con piel de pastorcito juarista de ovejas nuevas. No olvido que Marín se creía el nuevo Juárez. La causa del problema no fue sólo el sistema, porque de lo contrario habrían ocurrido casos idénticos o casi idénticos en todos los sexenios anteriores (hubo otros tipos de represiones); pero tampoco fue sólo Marín, porque bajo un sistema distinto —con división de poderes y un sistema judicial dedicado a la justicia— un autoritario como Marín, de escuela bartlista, no habría podido hacer lo que hizo. Marín quiso hacerlo por lo que era él como político y pudo hacerlo porque el sistema que lo formó también se lo permitió como gobernante. Si no pudo aún más fue porque el PRI y su sistema ya no dominaban todo el país, porque se extendía por el territorio una pluralidad política y mediática más empoderada. Sin aquellos dos elementos tal cual existieron no habría existido el caso Marín–Cacho exactamente como existió. No toleremos que se repitan; antes, no permitamos que siga formándose un caldo para su cultivo… En Veracruz, Cuitláhuac García merodea por esos caminos y, en el plano nacional, voces obradoristas no dejan de exigir que la Suprema Corte no se oponga/no revise nunca al morenista que ocupa y ocupe el poder ejecutivo. Eso es todo.
Marín merece la cárcel. Sus secuaces, como Karam, merecen diversos castigos, unos la cárcel larga, todos el desprestigio y la crítica permanentes. Deben también seguir encarcelados porque libres y despreocupados son un riesgo para Lydia Cacho, y para todos los que hemos persistido en la justa crítica por ya casi veinte años. ®
