Ya no son la coca colombiana o la mariguana y la heroína mexicanas, sino el fentanilo de los cárteles mexicanos y chinos, enemigos que permiten no sólo la intervención de Estados Unidos en su zona de influencia, sino la materialización racial y de clase de los que lo hacen posible: los cárteles mexicanos y sus esclavos.
“El fentanilo es problema de Estados Unidos”, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desde su púlpito mañanero en marzo de 2023 cuando Estados Unidos culpó a China y México de la disponibilidad de fentanilo ilícito en las calles de sus ciudades.
El consumo de esta droga ha matado a más de un millón de estadunidenses y cobra la vida de más de 300 cada día. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden hizo lo que la mitad de la población mexicana hace cuando el presidente tilda de conservador a todo aquel que lo critica: tomarlo como el desplante de un megalómano rojillo.
No obstante, esta vez AMLO tenía razón. La crisis del fentanilo es responsabilidad de Estados Unidos por las leyes y las políticas aplicables en materia de salud, pobreza, delincuencia y drogas que tienen sus consecuencias más negativas en las poblaciones más empobrecidas y racializadas, que hasta 2019 eran fundamentalmente comunidades blancas de la región de los Apalaches (Ohio, West Virginia, Kentucky), y ahora son los hombres de las comunidades afroamericanas a lo largo y ancho del país.
El fentanilo ilícito es producido en China y México. Desde la cuarentena de dos años que siguió al inicio de la pandemia de covid–19, el fentanilo chino fue reemplazado por el mexicano, que es de menor calidad, pero también más disponible por la cercanía geográfica y las rutas de tráfico establecidas por los cárteles mexicanos con infraestructuras y redes de corrupción institucional más amplias: Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Sin embargo, en el nombre del fentanilo mexicano se puede rastrear el origen del problema. La pastillita azul que dice M en una de su caras es conocida como el Mexican Oxy. El fentanilo mexicano llegó a cubrir la demanda de un producto que se retiró del mercado pero fue producido y distribuido masivamente de forma legal a través de consultorios y farmacias en la zona de los Apalaches: el Oxycontin, fabricado por la farmacéutica estadunidense Purdue Pharma. Los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, han sido acusados de traficar el fentanilo hacia Estados Unidos y Ovidio Guzmán fue extraditado por esas acusaciones, a las que tacha de falsas, y se dice chivo expiatorio de un problema que no ocasionó el Cártel de Sinaloa. El Chapito mayor pudiera tener razón porque sería un error reducir el problema de las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos a las acciones de los cárteles mexicanos e incluso a las operaciones de Purdue Pharma, la corporación farmacéutica propiedad de la familia Sackler.
La pastillita azul que dice M en una de su caras es conocida como el Mexican Oxy. El fentanilo mexicano llegó a cubrir la demanda de un producto que se retiró del mercado pero fue producido y distribuido masivamente de forma legal a través de consultorios y farmacias en la zona de los Apalaches.
En México nos familizarizamos con los Sackler en 2023 debido a las series popularizadas en diversas plataformas de streaming: los dramas Dope Sick y Painkiller. Estos dramas estelarizados por Michael Keaton y Matthew Broderick, respectivamente, presentan a los Sackler como un clan clasista que no tiene problemas en lucrar con el dolor crónico del white trash, las masas de hillbillies, los rednecks que se dedican a trabajos manuales y físicos, a quienes terminan por responzabilizar de su adicción. El autor intelectual del Oxycontin, Richard Sackler, es presentado como un sociópata que solamente puede mostrar afecto a su perro. Después del estreno de estas series en el verano de 2023 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revocó en agosto el acuerdo en el que se exonera a los Sacklers con una multa de más de 600 millones de dólares tras perder una demanda civil.
Pareciera una crítica incisiva de los responsables de la “crisis de los opioides” y una especie de mea culpa, un reconocimiento de Estados Unidos sobre su responsabilidad en este fenómeno del que un día al otro se habla por todos lados. Sería ingenuo pensar que esto es así. Más bien hay que leer el trasfondo político, a saber.
1. Responsabilizar a los Sackler y a los Chapitos crea un chivo expiatorio que permite a los culpables, las corporaciones legales, seguir operando.
Helena Villar dice en su libro Esclavos Unidos. La otra cara del American dream, que detrás de la crisis de opioides están tres de sus fabricantes: SpecGxla, subsidiaria de Mallinckrodt, Actavis Pharma y Par Pharmaceutical, subsidiaria de Endo Pharmaceutical. Junto con ellas están los distribuidores, seis enormes compañías: McKesson Corp., Cardinal Health, Walgreens, AmerisourceBergen, CVS y Walmart. Estas empresas tienen un enorme poder de lobby en la Administración de Alimentos y Medicamentos (la famosa FDA) y el congreso estadounidense, el cual está permitido en el marco legal que las rige. Según el análisis de Villar, los altos precios de los medicamentos hacen también que las personas busquen remedios en los mercados ilegales (fentanilo mexicano) o legales (medicamentos no destinados a la salud humana, como los antibióticos para peces, que tienen fuertes consecuencias para la salud).
2. Racialización de las sobredosis por fentanilo. Mientras que desde mediados de los noventa hasta 2018 las principales víctimas de la pandemia de sobredosis por opioides fueron personas de raza blanca que habitan los estados con mayor incidencia en cáncer y accidentes que dejan dolencias crónicas, desde el inicio de la cuarentena en 2019 las muertes se han incrementado entre varones afroamericanos más allá de la zona de los Apalaches, en lugares como Pittsburg y Los Ángeles.
El que la epidemia esté ahora en la comunidad afroamericana ya afectada por el consumo de heroína desde hace décadas quiere decir que el abordaje institucional dejó de ser de salud pública y se convierte en un asunto que abordar desde un marco punitivista derivado de la “guerra contra las drogas”, la “guerra contra el crimen” y la “guerra contra la pobreza” que desde los cincuenta son políticas clasistas y racistas que se usan para tratar autoritariamente la pobreza y la discriminación estructural que sufren las comunidades afrodescendientes y las latinas.
3. Renovación de su dominio geopolítico sobre su zona de influencia y de migración forzada. En la medida en que otras drogas están en desuso y el fentanilo se coloca como la droga que mata más norteamericanos pobres —blancos, pero crecientemente afrodescendientes y latinos—, permite al gobierno estadounidense actualizar su política antidrogas hacia su zona de influencia, que es además fuente de migración forzada: México y sus fronteras desterritorializadas (Puerto Rico en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica).
Es frecuente que el fentanilo se encuentre en las muertes por sobredosis junto con otras drogas de orden recreativo, como heroína o cocaína. No se sabe si de forma intencional o accidental, pero el fentanilo es parte del coctel. Esta droga está superando el consumo de esas otras, al mismo tiempo que la mariguana está siendo aceptada y legalizada para producción y consumo particular. El fentanilo se erige como el nuevo villano.
Ya no son la coca colombiana o la mariguana y la heroína mexicanas, sino el fentanilo de los cárteles mexicanos y los chinos, enemigos que permiten no sólo la intervención ya clásica de Estados Unidos en su zona de influencia (México y Colombia) sino la materialización racial y de clase de los que lo hacen posible: los cárteles mexicanos y sus esclavos (migrantes, hombres jóvenes). Esto hace un nuevo perfil para sus políticas urbanas, migratorias y contra la pobreza basadas en la racialización del delito, al tiempo que renueva su política de guerra contra las drogas a escala internacional. ®
