Después de dieciséis años parece que hemos encontrado el argumento: desvío de recursos públicos a instituciones privadas que funcionan como si fueran programas públicos, pero no lo son. Así funciona el Teletón, que nos dicen es de todos, pero no.
En nuestra propia cara y con nuestra autorización o legitimación, según sea el caso —queriendo o no, porque tampoco nos preguntaron—, hemos permitido que se monopolice y se desvirtúe la atención de la discapacidad en este país, porque discapacidades hay muchas y necesidades también, no solamente de salud y empleo.
Rafael Cabrera, en un trabajo periodístico excepcional en la revista emeequis, pone el dedo en la llaga y ofrece argumentos infalibles para poder emitir cuestionamientos sustentados en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que se destinan a la Fundación Teletón, la cual, como sabemos, es un organismo de la iniciativa privada.
Retomo algunos datos relevantes: uno de cada tres pesos que Teletón capta provienen de recursos públicos; hasta 2011 llevaban un total de 4 mil 635 millones de pesos “recaudados” provenientes del fondo público, transferidos a su fundación para poder rehabilitar entre mil y mil quinientos niños al año, de los 518 mil niños que reporta el INEGI de entre cero y catorce años que presentan discapacidad con diversas condiciones como ceguera, sordera, deficiencias cognitivas, psicosociales y motrices, entre ellas la musculoesquelética —única discapacidad que en su mayoría atienden los CRIT-Teletón.
Clara Jusidman, economista e investigadora del Banco de México, de El Colegio de México y de la Dirección General de Estadística, advierte que “Se está privilegiando a un pequeño grupo de personas de escasos recursos a un alto costo para la sociedad. No se está garantizando la atención para todos. Y eso es algo que deberían hacer los gobiernos. Están renunciando a su obligación y delegan su responsabilidad a un proyecto privado”.
La fórmula para la recaudación, al menos la que se hace de manera pública, la conocemos, pero desconocemos la fórmula para la recaudación “privada” con recursos públicos; ahí está lo preocupante, cuando se legisla para desviar recursos públicos que en teoría debieran ser designados a la misma estructura estatal que brinda el servicio de rehabilitación. En 2009, tras el incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, donde 49 niños perdieron la vida, el congreso local de Sonora no dudó en aprobar una ley que bien podría tratarse de la reivindicación de un gobierno que buscaba borrar la ineptitud heredada de la gestión anterior, quedando establecido que la Fundación Teletón recibiría la cantidad de 34 millones 320 mil pesos anuales en el periodo de 2010 a 2020, siguiéndole los gobiernos del Estado de México y actualmente el de Michoacán, donde el gobernador Fausto Vallejo declara sin el menor empacho que si bien es imperativa la obligación del Estado de atender a todo aquel que requiera rehabilitación, “los servicios son insuficientes, aunque de buena calidad, pero no especializados en tecnología de punta […] por lo que coordinará recursos con la Fundación Teletón para el establecimiento de un Centro de Rehabilitación Infantil en la entidad que preste sus servicios a los habitantes”. Debe recordársele al gobernador que Teletón nada más atiende a población infantil y que los servicios de rehabilitación también son necesarios para la población adulta con amputaciones por diabetes o con secuelas derivadas de lesiones por conflictos armados, por ejemplo.
Para cuestionar el funcionamiento fiscal de Teletón olviden las cadenas de mails que hacen alusión a los donativos para la Fundación Televisa, que nada tiene que ver; el argumento está en los “convenios” que la Fundación Teletón establece con los gobiernos estatales a costa del erario público, asignándole presupuesto público a un organismo privado, pasando por alto los artículos constitucionales 116 y 134 que establecen, respectivamente, la regulación de Presupuestos de Egresos de un Estado y sus prohibiciones.
¿Donar o no? Esa es la cuestión. Si me preguntan, diría que no, pero cada quien hace con su dinero lo que quiere y lo que puede. ¿Por qué no donar? Porque el sistema fiscal en general no me produce confianza y desconozco en absoluto su funcionamiento, no por falta de interés sino por falta de acceso a una información que me permita entender clara y oportunamente cómo funciona, quién y por qué paga, qué cosa; unido esto a un discreto maquillaje que ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a publicar un interesante manual para detectar recetas de contabilidad a partir de la evidencia de que “varios países desarrollados también maquillan sus cuentas para embellecer sus déficits”, como refiere Juan E. Padiernas en su artículo “La bomba discreta”. La recaudación de fondos es vital para organismos civiles y la donación no es la única forma, existen prácticas comunitarias sanas, como el cooperativismo, que bien puede ser una manera eficiente para lograr la captación de recursos.
El observatorio económico México ¿Cómo vamos?, descrito como una iniciativa presentada en el portal del Instituto Mexicano de Competitividad, A.C., señala que para lograr un crecimiento sostenido es necesario hacer cambios estructurales, empezando por generar mayor conocimiento de temas económicos entre la población, explicar de la manera más clara y sencilla posible ¿cómo vamos, qué necesitamos y por qué?, con el fin de socializar los temas, desmitificar aspectos de la economía con datos duros, explicando los efectos de ésta en la cotidianidad de la población.
Para cuestionar el funcionamiento fiscal de Teletón olviden las cadenas de mails que hacen alusión a los donativos para la Fundación Televisa, que nada tiene que ver; el argumento está en los “convenios” que la Fundación Teletón establece con los gobiernos estatales a costa del erario público, asignándole presupuesto público a un organismo privado, pasando por alto los artículos constitucionales 116 y 134 que establecen, respectivamente, la regulación de Presupuestos de Egresos de un Estado y sus prohibiciones.
Involucrarse en las “causas sociales” no consiste en obsequiar unas monedas que no afecten nuestro bolsillo, implica un acto de compromiso civil, ejercer el derecho de ciudadanía, exigir transparencia de los recursos y su correcta asignación a las necesidades de la población; como siempre, no es la falta de recursos sino la administración y la vigilancia de éstos lo que nos falla.
Cuando los fenómenos sociales aquejan a un sector de la población lo que éste necesita no son estímulos exacerbados con fuertes cargas emocionales por parte de los “otros” que están bien, se necesita legislar para disminuir las brechas de desigualdad; se necesita sensibilizar a la población en general para que no sólo los quiera, sino que les dé “permiso” de mezclarse entre ellos en condiciones de igualdad: ya saben, casarse, tener hijos, sexo, vicios, una casa propia a su nombre, cuentas de banco, autos, para lo cual necesitarían primero acceder a un sistema de salud, pero no permanente, después a un sistema educativo, no necesariamente escolarizado, pero sí oficial, y después tener un empleo, salir de la casa de sus padres, hacer su propia familia, participar en su comunidad votando, emitiendo opiniones, haciendo manifestaciones, exigiendo sus derechos, etc., y así prevenir la marginación, exclusión y discriminación de la cual son objeto. También es necesario crear programas públicos de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, de igual reconocimiento como personas ante la ley; acceso a la justicia, a la vivienda, inserción comunitaria, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (como las que existen en los psiquiátricos), protección contra la violencia y el abuso, derecho a vivir en forma independiente, libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, respeto a la privacidad, nivel de vida adecuado y protección social, participación en la vida política y pública, participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte; ah sí, y también se necesitan programas de habilitación y rehabilitación (parecidos a los del Teletón), todo esto desde las propias estructuras del Estado, para lo cual se necesita voluntad y conciencia de un gobierno maduro y no remedos como los que hemos tenido. Se necesitan organismos civiles y no clientelas ofertadas al mejor postor; se necesita hacer exigibles los derechos bajo principios de justicia y, desde luego, se necesitan recursos, recursos para atender al fenómeno social que aqueja a la población con discapacidad, la cual, dicho sea de paso, no se compone únicamente de niños con autismo o limitación musculoesquelética; tampoco toda la población que vive en condición de discapacidad necesita rehabilitación física; estos “niños-Teletón” y sus familias necesitan también todo lo anterior. Por eso no donaría, y menos al Teletón, que presume de tecnología de punta pero al que le urge actualizarse en materia de derechos humanos.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, acuerdo internacional que no sólo firmó México obligándose a cumplirlo, sino que además promovió ante el Comité General de la ONU por medio de Gilberto Rincón Gallardo, no propone una descripción clínica de la discapacidad como la que maneja Teletón. De acuerdo con el marco revolucionario de ideas, hoy en día se considera que la discapacidad es un “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones”.
Es decir, que la discapacidad no está en la persona, la persona no está “mal” ni “enferma” y mucho menos hay que “ayudarla”; hay que hacer adecuaciones al medio que la rodea, el cual no está preparado para recibir a una persona que tiene distintas maneras de funcionar, de trasladarse, de entender el mundo, de percibir y de comunicarse, y debido a esa diversidad se encuentra con barreras de actitud en su entorno, una de ellas el considerarlas enfermas, incapaces o en estado de idiotismo o imbecilidad, privadas de sus facultades mentales, como refieren la mayoría de los códigos civiles de este país. De contar con un organismo fuerte en materia de discapacidad desde el paradigma de los derechos humanos ya se habría llevado a cabo la acción prioritaria de armonizar el marco legislativo.
Y no es que prescindamos de ese organismo público Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, encargado de regular todo esto que de manera general llamamos políticas públicas, el “detalle” es que en la anterior administración federal, a pesar de que se creó ese organismo, al final éste terminó funcionando de adorno, sufriendo el desdén, al menos en términos presupuestales, ya que hasta este momento sólo se cubren los sueldos de los funcionarios, no así los gastos de operación.
En nuestra propia cara y con nuestra autorización o legitimación, según sea el caso —queriendo o no, porque tampoco nos preguntaron—, hemos permitido que se monopolice y se desvirtúe la atención de la discapacidad en este país, porque discapacidades hay muchas y necesidades también, no solamente de salud y empleo.
Dicen que la esperanza muere al último y ahora corresponderá al presidente Enrique Peña Nieto enderezar el camino para voltear a ver al Conadis con la misma emoción que mostró en la emisión del Teletón, con la diferencia de que aquí, en vez de donar amistosamente, primero y de acuerdo con sus funciones como representante del Poder Ejecutivo y con base en la Ley General de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, asignará o ratificará a su titular, y como las buenas intenciones del discurso se miden con la asignación de presupuesto, esperemos que antes de dar las laptops que prometió en campaña asigne dentro del paquete económico un presupuesto digno para el Consejo encargado de transversalizar las políticas públicas en materia de discapacidad.
Así, en el mismo tenor y con una emoción similar, porque no soy muy emotiva, me gustaría también, como una simple ciudadana que emitió su voto en blanco, extender una atenta y amable invitación para que el presidente se sume a este esfuerzo no de solidaridad, sino de gobernabilidad, que exigimos las organizaciones de derechos humanos a favor de las personas con discapacidad.
De igual manera, extiendo muy amablemente la invitación a la señora Angélica Rivera “de” Peña para que, de ocupar algún cargo público, promueva las medidas inmediatas y efectivas que enuncia el Artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referente a la toma de conciencia, un aspecto que será de gran beneficio para la población que vive bajo la condición de discapacidad, incluyendo a su hermana “Carito”. ®
