No cabe duda de que los ministros fueron hábiles: se quitaron de encima la presión causada por la decisión política de atribularlos, dan la imagen de congeniar con el “pueblo bueno y sabio” y mediáticamente se presentan como juristas de avanzada.
Aníbal de Mar (el Tremendo Juez) y Leopoldo Fernández (José Candelario Tres Patines), de La Tremenda Corte, en el programa Pototo y Filomeno.
El 1 de octubre de 2020 no ganó el Derecho en la Corte, triunfaron las ganas de quedar bien, el deseo de librarse de un problema, la intención de echarle una manita a alguien ignoto y la simple estupidez. El texto para la consulta popular aprobado por mayoría de ocho votos por la Corte es el siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Ok. Desmenucemos.
“Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal.” Ésta es una falla lógica hasta para un chico de segundo de secundaria: Es imposible no estar de acuerdo cuando las acciones son pertinentes: lo contrario es ser un imbécil. Es pertinente echarle gasolina al coche para que arranque, de otra forma sólo es hacerse tonto o no tener la intención de manejarlo.
De la misma forma, nadie puede estar en desacuerdo con que las cosas se hagan “con apego al marco constitucional y legal”. Si no concuerdo, entonces caigo en lo ilegal, por lo que la primera parte de la pregunta: “Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal” obliga a un sí rotundo.
Pero es la segunda parte en donde está la trampa jurídica: “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasado por los actores políticos”. Vaguedad absoluta: Primero, emprender no es un término jurídico, sino económico o comercial. El correcto, que usa cualquier estudiante de Leyes, es “incoar”, y si se pretende hacerlo más coloquial, podría decirse “iniciar un proceso”. ¿Por qué usaron emprender? Sencillo: para que se trate más de una operación mediática que jurídica; porque además “incoar” implica ir a los tribunales, y “emprender” puede hacerse en simples redes sociales. Es una cortina de humo gramatical. Pero si lo primero es neblina, lo segundo es un pantano: “proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. Veamos.
“Proceso de esclarecimiento”: No existe tal proceso en la ley y lo saben. Además, “esclarecer” significa “dar luz sobre la veracidad de los hechos”. De ninguna forma esto implica un “proceso penal”, que se trataría de algo complemente aparte.
Las “decisiones políticas” no son necesariamente decisiones jurídicas. “Los actores políticos” somos todos, pues el simple hecho de emitir sufragio es un acto político. Vamos, cumplir dieciocho años convierte a cualquiera en “actor político”. Parece que adrede se procuró la ambigüedad, pues teniendo un juicio su origen en esta consulta, cualquier “actor político” podría argumentar que su acción fue un “acto administrativo” y no una “decisión política”, algo indefinido en la legislación. Es una puerta de escape para cualquier indiciado.
¿Quiénes son las “posibles víctimas”? ¿El empresario que no salió adjudicado por mil millones de dólares en una concesión petrolera o el raterillo achicharrado mientras robaba combustible? ¿El señor resentido que visitó Los Pinos y se indignó del lujo o el magnate chino que soñaba poner una vía ferroviaria en Tehuantepec? ¿El sindicalista flojo que quiere retirarse a los 49 años o los investigadores del INAH que no pudieron desenterrar un can antediluviano?
Y por último, la críptica acotación: “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. La primera parte, “encaminado a garantizar la justicia”, es un buen eslogan para la nueva liga de Batman, Iron Man, Supermán y Chanoc. A eso se traduce su infantilismo. Pero la segunda es una verdadera tomada de pelo, pues ¿quiénes son las “posibles víctimas”? ¿El empresario que no salió adjudicado por mil millones de dólares en una concesión petrolera o el raterillo achicharrado mientras robaba combustible? ¿El señor resentido que visitó Los Pinos y se indignó del lujo o el magnate chino que soñaba poner una vía ferroviaria en Tehuantepec? ¿El sindicalista flojo que quiere retirarse a los 49 años o los investigadores del INAH que no pudieron desenterrar un can antediluviano? ¿El cineasta que piensa que la falta de apoyos le impidió realizar esa obra maestra que no tiene ni guión? ¿El nuevo alcalde que encontró sólo cucarachas en las arcas delegacionales o yo mero, al que le han cuadruplicado el cobro de energía eléctrica? Como se ve, todos podemos ser una “posible víctima”. El Derecho requiere precisión: hablar de “posibles víctimas” es únicamente un recurso retórico para que cualquiera que se sienta agraviado se acomode.
Por supuesto, la pregunta que redactó la Corte garantiza gran participación en cualquier encuesta: ¿Quién no está del lado de la lógica y la legalidad, del “emprendimiento” de la justicia y de la claridad? ¿Quién no se siente víctima? Pero el hecho de que haya gran afluencia de ninguna forma significara que se incoe proceso alguno. Todo lo contrario: nos hundiremos en el lodazal de las discusiones sobre cuestiones tan elementales como qué es una “decisión política”. Eso sin mencionar que en medio del maremágnum de acusaciones y contraacusaciones un buen abogado recuerde principios del Derecho elementales como la irretroactividad y el debido proceso, que sí están asentados en la Constitución.
No cabe duda de que los ministros fueron hábiles: se quitaron de encima la presión causada por la decisión política de atribularlos, dan la imagen de congeniar con el “pueblo bueno y sabio” y mediáticamente se presentan como juristas de avanzada. Y además, gracias a su incoherente galimatías, garantizan impunidad a todos esos “actores políticos” que cuentan con excelentes defensores. Lo siento por las “posibles víctimas” que verán cómo sus anhelos de revancha se quiebran como glaciares antárticos gracias a una pregunta digna de una esfinge cantinflesca. ®
