Es posible que pueda suceder otra vez algo tan terrible como la desaparición de 43 estudiantes, aunque sea en otro municipio, con otras personas. El riesgo sigue allí porque en México no hemos caído en la cuenta de que, a un año, las condiciones siguen iguales que como estaban en la noche del 26 de septiembre de 2014.
La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sigue siendo una dolorosa marca indeleble en la conciencia del país. A un año de distancia de los hechos el paradero de la mayoría de los desaparecidos, la aclaración puntual de lo sucedido aquella noche y el ejercicio de la justicia siguen todavía pendientes.
Hoy continúan las confusiones, lagunas y contradicciones sobre la verdad de aquellos acontecimientos, que en buena medida expresan las del país en su conjunto. Por ello son necesarios trabajos que busquen, con todas sus limitaciones, armar un relato coherente que nos permita conocer y comprender cómo y por qué sucedieron tan deplorables hechos.
Uno de los más completos esfuerzos periodísticos en esa dirección es La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México: Grijalbo, 2015), libro de Esteban Illades, con quien conversamos sobre diversos aspectos del asunto.
Illades (Ciudad de México, 1986) es maestro en Periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York. Editor de Nexos, ha colaborado en medios como El Nuevo Herald, de Miami, Milenio Diario, Chilango, Reforma, El Economista, El Universal y Al Jazeera, entre otros.
—¿Por qué publicar hoy un libro como el suyo, una reconstrucción de “una de las calamidades más grandes de los últimos años”, como usted la llama?
—Justo hace un año fue la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y creo que es algo que va a definir una generación y, cuando menos, el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Antes de la desaparición de los 43 estudiantes todo el discurso era sobre las reformas estructurales y el avance del país, y se había dejado de hablar de la violencia. Pero vino Tlatlaya un par de meses antes, después la desaparición de los 43 estudiantes. Después tuvimos más casos, como Tanhuato y Ostula, por ejemplo. Todo esto nos recuerda algo importante: que la violencia sigue presente en este país.
Éste es un libro que si bien busca explicar qué sucedió esa noche, es un trabajo inconcluso porque le faltan muchas respuestas que tendremos que seguir buscando. A mí lo que me interesa es dar un contexto de cómo pudieron desaparecer 43 estudiantes en una ciudad tan poblada; es decir, explicar todas las causas que hay detrás: narcotráfico, pobreza, educación, la historia de Guerrero y de Iguala.
En el caso concreto de los estudiantes de Ayotzinapa a mí lo que me interesó en los primeros días después de su desaparición fue tratar de entender que algo así pudiera suceder.
Al investigar para el primer reportaje que hice y que se llamó “El polvorín que nadie olió”, que se publicó en Nexos, lo que encontré fue que en Iguala había muchas causas, muchas advertencias que nadie volteó a ver, empezando por José Luis Abarca, el entonces presidente municipal de Iguala. Al ver eso nos fuimos dando cuenta de que hubo muchos focos rojos que no se atendieron y que después, lamentablemente, se juntaron para dar pie a la desaparición de los 43 estudiantes y la muerte de seis personas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Éste es un libro que si bien busca explicar qué sucedió esa noche, es un trabajo inconcluso porque le faltan muchas respuestas que tendremos que seguir buscando. A mí lo que me interesa es dar un contexto de cómo pudieron desaparecer 43 estudiantes en una ciudad tan poblada; es decir, explicar todas las causas que hay detrás: narcotráfico, pobreza, educación, la historia de Guerrero y de Iguala.
—¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo para realizar su investigación?
—Sintetizar toda la información, y más que nada poder corroborarla, porque teníamos muchísima no corroborable de distintos lados. Teníamos las declaraciones, los testimonios de los estudiantes, de testigos y después de los detenidos, y por lo menos en la parte de qué sucedió en Iguala esa noche pues sí había muchas contradicciones y muchas cosas que no se podían probar.
Lo que yo hice para este libro fue tratar de encontrar coincidencias en las distintas declaraciones y testimonios para poder dar, más o menos y a grandes rasgos, una línea del tiempo de lo que sucedió esa noche. El problema más grande allí fue que lo único que tenemos hasta ahora —y ésa es una de las grandes quejas que se han hecho sobre la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)— son declaraciones de detenidos, y en México, lamentablemente, muchas veces éstos son obligados a declarar con torturas.
—El primer informe de los hechos lo dio la Fiscalía General de Guerrero, luego vino la “verdad histórica” de la PGR y al final, hasta ahora, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). ¿Cuáles son las grandes divergencias que hay entre estas tres versiones? Se habla desde la hora en que los estudiantes llegaron a Iguala y el caso del quinto camión, por ejemplo.
—Tenemos tres investigaciones: la de la Fiscalía de Guerrero, que estuvo trabajando diez días hasta que la PGR atrajo el caso, y paralelamente el GIEI hizo una investigación sobre las investigaciones. Los expertos revisaron todos los pasos que llevaron tanto la procuraduría de Guerrero como la general, e hicieron su propia investigación siguiendo esas pistas para llegar a sus hipótesis.
Creo que lo que nadie discute en este caso es si llegaron cien estudiantes a Iguala sino otros asuntos. Al principio se decía que habían ido a sabotear el informe de María de los Ángeles Pineda, pero ya quedó claro que iban por autobuses.
Las grandes divergencias en esa primera etapa son sobre qué sucedió, dónde murieron estos estudiantes: el GIEI dice que las investigaciones que hicieron las procuradurías de Guerrero y la general están mal hechas. Por ejemplo, está el caso de dos estudiantes que murieron esa noche, de los que no se sabe bien a bien a qué hora murieron porque la PGR encimó dos escenas del crimen, y hay evidencias de las que no se sabe si corresponden a una escena del crimen o a otra.
Después de eso la divergencia más grande es que la PGR asegura, a partir de las detenciones de miembros de Guerreros Unidos, que los estudiantes fueron llevados al basurero del municipio de Cocula, los mataron y sus cuerpos fueron quemados. La Comisión Interamericana, en la conferencia de prensa que dio hace cuatro semanas, dice que científicamente es imposible que eso haya podido suceder. Aquí tenemos la mayor divergencia: para la PGR los estudiantes fueron asesinados y los cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula, mientras que el grupo de expertos dice que eso no es posible.
—Un asunto interesante al comienzo de su libro es el recuento de enfrentamientos entre distintas bandas delictivas que actúan incluso a escala nacional, como Los Zetas y los cárteles del Golfo y Sinaloa. Llega hasta la detención y muerte de varios miembros de los Beltrán Leyva. ¿Los hechos de Iguala se dieron a partir de la fragmentación y enfrentamientos de estos grupos del narcotráfico?
—Creo que, sin duda, ésa es la principal causa de todo esto. Si hablamos de que en Guerrero hay 22 cárteles distintos, a partir de la caída de los Beltrán Leyva los que estaban bajo sus órdenes, como los Guerreros Unidos y los Rojos, empezaron a pelear por el control del estado.
En Acapulco otros cárteles se dividieron y empezaron a pelear también; pero Iguala es la puerta de entrada a la zona de cultivo de amapola en Guerrero: allí se cultiva el 45 por ciento de la amapola del país. Es una plaza muy lucrativa porque la amapola se vuelve a trabajar, se vuelve lo que se llama la goma, que posteriormente son opiáceos y después se vuelve ya sea morfina (en términos legales) o heroína (en términos ilegales).
Si ahora uno ve las estadísticas, en Estados Unidos ésa es la droga cuyo consumo más ha aumentado en los últimos años. Estamos hablando de que al nivel más básico eso es un negocio de cientos de miles de dólares, y a nivel más amplio estamos hablando de miles de millones de dólares. Por eso, mientras siga aumentando el consumo en Estados Unidos vamos a seguir teniendo a grupos criminales que se va a pelear el control de esa planta.
Creo que ésa es una de las causas, porque si uno también ve las estadísticas y los reportes de los días anteriores a la desaparición de los estudiantes, se encuentra con que tanto Guerreros Unidos como Rojos se habían enfrentado en los municipios cercanos, en Tepecuacuilco, por ejemplo, y había habido varias decenas de muertos justo porque se estaban peleando el control de la distribución de la droga.
—Hace también una sucinta historia de las normales rurales, e incluso hay una descripción del peso que tenía la de Ayotzinapa en la región. En ese sentido, ¿considera que la desaparición de los normalistas haya tenido un matiz de represión contra los movimientos sociales?
—Guerrero tradicionalmente ha tenido movimiento sociales muy fuertes desde hace más de medio siglo, y los estudiantiles en particular han sido muy fuertes. Las 16 normales rurales, tras su desincorporación del sistema federal, dependen del gobierno del estado donde se encuentren. En Guerrero la Normal de Ayotzinapa tenía muchos desencuentros con el gobierno, en particular con Ángel Aguirre. Desde 2011, en las manifestaciones a las afueras de Chilpancingo fueron asesinados dos estudiantes por las policías estatal y municipal; pero también uno de los estudiantes aventó un coctel molotov contra una gasolinería y murió un empleado de ésta. Hubo grandes enfrentamientos.
En Guerrero muchas veces se toleraba, por ejemplo, que los estudiantes se llevaran los autobuses. Existe una relación entre el gobierno y la normal como de tolerancia, pero también de negociación, aunque a la vez ninguno se quiere. La normal rural, en los últimos años, ha tenido bajas importantes en su presupuesto: los estudiantes viven con entre 17 y 30 pesos al día, que es menos de la mitad de un salario mínimo. Ellos también obtienen dinero a través de la toma de casetas y del boteo, por ejemplo.
Sin duda, los normalistas estaban en la mente de José Luis Abarca, porque habían ido a Iguala a exigir solución a ciertas demandas. Así que el gobierno los ubicaba de forma perfecta; en las declaraciones de los detenidos se habla despectivamente de los estudiantes, a los que llaman “los ayotzinapos”.
En Guerrero muchas veces se toleraba, por ejemplo, que los estudiantes se llevaran los autobuses. Existe una relación entre el gobierno y la normal como de tolerancia, pero también de negociación, aunque a la vez ninguno se quiere. La normal rural, en los últimos años, ha tenido bajas importantes en su presupuesto: los estudiantes viven con entre 17 y 30 pesos al día, que es menos de la mitad de un salario mínimo.
Se hablaba mucho de los “ayotzinapos” la noche del 26 de septiembre; si uno ve las declaraciones de los detenidos, decían: “Ya llegaron los ayotzinapos, son cien”. Lo dicen el Terco Rodríguez y Marco Antonio Ríos Berber, por ejemplo. Lo que falta por aclarar es que también decían que los “ayotzinapos” estaban infiltrados por los Rojos.
—Es una declaración de Sidronio Casarrubias, uno de los jefes de los Guerreros Unidos…
—Ríos Berber también lo dice. Pero falta esa parte crucial: hasta ahora no he encontrado ninguna evidencia que diga que los estudiantes eran miembros de los Rojos.
Lo que me llama la atención es que varios de los detenidos les hagan esa acusación. A mí me gustaría saberlo realmente; voy a seguir investigando porque existe esa idea dentro de los Guerreros Unidos de que los estudiantes tenían algún vínculo con el crimen organizado. Cuando tradicionalmente se habla de que la normal rural, por ejemplo, tiene más bien vínculos con otro tipo de grupos armados, como la guerrilla, como el EPR y el ERPI.
—En el libro también recuerda varios episodios violentos de la política guerrerense, desde el gobernador Raúl Caballero Aburto, pasando por la guerra sucia, el caso Radilla, hasta Aguas Blancas, por ejemplo. ¿Esta violencia política cómo se engarza con la del narcotráfico en el caso de Iguala?
—Estamos hablando de Caballero Aburto, militar retirado que a mitad de los cincuenta y a principios de los sesenta fue gobernador, cuyas fuerzas abrieron fuego contra manifestantes en Chilpancingo. También está el caso de Rosendo Radilla, el primer caso declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como desaparición forzada en México. También tuvimos Aguas Blancas en 1995, así como los llamados “vuelos de la muerte”, en los cuales personas vivas eran subidas a aviones y eran aventados al vacío Éstos se iniciaron en Guerrero y después, lamentablemente, se exportaron a Argentina.
Tenemos una historia realmente de tragedia en Guerrero, de antagonismo muy grande entre el gobierno y la población, en particular en este caso con los militares. Por eso en gran parte allí surge la guerrilla: primero Lucio Cabañas con el Partido de los Pobres, y después Genaro Vázquez.
Todo esto hace que, sin duda, Guerrero sea un estado muy difícil de manejar, con muchos conflictos. Ahora, con el crecimiento del narcotráfico a partir de la producción de heroína, hay muchos factores que hacen que 43 estudiantes puedan desaparecer a mitad de Iguala. Y no sólo ellos, sino mucha gente más, lo cual es un dato horrible.
Iguala está muy por encima de la media nacional no sólo en homicidios sino también en desapariciones, al igual que Cocula, Chilpancingo y Acapulco (las últimas son dos de las tres ciudades más violentas de México).
—Otro asunto clave: el papel del Ejército en la zona. Ya habló de la guerra sucia, pero después hubo episodios muy raros: por ejemplo, la donación que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo de un predio en Iguala, en el que Abarca terminó por hacer un centro comercial. Y también ¿cómo fue allí la guerra contra el narco?
—Ése es un tema muy interesante: José Luis Abarca, que era uno de los hombres más ricos de Iguala, unos años antes de todo esto, cuando todavía no era presidente municipal, negoció a través del gobierno con la Sedena, y ésta le dona un terreno suyo para construir un centro comercial, Galerías Tamarindos, que es el más grande de Iguala. Abarca no pagó un solo peso por recibir este terreno, invirtió aproximadamente 22 millones y el resto lo consiguió a través de préstamos y de otros inversionistas. Así hizo un centro comercial de 300 millones de pesos que se hizo en un suelo que originalmente era de la Sedena.
En cuanto a la guerra contra el narcotráfico, es muy interesante: si ves los decomisos que se hicieron de drogas el año pasado en Guerrero e incluso a escala nacional, hablamos de toneladas de cocaína y de mariguana, pero de heroína (que es lo más productivo) sólo se decomisó un kilo.
Entonces, cuando hablamos de que hay una producción muy grande en Guerrero y que es un negocio muy lucrativo, uno se tiene que preguntar cómo es posible que sólo se haya decomisado un kilo de heroína en México en 2014.
Creo que también allí hay una clave para explicar por qué pudo suceder la desaparición de 43 estudiantes: porque es un negocio sumamente lucrativo, en el que muchas partes se están beneficiando.
—Es evidente que Abarca tenía apoyos y padrinos locales y estatales, pero ¿en el nivel federal cuál era su peso? Porque está el asunto mencionado del predio de la Sedena o que ya había sido previamente denunciado ante la PGR por dos asesinatos, lo cual no fue investigado a profundidad.
—Abarca, antes de ser presidente municipal, nunca había participado en la política. Él era empresario y de repente fue elegido candidato por el PRD; pero había negociado antes con el PRI y con el PAN. Es decir, no tenía preferencia política con tal de llegar a la presidencia municipal.
Cuando el PRD decidió lanzarlo, algunas voces internas comentaban que no era el candidato mejor posicionado, y que de hecho su esposa tenía vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, eso no se tomó en cuenta y fue elegido presidente municipal, mientras que su esposa fue nombrada presidenta del DIF. A los pocos días de haber sido elegido, Justino Carvajal Salgado (sobrino de Félix Salgado Macedonio), uno de sus competidores, apareció muerto en circunstancias sospechosas.
Después, tras una serie de discusiones que se encuentran en los registros públicos de Iguala, Abarca y Arturo Hernández Cardona, opositor y líder de una organización social, pelearon. A los pocos días éste apareció muerto en una zanja. Hay testimonios de que el propio Abarca fue quien le disparó para asesinarlo.
También tenemos que María de los Ángeles Pineda, pocos días antes de la desaparición de los estudiantes, había participado en la elección interna del PRD y había sido elegida consejera estatal, con lo que los Abarca iban a tener influencia a escala estatal. Además Abarca, según se dijo en medios locales, se estaba preparando para ser diputado federal en la siguiente elección.
Sí existían investigaciones, había averiguaciones previas abiertas en Guerrero: Iñaki Blanco, quien entonces era el procurador de Guerrero, dijo que sí contactó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y le avisó de aquellos asuntos. La SEIDO tomó nota pero, por alguna razón que desconocemos hasta ahora, nunca se actuó contra los Abarca.
No fue sino hasta que desaparecieron los 43 estudiantes cuando la PGR emitió una orden de aprehensión por los dos homicidios anteriores. Eso es muy importante: fue hasta meses después de que detuvieron a los Abarca cuando consiguieron para José Luis una orden de aprehensión por la desaparición de los estudiantes; pero su esposa, hasta hoy, está consignada sólo por ser parte del crimen organizado pero no de las desapariciones.
—Recuerda en el libro que antes de los hechos de Iguala hubo una reunión de varias escuelas, y Ayotzinapa se comprometió a conseguir 25 camiones para la marcha del dos de octubre en la Ciudad de México. ¿Por qué desde el 26 de septiembre sus estudiantes emprendieron esa tarea?
—Habían empezado antes, pero no habían conseguido esa cantidad porque, después de todo, retener autobuses lo hacían seguido pero no era cosa fácil: a final de cuentas estaban cometiendo un delito al llevarse autobuses comerciales a su escuela, y usarlos hasta por varias semanas. Las compañías de autobuses dicen que se trata de robo y de secuestro porque se llevan los autobuses con todo y chofer; los estudiantes dicen que no es tal cosa sino una retención.
Los estudiantes de Ayotzinapa normalmente hacen esas cosas; si uno va por su escuela siempre puede encontrar autobuses en las canchas de futbol que están atrás.
Allí un grupo de estudiantes, alrededor de quince, se subieron a un autobús y el chofer les dijo que sí se podían llevar el autobús. Pero cuando llegaron a la terminal de Iguala los dejó encerrados en el vehículo; allí fue donde empezó la tragedia de los 43 estudiantes.
En esta ocasión en particular ellos los estaban buscando porque iban a venir, con otras normales y como hacen cada año, a las manifestaciones del dos de octubre. Estaban consiguiendo autobuses, pero, a diferencia de años anteriores, se encontraron con que en las ciudades más cercanas a Tixtla y a Ayotzinapa había operativos federales. Entonces era mucho más difícil conseguir autobuses.
La siguiente ciudad grande es Iguala: fueron a los cruceros que están alrededor de esa ciudad, los que van a Cuernavaca, a Huitzuco, a Chilpancingo, y allí es donde consiguieron varios autobuses esa noche.
Sin embargo, allí un grupo de estudiantes, alrededor de quince, se subieron a un autobús y el chofer les dijo que sí se podían llevar el autobús. Pero cuando llegaron a la terminal de Iguala los dejó encerrados en el vehículo; allí fue donde empezó la tragedia de los 43 estudiantes.
—Sobre los autobuses: la Fiscalía de Guerrero y el GIEI sí reportaron el quinto autobús, no así la PGR. En su libro tampoco encontré mencionado este camión Estrella Roja. ¿Qué pasó con este autobús?
—La verdad yo no pude confirmarlo porque tenía muchos datos encontrados sobre ese autobús. La PGR decía que sí había existido, pero que había sido dañado y destruido por los propios estudiantes; el chofer decía que no, que sí habían salido, que había sido la Policía Federal la que los había detenido y bajado del autobús, y que les había dicho que escaparan. El chofer dijo que se habían llevado el autobús a Cuautla, pero en una siguiente declaración dijo que no era cierto, que había dejado el autobús allí.
Era muy difícil saber si ese autobús existía o no. Hablando con otros compañeros periodistas teníamos la misma duda: unos hablaban sólo de tres autobuses, y finalmente resulta que fueron cinco.
A través de la investigación del GIEI queda la duda de si ese autobús es importante o no. Los expertos adelantan la hipótesis de que los autobuses en Guerrero se usan para transportar la droga a Estados Unidos, sobre lo que actualmente hay una investigación en Chicago.
Tendrá que ser investigado por qué las autoridades federales no le dieron importancia a este autobús, y si es posible que alguno de los cinco autobuses tuviera droga adentro. Pero es muy curioso que todos los estudiantes de ese autobús se hayan salvado y que hayan sido estudiantes de otros camiones los que desaparecieron.
Tal vez se pudiera decir que en alguno de los cinco autobuses iba la droga y no se sabía en cuál de todos. Igualmente sigue siendo válida la hipótesis de que tal vez los confundieron porque los Guerreros Unidos pensaban que de estos cien estudiantes algunos estaban infiltrados por el narcotráfico.
—Es muy interesante el caso del quinto autobús porque querría decir que sí intervinieron los federales en aquella noche.
—Sí. Hablamos de cosas de las que tenía idea en mi investigación, como que había por lo menos militares en la zona. Pero ya con la investigación que hizo la Comisión Interamericana tenemos confirmado, finalmente, que sí, que por lo menos por omisión sí se sabía qué estaba sucediendo allí, que había comunicación entre el famoso C4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) y la central de cámaras que está afuera de Iguala, en la que se transmite información en tiempo real.
Teníamos información de que sí estaba transmitiendo información hasta cierto punto, pero hubo un horario en el que dejó de transmitirse información. Pero sabemos que esa noche en Iguala había policías federales y estatales, y que había gente del Ejército patrullando en distintas zonas. Ninguno parece haber intervenido directamente, pero la pregunta es, sobre todo después de la nueva investigación que señala que la policía federal sí vio cuerpos en las calles, ¿por qué no intervino o avisó viendo que había muertos en Iguala?
—Y cómo señala en el libro, había presencia federal cercana, por los operativos en Chilpancingo, por ejemplo…
—Exacto. En Iguala no había operativo porque seguía siendo una ciudad sin mando único; entonces allí la que controlaba todo era la policía municipal, la que decidía cuándo debían entrar los demás operativos, ya sea del Ejército, la Marina e incluso la Policía Federal. Pero cuando los federales vieron que había múltiples reportes de balaceras y de muertos en la ciudad, pues sí, por lo menos tenían que informar a sus superiores de lo que estaba sucediendo.
—Otro factor importante: los policías ministeriales. Como se observa en su relato, fueron los que llegaron el día 27 por la mañana a poner un poco de orden y a rescatar a los sobrevivientes. ¿Qué pasó con los policías ministeriales?
—Parece que los ministeriales son los que pusieron orden; los estatales que se mencionan en el relato de la noche del 26 no eran ministeriales. Entonces hubo también un conflicto a nivel estatal: los ministeriales parece que sí ayudaron a los estudiantes, mientras que el resto de la policía estatal estaba viendo cómo los desaparecían y no hacían nada al respecto.
Sí hay un problema muy grande en Guerrero, pero ya ni siquiera en el nivel de la policía municipal sino estatal, y ni se hable a escala federal.
También está una declaración que a mí me parece increíble y que pocos recuerdan: el procurador Jesús Murillo Karam, cuando en una conferencia de prensa le preguntaron por qué no intervino el Ejército esa noche, dijo que hubiera sido peor. Uno se queda pensando qué idea se tiene en México de las fuerzas armadas si el propio procurador general de la República dijo que hubiera sido peor que los militares hubieran participado.
—Algo que me parece importante: ¿por qué creyeron los Guerreros Unidos que los estudiantes eran Rojos? Una banda rival de narcotraficante no iba a llegar a atacarlos con piedras, por ejemplo.
—La hipótesis que se desprende de las declaraciones de los Guerreros Unidos es que este grupo de estudiantes venía infiltrado. Pero eso es muy raro, porque ellos mismos dicen que no les encontraron ningún arma sino piedras, palos y, si acaso, capuchas. Pero dicen que venían infiltrados.
Existe la teoría de que Gildardo López Astudillo es quien los confundió porque los Rojos habían matado a su padre unos días antes. Más aún: sí había habido un aumento de la violencia en las semanas anteriores a la desaparición de los estudiantes justo porque los Rojos estaban intentando tomar el control del lugar, y también eso dio pie a la confusión.
Sin embargo, no he encontrado ninguna información que vincule a los estudiantes con los Rojos. Eso también es contradictorio, porque a los estudiantes siempre se les ha acusado de tener relaciones con el EPR y el ERPI, pero tradicionalmente la guerrilla en Guerrero no tiene ninguna relación con el narcotráfico, son estructuras separadas. Entonces sería muy extraño encontrar ahora una organización a la que se le acusa de estar vinculada con una guerrilla y también con el narcotráfico.
No he encontrado ninguna información que vincule a los estudiantes con los Rojos. Eso también es contradictorio, porque a los estudiantes siempre se les ha acusado de tener relaciones con el EPR y el ERPI, pero tradicionalmente la guerrilla en Guerrero no tiene ninguna relación con el narcotráfico, son estructuras separadas.
Tenemos todas esas confusiones. Entonces tal vez los Guerreros Unidos pensaron que sí venían por ellos. El otro día estaba leyendo algunas partes de mis notas y uno de los primeros detenidos, un chavo al que le dicen el Lucas, dijo que los Guerreros no querían ningún desmadre en la plaza; por ello, al ver venir un grupo de cien estudiantes esa noche, con tal de que todo estuviera tranquilo ellos eran capaces de desaparecerlos. Esto da una idea de cómo se manejan las estructuras de poder en Iguala: que un cártel, si no le gusta lo que está pasando, es capaz de entrar, coordinar a toda la policía y desaparecer un grupo tan grande de estudiantes.
—¿En qué punto nos encontramos hoy de la investigación? Creo que su libro está enfocado a encontrar el hilo, la línea del tiempo, los hechos como ocurrieron. Pero vemos que hay asuntos que, imaginamos, podría resolver la ciencia y que hoy más bien están a discusión, como la identificación de los restos y la posibilidad de calcinar los cuerpos en el basurero de Cocula.
—Pues a un año tenemos mucha más información pero mucha menos certidumbre. Tenemos que ahora, en toda esta discusión y a partir de la información de la Comisión Interamericana, está todo tan confuso que hasta la ciencia está siendo discutida.
Mencionas bien a la Universidad de Innsbruck, la cual fue recomendada por los peritos argentinos. Innsbruck ha hecho un análisis de 16 piezas que eligieron los forenses argentinos, de las cuales dos dieron positivo en distintos exámenes con la identidad de dos normalistas: Alexander Mora y Jhosivani Guerrero.
Pero tenemos un punto en el que pienso que no se va a poder avanzar: cuando la PGR, un mes después de la desaparición de los estudiantes, a través del testimonio de un detenido llegó al río San Juan, a las afueras de Cocula, y encontró las bolsas con restos, no estaban allí los peritos argentinos, quienes llegaron media hora o 45 minutos después. Éstos se encontraron con unas bolsas que no saben de dónde salieron, extendidas en unas mesas. Los peritos siguen diciendo que ellos no estuvieron presentes cuando aparecieron las bolsas, entonces ellos no pudieron cerciorarse de que las bolsas efectivamente hayan salido del río.
Además hay algo que dice muy puntualmente el grupo de peritos argentinos: no hay evidencia física que vincule el basurero con las bolsas encontradas en el río. Lo único que hay son declaraciones de detenidos; en México, lamentablemente, en la procuración de justicia se sigue pensando que con obtener la declaración de alguien es suficiente. Pero no, se necesita mucha evidencia física.
Mientras no existan evidencias va a quedar la gran incógnita de dónde salieron esos huesos.
Algo que sí es innegable es que el ADN de los huesos de Alexander Mora corresponde en un 99.9999 por ciento al de su familia; esto se hizo con un estudio de ADN nuclear que es muy certero. El de Jhosivani Guerrero fue realizado con un estudio que se llama ADN mitocondrial, que es más experimental y que no arroja tal certidumbre. Sin embargo, si uno habla con algún científico, sobre todo experto en genética forense, dirá que es un experimento exitoso porque para ellos sí da certidumbre.
Entonces sabemos que los huesos de dos de los 43 normalistas fueron calcinados. ¿Qué pasó con los otros 41? Quién sabe, pero también tenemos, a partir de esto, la incredulidad natural de los padres, que es completamente explicable. Una madre decía, hace unas semanas, que para ella incluso ya se podía haber llegado al extremo de que hubieran mutilado al joven, que le hubieran quitado un fragmento de hueso y lo hubieran quemado, pero que podría seguir vivo.
Todo esto nos lleva a que, a un año de la desaparición de los estudiantes, todavía no sepamos bien a bien qué pasó. Hay muchísima incredulidad en la ciencia, en los peritajes, está la discusión entre José Luis Torero y John DeHaan. La ciencia no nos está dando las respuestas que necesitamos.
… a un año de la desaparición de los estudiantes, todavía no sepamos bien a bien qué pasó. Hay muchísima incredulidad en la ciencia, en los peritajes, está la discusión entre José Luis Torero y John DeHaan. La ciencia no nos está dando las respuestas que necesitamos.
Además, en México estos asuntos tradicionalmente tienden a politizarse, y mucha gente ya tiene una opinión política formada, lo cual nos lleva a desencuentros entre la gente que cree completamente en lo que dice la PGR, la gente que no cree absolutamente en nada y los que estamos en medio tratando de entender qué es lo que realmente pudo haber sucedido esa noche.
—¿En cuál de los actores de este drama encuentra alguna esperanza de que se haga justicia y de que cambien los factores, desde sociales hasta institucionales, que provocaron esta tragedia?
—Pues en el libro no la encuentro pero la sigo teniendo. La verdad, dentro de todo yo quiero creer que en el futuro, por lo menos a partir del informe del GIEI, en México nos podamos poner a discutir sobre cómo se lleva la procuración de justicia en el país, cómo se investigan estos casos y, por otro lado, los problemas estructurales que tenemos: la pobreza en Guerrero, la falta de educación y de servicios básicos, lo cual obliga a los habitantes ya sea a irse a Estados Unidos como indocumentados, a entrar al narcotráfico o, en el caso de los estudiantes, a volverse profesores rurales.
Yo creo que esto nos debe abrir los ojos para que tengamos una discusión nacional sobre qué estamos haciendo sobre esos problemas, con el narcotráfico, y a partir de eso sentarnos todos y decir qué queremos con este país, a dónde lo queremos llevar.
Realmente yo, a un año de la desaparición de los estudiantes, no veo ningún cambio: en Guerrero veo que aumenta la violencia, en Iguala siguen desapareciendo personas y sigue habiendo una gran cantidad de homicidios.
No veo ningún cambio y, lamentablemente, por cómo está la situación, no descarto que pueda suceder otra vez algo tan terrible como la desaparición de 43 estudiantes, aunque sea en otro municipio, con otras personas. El riesgo sigue allí porque en México no hemos caído en la cuenta de que, a un año, las condiciones siguen iguales que como estaban en la noche del 26 de septiembre de 2014. ®