Fueron tres días los que bastaron para que el supremo teatro de leguleyos decidiera si lo aprobado por una marabunta de diputados imbéciles de Baja California atentaba contra la constitución mexicana, ley suprema según los principios del federalismo que gobiernan esta patria suave y blasonada…
Alberto Capella
Y pienso entonces en la palabra simulación, y cómo importa poco quién regentee a los policías, pues éstos seguirán sosteniendo el teatro de mentiras que ha logrado sosegar el miedo de las buenas conciencias y los seudo-ricachones de la ciudad, mientras marginan el desmadre, los asaltos, los delitos sexuales, el robo y las ejecuciones a la zona Este, donde vive la perrada, los recién llegados y en donde las constructoras hacen su agosto vendiendo pocilgas diminutas con vocación de favelas.
Pienso lo mismo cuando, la semana pasada —la última de septiembre—, todos los medios de comunicación, al menos los locales, estuvieron al pendiente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo séptimo de la constitución local, que básicamente jura proteger la vida desde su concepción, desde el instante en que un aventurado espermatozoide fecunda el óvulo de la novia, la esposa, la adolescente o la cuarentona, sin importa si fue sexo consensuado o a punta de golpes o intimidación.
Fueron tres días los que bastaron para que el supremo teatro de leguleyos decidiera si lo aprobado por una marabunta de diputados imbéciles de Baja California atentaba contra la constitución mexicana, ley suprema según los principios del federalismo que gobiernan esta patria suave y blasonada, bla bla bla et patatín et patatán. Uno de los argumentos que más recuerdo es uno que, por otro lado, fue muy razonable: en la constitución nacional no existe ninguna línea que defina desde qué momento hay protección a la vida, lo que le permite a las legislaturas de los estados —y muy seguramente habrá muchos tentados a joderle la vida a las mujeres— decidir desde qué momento hay vida y en qué momento el estado deberá protegerla.
Escribo esto mientras me entero de que cambiaron al titular de Seguridad Pública en este agujero inmundo y pretencioso llamado Tijuana. Quitaron al remedo de militar, salido de ese ejército de comedores de sopas Maruchan (¿saben qué comen los soldados mexicanos en campaña?), Gustavo Huerta, para poner al payaso abotargado, Alberto Capella.
Ahora bien, sobra citar que habito un estado gobernado por imbéciles desde tiempos inmemoriales, y que no es la primera vez que atropellan derechos fundamentales, no sólo de la mujer, sino generales, y que quizá aquel caso, el de Paulina, la puberta a la que la Procuraduría de Justicia local le negó, a través de argucias y retrasos administrativos, la opción del aborto legal para casos de violación, sea apenas un pinito en el brutal bosque de una entidad que tiene el segundo lugar en feminicidios y un próspero crecimiento de delitos sexuales.
Sin embargo, lo que voy argumentar aquí no es el cavernicolismo embetunado de buenas intenciones que padecen los gobernantes locales o la población en general, que suponen que un tema como el aborto debe ser todavía materia de polémica o discusión, cuando basta el sentido común y un jodido libro de embriología para hacerle ver al más contumaz que, incluso, cualquier discusión para defender o apoyar el aborto es tan retrógrada como discutir la redondez del planeta. Hace mucho que —y eso deberíamos susurrarlo al oído de tantos— en muchos países, el aborto es asunto de las mujeres, que como los hombres con su prepucio, tienen la prerrogativa de decidir sobre su cuerpo.
Aquí lo que importa es cómo la imbecilidad legislativa y retórica de los que gobiernan esta esquina de país, tan cercano a Estados Unidos que casi provoca un patatús de risa a las niñas y señoras ricachonas que cruzan a San Diego para hacerse el legrado en la clínica de su elección, ha embarcado a los tres poderes estatales, en una aventura legal que seguramente todavía no alcanzan a vislumbrar.
Y comienzo: la vida, dicen, queda protegida por el Estado desde su concepción. Eso reza la bazofia de constitución de Baja California. Sin embargo, aun a pesar de que la Suprema Corte haya desechado la inconstitucionalidad del artículo séptimo, el aborto no queda vedado ni prohibido sino hasta que, en consecuencia, haya una reforma al código penal local.
Es decir, actualmente, el aborto todavía es permitido en el estado, en aras de las mujeres violadas o que ponen en riesgo su vida por ayudar a la humanidad a atestar de gentuza y futuros ninis al mundo y al país. Vaya, para que el aborto quede completamente penado el código penal tendría que hacerle comparsa a una ley suprema: la constitución estatal. Como actualmente no sucede eso, ¿dónde queda el principio de certidumbre y de coherencia jurídica?
Más aún, en caso de que el día de mañana a un diputado local como, digamos, el mentecato de Max García, se le ocurra proponer una reforma al código penal vigente para penalizar cualquier tipo de aborto, en coherencia con la constitución, ¿en salud de quién quedará definir las inimaginables e incontables causas de aborto que hay, que van desde el espontáneo, el violento, el inducido hasta, y tomen nota puritanos de mierda: el causado por la corta edad o malnutrición de la madre?
Aquí lo que importa es cómo la imbecilidad legislativa y retórica de los que gobiernan esta esquina de país, tan cercano a Estados Unidos que casi provoca un patatús de risa a las niñas y señoras ricachonas que cruzan a San Diego para hacerse el legrado en la clínica de su elección, ha embarcado a los tres poderes estatales, en una aventura legal que seguramente todavía no alcanzan a vislumbrar.
Ya que hayan plagado varias páginas para eximir o condenar clases y tipos de abortos, faltará sancionar aquellos que, sin duda, suceden cuando ni siquiera la madre ha tomado conciencia de su embarazo. Habrá que vigilar a cualquier mujer en edad sexual y reproductiva pues, peor que un hombre armado, lleva adentro una fábrica de vida y muerte.
La aventura jurídica y legal —hasta este momento poco teorreica y técnica— pasará de la sección de abortos a la sección de métodos contraceptivos, cuando la pandilla de bien comidos y pagados legisladores se enteren de que varios métodos, como el DIU o la pastilla de emergencia son en realidad, para gusto del artículo séptimo en discusión, métodos abortivos que interrumpen, palabras más o menos, el embarazo.
¿Qué harán las legislaturas futuras? ¿Deberán crear leyes, reglamentos y normas para decidir cuándo, dónde, qué y por qué una cosa es aborto y otra no, y qué métodos anticonceptivos deberán permanecer en el mercado y otros ser equiparados a armas homicidas, pues cualquier mujer, un día después de coger, podrá interrumpir o asesinar a un ser vivo con una pequeña pastillita?
Luego de estas consideraciones que revelan la brutal imbecilidad de los diputados locales, y que los equipara a poetas y filósofos debatiendo el ser, su devenir y la materia, en la era del microscopio y la psiquiatría, falta todavía reponerles en sus jetas las innumerables contradicciones originadas en el texto de un artículo que se dispone a defender la vida desde la concepción cuando desde hace años, y basados en la tasa de homicidios y feminicidios registrados por diversos organismos, sin meter aquí el infanticidio porque carezco de respaldo estadístico (como si fuera necesario), el Estado ha fallado miserablemente en garantizar lo que ahora utiliza para aterrorizar mujeres.
Mujeres jodidas, además. Mujeres que no tienen dinero para un abogado, para costearse el legrado de lujo en San Diego u otra ciudad de Estados Unidos. Mujeres del este de la ciudad, en Tijuana, y de la Robledo en Mexicali, o del sur de Ensenada, o de la Ladrillera en Playas de Rosarito. Son ellas, las violadas, a las que no les queda de otra, el objeto del artículo séptimo de la honorable constitución del estado libre y soberano de Baja California.
Para todos los demás. Para todos los ignorantes —porque no me inspiran otro adjetivo— sobra decirles que el aborto no es asunto en discusión. El aborto es el presente, el futuro y la realidad inminente. No hay nada que impida la eventual transición a ese Estado de derecho en aquellos países que se digan libres.
(Corrector, por favor, no le pongas mayúsculas a la palabra constitución…) ®
