Si al Estado le corresponde la defensa y promoción de los derechos humanos, entonces el derecho a la libertad cultural se defiende proscribiendo la exclusión cultural, que es la discriminación en oportunidades por motivos de identidad, sea por profesar una religión, por hablar o no hablar una lengua y por realizar determinadas prácticas culturales.
El derecho a la lectura.
¿Derecho a la cultura?
No existe el derecho a la cultura, como no existe el derecho a amar ni a pensar. Así como no existe el derecho a respirar sino a vivir en un (medio) ambiente no contaminado (sano); existen el derecho a formar una familia y el derecho a expresar libremente las ideas como el derecho a la libertad cultural, que es la capacidad para elegir la identidad propia o estilo de vida, conservarla y de que haya la posibilidad de cambiarla o adquirir otras. Las personas tienen múltiples identidades complementarias, dadas por su “ciudadanía, género, raza, lengua, política y religión”, a las que cada quien les da distinta prioridad, a la vez que son “límites móviles” y “pueden desaparecer” e incorporarse a otras. (Véase: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, México: PNUD-Ediciones Mundi-Prensa, 2004.)
No existe el derecho a la cultura, como no existe el derecho a amar ni a pensar. Así como no existe el derecho a respirar sino a vivir en un (medio) ambiente no contaminado (sano); existen el derecho a formar una familia y el derecho a expresar libremente las ideas como el derecho a la libertad cultural, que es la capacidad para elegir la identidad propia o estilo de vida, conservarla y de que haya la posibilidad de cambiarla o adquirir otras.
¿Cuáles deber ser las responsabilidades del Estado en cuanto a la libertad cultural?
Si al Estado le corresponde la defensa y promoción de los derechos humanos, entonces el derecho a la libertad cultural se defiende proscribiendo la exclusión cultural, que es la discriminación en oportunidades por motivos de identidad, sea por profesar una religión, por hablar o no hablar una lengua y por realizar determinadas prácticas culturales. Se manifiesta en la opresión o insistencia en que se dejen y se integren a la cultura hegemónica. En casos extremos se dan restricciones al ejercicio de la ciudadanía.
El PNUD considera que el deseo de la eliminación de la heterogeneidad y la imposición de una identidad homogénea singular (nacional) por medio de la represión y la persecución ha provocado resistencias y no ha logrado su cometido. De modo que la libertad cultural forma parte de las condiciones para el desarrollo. Ante el dilema de los Estados a promover una tendencia cultural unitaria o una multicultural, el PNUD considera que no es una opción antagónica y que ambas pueden coexistir.
¿Cómo debería el Estado promover la libertad cultural?
La promoción de este derecho es más complicada y consiste en favorecer las condiciones que permitan a las personas el ejercicio de su libertad cultural. Las definiciones más recientes de cultura y aceptadas por los académicos especialistas son las que se adscriben a una concepción semiológica, como “el conjunto de los procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (Néstor García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados, Barcelona: Gedisa, 2004). Bajo esta concepción las políticas públicas para promover el derecho a la libertad cultural deberían orientarse al fomento de las industrias culturales. Pero, dado que prevalecen como legítimas las concepciones eurocéntricas y etnocéntricas de la cultura, tan sólo el fomento a las industrias culturales no resuelve el deber del Estado en la promoción de la libertad cultural y para ello necesariamente tiene que haber instituciones dedicadas a ello.
¿Por qué hay instituciones del Estado como Conaculta?
Aunque la concepción semiológica de la cultura es la más aceptada, persisten otras definiciones relativas a la concepción eurocéntrica, por un lado, y, por otro, las relativas a la concepción etnocéntrica. La primera reduce la noción de cultura al estilo de vida y del buen gusto característico de las clases altas de las que fueron las potencias colonialistas y hoy puede llamársele el Occidente moderno; mientras que la segunda reivindica los estilos de vida y costumbres de los pueblos colonizados, como los indígenas.
Ambas concepciones, la eurocentrista y la etnocentrista, coexisten en las sociedades plurales de los países occidentales, entre los que se encuentra México, pero frecuentemente también surgen pugnas, conflictos o reivindicaciones de distintos grupos que se adscriben o enarbolan una de ellas. Por un lado están quienes postulan que el Estado debe mantener con gasto público a las bellas artes y a los artistas contemporáneos, y por otro quienes sostienen que debe proteger el patrimonio histórico arqueológico, garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y promover las culturas populares.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes existe como un organismo coordinador del conjunto de las instituciones y programas gubernamentales que atienden a estas concepciones, pero que procuran darle un matiz nacionalista o de significación en la construcción y renovación de la identidad nacional.
Estas concepciones subyacen respectivamente en las dos instituciones del Estado mexicano más importantes para la cultura: el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) existe entonces como un organismo coordinador del conjunto de las instituciones y programas gubernamentales que atienden a estas concepciones, pero que procuran darle un matiz nacionalista o de significación en la construcción y renovación de la identidad nacional. ¿Qué tanto sirven estas instituciones y otras tantas a la promoción del derecho a la libertad cultural? Es una pregunta abierta.
¿Por qué el Estado gasta en instituciones y programas para la cultura?
Si el Estado auspicia instituciones que defienden y promueven la libertad cultural, se justifica que con gasto público se mantengan. Pero hay otros fundamentos no exentos de bagaje ideológico o moral, sea por la convicción en un proyecto nacional, dado el cual el Estado tiene que conservar el patrimonio que mantiene y refuerza la identidad nacional, o porque se supone que hay un conjunto de bienes y prácticas culturales que poseen características tan valiosas que merecen ser disfrutadas por todos, y que sin su intervención no habría la posibilidad de ello para la mayoría.
¿Cómo debe constituirse la masa presupuestal del gasto público para cultura?
Que las instituciones culturales deban mantenerse principalmente con gasto público involucra a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, de modo que es una responsabilidad que debe ser compartida. ¿En qué proporción? Pues hay países desarrollados en que son los gobiernos locales los que más aportan, pero en México es el gobierno federal el que carga con la mayor parte del gasto. ¿Deberíamos invertir la proporción?
¿Dinero para quién y para qué?
¿Se puede gastar mejor en vez de gastar más? ¿Subsidios o estímulos fiscales? ¿Cómo involucrar a los sectores privado y social en el auspicio de becas e infraestructura? También son preguntas abiertas. ®
