La muerte de las niñas no fue accidental, forma parte de una tendencia en Centroamérica y México, en donde los cuerpos de las mujeres son rutinariamente usados, explotados, destruidos, poseídos, aprovechados y violentamente apropiados.
El orfanatorio del terror. Foto © mmidiario.com
La mañana del 8 de marzo del 2017, mientras mujeres de todo el mundo se preparaban para la huelga global por el Día Internacional de la Mujer, 43 niñas fueron quemadas vivas en un albergue en San José Pinula, Guatemala.
El albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado cerca de una ladera a quince kilómetros de la capital guatemalteca, albergaba alrededor de 800 niñas y niños que han sufrido abuso o descuido en sus hogares, así como jóvenes infractores de ambos géneros. Durante meses ha habido quejas por parte de las niñas sobre violaciones, abusos sexuales sistemáticos, sobrepoblación, desapariciones, asesinatos y malas condiciones en general.
El escándalo salió a la luz en noviembre del 2016 por el reporte de investigación del equipo de Plaza Pública y la casa estuvo bajo investigación. José David López Vicente (reportero) escribió que mientras el albergue es “en teoría, parte central para la protección de niños y adolescentes … en realidad representa un infierno en donde la gente viola y maltrata a aquellos que deberían de proteger”.
Las residentes eligieron el Día Internacional de la Mujer para exigir un hogar seguro y decente. Al finalizar la protesta las jóvenes prendieron fuego a colchones y muebles de los dormitorios. Las sobrevivientes dijeron que, en lugar de alejarlas de las flamas y entrando en discusiones, los encargados del albergue encerraron a las niñas en un cuarto en donde murieron docenas.
¿Quién fue el culpable?
“Fue el Estado”, gritaban los ciudadanos, responsabilizando al gobierno por la muerte de las niñas. Por supuesto que están en lo correcto, fue el Estado. Pero como la activista guatemalteca Leslie Lemus opinó recientemente, la aceptación general de culpabilidad no es suficiente: los responsables deben ser llevados ante la justicia.
Tres funcionarios del departamento guatemalteco del bienestar social —el secretario Carlos Rodas, la subsecretaria Anahi Keller y el director del albergue Santos Torres han sido arrestados. Pero la sociedad responsabiliza igualmente al presidente de Guatemala Jimmy Morales, porque hay una cadena de mando que llega hasta el Ejecutivo.
Más allá de la justicia penal, es igualmente importante ubicar la explotación sexual y el asesinato de las niñas en un contexto más amplio de feminicidios y violencia generalizada que ocurre en Centroamérica.
Estos fenómenos están relacionados. Guatemala tiene una elevada y alarmante tasa de feminicidios. Esto es, el asesinato de mujeres basado en su género biológico o social. De 2000 a 2012 más de 6,000 mujeres fueron asesinadas, y de acuerdo con el Reporte Global de Violencia Armada, de 2007 a 2012 Guatemala ocupó el primer lugar en homicidios femeninos cometidos con arma de fuego.
La violencia basada en el género se ha venido incrementando en Guatemala desde el 2013 junto con el abuso sexual. Estas amenazas combinadas están forzando a que las mujeres huyan del país.
Las muertes en Hogar Seguro también ocurrieron en un contexto de pandillas mortales y violencia criminal que repercute en la región norte del triángulo de Centroamérica, por no mencionar una historia de violencia política, guerras civiles y violencia relacionada con el narcotráfico del cual han sido siempre blanco las mujeres.
La muerte de las niñas no fue accidental, forma parte de una tendencia en Centroamérica y México, en donde los cuerpos de las mujeres son rutinariamente usados, explotados, destruidos, poseídos, aprovechados y violentamente apropiados.
Una guerra necropolítica
Los asesinatos respaldan una idea desarrollada como parte de mi investigación en las causas y los impactos sociales de la violencia de las drogas. La “guerra necropolítica” es un conflicto tipológico que explica la violencia criminal y sexual como parte de un continuo que puede incluir tortura, desaparición forzada y trata sexual. Apunta a dominar poblaciones y asegurar mercados criminales, en parte por medio de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres.
Los frecuentes asesinatos de activistas medioambientales en América Latina también son parte de esta estrategia. Traficantes de drogas, miembros de pandillas y guardias de seguridad, entre otros actores armados, venden sus conocimientos y habilidades a los gobiernos represivos que buscan asegurar los intereses económicos de las corporaciones trasnacionales.
En los regímenes de Centroamérica y México, con extensa corrupción e impunidad, cualquiera es vulnerable a la violencia o la muerte. No obstante, la necropolítica tiene particular impacto sobre los más marginados de la sociedad —no sólo en activistas indígenas, sino también y explícitamente, sobre mujeres y niñas.
En Centroamérica hay al menos dos guerras necropolíticas en curso. La primera librada por los cárteles para conseguir “asociarse” con el Estado —esto es, acceder a privilegios, acceso protegido a las rutas de tráfico y otros recursos empresariales críticos.
El cártel de Sinaloa, en México, obtuvo este estatus elite durante los años más feroces de la guerra contra las drogas en el país. De 2006 a 2012 no fue blanco de las operaciones militares como sí lo fueron otros cárteles.
La segunda guerra busca desposeer a las mujeres de sus cuerpos; despojo en el sentido marxista significa quitar a un individuo su posesión por parte de otro para acumular capital. En el siglo XIX, la posesión más valiosa de los trabajadores era su trabajo, como bien lo saben los teóricos socialistas.
Mujeres centroamericanas pobres, rurales y desempleadas a veces no cuentan ni con eso, solamente cuentan con su cuerpo. Aunque eso es realmente una mercancía valiosa, tanto para la sociedad centroamericana altamente machista como para el comercio sexual.
Esta maquinaria da a los agentes de guerra control sobre los mercados de la droga y el comercio sexual de mujeres y niñas en esclavitud, subordinando los derechos de las mujeres y corporalmente integrándolo a la economía.
No obstante, los cuerpos pueden dejar de ser valiosos para la gente que mantiene el poder. Envejecen, no son atractivos, o en el caso de las mujeres que se niegan a ser subyugadas, demasiado rebeldes para valer la pena. Entonces se convierten en cuerpos desechables.
En esos casos, las mujeres comienzan a tener problemas serios. Por consiguiente, el final violento conocido por las 43 niñas guatemaltecas, de entre doce a diecisiete años, después de negarse a ser violadas y explotadas más tiempo, fueron quemadas vivas.
Mientras estos dos conflictos necropolíticos tienen diferentes objetivos, comparten una característica común: una disfuncional, permanentemente corrupta y letal esfera espacial–legal en la cual la inseguridad asegura su principal estrategia: masacres, feminicidios y desapariciones forzadas.
Esta maquinaria da a los agentes de guerra control sobre los mercados de la droga y el comercio sexual de mujeres y niñas en esclavitud, subordinando los derechos de las mujeres y corporalmente integrándolo a la economía.
En México también la violencia criminal es parte de una combinación peligrosa que sirve para “limpiar” comunidades de gente que defiende su territorio, esta dinámica es clara.
El incendio en el refugio de Guatemala expone la misma lógica maligna. Testimonios y reportes indican que las niñas fueron sistemáticamente explotadas durante muchos años. Así, en el Día Internacional de la Mujer del 2017 ellas finalmente contraatacaron y en consecuencia fueron desaparecidas de manera sumaria. ®
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en The Conversation, y traducido al español por Omar Cuervo. Leer el artículo original aquí. También puede encontrase en académia.edu.
