La firma de la controvertida ley SB1070 por parte de la gobernadora de Arizona el pasado 23 de abril provocó una excitación social no vista en los últimos quince años en Estados Unidos. No vista muy probablemente desde la proposición 187 en California que buscaba negar servicios básicos de salud y educación a los indocumentados, y que además introducía la figura de la “sospecha razonable” para detener a alguna persona que, a juicio de la policía local, pudiera tratarse de un indocumentado.
El contexto
Desde finales de la década pasada Arizona se ha convertido en el principal corredor de la inmigración indocumentada a Estados Unidos, debido a los estrictos controles fronterizos en el área del Río Bravo y en el segmento de la frontera California-Baja California y, por supuesto, debido a la falta de armonización de las necesidades de la economía con su sistema migratorio: el mercado laboral exige mano de obra barata, y legalmente ésta se ha rechazado.
Por lo tanto, los migrantes, de la mano oportunista de los traficantes de personas, han buscado las áreas más accidentadas y agrestes y por lo mismo más difíciles de ser sometidas al control policíaco a fin de ingresar a Estados Unidos. Esas áreas se encuentran en el corredor que va desde el punto oriental de Douglas-Agua Prieta hasta el punto occidental Sonoita-Lukeville, principalmente, extendiéndose incluso hasta San Luis Río Colorado-Yuma.
Asimismo, debido a la próspera etapa del mercado inmobiliario y de la construcción en Arizona, esta entidad se convirtió no sólo en corredor, sino en receptor de migrantes sin documentación para laborar —muchos de ellos ingresaron al país con visas de turistas.
Aunado al auge migratorio, otros factores de diversa índole han aportado mucho para la creación de un ambiente denso en Arizona respecto a la inmigración indocumentada, como son los a) mediáticos —amarillismo, insistencia y exageración del aspecto negativo de la inmigración por parte de la prensa; b) económicos —la crisis mundial de hace dos años y el desplome de los mercados inmobiliarios y de la construcción y, por lo tanto, el ascenso de las tasas de desempleo de toda la población en general; c) políticos —exacerbación del temor a lo extranjero por parte de la pasada administración federal, tomando como pretexto una lucha prioritaria contra el terrorismo, y utilización y exageración, otra vez, del aspecto negativo de la inmigración por parte de los políticos de extrema derecha, entre otras cosas.
La Ley
La SB1070, como fue firmada originalmente, establecía que cualquier agencia de policía local podía indagar sobre el estatus migratorio de una persona si se tenía una “sospecha razonable” de que ésta se podría encontrar indocumentada en el país. Es decir, la posibilidad de un mundo de subjetividad a disposición de un oficial local —policía o empleado del gobierno estatal— sin entrenamiento en temas de inmigración —cada uno razona diferente y tiene diversas fobias personales— para la aplicación de algo tan objetivo como debe de ser la ley. Aberrante. Es obvio que debido al contexto descrito al principio sería casi imposible que un policía local pudiera sostener una “sospecha razonable” de ser indocumentado en contra de una persona de nacionalidad canadiense, apariencia sajona y sin acento alguno al hablar el inglés, que bien podría tratarse de un residente indocumentado de Scottsdale. El objetivo claro de la SB070 es el grupo hispano, y sobre todo, los mexicanos.
El 30 de abril la gobernadora firmó unas modificaciones que buscaron atenuar no sólo lo áspero del texto legal, sino la avalancha de críticas y la pérdida de prestigio de Arizona en el plano incluso internacional, pero al mismo tiempo conservar sus posibilidades electorales. Esas modificaciones versan sobre todo en “darle la oportunidad” a la policía local de poder tener una “sospecha razonable” contra un individuo sólo después de que éste fue entrevistado en primera instancia debido a otra causa —una infracción de tránsito, por ejemplo. Resulta lo mismo, ya que el oficial puede “inventar” una causa para la detención primaria; después de no prosperar esa causa, el oficial quedaría libre para proseguir con el estatus migratorio del interrogado. En las modificaciones además se rebajan las penas para los condenados de ingreso indocumentado, entre otros detalles.
Asimismo, se establece la posibilidad de que la persona de la cual se sospecha de indocumentada y no porta sus papeles en el momento de la interacción con el oficial o empleado de gobierno local pueda ser detenida en alguna de las cárceles de los condados hasta que pueda comprobar, de acuerdo con la ley federal correspondiente, su legal estancia. El no portar los documentos probatorios, aunque se posean, sería considerado un delito menor. Lo de criminalizar el ingreso indocumentado en el nivel estatal es, hasta cierto punto, lo menos sorprendente. Al final de cuentas está criminalizado en el federal y la entidad federativa terminaría, en ese aspecto, actuando de manera concurrente a la federación, aunque no se desconoce la manera en que las agencias estatales del orden, los alguaciles de los condados y las policías de las ciudades obtendrán recursos y personal para hacerse cargo de ejecutar esa disposición, si se supone que el gobierno de Arizona está a punto de la quiebra. Lo patético es la posibilidad que tienen los ciudadanos estadounidenses de demandar pecuniariamente a la policía o al empleado gubernamental local por creer que no están deteniendo, investigando o criminalizando a personas que parecen indocumentadas. En otras palabras, a la gran mayoría de los hispanos.
Jan Brewer
Jan Brewer
Lo de fondo —Who Will They Be?
Según el Departamento de Justicia estadounidense, al día de hoy el crimen violento en el estado de Arizona se encuentra en su punto más bajo desde 1973, y la tasa de crímenes en esa entidad en contra de la propiedad de las personas no había sido tan baja desde 1966. ¿Están causando daño en verdad esos casi 500 mil indocumentados que hoy residen en Arizona? ¿No cuenta el excedente que paga cada inmigrante en Arizona —con o sin documentos—, de 1,800 dólares anuales, ya restados los servicios públicos y de salud que recibe? ¿De nada valen los 28 mil empleos que son generados en Arizona por el consumo de 4,400 millones de dólares anuales de parte de los hogares de inmigrantes? ¿Qué es, en realidad, lo que verdaderamente subyace en la concepción de la SB1070?
Se señalan motivaciones políticas y hasta personales. En lo que respecta a la gobernadora Brewer, en caso de haber emitido un veto a la ley o haber omitido su firma —en cuyo caso el proceso de promulgación de la ley hubiera seguido su curso normal—, las consecuencias para su reelección hubieran sido funestas, ya que no tendría posibilidades de ganar la lucha interna de su partido. En el caso de Russel Pearce, el senador estatal que patrocinó el proyecto de ley, existe el fuerte rumor de que uno de sus hijos murió asesinado a manos de un inmigrante mexicano indocumentado, por lo que ha tratado de formalizar su odio personal utilizando su posición oficial.
Lo anterior cuenta. No obstante, el diseño y aprobación de la ley SB1070 en Arizona, más allá de ser una cuestión de populismo político o una vendetta personal, significa, en realidad, una de las reacciones formales de la derecha radical estadounidense a un cambio demográfico y social inevitable: la modificación para siempre de lo que ellos suponen es la identidad estadounidense. Es el temor de una “América” diferente, donde los blancos no serán los dueños absolutos. Ese temor, que raya en la xenofobia, lo plasma el fenecido Samuel Huntington en su libro Who Are We? Este autor califica a la inmigración de latinos, y sobre todo de mexicanos, como una amenaza letal para la “esencia” del ser estadounidense, según como lo concibe la derecha estadounidense, al pervertir la cultura con actitudes tales como “falta de ambición”, “el dejar para mañana lo que se puede hacer hoy”, y la concepción de la pobreza como una virtud para ingresar al cielo en la otra vida —léase catolicismo— entre otras cosas. Empero, la experiencia indica que un latino o mexicano en Estados Unidos, de tener acceso a oportunidades justas y equitativas de superación, puede desarrollarse de una manera sorprendente y aportar en gran manera al país. Duela o no reconocerlo, Estados Unidos tiene esa gracia cuando se decide a ofrecer oportunidades en serio.
Es pues probable que, algún día de este siglo, la gran mayoría de los puestos de gobierno, de todos los niveles, en el suroeste estadounidense sean ocupados por personas que porten apellidos hispanos, y que el idioma español sea un punto común de encuentro para casi todos en esa área geográfica. Que sean los hispanos, además, los que posean el poder económico en la mencionada región. Algo de justicia histórica, dirían los mexicanistas. La inmigración indocumentada está acelerando ese proceso. Está de más señalar que la tasa de fertilidad del grupo hispano es la más alta, por lo que el problema no es en sí cada inmigrante indocumentado que logra establecerse en Estados Unidos, sino cada uno de los hijos ciudadanos estadounidenses que éste tendrá y que eventualmente gozarán de voz y voto en la sociedad estadounidense. Por eso no son de extrañar propuestas tan absurdas de algunos legisladores federales de derecha de negar la nacionalidad estadounidense a los nacidos de padres indocumentados.
Soberanía vs. dignidad humana
Las respuestas a la firma de la ley de parte de diversos grupos de la sociedad dentro de la Unión Americana han sido sumamente fuertes y han logrado galvanizar como pocas veces a gran parte de la comunidad hispana, la cual es conocida por su apatía en política. En ese sentido, la SB1070 ha logrado un resultado positivo. Aparte, diversas organizaciones y gobiernos municipales en Estados Unidos han llamado a un boicot en contra de Arizona, y grupos de empresarios de este estado han manifestado su rechazo a esa ley por temor a las amenazas de boicot económico.
Asimismo, el gobierno de México, si bien no ha llamado a un boicot en contra de Arizona de manera oficial, sí lo ha hecho de manera tácita al promulgarse vigorosamente en contra de la ley e incluso emitir una alerta de viaje para mexicanos que visiten Arizona. Algunos, incluso en México, no aprueban esa actitud del gobierno mexicano al considerarla una intervención o ataque contra la soberanía de otro Estado —en este caso, entidad federativa de otro Estado soberano. Señalan, con algo de razón, que se debiera llevar a cabo una crítica interna de la situación de los derechos humanos en México antes de ser “candil de la calle”.
Según la doctrina internacionalista, en boga en los últimos años y obvia tendencia mundial que se consolida, la protección de los derechos humanos es superior a la soberanía de los Estados. Al promulgarse una ley en una entidad federativa de otro estado, con un claro matiz xenofóbico, que potencialmente violará la dignidad humana de un gran número de nacionales mexicanos, obliga al Estado mexicano el pronunciarse en contra y buscar las medidas que considere pertinentes a fin de contrarrestar a esa ley.
Guardadas cuidadosamente las proporciones de los casos, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Por qué Estados Unidos y varios regímenes democráticos del orbe intervienen de manera decidida en la situación de Cuba, haciendo lo posible por promover la democracia en esa nación y supuestamente salvaguardar los derechos humanos de los cubanos, si al final de cuentas tal situación no afecta directamente a ciudadanos estadounidenses o de esos otros países que intervienen? ¿Cómo fue que la presión internacional aportó para el derrumbamiento del régimen del apartheid en Sudáfrica si esa situación era asunto interno de los sudafricanos? Repito, guardemos las proporciones de los casos, pero lo que pretende Arizona es discriminar legalmente a un grupo étnico. Es más que justificada entonces la actuación del gobierno mexicano en el rubro.
Esos mismos críticos internos indican que hay que corregir y mejorar los errores primero en casa antes de solicitar al exterior lo que no hacemos. El asunto es que, aparte de las obvias razones económicas de nuestro país para denostar la SB1070 y exigir la salvaguarda de la dignidad de los mexicanos en Arizona —cientos de miles de mexicanos documentados e indocumentados que contribuyen a la economía mexicana enviando remesas—, la experiencia internacionalista nos indica que el tomar una posición activa en la promoción y el respeto de los derechos humanos en la arena internacional, así como en la arena interna de otros países, obliga a ese Estado a una evaluación de sus propias condiciones internas para el respeto de los derechos humanos, además de obligarlo a permitir la crítica de los organismos internacionales y de otros Estados. Ilusos los que desean “arreglar” en primera instancia la situación interna de los derechos humanos en México. Una cosa va con la otra.
Entonces, ¿y México qué?
La promulgación de esta ley ha puesto, más que nunca, de manifiesto la coparticipación de México y su gobierno en la gravedad del problema migratorio en Arizona. Siempre han existido y existirán mexicanos que migran al norte. Los lazos familiares, históricos, culturales, sociales y económicos son sumamente vigorosos. Estados Unidos siempre ha necesitado y necesitará del apoyo de los trabajadores mexicanos. No obstante, esa migración no sería tan copiosa al día de hoy si el modelo económico vigente en México no hubiera fracasado en salvaguardar el derecho humano al desarrollo de cientos de miles de mexicanos anualmente.
Por otra parte, se debe continuar con la revisión y modificación de las leyes de inmigración mexicana, a fin de tener un sistema migratorio más flexible y que otorgue mayor congruencia al gobierno mexicano en su discurso a favor de los nacionales mexicanos en Estados Unidos. Del mismo modo, es penoso aceptar que México, por medio de sus agentes migratorios y de varias corporaciones del orden público, incurre en flagrantes violaciones a la dignidad de miles de centroamericanos al año. México debe tratar a esos centroamericanos de la misma manera que desea que se trate a sus connacionales en Estados Unidos. Incluso, debe de brindar, ya, una amnistía para aquellos extranjeros que se encuentren residiendo de manera indocumentada en México. Además de un acto de congruencia del gobierno mexicano sería un excelente golpe mediático y político en Estados Unidos.
Conclusiones
Más allá de que los políticos republicanos de Arizona hayan sucumbido a la tentación del populismo, la SB1070 es una expresión formal de uno de los temores más absurdos de la derecha anglosajona: la pérdida de la identidad estadounidense tal como ese grupo la concibe. Atacan esa supuesta amenaza añadiendo al marco legal estatal la posibilidad de que las agencias policíacas locales vulneren la dignidad de casi un millón de nacionales mexicanos —documentados o no. Por lo tanto, el gobierno mexicano debe llevar a cabo todo lo que institucionalmente esté a su alcance a fin de revertir la posible aplicación de la SB1070. Este activismo a favor de un grupo importante de mexicanos en el exterior obliga a México —a su gobierno y sus ciudadanos— a replantearse de manera más aguda la situación interna sobre los derechos humanos, desde el derecho al desarrollo de nuestra población más vulnerable hasta la salvaguarda de la dignidad de los extranjeros en territorio mexicano. Por ello, una de las consecuencias positivas de la aprobación de la SB1070 puede ser una mayor cohesión de los nacionales mexicanos, dentro y fuera, por una causa que nos afecta a todos como grupo nacional, desde el menoscabo potencial a las garantías de nuestros paisanos residentes y turistas en Arizona, hasta el significado de esa ley, que no es otra cosa que el burdo desprecio a los aportes, en todas las áreas, de México a Arizona en particular y a Estados Unidos en general. La SB1070 es, más allá de una desgracia, una oportunidad para México, ciudadanos y gobierno, que no debe de soslayarse. ®
