El problema es que el sistema electoral sigue provocando dudas y está muy lejos de ser plenamente confiable. Esa desconfianza no es gratuita, pues la han provocado (con sus acciones, sus omisiones y hasta sus vacilaciones) el IFE, la Fepade y el Trife, así como los institutos, tribunales y otros organismos de este tipo a escala estatal.
Enrique Alfaro
No son pocas las personas que están en desacuerdo con el proceder de aquellos candidatos que, una vez pasadas las elecciones y conocidos sus resultados, suelen impugnar los comicios que no los favorecen. Para esas personas, inconformes con las impugnaciones, los contendientes derrotados debieran aceptar, sin chistar, los resultados oficiales y hacer suya la tonada más famosa de Pedro Flores: “Hay que saber perder”.
En circunstancias normales, democráticamente normales, por supuesto que las cosas deberían ser así como lo son, en efecto, en naciones cuyo sistema electoral no provoca dudas, sino la confianza de los electores y también de los contendientes. Tanto así que quien resulta derrotado (recuérdese el caso reciente de Francia) suele salir a felicitar, de inmediato, al ganador y a desearle suerte en su democrática encomienda.
El problema en nuestro país es que su sistema electoral sigue provocando dudas y está muy lejos de ser plenamente confiable. Esa desconfianza no es gratuita, pues la han provocado (con sus acciones, sus omisiones y hasta sus vacilaciones) el IFE, la Fepade y el Trife, así como los institutos, tribunales y otros organismos de este tipo a escala estatal.
Unos y otros han permitido que, durante los procesos electorales, se sigan presentando marrullerías, golpes bajos y chuecuras de toda índole. Y en esas prácticas anómalas no sólo incurren los directamente implicados (los partidos y candidatos en contienda) sino entes públicos, consorcios privados y diversas organizaciones sociales.
Ese ha sido el caso de sindicatos, corporaciones patronales, iglesias y comunidades religiosas, varias empresas del ramo de la comunicación y hasta instituciones públicas y organismos gubernamentales.
Dicho de otra manera, durante las contiendas electorales no sólo los partidos políticos andan en campaña. También participan en ellas —de manera simulada o haciendo proselitismo abiertamente— los llamados poderes fácticos, que no sólo defienden sus intereses sino que en ocasiones buscan sacar alguna ventaja.
Para ello tratan de favorecer a equis candidato y, si se presenta el caso, no dejan de pasar la oportunidad de ponerles obstáculos a los otros contendientes, con claro el propósito de que no logren su objetivo.
Para colmo de males, la anticampaña de los jeques udegeístas contra Alfaro, a quien de manera absurda se trató de relacionar con la tristemente célebre Federación de Estudiantes de Guadalajara, se hizo utilizando recursos de la institución (entre otras cosas, se pagó un desplegado de prensa), con lo que presumiblemente esos funcionarios udegeístas habría incurrido en un delito electoral.
¿En qué consiste la ayuda que los poderes informales, también conocidos como fácticos, prestan a los candidatos que les son afines? En varias cosas: en donativos (en metálico o en especie), en declaraciones favorables, en la contratación de encuestas a modo, es decir, de dudosa cientificidad o, de plano, amañadas…
Y ante ello, ¿qué hace o qué ha hecho la autoridad electoral? ¿De qué manera ha tratado de atajar o inhibir este tipo de prácticas?
En honor a la verdad, nuestros árbitros electores hacen muy poco, de suerte que, una y otra vez, las fuerzas vivas y los intereses creados terminan por intervenir —y la mayoría de veces de manera impune— en los procesos electorales.
Un ejemplo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco no hizo nada cuando, pocos días antes de las elecciones estatales, dirigentes del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara acusaron a uno de los candidatos a la gubernatura de estar coludido con “una organización criminal”. Esta aviesa e infundada acusación se hizo contra el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, quien no goza de las simpatías del ex rector Raúl Padilla, mandamás de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y uno de los evidentes poderes fácticos en Jalisco.
Para colmo de males, la anticampaña de los jeques udegeístas contra Alfaro, a quien de manera absurda se trató de relacionar con la tristemente célebre Federación de Estudiantes de Guadalajara, se hizo utilizando recursos de la institución (entre otras cosas, se pagó un desplegado de prensa), con lo que presumiblemente esos funcionarios udegeístas habría incurrido en un delito electoral.
Y ante ello, ¿qué hicieron las autoridades electorales de Jalisco? Se hicieron patos, pues de su parte ni siquiera hubo un extrañamiento o una llamada de atención a quienes acostumbran manejar a su antojo a la UdeG, una institución pública que, por ello mismo, debiera estar siempre al margen de la política partidista.
Por desgracia, y como es sabido, en la universidad pública de Jalisco las cosas no son así. Y ello porque la cúpula udegeísta está metida de lleno en el circo político y en varias pistas, pues no sólo tiene bajo su control al PRD Jalisco, sino que varios de los suyos están infiltrados también en otros partidos.
Ante las situaciones anómalas que afectan y degradan nuestra precaria vida democrática, las autoridades electorales son punto menos que un cero a la izquierda.
Y cuando el árbitro electoral, ni hace valer su autoridad ni realiza adecuada y puntualmente su tarea; no puede hablarse, en justicia, ni de malos perdedores ni tampoco de buenos ganadores. ®
