Guadalajara ha sido azotada por violentas tormentas que han arrancado árboles y causado destrozos en la ciudad, lo que se ha agravado por la indolencia y ineptitud de los funcionarios del Ayuntamiento. Por otra parte, el pueblo de Temacapulín se salva de la desaparición por el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
1. La mala. Temporal de problemas
Toma de protesta de Ramiro Hernández
De un par de semanas para acá —las dos primeras de agosto—, a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara cuando no les llueve les llovizna, les graniza y hasta les relampaguea. Y todo porque el alcalde Ramiro Hernández no parece contar con un equipo competente de colaboradores para algunas áreas neurálgicas de la administración municipal.
Ello ha provocado, entre otras cosas, que problemas y rezagos del municipio se agravaran de manera súbita, ante el pasmo del primer edil y ante la ineficiencia —o quizás algo peor— de varios funcionarios de primer nivel.
Así, por ejemplo, la delincuencia y el clima de inseguridad han crecido (en cantidad y en gravedad) por varios rumbos de la ciudad, poniendo en evidencia las limitaciones (y en algunos casos también la honestidad) de la muy rezagada Policía de Guadalajara.
Luego, casi a la par, otra mala noticia cundió en la opinión pública: que el comercio informal —que por reglamento está prohibido en el primer cuadro citadino— ha crecido de manera desmesurada en esa zona y, lo que es aún más grave, que ese crecimiento se debe a que el funcionario responsable de poner orden y hacer cumplir la ley, lejos de haber estado a la altura de esa encomienda, había venido favoreciendo la explosión demográfica de vendedores ambulantes de paraguas, globos, papas fritas, lentes, discos y películas piratas, entre otros géneros por el estilo, en las plazas, calles y banquetas del descuidado centro tapatío.
Un día después de anunciarse la separación temporal de Vázquez Vigil de su cargo, se dio a conocer un dato a esta administración municipal y también a la anterior: que de 2010 a la fecha el número de vendedores ambulantes, en el centro de Guadalajara, pasó de 406 a más de 1,300.
El funcionario señalado es Tomás Vázquez Vigil, quien hasta el lunes 5 de agosto se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento, pero que debido a las acusaciones hechas en su contra (de solapar a los vendedores ambulantes y hasta de mantener acuerdos comprometedores con algunos de sus representantes), se vio obligado a pedir licencia para separarse durante un mes del cargo, a fin de que se haga una investigación sobre este caso que, por lo pronto, se ha convertido en otra abolladura para la administración municipal de Ramiro Hernández.
Cabe señalar que las acusaciones contra Tomás Vázquez Vigil no salieron de cualquier lado, sino del seno mismo del Ayuntamiento de Guadalajara, concretamente de la persona que hasta el fin de semana (10 y 11 de agosto) se venía desempeñando como director de Inspección y Vigilancia, Salvador Orozco Santillán. Y quien, paradójicamente, fue despedido por haberse atrevido a señalar a su jefe Vázquez Vigil de tener arreglos turbios para que el comercio callejero se mantenga en el centro la ciudad.
Luego, como el alcalde de Guadalajara no dio a conocer los motivos para despedir a ese funcionario que se había atrevido a denunciar una grave anomalía cometida por un superior suyo, Ramiro Hernández apareció, ante la opinión pública, como alguien que había hecho las cosas al revés, al despedir a quien había denunciado una anomalía y no al señalado de cometerla.
Fue tal presión contra la permanencia de Vázquez Vigil al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento que este último se vio obligado a pedir licencia el lunes de esta semana.
En los pocos días que van de entonces a la fecha se han ventilado varias cosas que dejan muy mal parado no sólo al secretario general con licencia, sino al mismo alcalde de Guadalajara, y quien por lo menos parece haber pecado de confiado.
Un día después de anunciarse la separación temporal de Vázquez Vigil de su cargo, se dio a conocer un dato a esta administración municipal y también a la anterior: que de 2010 a la fecha el número de vendedores ambulantes, en el centro de Guadalajara, pasó de 406 a más de 1,300.
En otras palabras, uno de los pecados del gobierno municipal de Aristóteles Sandoval es haber permitido que los ambulantes volvieran a instalarse en el centro de Guadalajara, pecado que compartió el alcalde interino Francisco Ayón López. Y en los diez meses que van de la actual administración municipal, la tendencia creciente en el número de vendedores ambulantes siguió a la alza.
Ahora que ha salido a la luz esta más que aparente red de corrupción dentro del gobierno municipal, habrá que ver cómo actúa el gobierno de Ramiro Hernández: si sanciona a funcionarios incompetentes —y eventualmente corruptos— o si éstos quedarán impunes. Y lo que, a la larga, no es menos importante, ver si será capaz de liberar el centro de Guadalajara de vendedores ambulantes, como ya se ha conseguido en la Ciudad de México, Morelia y Querétaro, entre otras urbes del país que ahora no sólo lucen más hermosas, sino que, a quererlo o no, han venido a ponerles el ejemplo a ciudades tan descuidadas como la nuestra.
2. La buena. Cadena de fracasos
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se determina que la presa de El Zapotillo deberá ser de una capacidad muy inferior a la que pretendían sus promotores, es un triunfo justo y muy merecido de los pobladores de Temacapulín y, por consecuencia, es otra más de las costosas pifias del gobierno que, hasta el pasado 28 de febrero, encabezó el panista Emilio González Márquez, un gobierno que en cuanto a proyectos contraproducentes y despilfarros a granel supera por mucho a sus predecesores tanto del PAN como del PRI.
Por ejemplo, el gobierno trunco del priista Guillermo Cosío Vidaurri y el del interino Carlos Rivera Aceves dejaron un adeudo considerable que, sin embargo, tuvo una inapelable justificación: pagar la segunda línea del Tren Ligero, una obra de indudable beneficio social.
Ese beneficio social no se vio, en cambio, en la desmesurada deuda pública que contrajo el gobierno de González Márquez, pues tanto las partidas presupuestales que dilapidó de manera discrecional como la contratación de créditos que dejaron comprometidas las finanzas públicas, se usaron en proyectos costosos y decepcionantes como los Juegos Panamericanos o la primera línea del Macrobús, o peor aún, sirvieron para financiar obras tan contraproducentes como sería el caso de la Villa Panamericana o la población fantasma de Talicoyunque, hacia donde se pretendía llevar a quienes se quedarían sin hogar por las inundaciones de la presa de El Zapotillo.
Toda esa presunta “inversión” hecha por González Márquez fue dinero perdido por el susodicho, perdido por su impericia, su soberbia, su frivolidad y su sumisión a dictados centralistas, adversos a los intereses de Jalisco.
Entre las grandes decepciones que los gobiernos de Acción Nacional han dejado a los jaliscienses se encuentran los costosos proyectos acuíferos que pretendieron construir las administraciones de Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez.
En la segunda mitad de los noventa, Cárdenas Jiménez se embarcó, sin éxito, en un proyecto que pretendía ampliar el suministro de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara y, a la par, sanear las aguas residuales de la misma capital jalisciense.
Como es sabido, ese proyecto se malogró porque el crédito con el que se iba a financiar (el famoso Crédito Japonés) fue boicoteado en el Congreso de Jalisco por un grupo interpartidista de diputados que encabezó el entonces legislador perredista Raúl Padilla.
En el siguiente sexenio, el gobernador Francisco Ramírez Acuña se empeñó —de forma más tozuda que sensata— en dos proyectos hídricos que también fracasaron: la presa de Arcediano, en la barranca de Huentitán, dizque para asegurarle una fuente alterna de agua potable a la ZMG, y la también fallida presa de San Nicolás, con la que en un principio se pretendía llevar agua del río Verde a León, Guanajuato.
Entre las grandes decepciones que los gobiernos de Acción Nacional han dejado a los jaliscienses se encuentran los costosos proyectos acuíferos que pretendieron construir las administraciones de Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez.
Luego de arrasar el pueblo de Arcediano, de destruir un puente del siglo XIX con valor patrimonial, de desmantelar las plantas de generación hidroeléctrica que la CFE tenía instaladas en el fondo de la Barranca y de causar una seria afectación a la flora y la fauna de la zona, se anunció la cancelación de la presa de Arcediano, proyecto en el que, además, se gastaron cerca de mil millones de pesos, un dinero público que literalmente terminó yéndose al caño, mezclado con las aguas negras del río Santiago y sin que hubiera alguna sanción para quienes le causaron ese quebranto al erario.
En cuanto a la presa de San Nicolás, que planeaba construirse en el municipio de Jalostotitlán, se tuvo que cancelar por la decidida oposición de los vecinos de San Gaspar, población alteña que estaba condenada a quedar bajo las aguas del proyectado embalse artificial que sería aprovechado por León, Guanajuato.
Fue precisamente a causa de la cancelación de la presa de San Nicolás que la Comisión Nacional del Agua buscó otro punto del río Verde para construir la represa para beneficio de León. Y el sitio elegido fue el de El Zapotillo, en los límites municipales de Cañadas de Obregón, Yahualica y Mexticacán. En un principio se decidió que la cortina del embalse fuera de 80 metros de altura, lo que implicaba la inundación dos pequeños poblados alteños: Acasico y Palmarejo…
Pero a raíz de la cancelación del proyecto de Arcediano, en 2009, el gobierno de González Márquez pidió a la Conagua que creciera la altura de la cortina a 105 metros, a fin de que una parte del agua almacenada se destinara a la ZMG. Y ello aun cuando esa modificación condenara a desaparecer a una tercera población: Temacapulín.
Ha sido justamente esa modificación, lesiva para los intereses de Jalisco, la que acaba de desautorizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué “lesiva” para Jalisco? Porque con la cortina a 80 metros de altura la presa inundaría poco más de 2 mil hectáreas, mientras que con 105 metros la inundación sería cercana a las 5 mil hectáreas.
En otras palabras, con el fallo del más alto tribunal de la nación se salvan casi 30 millones de metros cuadrados de territorio jalisciense; se salva al pueblo de Temacapulín, y con una ventaja adicional: la cuota del caudal del río Verde, que por ley le corresponde a la ZMG, ahora podrá ser captada en un punto más cercano a nuestra ciudad.
Para concluir, con el fallo de la SCJN se acaba de revertir un grave perjuicio a los intereses de Jalisco, un perjuicio que había sido avalado, ¡quién iba a decirlo!, por la persona que hasta hace seis meses figuraba como gobernador del estado. ®
