Ninguna autoridad podía haber previsto lo que sucedió el martes 1 de febrero en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuando al caer la noche pareció como si se hubiera encendido la caja de los truenos, lo que tuvo en vilo y con el “¡Jesús!” en la boca a los habitantes de esta ciudad.
Y es que en nuestro país —y no sólo en Jalisco— combatir a la delincuencia, particularmente cuando se trata del hampa o de eso que se ha dado en llamar “crimen organizado”, es algo parecido a dar palos de ciego o a cazar fantasmas, los cuales sólo se materializan cuando hay alguna delación —que casi siempre es hecha por una banda rival—, pues como sabuesos nuestros gendarmes, cuerpos de seguridad y similares son más bien anósmicos (o sea que tienen poco o nulo sentido del olfato).
Sin un soplón o un espía bien informado, ¿cómo se podía saber, por lo tanto, que para las nueve de la noche del pasado 1 de febrero un grupo de delincuentes tenía preparada una decena de atentados que, a fin de confundir a autoridades y cuerpos policiacos, iban a darse, de forma coordinada y simultánea, en varios puntos distintos y distantes del área metropolitana, con secuestro de vehículos, incendio de éstos, bloqueo de avenidas, ataque a una estación de la policía en Tonalá?
Con la ventaja de la secrecía ese grupo criminal, al que Luis Carlos Nájera, secretario de Seguridad de Jalisco, dice haber identificado como parte de un cártel llamado La Resistencia, logró sorprender a todos y sembrar el pánico entre los tapatíos. Si ése era el cometido de los malhechores se puede decir que lograron su cometido, pues no sólo se salieron con la suya, sino que ninguno de ellos pudo ser detenido.
Y sobre el hecho de que no hubiera pérdida de vidas, éste no fue mérito de ninguna autoridad, como en algún momento pareció presumir el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez. Si no hubo muertos fue porque sencillamente ése no era el objetivo de los autores de los atentados. ¿Cómo se explica, si no, que éstos hayan bajado a los pasajeros de las dos unidades del transporte público antes de atravesarlas en la vía pública y prenderles fuego? Sólo un chófer, que opuso resistencia, resultó herido y con todo y ello los maleantes aun tuvieron la precaución de evitar lesionarlo en algún órgano vital.
¿Trabajo de profesionales? Sin duda. ¿Qué propósito perseguían con los granadazos y narcobloqueos? Según el alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, “retar a las autoridades”. Si así fue, consiguieron su objetivo. Y lo mismo se podría si lo que buscaban era atemorizar a la población, haciendo una exhibición de fuerza y de lo precario o vulnerable que es nuestro sistema de seguridad.
Un factor que, lejos de atemperar temores vino a acrecentarlos fue el de las llamadas “redes sociales”. A través de ellas se propalaron toda clase de rumores, varios de los cuales fueron repetidos por más de un medio electrónico.
Tal fue el caso de un canal de televisión por cable, donde el conductor del noticiero nocturno llegó a decir que personas del público se habían convertido en sus reporteros espontáneos. Y con muy poca responsabilidad trasmitió varios de esos reportes del público, los cuales hablaban del secuestro de una pipa de gasolina, de un motín en el penal de Puente Grande o de la probabilidad de que se suspendiera las clases al día siguiente.
Del lado de los cuerpos de seguridad se debe reconocer que, aun cuando no lograron atrapar a ninguno de los malhechores, no tardaron mucho en restablecer el orden y en bajar los niveles de alarma.
Y sobre el hecho de que no hubiera pérdida de vidas, éste no fue mérito de ninguna autoridad, como en algún momento pareció presumir el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez. Si no hubo muertos fue porque sencillamente ése no era el objetivo de los autores de los atentados.
Lo grave del asunto, sin embargo, es que no hay ninguna garantía de que no puedan volver a repetirse sucesos como los de aquel martes por la noche, máxime cuando el secretario de Seguridad de Guadalajara, Servando Sepúlveda, vaticinó hace un par de semanas que las cosas iban “a ponerse peor” y cuando el gobernador Emilio González Márquez acaba de solicitar al Congreso del estado que le autorice un crédito por mil millones de pesos, a fin de equipar mejor a los cuerpos policiacos, lo cual no parece tan buena noticia, pues si algo se ha demostrado, tanto en el ámbito nacional como local, es que mientras el gobierno más incrementa el gasto en seguridad, la población se siente menos segura.
Por último, y ya que se habla de la seguridad pública que nuestro estado ha ido perdiendo, este comentarista lamenta la muerte de Salvador Cárdenas Navarro, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves de esa misma semana.
Cárdenas Navarro fue procurador de Justicia durante el gobierno de Flavio Romero de Velasco, cuando nuestro estado consiguió un nivel de seguridad que ahora es añorado por muchos. Entre los no pocos méritos del notario público recién fallecido está el haber sido fundador de la primera feria del libro que hubo en México, la que él echó andar cuando fue regidor del Ayuntamiento de Guadalajara a fines de los años sesenta.
Salvador Cárdenas Navarro fue un funcionario público decente, una persona de una gran coherencia, que buscó ser útil a los demás y no se aprovechó de los cargos que tuvo para enriquecerse. Habría que preguntarse cuántos de nuestros “servidores públicos”, de hoy y de ayer, podrían presumir tales prendas. Descanse en paz Salvador Cárdenas Navarro. ®
