¿Debemos acostumbrarnos a que las bandas criminales son y seguirán siendo parte de nuestra insegura y violenta realidad, una realidad que, por desgracia, no han podido cambiar nuestras más bien impotentes autoridades?
Lo ocurrido la tarde del lunes 6 de abril, en el kilómetro 55 de la carretera Vallarta–Las Palmas, no fue un “enfrentamiento” entre una banda criminal y un convoy de la llamada Fuerza Única Regional, como consignaron algunos medios, sino una masacre en la que fue acribillada una veintena de agentes policiacos de la Fiscalía General de Jalisco, quince de los cuales resultaron muertos y otros cinco heridos, sin que se reportara una sola baja por el lado de los agresores. ¡Peor casi imposible!
Tan lamentable suceso, el peor revés recibido por una corporación policiaca en la historia reciente de Jalisco, viene a demostrar varias cosas que, lejos de tranquilizar a los habitantes de esta parte del mundo, pone a la sociedad con el Jesús en la boca.
Entre esas cosas preocupantes está la existencia de organizaciones criminales que operan con sigilo y con no poca astucia, con equipo y armamento que no les van a la zaga a los utilizados por los cuerpos policiacos de élite. Y ello porque los agentes de seguridad agredidos no eran los típicos policías de pueblo, improvisados y mal equipados, sino elementos seleccionados que, es de suponer, disponían de una esmerada preparación, así como de equipo y armamento de avanzada.
Precisamente por ello, es decir, por ser policías de élite, que circulaban en un convoy de varios vehículos, debidamente armados, sorprende que hayan sido una presa tan fácil para un grupo delictivo que, según se sabe, no tuvo una sola baja.
Sin pretender ser peritos en tácticas y protocolos policiales, es obvio que algo muy serio falló en este caso, hasta el punto de acabar teniendo consecuencias nefandas para uno de los cuerpos de seguridad mejor calificados de la entidad.
¿Hasta dónde pudo haberse tratado de un exceso de confianza, por parte de los altos mando de la Comisaría General de Seguridad de Jalisco, haber autorizado el traslado ostentoso de un grupo de agentes policiacos por la carretera Vallarta–Las Palmas, que cuenta con muchísimos tramos adecuados para emboscar a alguien? ¿Cómo es que los atacantes supieron, tan oportunamente, del momento preciso en que pasaría el convoy de los agentes policiacos agredidos?
Aun cuando Alejandro Solorio, comisionado general de Seguridad de Jalisco, descarta que haya habido alguna filtración interna sobre los movimientos policiacos en la costa norte de Jalisco que pudiera haber sido aprovechada por los maleantes, parece precipitado negar tajantemente la existencia de un soplón dentro de la propia corporación policiaca estatal, máxime cuando aún no terminaban de hacerse las investigaciones correspondientes, que a estas alturas siguen sin concluir.
Otro aspecto que no puede soslayarse es la vulnerabilidad de los vehículos en que se trasladaban, por una vía de muy alto riesgo, los policías agredidos, con el saldo fatal de todos conocido.
Pocos días antes, en plena Zona Metropolitana de Guadalajara (en la demarcación zapopana de Río Blanco) otro grupo policiaco de la Fiscalía General también sufrió un atentado, pero en este caso no hubo bajas y los policías agredidos —entre ellos el propio comisionado general de Seguridad de Jalisco, Alejandro Solorio— pudieron repeler exitosamente la agresión.
Ello fue posible porque en esa ocasión los agentes agredidos viajaban en vehículos blindados. La pregunta inevitable sería ¿por qué si en el caso de la agresión en la carretera Vallarta–Las Palmas se trataba de un traslado por una vía de alto riesgo los agentes no viajaban en vehículos blindados? ¿Acaso éstos sólo están reservados para los altos mandos, de manera que los policías de línea tienen que arriesgar el físico al hacer sus traslados en vehículos convencionales?
También se vino a saber que la masacre de ese lunes 6 de abril —cerca del poblado de Soyatán, en el municipio de San Sebastián del Oeste— sucedió cuando el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, había comenzado a tomar unas vacaciones en Europa, de tal modo que quien quedó al frente de la corporación fue el multicitado comisionado general de Seguridad de Jalisco, Alejandro Solorio, quien muy explicablemente pareció haber sido sobrepasado por las circunstancias.
Las explicaciones que este funcionario dio no sólo fueron tardías, sino poco convincentes y nada tranquilizadoras. Y lo mismo puede decirse de lo dicho por el mismo fiscal general, Luis Carlos Nájera, para quien el atentado contra sus policías fue, muy probablemente, obra de un grupo “experto”, con conocimiento en tácticas de guerrilla, uso de explosivos, etcétera.
Lo anterior, sea o no cierto, a nadie tranquiliza, pues el mensaje que recibe la sociedad es que la delincuencia organizada cuenta con una gran preparación y con armamento poderoso, de suerte que las bandas criminales no sólo seguirán operando por mucho tiempo, sino que debemos acostumbrarnos a que éstas son y seguirán siendo parte de nuestra insegura y violenta realidad, una realidad que, por desgracia, no han podido cambiar nuestras más bien impotentes autoridades.
Éstas, en el mejor de los casos, sólo parecieran aspirar a ir sobrellevando tan lamentable estado de cosas. ®