Oenegelandia y lucro político en la era de Sicilia

Los artistas y los intelectuales “indignados”

Para los intelectuales es mucho más cómodo repetir sus discursos prefabricados (desigualdad social, prohibición-legalización de las drogas, creación de espacios de educación y cultura, neoliberalismo, la malvada derecha, el imperio yanqui consumidor de droga) que elaborar nuevos, los cuales consideren las variables que efectivamente están en las causas de la extensión y multiplicación de mafias y los conflictos entre ellas.

I. Juicio a Emilio Álvarez Icaza

Álvarez Icaza marchando por la paz

¿Por qué no un “juicio ciudadano” con respecto a las víctimas por la redada en el News Divine? ¿Por qué sí en el caso de la guardería ABC? ¿Porque se diferencia la filiación partidaria o ideológica de las autoridades responsables o involucradas? ¿Porque uno es espurio, neoliberal, de La Mafia y presidido por un borracho asesino de 40 mil inocentes con su guerra, y el otro es legítimo, popular, democrático —de los dignos y valientes— y encabezado por un progresista promotor de los derechos humanos? ¿Porque a uno hay que exigirle y al otro apoyarlo, solamente?

¿Por qué si Emilio Álvarez Icaza fue ombudsman de la demarcación correspondiente a la jurisdicción de un caso no está interesado en llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sí lo está respecto del otro? ¿Por qué Marcelo Ebrard es intocable para él y Los Dignos Justos y Valientes? ¿Qué le debe o qué se deben? ¿Qué valores entendidos guardan entre sí? ¿Hay perdón y olvido selectivo, según afinidades o conveniencias? ¿Por qué en un caso se suma a la consigna: “No claudicaremos”, juez y parte, “en nuestro derecho a exigir justica” y en el otro sí ha claudicado, no obstante que la recomendación por el operativo en el News Divine que le entregó personalmente al jefe de Gobierno sigue sin concluir, es decir, que hay puntos de ella que siguen sin cumplirse?

¿Por qué si Juan Molinar Horcasitas es “culpable” de la muerte de los niños en el incendio en la guardería ABC, por qué no llevan a “juicio ciudadano” a Dolores Padierna por las veintitantos muertos y una cincuentena de heridos en el incendio en la discoteca Lobombo, puesto que murieron a causa de la corrupción de los inspectores de la Delegación a su cargo? ¿Porque se hace un juicio moral de las víctimas —inocentes y ángeles vs. viciosos-pecadores— o por la filiación partidaria y signo ideológico de uno y otra? ¿Olvido y perdón para unos casos y en otros no?

Como juez ciudadano, una especie de presidente de la Suprema Corte de Justicia Legítimo, Emilio Álvarez Icaza —la personificación de la dignidad y la moral pública— sentenció culpable a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para la defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas y por no ejercer su atribuciones para exigir el cumplimiento de la Recomendación emitida sobre el caso”. ¿Por qué él no tendría también que ser sentenciado culpable por lo mismo —en una pantomima idéntica—, puesto que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), de 116 recomendaciones que emitió quedaron 73 sujetas a seguimiento (con puntos pendientes por cumplir de las autoridades), más nueve que no le aceptaron? La recomendación por el caso del News Divine, por ejemplo, no ha sido concluida (se cumplió parcialmente).

Emilio Álvarez Icaza, quien cuenta con una carrera de funcionario público durante tres periodos administrativos con los beneficios y privilegios de un ministro o secretario de gobierno, tiene la legítima ambición de ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consejero del Instituto Federal Electoral.

Las respuestas a estas preguntas pueden tener que ver con que la defensa profesional de los derechos humanos, de una selección arbitraria de casos o causas, permite hacer una carrera política al más alto nivel en la administración pública. Emilio Álvarez Icaza, quien cuenta con una carrera de funcionario público durante tres periodos administrativos con los beneficios y privilegios de un ministro o secretario de gobierno, tiene la legítima ambición de ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consejero del Instituto Federal Electoral (está muy comprometido con la agenda en derechos humanos, pero estaría de superlujo ser consejero electoral, aunque no se puedan promover tanto). Sus actos están orientados a conseguir estos objetivos, aunque sea a nombre de la ciudadanía o la sociedad civil, y para ello lucra políticamente con la visibilidad en la opinión pública de los casos ABC y Sicilia hijo, para armar una caravana en la que él es el héroe de la película. Esta caravana es su campaña para un cargo político más: para presidir o dirigir un organismo gubernamental, para figurar en una lista de legisladores plurinominales o para seguir siendo el asesor externo al que le pagan cientos de miles por algún “estudio” dada su cotidiana y constante presencia en medios de comunicación que le dan el prestigio para ello. No afirmo que no le interese la paz con justicia y dignidad para todas y todos, sino que además, aunque no lo manifieste, tiene intereses personales con respecto a sus objetivos profesionales, a los que tiene derecho a tratar de lograr como cualquiera.

Nótese un caso distinto, el de Luis de la Barreda Solórzano, quien luego de cumplir sus cuatro años como presidente de la CDHDF volvió a trabajar a su organización en la sociedad civil, sin ambición por mantenerse en el nivel más alto de la política profesional.

(Le llamo lucro político a todas las acciones que restan legitimidad a un adversario con el que se compite para alcanzar, mantener o mejorar posiciones de poder, o a las que aumentan la legitimidad propia a partir de usufructuar, capitalizar o aprovecharse de la buena reputación de otros o del reconocimiento público a la bondad de sus causas, lo cual dota de más recursos simbólicos o persuasivos para la competencia por las posiciones de poder).

II. Caravana, ¿por la paz?

Lo que era un movimiento de élite, de la “comunidad de artistas e intelectuales”, la indignación mediática por el asesinato de un hijo del poeta Javier Sicilia, se ciudadanizó a partir de la intervención de Emilio Álvarez Icaza en su marcha de Cuernavaca al Zócalo de la Ciudad de México. Una vez ciudadanizado había que darle cuerda para más, hacer una cosa grande en la que pudiera destacar y liderar. Ciudadanizarse implica que es adoptado o cooptado por algunas oenegés de defensores profesionales de derechos humanos —son la banda de Los Dignos y Justos—, afines entre sí, antagónicas al gobierno de Felipe Calderón, pero que eventualmente reciben financiamiento de éste o de gobiernos locales, vía secretarías de desarrollo social, comisiones de derechos humanos o institutos de mujeres, principalmente. Los contingentes de las caravanas se integran mayoritariamente por los recursos humanos de esas oenegés, dado que son profesionales —ése es su trabajo—, así como de activistas en nóminas de agrupaciones políticas y sindicatos, más uno que otro periodista del tipo comprometido. Los ciudadanos-ciudadanos, salvo algunos agraviados, se quedan a trabajar o a buscar trabajo; no andan de caravana.

Es por eso que a Sicilia le están colgando las agendas particulares que cada organización o influyente de la caravana tiene. Lo apoyan y le dan cuerda, pero de pasadita se aprovechan para incluir de contrabando otros temas de sus intereses. Al cabo que suenan bien; son política e intelectualmente correctos y pueden valerse del ambiguo concepto de lo integral: todo tiene que ver con todo; la paz con la justicia, la violencia con los “ni-ni”, los “ni-ni” con la desintegración del “tejido social”, éste con la pobreza, la pobreza con la militarización, la militarización con la corrupción, la corrupción con los monopolios, los monopolios con la necesidad de reelecciones… y así, como un mundo en el que quepan muchos mundos, según sus “Propuestas para un Pacto por la Paz”. En realidad no son propuestas, sino exigencias, las cuales carecen de argumentos y datos de cómo pasar de los buenos deseos a las políticas públicas, el gasto público necesario, el diseño institucional o el marco jurídico que los haga viables (exigencias del tipo Quiero dejar de ser chaparro, feo y pobre, y ser alto, guapo y rico. Y lo quiero ya).

Una de sus exigencias es la “resolución pública” de “algunos casos emblemáticos”. No de todos (¿no que “todos los derechos para todos?” —y escrito con arrobas). Es decir, discriminación entre unos casos y otros. Varios de ésos ya fueron juzgados por la Suprema Corte de Justicia, de modo que no hay forma de que autoridad alguna pueda darles una “resolución” más, ni distinta. La selección de esos casos está en orden al lucro político que de ellos se ha hecho y se puede seguir haciendo, según la conveniencia y orientación ideológica de los defensores profesionales de derechos humanos. Por ejemplo, las víctimas en la Guardería ABC sí están entre esos “casos emblemáticos”; el de las víctimas en el News Divine, no. Tampoco se menciona a las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos en el Distrito Federal (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas), para no tener un conflicto con Marcelo Ebrard, para no cuestionar la consigna de que es una ciudad progresista gobernada por la izquierda. Eventualmente él podría llegar a ser presidente y que recibieran de su parte beneficios económicos o políticos. Tal vez ya los han recibido. Son la banda, pues. Y hay que ser la banda con quien es la banda, diría yo. Pero el caso de la Guardería ABC sí, porque que pueden implicar a una cuñada del presidente Calderón o a sus secretarios o a él mismo y a su partido.

Los contingentes de las caravanas se integran mayoritariamente por los recursos humanos de esas oenegés, dado que son profesionales —ése es su trabajo—, así como de activistas en nóminas de agrupaciones políticas y sindicatos, más uno que otro periodista del tipo comprometido. Los ciudadanos-ciudadanos, salvo algunos agraviados, se quedan a trabajar o a buscar trabajo; no andan de caravana.

Otra de sus exigencias (que no propuesta) es “representación en los medios de comunicación”. ¿Más? ¡Más! Javier Sicilia lleva un montón de años en el semanario Proceso, el más importante, con mayor tiraje y circulación del país, y Emilio Álvarez Icaza es el especialista en derechos humanos y sociedad civil de varios de los más importantes medios de comunicación y espacios informativos: es profesional en Televisa, Multivisión y El Universal. ¿Cuántos son los participantes en la caravana? ¿Doscientos, trescientos…? Pues están más representados en los medios que la inmensa mayoría de los mexicanos, incluida la familia Slim. ¿Qué más quieren? ¿La propiedad de un canal?, ¿su usufructo, la concesión…? (para que tengan un raiting de cero). Ochenta medios nacionales y extranjeros le han dado cobertura a la caravana (véase), aunque no hay nada de noticioso en el hecho mismo de ir en autobús de una ciudad a otra o que jugaron a la pelota purépecha (véase). Pero, pobrecitos, no están representados en los medios de comunicación.

Exigen también “romper” “los monopolios” en las telecomunicaciones. Pero no hay “monopolios” en las telecomunicaciones. Por más que los intelectuales y los políticos repitan que hay monopolios, no los hay. Monopolio es que sólo hay uno. Y en telecomunicaciones no hay monopolio alguno. Donde yo vivo hay una oferta de televisión abierta de tres empresas privadas y tres canales públicos (y esto sin considerar la televisión por cable, con audiencias frecuentemente superiores a la oferta abierta); en radio hay una competencia entre varios grupos y estaciones privadas y públicas, y en telefonía e internet hay tres o cuatro opciones para el consumidor. La palabra monopolio y las expresiones de luchar contra ellos o romperlos le dan mucha fuerza a los discursos políticos y al pastoreo moral de los intelectuales, pero no corresponden a la realidad en este caso. Con que haya dos competidores no hay monopolio, pero entonces políticos e intelectuales hablan de “duopolio”, que suena parecido a monopolio (y así de malo por semejanza fonética) y acusan a ambos por igual de ser como un monopolio de dos. Y siguen hablando de duopolio, como en el caso de las televisoras, aunque no lo sea. Cabe anotar que nuevos competidores o con participación minoritaria en el mercado adoptan este discurso del antimonopolio para promoverse, y no descarto que haya intelectuales que eventualmente se han beneficiado de ello, como Denise Dresser, quien tuvo el patrocinio de Movistar para uno de sus programas de televisión. Pero, bueno, monopolio-monopolio, Pemex, pero Los Dignos no tienen ninguna exigencia ni objeción por ello. Es decir, hay monopolios buenos y malos, y el del petróleo es de los buenos. Es tan bueno que nunca se refieren a Pemex como el monopolio del petróleo.

Teniendo como objetivo de la caravana y su pacto “detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario”, supondría que la pregunta a responder es: ¿cómo le hacemos para que deje de haber ejecuciones, secuestros y extorsiones o se reduzcan significativamente hasta el punto en que nos podamos sentir seguros? Pero jamás habría supuesto que esto implique la exigencia de reelegir a legisladores y alcaldes de inmediato. O sea, si todo tiene que ver con todo, cualquier cosa puede ser causa o efecto de cualquiera otra o de sí misma.

III. Aferrados a sus lugares comunes

El diagnóstico de Los Dignos está equivocado, pero es el que le conviene a las oenegés. Antes que por gente sin oportunidades (los pobrecitos jóvenes “ni-ni” del “tejido social” descompuesto), las organizaciones de criminales se han integrado por gente con vocación y ambición para hacer una carrera en la mafia, por ex militares (desertores), por policías en activo y ex policías (dados de baja), así como por internos en centros de reclusión y ex reclusos. Las levas y el reclutamiento entre miserables por los carteles es un fenómeno muy reciente. Pero el discurso de la pobreza y la falta de oportunidades como causa de ingreso a organizaciones de criminales justifica la razón de ser y los donativos o financiamiento que reciben, y en orden a ella plantean sus exigencias. Por eso no tienen ninguna propuesta ni exigencia sobre desertores, policías y reclusos, porque sus oenegés no tienen que ver con ellos (no están entre su población meta). Por eso tampoco los intelectuales se manifiestan al respecto, porque para ellos es mucho más cómodo repetir sus discursos prefabricados (desigualdad social, prohibición-legalización de las drogas, creación de espacios de educación y cultura, neoliberalismo, la malvada derecha, el imperio yanqui consumidor de droga, etc.) que elaborar nuevos, los cuales consideren las variables que efectivamente están en las causas de la extensión y multiplicación de mafias y los conflictos entre ellas. (¿Qué causa la deserción? ¿Puede prevenirse, disuadirse o qué controles se pueden establecer para reducirla o aprehender a desertores? ¿Qué hacer con los policías dados de baja? ¿Qué hay que hacer para que los reclusorios dejen de ser centros de operaciones criminales?…)

Adenda: La sombra de las FARC

El operador de la caravana de los subcomandantes Sicilia y Emilio (Magdiel Sánchez), “de la actividad y movimientos de los manifestantes en cada estado”, es un activista partidario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según estas referencias: una y otra. Si hacer apología del terrorismo fuese poca cosa, además se opone, por supuesto, a la evaluación de la calidad de la educación. El punto es: quien ensalza al terrorismo no es pacifista. Esto es lucro político, precisamente: valerse del dolor de muchos participantes y adherentes a la caravana para, a nombre de ellos, promover otros intereses distintos e inclusive contrarios a la paz.

Los huérfanos del sub “Marcos” necesitaban a otro poeta para caravanear, pues ya se lo consiguieron. ®

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Publicado en: Junio 2011, Letras libertinas

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