Desde hace unas semanas se ha venido llevando a cabo en el Congreso de Jalisco una serie de mesas de consulta con el propósito de actualizar la legislación en materia de cultura y que, al decir de funcionarios estatales del ramo, requiere de cambios urgentes y radicales.
Rocío Corona Nakamura
Pero aun cuando el asunto pueda ser considerado de interés público, pocas son las propuestas que han respondido a tal supuesto, pues la mayoría de participantes se ha ocupado, o bien de asuntos particulares, o de generalidades punto menos que inocuas, por no decir demagógicas.
Así, por ejemplo, la diputada Rocío Corona Nakamura ha propuesto que sea declarado como precepto constitucional el “derecho a la cultura” de todos y cada uno de los jaliscienses.
Colectiva e individualmente, los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín se podrían preguntar en qué los beneficia este biensonante postulado de quien preside la Comisión de Cultura, cuando ellos han sido condenados, por autoridades estatales y federales, a ver desaparecer sus pueblos, con todo y su riqueza patrimonial.
Dicho de otro modo, ¿qué ha hecho la devaluada diputación local para defender estos poblados que forman parte de nuestro patrimonio cultural, histórico, social y natural? ¿En qué beneficia o beneficiará la vigente —o la eventualmente reformada— Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco a los vecinos de esos pueblos alteños, sentenciados oficialmente a desaparecer bajo el agua que retendría la proyectada presa de El Zapotillo?
¿Acaso ellos, en cuanto habitantes del estado “libre y soberano” de Jalisco, no tienen ese “derecho a la cultura” del que habla la diputada Corona Nakamura? ¿O es que tal derecho es sólo palabrería como la que se estila en el Congreso de Jalisco?
¿Por qué a esos desahuciados jaliscienses, que han acudido repetidas veces al Palacio Legislativo, buscando la ayuda de sus “representantes”, no han sido amparados tampoco por la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco y sus Municipios de los daños, perjuicios y amenazas que han perpetrado en su contra tanto la Comisión Nacional del Agua como la Comisión Estatal del mismo ramo y cuyos titulares (José Luis Luege Tamargo y César Coll Carabias, respectivamente) están decididos a destruir para siempre el rico patrimonio cultural y natural de los pueblos antes mencionados?
¿Qué va a suceder con esta batería de propuestas tan dispares y, en varios casos, utópicas? ¿Cómo se van a cribar para que nuestros devaluados legisladores eventualmente puedan incorporarlas a la pretendida renovación de la legislación cultural de Jalisco?
Nada de esto ha sido tratado, hasta ahora, en las mesas de consulta instaladas en el Congreso de Jalisco, donde el interés de participantes y asistentes se ha centrado en otras cuestiones: en querer definir qué cosa es cultura y cuál otra no; en pedir a Papá Gobierno que preste servicios gratuitos de seguridad social a los llamados creadores artísticos; en el deseo de que mejore la calidad artística en las esculturas y monumentos públicos; en que parte de las actividades de la Secretaría de Cultura sean desarrolladas por los municipios; en la cacareada “creación de nuevos públicos” para la manifestaciones artísticas e intelectuales; en la exigencia para que, en el ámbito de las musas, se dé una “verdadera” coordinación entre los tres niveles de gobierno; en la petición para que se incrementen los recursos públicos “para dar créditos a jóvenes creadores”; en la propuesta para que el Cabañas cambie su nombre de “Instituto Cultural” por el de “Museo Hospicio”, y entre muchas otras cosas, para que se establezca como norma que, en ningún caso, las casas de la cultura de la entidad sean “utilizadas como bodegas, oficinas de gobierna o salones de usos múltiples” (léase salones de fiestas).
¿Qué va a suceder con esta batería de propuestas tan dispares y, en varios casos, utópicas? ¿Cómo se van a cribar para que nuestros devaluados legisladores eventualmente puedan incorporarlas a la pretendida renovación de la legislación cultural de Jalisco?
Por lo demás, todo lo anterior parece punto menos que una ociosidad, ante lo que ya se puede considerar la desvergüenza de la temporada: diputados del PRI y el PRD que, el martes 28 de junio, no sólo le pusieron un moño “legal” al pantano de trapacerías en el que chapotea, desde hace buen rato, el auditor del estado, Alonso Godoy, sino que acabaron por convertir al Congreso de Jalisco —que en teoría es la casa de las leyes y de “representantes del pueblo”—, en una nueva versión del legendario establo de Augías: el mitológico y pestilente cubil donde se refocilaban las bestias más sucias y malolientes, y cuya limpieza parecía imposible debido a las gruesas capas de estiércol acumulado y al asco que provocaba tamaña porquería. No por nada la asepsia de tan infecto lugar fue uno de los doce trabajos encomendados a Hércules. Para ello, el héroe griego se vio precisado a desviar el curso de dos caudalosos ríos a fin de que su corriente arrastrara el mayor foco de infección imaginado en la antigüedad.
Muy bien, por el pasado mitológico. Pero ¿y el presente legislativo de la comarca? ¿Dónde hay que ir a buscar al Hércules de hoy que pueda realizar la hazaña de remover el estiércol y otras heces que inundan al nuevo establo de Augías: el Congreso de Jalisco? Se aceptan propuestas. ®
