Sobre legalización de drogas y la economía mexicana

No es suficiente estar a favor, hay que estarlo por buenas razones, con razones que parten de hechos. Alrededor de las drogas, legales e ilegales, no sólo hay “maldad”, sufrimientos y desgracias, pero tampoco sólo diversiones y gozos personales o grupales/“tribales”.

I

Cuando se habla de drogas, así como de su prohibición o legalización, comúnmente aparecen reduccionismos. Uno de ellos es “contracultural”: “Yo quiero hacer mi desmadre, nada ni nadie debe evitarlo ni impedirlo, y ya”. Además de la falla reduccionista misma, esta postura anti-prohibición muchas veces representa no pocos inconvenientes o problemas por deficiencias e insuficiencias de fundamentación racional y democrática; de la misma manera, al final del día no representa el punto “derechos y libertades” de algunos de quienes proponemos la legalización de drogas. Basta decir que ese punto incluye con condiciones la “libertad de desmadre” y no se reduce a ella. Pero hay otro problema, uno importante y doble, con acento en lugares mexicanos y similares. Por un lado, la postura “desmadrosa” promedio suele erigirse en un obstáculo para que enemigos de la prohibición se conviertan en mejores aliados de la legalización. No es suficiente estar a favor, hay que estarlo por buenas razones, con razones que parten de hechos. Alrededor de las drogas, legales e ilegales, no sólo hay “maldad”, sufrimientos y desgracias (otro de los reduccionismos), pero tampoco sólo diversiones y gozos personales o grupales/“tribales”; también están ahí, y de forma relevante, varias cosas más: complejidad. Es el otro lado del problema. Cuando los ciudadanos que defienden la legalización se limitan a defender su “desmadre”, sólo confirman el prejuicio anticientífico y en general irracional de los reduccionistas que tienen como contraparte: éstos endurecen su convencimiento de que la propuesta prácticamente nada, o nada bueno, significa para quienes no se drogan (ilegalmente). Por supuesto, ambas partes se equivocan. ¿Que algunos sólo están interesados en defender esa sola arista y que eso “es su problema”? Evidentemente; y eso no significa que estén bien sin más, ni que no provoquen efectos no deseados y perjudiciales, ni que no esté en su interés —que sea bueno para otros y para ellos— ninguna otra cosa. Unos no pueden socializar más y mejores argumentos a favor de una buena alternativa, lastrándola públicamente en algún grado, especialmente en provincia y con acento extra para las partes de esa provincia nacional en que además se vive una paz relativa; así, terminan yendo contra su propio interés… algunos se afectan negativa, innecesaria y tontamente incluso si en el fondo confundidamente prefieren la ilegalidad para potenciar o “autentificar” su ser “contracultural” (conozco a unos cuantos jóvenes que eso creen…). Los otros, ayudados por los primeros, se alejan más de querer y poder entender la realidad respectiva que es una moneda con muchas caras.

La propuesta legalizadora tiene versiones mejores que las “contraculturales”, o en una palabra: integrales. No se agotan en el mero “desmadre” —al que, insisto, no satanizan ni dejan de lado, pero en su ámbito lo toman sin “desmadre” o, lo que para el caso es igual, en serio— y en cambio tratan de agotar analítica y en su caso éticamente “cuando menos” tres campos: los derechos y las libertades de un individuo, la salud pública, los efectos del crimen organizado (que en México se reconfigura principalmente en la violencia “narca” y la inseguridad). Entre ellos, yendo de uno a otro y cruzándolos, se encuentra el económico. Sobre él, expresando posibilidades reales y deseables, y algunas cosas más, se ha construido el bloque argumentativo analítico que sigue. Obviamente, está dirigido tanto a quienes están en contra de legalizar drogas como a quienes están a favor mas unidimensionalmente, o hasta de forma simplemente emocional. Y es que en ocasiones también es necesario “predicarle al coro”. No hacer esa prédica o dejar de hacerla es algo que depende del coro, de su (sub)tipo y de su estado…

II

Por sí misma, la legalización de drogas que hoy son ilegales no puede generar el desarrollo que este país necesita pero sí puede contribuir, en alguna medida, a que el funcionamiento de nuestra economía sea mejor. ¿Por qué? Institucionalidad formal pública es aquí la clave, esto es, la regulación legal del Estado, esa regulación y su relación, directa e indirecta, con lo económico. Veamos.

Para quienes no somos neoliberales la legalización no significa eliminar una prohibición no privada y dejar todo sin (necesaria) regulación sino, precisamente, regular todo lo que sea públicamente regulable, desde una perspectiva compatible con las libertades democráticas. Se trata de regular bien. En el caso de las drogas, se regularían la oferta y, consecuentemente en parte, la demanda de éstas; hay que regularlas así porque es imposible que esa demanda y esa oferta desaparezcan, la “no regulación” o regulación mínima porque sí en un sentido chatamente cuantitativo ignoraría problemas individuales que a la vez son públicos y que en cuanto tales tienen efectos tanto colectivos como individuales, y la prohibición existente nada resuelve y agrega problemas: el consumo es más morboso personalmente (lo prohibido eleva el atractivo para muchos jóvenes irresponsables y otros sólo superficialmente fuertes; tal y como pasa con el sexo, caso que el catolicismo tampoco ha entendido o no quiere entender), más riesgoso físicamente (en el mercado negro, la calidad de las drogas baja y carece de controles) y muy injusto penalmente (se criminaliza también y castiga a quien no lo merece); el consumo y la adicción, que no son exactamente lo mismo, no disminuyen (cf. la Encuesta Nacional de Adicciones, para el caso mexicano) y la segunda combinada con los precios y la relatividad socioeconómica de sus incentivos a los consumidores en ciertos casos puede motivar otra delincuencia para poder comprar dosis, y la oferta se pone en manos de criminales que cuentan con demasiados sustitutos (matarlos o encarcelarlos a todos no es posible), y que amasan el dinero de un negocio enormemente lucrativo y por ello “querido” contra todo y por lo mismo tremendamente corrupto y corruptor —a lo que en México se suma que la violencia y los homicidios han aumentado tras el encuentro de la prohibición y la estrategia del presidente Calderón (véase el ya famoso trabajo de Fernando Escalante publicado en el número de enero de 2011 de la revista Nexos). ¿Quién regularía? Ya se dijo: el Estado. Regulación estatal no es el sinónimo de estatismo “perfecto” (en varios sentidos…), ni de colectivismo ni de control totalitario. Y el Estado tiene el monopolio legítimo de la fiscalidad; monopolio además legal. La legalización de drogas entendida como regulación público-estatal también es un mecanismo fiscal: como se ha logrado hacer ver a algunos políticos y grupos sociales de California y otros lados, al regularse una droga se cobran impuestos relativos a producción, venta y consumo (los impuestos no son en sí malos; pueden ser democráticos y buenos para muchos). Con impuestos adecuados no sólo se podría complicar o “amarrar”, que no desaparecer, el consumo, en el agregado, como está empezando a pasar en México y no pocos lugares con el tabaco —un caso sobre el que grandes cantidades de personas, sean del ámbito que sean, contradicen eso que ellas mismas dicen para oponerse a la menos dañina marihuana—, sino que, como no dejará de haber consumidores, habría nuevos recursos para que el Estado lleve a cabo sus deberes, y lo haga bien. ¿Se necesitan otras reformas institucionales para ello? Desde luego. ¿Y…? ¿No se dan cuenta de lo tonto que en un contexto como el mexicano actual se está volviendo pedir que no se haga una reforma porque otra reforma no se ha hecho, reforma ésta que también requeriría acompañarse con al menos otra reforma que no se ha hecho? ¿Por qué no, como hacemos algunos, proponer o pedir reformas de modo que incorporen y se hagan cargo de esa complejidad? ¿Qué les parece pedir las reformas, en plural, que sean necesarias, incluyendo las reformas necesarias para una reforma necesaria? En fin. Lo contrario al buen desempeño estatal sucede, entre otros motivos, porque no hay suficiente dinero o el dinero no es usado eficiente y eficazmente, par que a su vez en muchos casos tiene que ver con la corrupción; este tipo de corrupción cuesta bastante en términos sociales y más a mediano y largo plazos (¿alguien lo duda?). La legalización en cuestión, para decirlo con palabras de P. Aguirre, “acabaría con la nefasta alianza entre el narcotráfico y el poder político y, por ende, con un foco monstruoso de corrupción” (véase su texto en el número 4 de Refectorio, suplemento de política y cultura editado en Puebla). No acabaría con toda la corrupción, lo que en verdad es otra imposibilidad, ni es lo único que se tendría que hacer para combatirla, pero cancelaría una clase de corrupción. Ahora bien, el dinero recabado por impuestos podría ocuparse, además de para enfrentar directamente otros delitos y a otros criminales, en inversión pública —infraestructuras, por ejemplo—, lo que generalmente es positivo para la economía, sobre todo en momentos como el presente. Parece o debería ser ocioso señalarlo, pero…: invertir desde el Estado para lograr o asegurar buena educación y buena salud de una población no es algo malo para la economía que se pretenda sustentable… Todo lo dicho lleva implícito que la producción y venta de drogas pasan a ser esfuerzos económicos legales. No supone que todos los “narcos” de la actualidad se convertirán en empresarios legales: a dichos esfuerzos se dedicarán algunos “narcos”, junto a empresarios experimentados o nuevos que no son como ellos, y otros lo harán a otros delitos que hoy de todos modos existen y seguirán existiendo, legalización de drogas o no de por medio. Lo más importante es que los esfuerzos referidos son unos que generan empleos “no negros”, empleos más protegidos, más integralmente protegidos, o empleos potencialmente protegidos de esa suerte desde el Derecho y los derechos. En este sentido, hoy no pocos campesinos se ven obligados a trabajar ilegalmente sembradíos relacionados con materia prima para drogas y su inseguridad se mantiene en lo económico, tal vez empeora, y ya no sólo es económica, también es jurídico-política por razones obvias y física al tratar con narcotraficantes ensoberbecidos o presionados.

Todo lo dicho lleva implícito que la producción y venta de drogas pasan a ser esfuerzos económicos legales que generan empleos “no negros”, empleos más protegidos, más integralmente protegidos, o empleos potencialmente protegidos de esa suerte desde el Derecho y los derechos.

Especificando, hay que decir que si se legaliza la marihuana en México se abren jurídicamente varias y legítimas oportunidades económicas por y con el cáñamo o planta de la cannabis. De esta planta sale el estupefaciente llamado marihuana, o mariguana, pero también es una fuente de textiles y papel y otros productos que ahora no pueden ser envueltos en actividades legales y productivas. La legislación mexicana malinterpreta o confunde todo sobre la cannabis y su planta, haciendo que no se deba ser empresario, pequeño o no, en áreas que no contienen nada indebido en sí y que no tienen por qué ser ilegalizadas; en vez de proyectar más buenos empresarios legales, en “nuestra” ley absurdamente se dibujan individuos que, aunque no sean ni quieran ser auténticos criminales, de intentar ser empresarios del ramo no serían sino eso, criminales. Como concluye A. Madrazo Lajous, “el resultado es la paradoja actual en la que los mexicanos estamos imposibilitados de utilizar el cáñamo para la elaboración de productos de enorme utilidad y valor comercial, mientras que nos vemos obligados a importar esos mismos productos de nuestros socios comerciales” (véase Refectorio, número citado).

Legalizar drogas que no son tabaco y alcohol —los cuales son drogas, drogas legales— también podría ayudar a mejorar la economía mexicana así: en primer lugar, terminando el gasto de miles de millones de pesos, sobre todo por parte del gobierno federal, en una mal llamada, estratégicamente errónea y ya fallida “guerra contra el narco”, un gasto inútil y hasta contraproducente en términos de seguridad democrática, con todo lo que eso implica, elementos económicos incluidos. Esta “guerra” no sirve para lo que se supone que debe servir y el presidente dice que está sirviendo. Básicamente, sirve para aquello que no nos sirve a los ciudadanos como tales, sobre todo en un país ajeno al “primer mundo” como México: confundir las prioridades estatales en una democracia y desperdiciar el dinero público. En segundo lugar, ahorrándole, lo que podría contribuir a cierto fortalecimiento, o permitiendo al Estado reorientar prosocialmente el dinero que malgasta persiguiendo, procesando y “alojando” en las cárceles a miles de consumidores que no son necesariamente adictos ni malos ciudadanos, y sí generalmente “no ricos” que lo que suelen consumir es marihuana; se trata de ciudadanos que, aun si fueran adictos, no merecen penas de prisión y que, con cargo al erario, son llevados a prisiones sobrepobladas, corrompidas y sucias en las que, para colmo, mayoritariamente se consume droga [droga, en general, así que se incluye la legal y la ilegal] y habitan los peores delincuentes, que ahí y desde ahí siguen actuando como tales. ¡¿Qué de bueno para la sociedad hay que esperar de esa realidad?! Reflexiónese tan sólo una de las posibilidades, o, si se quiere, una probabilidad: cuando salgan de la cárcel y nadie quiera darles un buen empleo formal por tener “antecedentes penales”, empleo que probablemente muchos nunca tuvieron, ¿qué harían para sobrevivir algunos de quienes fueron encarcelados, pequeños vendedores o no, “transportistas” o “mulas” o no, consumidores o no, pues no hay que descartar detenciones y consignaciones y aun sentencias de quienes ni siquiera consumían?

Por último, ya que de dineros y asuntos sociales hablamos, no puede dejar de decirse que las entradas por impuestos, dinero público, podrían y deberían ser también usadas por el Estado para combatir más y mejor las adicciones a sustancias, lo que es y tiene que ser parte de todo buen Estado democrático (así como de uno verdaderamente liberal, realmente liberal, pero eso es motivo de otro texto); las adicciones constituyen casos de los problemas individuales-colectivos mencionados líneas antes. También para hacer campañas de información para prevenir el uso de drogas o acaso un más grande y peor uso de ellas. ¿Tener menos adictos, adictos menos riesgosos socialmente y ciudadanos más y mejor informados sobre riesgos varios de todas las drogas no puede ser una situación positiva en término económico alguno?

En resumen, el impacto positivo de la legalización o regulación en la economía mexicana se encuentra en el fin de un negocio muy rentable porque es ilegal y el fin consiguiente de la corrupción y la violencia correspondientes a ese tipo de crimen organizado, corrupción y violencia, tanto del lado estrictamente criminal como del gubernamental, que, por una parte, distraen y destruyen recursos, humanos, materiales y simbólicos, del Estado y de la sociedad, y, por otra, bloquean medidas públicas democráticamente necesarias y oportunidades sociales y otras posibilidades no carentes de legitimidad.

Se equivocan total y ridículamente quienes, como el novelista Guillermo Fadanelli, dicen que los narcotraficantes no son un auténtico problema —lo son, y otros también; las drogas en sí no lo son— pero también se equivocan quienes dicen que el problema del narcotráfico, es decir, el tráfico ilegal de drogas y los resultados directos e indirectos de este tráfico, es uno que sólo puede y debe combatirse como lo está haciendo el presidente y que la propuesta de legalización de drogas es igual a no combatir. No es así. Esa propuesta no es no combatir o dejar de combatir el problema representado por los “narcos” sino combatirlo de otra manera, una fundamentalmente pacífica y posiblemente benéfica para la economía o con toda seguridad menos costosa económicamente, así como en lo que hace a la salud pública, lo político-institucional, los derechos y las libertades.

[Los proponentes de la regulación no promovemos el consumo de drogas ni negamos que haya algunos problemas con ciertas drogas actualmente ilegales y con cierto tipo de consumo, y proponer la legalización de drogas y promover su consumo, o incluso el consumirlas, NO son lo mismo ni tienen relación necesaria.] ®