Hay una pregunta que debe plantearse y responderse con seriedad: ¿hasta dónde llega el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo y sobre la manera en que quiere enfrentar el final de su vida?
No le tengo miedo a la muerte. Sólo le tengo miedo a lo que tengas que pasar para llegar allí.
—Pamela Bone
Hay temas que como sociedad preferimos mantener a cierta distancia. La muerte es uno de ellos. Hablamos de ella cuando llega, cuando nos toca despedir a alguien, cuando una enfermedad nos obliga a reconocer que la vida tiene un límite.
Pero pocas veces queremos hablar de lo que ocurre antes de ese momento: del dolor, de la pérdida de autonomía, de los tratamientos que dejan de curar y comienzan únicamente a prolongar un proceso que sabemos irreversible.
Y mucho menos queremos preguntarnos quién debería tener la última palabra cuando una persona enfrenta ese momento.
Por eso hablar de eutanasia en México resulta tan complicado. No es solamente un asunto médico. Tampoco es exclusivamente jurídico. Es una discusión que toca nuestras convicciones más profundas sobre la vida, la libertad, la dignidad y, finalmente, la muerte. Pero precisamente por eso debemos hablar de ella.
La Ciudad de México ya tuvo, hace casi dos décadas, un primer acercamiento a esta discusión. En 2008 se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, una legislación que en su momento significó un cambio importante en la manera de entender el final de la vida.
No es solamente un asunto médico. Tampoco es exclusivamente jurídico. Es una discusión que toca nuestras convicciones más profundas sobre la vida, la libertad, la dignidad y, finalmente, la muerte. Pero precisamente por eso debemos hablar de ella.
Por primera vez, de manera clara, se reconocía que una persona podía dejar constancia de su voluntad respecto de determinados tratamientos médicos para el momento en que ya no pudiera expresarla por sí misma. No era eutanasia y esa diferencia sigue siendo fundamental.
La voluntad anticipada permite rechazar tratamientos que prolonguen innecesariamente el proceso de morir, pero no autoriza provocar deliberadamente la muerte. Fue, sin embargo, una primera puerta que se abrió hacia una pregunta que durante mucho tiempo parecía imposible plantear: ¿hasta dónde llega el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo y sobre la manera en que quiere enfrentar el final de su vida?
Casi veinte años después aquella pregunta sigue ahí, quizá ahora sea todavía más difícil responderla. La medicina ha avanzado de una manera extraordinaria, podemos mantener funciones vitales que antes se perdían irremediablemente, e incluso controlar dolores que durante siglos fueron insoportables.
Podemos prolongar la vida durante meses o años en circunstancias que antes simplemente no existían, pero también hemos creado situaciones nuevas.
Hay personas que pueden permanecer con vida mientras su enfermedad continúa avanzando sin posibilidad de curación, personas para quienes cada día puede significar más dolor, más dependencia y menos capacidad para decidir sobre su propia existencia.
Es ahí cuando aparece la discusión sobre la eutanasia, no como una invitación a morir, ni como una salida fácil y mucho menos como una obligación, sino como una pregunta.
¿Puede el Estado obligar a una persona a prolongar una vida que, bajo determinadas circunstancias médicas, esa misma persona considera incompatible con su idea de dignidad?, sin lugar a dudas la pregunta incomoda porque no tiene una respuesta sencilla.
Para algunos, la vida debe preservarse hasta el último instante y ninguna circunstancia debería justificar que un tercero provoque deliberadamente la muerte.
Para otros, la dignidad implica también tener la posibilidad de decidir sobre el propio final cuando existe una enfermedad irreversible, un sufrimiento grave y una voluntad libre, consciente e informada.
Ambas posiciones merecen ser escuchadas, lo que no parece razonable es pretender cerrar la discusión antes de haberla tenido.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por la diputada Carina Piceno Navarro resulta fundamental ya que vuelve a colocar el tema en la agenda pública, provocando que México vuelva a preguntarse si debe existir un marco jurídico que permita regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida bajo condiciones determinadas.
Es justamente ahí donde la discusión debería adquirir seriedad, porque si algún día México decide avanzar hacia una regulación de esta naturaleza, no bastaría con decir que una persona tiene derecho a elegir.
La discusión sobre eutanasia no debería enfrentar vida contra muerte, debería hablarnos de dignidad, en primer lugar de la dignidad de quien decide no someterse a tratamientos que solamente prolongarán su agonía, así como la dignidad de una familia que acompaña esa decisión.
Habría que preguntarnos quién puede ejercer ese derecho, en cuáles circunstancias, cómo se acredita una enfermedad terminal o irreversible, cómo se verifica que la decisión sea libre, consciente e informada y, sobre todo, cómo se evita que una persona vulnerable pueda sentirse presionada para morir.
Porque existe una diferencia enorme entre elegir morir y sentirse obligado a hacerlo, quizá ése sea uno de los principales límites que cualquier legislación tendría que cuidar.
También habría que hablar de los médicos, de sus responsabilidades, de sus convicciones, de la objeción de conciencia y de la protección jurídica que necesitarían quienes participaran en un procedimiento de esta naturaleza.
Por eso la discusión sobre eutanasia no debería enfrentar vida contra muerte, debería hablarnos de dignidad, en primer lugar de la dignidad de quien decide no someterse a tratamientos que solamente prolongarán su agonía, así como la dignidad de una familia que acompaña esa decisión.
Pero también respetar a quien quiere utilizar todos los recursos médicos disponibles hasta el último momento.
Y, sobre todo, la dignidad de una persona que después de un proceso médico y jurídico con todas las garantías, considere que su sufrimiento ha llegado a un límite que no desea prolongar.
Tal vez por eso la conversación merece ser más humana. México ya tuvo la valentía de comenzar esta discusión con la voluntad anticipada. La Ciudad de México fue uno de los primeros lugares donde esa conversación se convirtió en una realidad jurídica; hoy el país vuelve a encontrarse frente a ella.
Hoy la sociedad mexicana ha cambiado y las preguntas que antes parecían imposibles de formular hoy forman parte de una conversación cada vez más necesaria.
Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente cómo evitar la muerte y comenzar a preguntarnos también cómo queremos vivir nuestros últimos días, porque la muerte no siempre es una derrota de la medicina, sino el límite inevitable de la vida.
Ojalá México decida regular la eutanasia, y esa decisión esté acompañada por un Estado y una sociedad que también sean capaces de garantizar que nadie muera por abandono, por falta de atención o por sentirse una carga para los demás. ®
