México necesita un INE que recupere su fortaleza institucional, que revise sus procedimientos, investigue las irregularidades, corrija lo que debe corregirse y recupere la confianza de la ciudadanía. Es necesario revisar estructuras, renovar áreas, fortalecer los controles internos y limpiar aquello que haya comprometido su funcionamiento.
La grandeza de una persona está en relación directa con la evidencia de su fuerza moral.
—John Ruskin, escritor y crítico de arte.
Hay algo que nunca debemos perder de vista en una democracia: las personas pasan, los cargos terminan y los gobiernos cambian, pero las instituciones deben permanecer; ningún servidor público, por importante que sea la responsabilidad que desempeña, puede colocarse por encima de la institución que tiene la obligación de representar y proteger.
La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) representa un momento que merece una reflexión mucho más profunda que la simple renuncia de una funcionaria.
Su salida ocurre en medio de señalamientos difundidos en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, relaciones con proveedores, triangulación de recursos y un eventual uso indebido de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación anunció investigaciones para esclarecer posibles irregularidades en el organismo.
No me corresponde anticipar culpabilidades ni convertir los señalamientos en sentencias, eso compete a las autoridades fiscalizadoras y jurisdiccionales. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la dimensión institucional de lo ocurrido.
Cuando quien encabeza el organismo responsable de garantizar la legalidad y certeza de las elecciones queda envuelto en cuestionamientos de esta naturaleza, la discusión deja de ser exclusivamente personal y alcanza a la credibilidad de toda la institución.
Y es precisamente ahí donde comienza la reflexión de fondo: ¿qué tan importante es una persona frente a la institución que representa?
Los cuestionamientos que rodearon la gestión de Taddei no pueden despacharse como una simple controversia mediática, más allá de lo que determinen las investigaciones, existe una responsabilidad política e institucional frente a la sociedad: explicar, transparentar y asumir las consecuencias que correspondan.
Llegar a la presidencia del INE no es recibir simplemente un nombramiento. Guadalupe Taddei recibió una de las responsabilidades públicas de mayor trascendencia para la democracia mexicana.
Su encargo no consistía únicamente en administrar un organismo, conducir sesiones o representar públicamente a sus consejerías. Implicaba proteger su autonomía, garantizar su independencia, cuidar sus recursos y, sobre todo, preservar la confianza de millones de ciudadanos en la autoridad electoral.
En ese sentido, los cuestionamientos que rodearon la gestión de Taddei no pueden despacharse como una simple controversia mediática, más allá de lo que determinen las investigaciones, existe una responsabilidad política e institucional frente a la sociedad: explicar, transparentar y asumir las consecuencias que correspondan.
La dignidad del encargo también exige reconocer cuándo la permanencia en el puesto puede convertirse en un obstáculo para recuperar la confianza institucional. La salida de Taddei no debería interpretarse como el punto final de este episodio, por el contrario, debe ser el comienzo de un proceso de esclarecimiento y rendición de cuentas.
Quien tuvo la responsabilidad de conducir una institución de esta relevancia debe estar dispuesto a comparecer ante las autoridades competentes, colaborar con las investigaciones y responder por los hechos que legalmente le sean atribuidos.
Porque renunciar no significa quedar exento de responsabilidades. La entrega de una oficina no cancela las obligaciones frente a la sociedad. La responsabilidad pública no termina cuando se deja un cargo; permanece mientras existan hechos que deban aclararse.
Hay algo todavía más importante: el INE no puede quedar atrapado en la crisis de quienes lo han dirigido. Durante años México construyó una autoridad electoral autónoma como resultado de una larga lucha política y ciudadana.
La transición democrática no fue producto de la generosidad de un gobierno, sino de la exigencia de una sociedad que reclamaba elecciones confiables y autoridades independientes del poder político.
Por eso preocupa que hoy su imagen se encuentre sometida a cuestionamiento, pero también debemos mirar más allá de la coyuntura y preguntarnos qué sucede cuando las facultades de una institución electoral se concentran excesivamente en una sola persona, cuando los contrapesos pierden fuerza o cuando la autoridad encargada de organizar las elecciones comienza a depender de decisiones que pueden responder a intereses políticos.
En Polonia, las modificaciones a la integración de su Comisión Electoral Nacional incrementaron la participación de designaciones provenientes del Parlamento. La OSCE expresó preocupaciones sobre la independencia y transparencia de la administración electoral.
La experiencia internacional ofrece advertencias que México no debería ignorar. En Polonia, las modificaciones a la integración de su Comisión Electoral Nacional incrementaron la participación de designaciones provenientes del Parlamento. La OSCE expresó preocupaciones sobre la independencia y transparencia de la administración electoral.
En las elecciones parlamentarias de 2023 también documentó ventajas indebidas para el partido gobernante derivadas del uso de recursos públicos y de los medios de comunicación estatales.
Aunque la administración electoral desarrolló sus trabajos de manera eficiente, los observadores señalaron que las condiciones desiguales de competencia afectaban la confianza en el proceso.
Estados Unidos ofrece otra lección. En las elecciones presidenciales de 2020 Donald Trump ejerció presiones sobre funcionarios electorales estatales para intentar modificar el resultado que le era adverso.
Uno de los episodios más conocidos fue la llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le pidió encontrar los votos necesarios para revertir el resultado electoral.
Aquella presión evidenció lo vulnerable que puede resultar una democracia cuando quienes ejercen el poder político pretenden intervenir en las decisiones de las autoridades responsables de garantizar la voluntad ciudadana.
Hungría representa una tercera advertencia. En las elecciones parlamentarias de 2022 los observadores internacionales señalaron que, aunque la jornada electoral estuvo bien organizada y los ciudadanos contaron con distintas alternativas, la competencia se desarrolló sin condiciones plenamente equitativas.
La superposición entre los mensajes del gobierno y los del partido gobernante, el uso de recursos públicos y la cobertura desequilibrada de los medios de comunicación otorgaron ventajas a quienes estaban en el poder.
Los tres casos tienen características distintas y no deben equipararse mecánicamente con lo que sucede en México, sin embargo, comparten una preocupación fundamental: las instituciones electorales pierden fuerza cuando los contrapesos se debilitan, cuando el poder político invade espacios que deberían ser independientes o cuando las reglas dejan de garantizar condiciones equitativas para todos los participantes.
El mayor peligro no necesariamente aparece cuando se cancelan las elecciones, puede aparecer cuando se mantienen las urnas, las leyes y las autoridades, pero se deterioran las condiciones de independencia, imparcialidad y confianza que les dan legitimidad.
Por eso, permitir que una sola persona concentre facultades sin controles suficientes no es un asunto menor; las instituciones colegiadas existen precisamente para evitar que las decisiones públicas dependan de la voluntad individual, la transparencia, la vigilancia y la rendición de cuentas no son obstáculos para quien dirige un organismo, son las garantías que protegen a la propia institución de los excesos del poder.
México necesita un INE que recupere su fortaleza institucional, que revise sus procedimientos, investigue las posibles irregularidades, corrija lo que tenga que corregir y recupere la confianza de la ciudadanía.
Taddei dejó la presidencia del INE, como antes lo hicieron quienes ocuparon esa responsabilidad y como lo harán quienes vengan después, pero el Instituto debe continuar, recuperar su credibilidad y demostrar que tiene la capacidad de corregirse a sí mismo.
No se trata de proteger una imagen a cualquier costo, sino de reconstruirla sobre bases de transparencia, legalidad y responsabilidad. Si es necesario revisar estructuras, renovar áreas, fortalecer los controles internos y limpiar aquello que haya comprometido su funcionamiento, debe hacerse sin simulaciones y sin proteger intereses particulares.
El relevo en la presidencia del INE representa una oportunidad para revisar no solamente quién debe ocupar ese cargo, sino también qué institución queremos construir.
La nueva conducción deberá demostrar que el organismo tiene la capacidad de corregirse, recuperar sus equilibrios internos y garantizar que ninguna decisión esté por encima de la ley.
La democracia no se construye solamente depositando una boleta en una urna. Se construye todos los días, respetando la ley, fortaleciendo los contrapesos y garantizando que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de las instituciones.
Al final, Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE, como antes lo hicieron quienes ocuparon esa responsabilidad y como lo harán quienes vengan después, pero el Instituto debe continuar, recuperar su credibilidad y demostrar que tiene la capacidad de corregirse a sí mismo.
Porque los cargos son pasajeros, la confianza se gana con hechos y la democracia no tiene dueño. ®
