La justicia que nunca tendré

o que la niña que fui no tendrá

Las heridas y la injusticia continuadas, para quienes hemos sido víctimas de la guerra sucia, no se resolverán a través de la consulta presidencial, mal llamada “consulta popular”.

Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

Cuando el Estado elude su responsabilidad de proveer justicia a tiempo, oportuna, resarcitoria y reparadora de los males provocados por el victimario, lo único que se procura, al final, es la revictimización de las víctimas, y si a eso se suma la utilización del dolor de las víctimas para provecho del régimen… el ultraje de la sobre–revictimización aumenta la profundidad de la herida.

Hay que explicar un poco aquel México. En 1971, cuando el Estado nacional mexicano decidió emprender una guerra abierta contra los grupos insurgentes —guerrilleros, que luchaban por intentar cambiar la situación del país—, en esa guerra incluyó a familias, vecinos, cercanos o relaciones incidentales que pudieran ser afines o conocer a los presuntos guerrilleros.

En ese costal entró indiscriminadamente mi familia, toda, de ambos lados. Unos sufrieron más que otros, pero todos fuimos víctimas. En términos jurídicos, somos lo que se llama “terceros perjudicados”. Nunca recibimos explicación, resarcimiento, reparación del daño, juicio, sentencia ni ninguna clase de atención que no fuera ser vilipendiados y estigmatizados en los medios de comunicación y en las calles.

Mis hermanos y yo fuimos perseguidos, torturados, detenidos extrajudicialmente —sí, a mis ocho años estuve en detención extrajudicial; mis hermanos también estuvieron ahí a sus siete y seis años—, y sufrimos “tortura suave”, psicológica, amedrentamiento, interrogatorios y maltratos por varios días.

Cada fin de semana de mi niñez fui victimizada al entrar a cada cárcel, a ver a mi padre mientras estuvo preso en Lecumberri y luego en el Reclusorio Oriente —antes de su exilio en Cuba— y a mi madre, que fue la presa política que más años estuvo encarcelada, en la prisión de Santa Martha Acatitla. Cada semana sufrimos vejaciones, interrogatorios, agresiones.

No he sido llamada ante un juez, nunca se delimitó responsabilidades, nunca nos devolvieron lo que se robaron —ropa, juguetes, fotografías, y todo documento en el que mi madre y padre aparecieran, los pocos bienes que teníamos—; jamás fue ofrecida ninguna clase de compensación por la persecución que sufrimos desde 1974 —cuando, niñitos, ayudamos a fundar el primer Comité pro–defensa de presos políticos, perseguidos y desaparecidos políticos— y hasta 1982 cuando fuimos perseguidos por la Brigada Blanca (grupo operativo clandestino de la Dirección Federal de Seguridad, que en los hechos era un escuadrón de la muerte). 

Cada fin de semana de mi niñez fui victimizada al entrar a cada cárcel, a ver a mi padre mientras estuvo preso en Lecumberri y luego en el Reclusorio Oriente —antes de su exilio en Cuba— y a mi madre, que fue la presa política que más años estuvo encarcelada, en la prisión de Santa Martha Acatitla. Cada semana sufrimos vejaciones, interrogatorios, agresiones.

No voy a poner aquí —porque ni es el espacio ni sería posible, por lo extenso— toda la tortura a la que fueron sometida(o)s, lo que mi madre hoy padece como producto de lo que le hicieron. Baste decir que son tantas las secuelas físicas que tiene que el propio Estado —el ISSSTE— ha dictaminado que sus varios males sólo pueden ser producto de la tortura —que se cometió bajo órdenes de Luis Echeverría. Curiosamente, el único expresidente al que López Obrador no ha considerado entre sus odios personales —aun y cuando es el responsable de la guerra sucia desde 1958 cuando desde la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación ordenó el establecimiento de la cárcel clandestina del Campo Militar Número Uno, para los planes de contrainsurgencia—, porque sería ineludible que tendría que incluir, además, en un proceso legal de delimitación de responsabilidades, al Ejército Mexicano.

Eso no va a suceder, López Obrador no va a incomodar al Ejército con esas “minucias”; para los militares lo que el presidente tiene son los millones de pesos del erario que ha negado a la Salud y a la Educación.

Cuando mi madre salió de prisión la Brigada Blanca nos obligó a vivir por un tiempo “a salto de mata”; hasta 1982 cambiamos 16 veces de vivienda, recorrimos la mayoría de los estados de la república huyendo, y los atentados que sufrimos —esa madre y esos menores de edad— nos obligaron a escondernos —gracias a la solidaridad de grandes políticos de izquierda de aquella época—; puedo decir que varias de las personas que nos apoyaron terminaron siendo —de alguna forma— víctimas de la guerra sucia, por hostigamiento, por agresiones directas, por interrogatorios, por acoso y hasta allanamientos ilegales.

¿Y qué tiene que ver eso con “la consulta”? Vengo regresando del mercado (domingo 25 de julio)… Ahí están, en la plaza, los promotores de “la consulta” —ahora no sólo del gobierno; hay, separada por unas calles, una mesa de simpatizantes del EZLN—. En la mesa del oficialismo se dice que “la consulta” será para traer justicia a las víctimas de los crímenes del pasado —de una larga y ofensiva lista en la que se incluye hasta los feminicidios—, “incluidas las de la Guerra Sucia”. Pregunté por ello: ¿Cómo sucedería eso? Me recetaron la canción del “juicio a los expresidentes…” —ni me detuve a señalar la mentira de esa afirmación—; les hice ver que en su propaganda no está incluido el máximo responsable de la guerra sucia, Luis Echeverría —la señora que estaba sentada en esa mesa dijo que él “se había muerto” y el tipo que interactuaba conmigo le aclaró rápidamente que no—, a voz alzada y enfadado me dijo:

—La consulta es algo que pidieron las víctimas.
—¿Las víctimas de la Guerra Sucia pidieron esta consulta? —pregunté.
—¡Sí! —me respondió firme y ya muy molesto, al tiempo que la señora sentada en la mesa decía fuerte—: “La consulta es lo que se necesita para hacer una Comisión de la Verdad”. 

Reconozco que no pedí más explicaciones. Mi reacción fue decir que eso era falso, que esas cosas —con o sin consulta— dependían de la voluntad del presidente y que era lamentable que usaran a las víctimas para llamar a ese engaño que era su “consulta”.

—Vieja fifí.
Yo me dije: ¿Neta, con mi facha de guarra que soy?
—¡Reaccionaria! ¡¿Tú qué sabes de lo que las víctimas han pasado?! ¡Calderona!”

A gritos, a mí, la lesbiana que le ganó a Calderón las leyes a las que esa derecha y López Obrador se oponían… Esos y otros insultos fueron el cierre de ese intercambio.

Se viene un gran circo —que durará años— sostenido el engaño del próximo primero de agosto —y quien se atreva a decir que eso no es una mentira que me diga: ¿quién acude a esas urnas a responder la pregunta concreta que estará impresa en la boleta?

Eso es lo que “la consulta” ya ha traído para mí en vez de justicia: la usual práctica del linchamiento a voces que se aplica como el sello de la casa de cuarta. Y sé que apenas es el principio; mi historia, la de tantas infancias más sin justicia, la de miles de presos políticos, perseguidos, desaparecidos, exiliados está siendo usada así, en beneficio de un régimen que no busca justicia, y será peor: Se viene un gran circo —que durará años— sostenido el engaño del próximo primero de agosto —y quien se atreva a decir que eso no es una mentira que me diga: ¿quién acude a esas urnas a responder la pregunta concreta que estará impresa en la boleta?

Lo que pasará el próximo domingo es apenas el principio de un gran ultraje a la memoria y a la dignidad de las víctimas. Es parte de su carnaval de venganza contra los políticos incómodos —y ya elegidos con anticipación— para López Obrador al que le llamarán “justicia histórica”. Eso —“comisiones de la verdad” como la que ya existe, sin necesidad de una consulta, para Ayotzinapa, incluida— es parte de las tácticas que sostendrán la fábula del régimen con la que pretenden adoctrinar a las nuevas generaciones para convencerlas de que, aunque ya es descomunal el tamaño de la desgracia para el país que ellos —quienes detentan hoy el poder— representan: “los de antes eran peor”.

También para enseñarles que “la justicia y los derechos humanos” se consiguen sólo si este régimen tiene mayoría —y sólo para los que estén del lado de esa mayoría— y para aprender que “el generoso presidente es la verdadera voz del pueblo”.

Y quienes sabemos que no recibiremos justicia —menos por la vía de una consulta— tendremos ahora además que cargar con la herida de saber que nuestro dolor ha sido usado para servir a los intereses de quienes buscan instaurar un régimen de partido único, al estilo de aquellos años setenta pero con más militares, más iglesias y más impunidad.

El presidente y su gobierno eluden sus obligaciones constitucionales. Él —cuando necesitaba votos— acusó a varios políticos de cometer delitos; hoy tiene la responsabilidad jurídica de presentar denuncias formales y hacer que se sigan los procesos de ley contra los responsables. Eso no va a cambiar después del domingo. Como mandatario es el primer obligado en ver que la justicia se aplique y defenderla con la ley en la mano. Usar a las víctimas para llamar a una consulta con la que busca liberarse de sus promesas de campaña, tener un cheque en blanco para elegir a cuáles de sus enemigos perseguir y que además le permita hacer propaganda en su favor es falto de ética, es inmoral y perverso.

Para los populistas como Luis Echeverría y López Obrador, los de antes y los de hoy, tenemos la memoria, la congruencia y una voz que aún se sigue levantando. ®

Enoé Uranga es política feminista experta en derechos humanos, y para fines de esta publicación: co–fundadora del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos (que luego se convirtiera en Eureka), del Frente Nacional contra la Represión e hija —con inmenso orgullo— de Margarita Muñoz Conde y Francisco Uranga López.

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Publicado en: Política y sociedad

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