En las semanas recientes se ha vuelto a encender la discusión sobre un asunto de suyo añejo, pero que no por ello deja de tener vigencia: el dinero público y el uso correcto que, en todo tiempo, debe hacerse de él.
El entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en el XIV Banquete del Hambre, el 23 de abril de 2008. En la mano tiene un cheque por 15 millones de pesos. Foto © Diario de Guadalajara.
La bolsa de recursos económicos, manejados por el gobierno y por todo el amplio abanico de instituciones y organismos oficiales, se forma, en primer lugar, con las aportaciones que los ciudadanos hacen a través del pago de impuestos y de otros servicios públicos.
Una fuente complementaria de esa bolsa es la renta que reportan los bienes del Estado y de la nación (los hidrocarburos, por ejemplo), los cuales constitucionalmente son propiedad de toda la sociedad.
Por ello se dice y se repite con razón, aun cuando sea un lugar común, que “el dinero público es sagrado”. En términos prácticos esto significa que el dinero público debe ser manejado con honradez, racionalidad y pensando siempre en el beneficio de la colectividad.
Pero ¿en qué benefician a la colectividad, por ejemplo, los descomunales sueldos y prestaciones de nuestros bien cebados “servidores públicos”, entre quienes hay que incluir, en el caso particular de Jalisco, a la alta burocracia estatal y municipal, legisladores, magistrados, autoridades de la Universidad de Guadalajara y dirigentes de otras instituciones y organismos que operan con dinero del erario?
Claro que esa cúpula burocrática tampoco tiene por qué ser mal pagada, sino recibir una retribución acorde con su responsabilidad y con su desempeño. El problema en este caso es que nuestros gobernantes se han despachado a sí mismos y no con la cuchara grande, sino con la de tamaño jumbo. Y ello independientemente de la calidad de su trabajo, que en la mayoría de los casos ha sido socialmente poco satisfactorio, por no decir que suele ser inversamente proporcional a los altos sueldos de esas autoridades.
¿En qué benefician a la colectividad, por ejemplo, los descomunales sueldos y prestaciones de nuestros bien cebados “servidores públicos”, entre quienes hay que incluir, en el caso particular de Jalisco, a la alta burocracia estatal y municipal, legisladores, magistrados, autoridades de la Universidad de Guadalajara y dirigentes de otras instituciones y organismos que operan con dinero del erario?
Entre paréntesis, la invención de esa ocurrencia oficial llamada Comité de Valoración Salarial ha terminado siendo una carabina de Ambrosio y una grosera burla, pues en su más reciente dictamen salió con la puntada de que los más altos funcionarios estatales, tienen sueldos bajos… y para corregirlo se propone un alza, comenzando por el gobernador, para quien se recomienda un sueldo de más de 250 mil pesos mensuales, superior al de presidente de Francia.
Aun cuando teóricamente existe una Ley de egresos, avalada por los integrantes de la Legislatura local, de quienes se dice que tienen la representación ciudadana, el margen de discrecionalidad del Ejecutivo estatal sigue siendo muy amplio y, consecuentemente, ha servido para todo tipo de abusos.
Sin importar de qué partido político sean el gobernador y sus colaboradores en turno, no pocos de ellos han utilizado el presupuesto para premiar a quienes les son afines y sancionar a opositores o a quienes los cuestionan.
La despedida a González Márquez, una megamentada popular el 22 de junio de 2012. Foto © Cuartoscuro.
Así, por ejemplo, en el pasado reciente, el entonces gobernador (un tal Emilio González Márquez) utilizó el dinero público para hacer donativos de nulo beneficio social, para halagar a personas físicas y morales con las que el entonces mandatario buscaba quedar bien, aun cuando para ello no pocas veces tuviera que comprometer las finanzas del estado.
Recientemente apareció el caso de David Gómez Álvarez, un funcionario estatal de segundo nivel que trató de beneficiar a un amigo y colaborador suyo, encomendándole, como si se tratara de un proveedor particular y no de quien acababa de ser uno de sus subalterno, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, documento que debiera elaborar directamente la oficina de ese funcionario quien, hasta hace poco, decía traer muy bien puesta la camiseta de la sociedad civil, de la academia, de las iniciativas independientes del poder público y hasta de la crítica a éste.
El siempre insuficiente dinero público es para otra cosa: en esencia para atender las necesidades sociales más apremiantes y para realizar obras de beneficio colectivo verdaderamente prioritarias.
En conclusión, el manejo correcto del erario (del dinero de todos) no pasa por otorgar sueldos desmedidos a funcionarios que cotidianamente le quedan a deber a la sociedad, ni por apoyar ocurrencias o caprichos dizque “culturales” como algunos que regentea conocido ex rector de la Universidad de Guadalajara (de nombre Raúl Padilla), ni tampoco por apoyar financieramente proyectos empresariales como sería la construcción del llamado Palacio de la Cultura y las Telecomunicaciones, el Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, o el rescate de equipos de futbol profesional, por más grande que pueda ser su popularidad.
El siempre insuficiente dinero público es para otra cosa: en esencia para atender las necesidades sociales más apremiantes y para realizar obras de beneficio colectivo verdaderamente prioritarias. ®
