Sin comenzar la segunda fase de negociaciones de paz ya las FARC mostraron sus colmillos amenazadores y su voz arrogante en La Habana. De entrada dicen al menos tres mentiras: que no tienen secuestrados, que no tienen que ver con el narcotráfico y que no tienen responsabilidad en el atentado contra el exministro Fernando Londoño. El presidente Santos llama a creerles.
Suficiente con haber entregado tantas condiciones a cambio de tan poco. Entre las dádivas ofrecidas para atraer a la mesa a las FARC podemos enumerar: 1. Aprobación de la ley de restitución de tierras, en la que se reconoció la existencia de un conflicto armado. 2. Aprobación de la ley marco para la paz que contempla medidas de amnistía e indulto y de justicia transicional y abre las puertas para su participación en política y para que los comandantes puedan ser elegibles. 3. Relegamiento del discurso y de la política de Seguridad Democrática a un plano secundario. 4. Inmovilidad para restablecer el fuero militar y la protección jurídica de la Fuerza Pública ante la arremetida del frente civil o quinta columna en los tribunales que tienen más de doce mil soldados “fuera de combate”. 5. Acercamiento a Hugo Chávez y tolerancia con su proyecto expansionista de socialismo bolivariano. 6. Deposición o capitulación en las exigencias que estaban vigentes con toda razón como la del cese unilateral de hostilidades, renuncia a la toma del poder por la vía armada, cese de los crímenes de guerra y disposición a desmovilizarse y dejar las armas. Al parecer hay un punto 7. Tachar de guerreristas a los críticos del proceso y hacerlos despedir de los medios, como ocurrió con Francisco Santos en RCN radio.
En vista de que distintas personalidades y analistas han tratado de invalidar las críticas afirmando que la negociación con los paramilitares fue peor, veamos algunas diferencias: 1. En materia de Agenda Nacional no se discutió nada con esos grupos, con las FARC se discutirá todo. 2. Condicionamientos, los grupos paramilitares expresaron previamente su voluntad de cesar acciones criminales, entregar las armas, confesar la verdad y reparar a las víctimas, a cambio de aplicación de medidas de Justicia Transicional, las FARC llegan a la mesa en medio de intenso accionar terrorista y sin renunciar a las armas. 3. En cuanto a la posición ante el Estado, las autodefensas reconocieron su legitimidad y se sometieron a él, a las guerrillas se les reconoce como contraparte y desconocen su legitimidad. 4. Periferia civil, los políticos y dirigentes sociales cercanos a las autodefensas fueron procesados y en su gran mayoría están en la cárcel. En cambio el círculo civil de las guerrillas realiza acciones políticas a plena luz del día, con todas las garantías, gozan de una aureola progresista, altruista y perseguidos por el régimen y el paramilitarismo, tienen periódicos, columnas en la gran prensa, voz en las principales emisoras, algunos son congresistas y no hay ninguna investigación sobre ellos a pesar de las evidencias halladas en más de un computador. 5. En cuanto al destino que les deparó el proceso, los comandantes paramilitares están en cárceles colombianas y estadounidenses, ninguno es congresista ni ministro ni gerente de instituto descentralizado. A los comandantes guerrilleros ya los presidentes del Congreso, el fiscal general, el arzobispo de Bogotá y otros dirigentes de alcurnia les han ofrecido cupos en el Congreso de la República y en puestos públicos. 6. En materia jurídica, la Ley de Justicia y Paz que se adoptó para el proceso con los paramilitares fue intervenida y regulada por los tres poderes públicos, como corresponde en democracia que se respete y fue resultado de la negociación. En el caso de las guerrillas se les expide una Ley Marco para la Paz a la medida de sus exigencias, con anterioridad, a cambio de nada.
Es evidente que habrá más impunidad con las guerrillas. Llama la atención que todos aquellos que se opusieron y criticaron con virulencia el proceso con los paramilitares, por considerar que se entregaba la justicia y se sacrificaba la verdad, hoy salen a aplaudir una iniciativa que a todas luces consagra mayor impunidad que aquella que tanto se condenó. Un doble rasero se advierte en la contextura moral de esos analistas que justifican su cinismo moral en el presupuesto de que las guerrillas actúan con altruismo y bajo parámetros políticos mientras los otros no. Obsérvese en esta línea de conducta el proceder de la Comisión Colombiana de Juristas y del Colectivo de Abogados José Alvear, entre otros grupos, empeñados en una sistemática persecución jurídica contra los integrantes de la Fuerza Pública mientras guardan absoluto silencio y hermetismo ante los crímenes de guerra de las guerrillas.
A los que guardamos un razonado escepticismo frente a la iniciativa del presidente Santos se nos debe respetar. El jolgorio nacional no puede derivar en un peligroso unanimismo en el que se amenaza con el linchamiento moral a quienes advertimos sobre lo funesto que sería entregar o reconocer más de lo se puede dar sin violar las leyes nacionales e internacionales. ®
—Medellín, 10 de septiembre de 2012
