El Teletón es un ejemplo claro de cómo se utilizan elementos mediáticos con patrones y percepciones erróneos acerca de la discapacidad, ubican el mensaje de “ayuda” y no exigibilidad de servicios dignos y eficientes medulares como el de salud, no sólo para las personas con discapacidad sino en general.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la discapacidad no está en la persona con deficiencias sensoriales, motrices, intelectuales o psicosociales, sino que se activa cuando la persona interactúa en un medio que limita su participación en igualdad de condiciones que los demás, debido a estigmas, ideas o percepciones parciales y erróneas.
Violentar a las personas con discapacidad es considerarlas enfermas al promover solamente patrones de atención médica. En México las políticas públicas orientadas a la atención de las personas con discapacidad no van ni siquiera, mínimamente, orientadas a proporcionar derechos fundamentales como el acceso a la justicia.
Mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad son las características que las leyes mexicanas atribuyen para referirse a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, específicamente, en la mayoría de los códigos civiles y familiares del país, reflejo real de las formas en que la sociedad los define.
Mujeres con discapacidad son sometidas a toda clase de vejaciones, sobre todo en el terreno de lo sexual, para quienes cabe resaltar que NO existen protocolos especializados de actuación para llevar casos de abuso sexual de mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial ante las cortes mexicanas que garanticen la integridad de ellas y sus familias durante el proceso. Por el contrario, además de esto existen prácticas perversamente toleradas por el mismo sistema de salud, desde el cual la clandestinidad se promueve y recomienda de manera recurrente la histerectomización como “medida” de “protección y prevención” en caso de que exista un abuso sexual. Resaltar que esa medida no va dirigida a prevenir el abuso por sí mismo, sino el embarazo a raíz de un abuso que al no haber mecanismos claros de protección es peligrosamente tolerado por el mismo sistema.
Mujeres que a raíz de la violencia han adquirido discapacidad, corren con una suerte similar al no existir centros especializados de salud ni legales ni sociales que ofrezcan las mínimas garantías de atención; por el contrario, los elementos del mismo sistema judicial y penal contribuyen a procesos de re-victimización considerables en cada uno de los casos descritos.
Violentar a las personas con discapacidad es considerarlas enfermas al promover solamente patrones de atención médica. En México las políticas públicas orientadas a la atención de las personas con discapacidad no van ni siquiera, mínimamente, orientadas a proporcionar derechos fundamentales como el acceso a la justicia.
La maternidad y vida sexual son otros de los elementos en los que no existe un pronunciamiento claro al respecto. En cuanto a políticas públicas que garanticen un acceso a la información, por ejemplo, de una mujer sorda o ciega, el mismo sistema de salud carece de unidades y medios especializados que brinden elementos como un intérprete de señas o información en braille para estas mujeres quienes, por lo general, son violentadas al quedar prácticamente incomunicadas.
Prejuicios, ideas erróneas y mensajes parciales de la discapacidad se exponen constantemente en medios masivos de comunicación fomentando una estereotipia perjudicial para las personas con discapacidad, historias ficticias que se resuelven de manera dramática ubica a la discapacidad como una desgracia, que dependiendo el rol de bueno o malo, según la historia, permanece o no; la persona ciega “buena” que al final ve, camina, escucha o la persona “mala” que se queda ciega, “loca” o “paralítica”.
Uno de los indicadores básicos con los cuales podemos saber los niveles de prejuicio de una sociedad sobre la discapacidad, vista como un elemento trágico y no una condición de vida, está en sus medios de comunicación y las referencias que utilizan para ubicar a las personas con discapacidad; la constancia de calificativos como “sufren”, “están afectados”, “quedaron confinados”, son el reflejo de la voluntad y responsabilidad que tienen los medios de comunicación que buscan reconceptualizar la discapacidad o bien acentuar estereotipos en torno a ella.
El Teletón es un ejemplo claro de cómo se utilizan elementos mediáticos con patrones y percepciones erróneos acerca de la discapacidad, ubican el mensaje de “ayuda” y no exigibilidad de servicios dignos y eficientes medulares como el de salud, no sólo para las personas con discapacidad sino en general.
Si el sistema de salud le apostara a la eficiencia, muchas de las discapacidades podrían prevenirse o bien atenderse oportunamente. Utilizan recursos visiblemente lastimosos y denigrantes para exponer, según ellos, a la discapacidad, en donde construyen héroes y samaritanos, no ciudadanos. Apelan a la lástima, el temor o la desgracia de quedar “afectados” con el fin de “invitar” a la donación, legitimando la irresponsabilidad de un Estado opaco, omiso y ajeno, no sólo en el tema de la atención a la discapacidad, sino en elementos tan sustanciales como la promoción real de una recaudación y orientación de fondos eficientes que mejoren el sistema fiscal, pues mientras Teletón y su campaña mediática desvirtuada recauda 19 millones de pesos, para atender a un tipo de discapacidad, durante un determinado tiempo, el Estado mexicano asigna 2 pesos con 68 centavos por cada persona que vive con discapacidad en México. ®
[Publicado originalmente en la revista www.cronotopo.com.mx]
