Por todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial.
Juan Manuel Santos
Como lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los diálogos está en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que le firmaran algún documento.
El texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto, cualquier francés o estadounidense o japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías para la oposición. Que las FARC es una guerrilla que lucha por esos ideales, que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para hacer actividad política en la legalidad.
Así lo hemos percibido en estos días de euforia desmedida y de congratulaciones diplomáticas. La palabra paz, aunque siga estando lejos, ejerce una atracción fascinante y da amplios réditos políticos a quienes se la apropian. No importa que el precio de ésta sea abrir la puerta de la democracia a la implantación de un régimen de corte castro-chavista por la vía de la combinación de todas las formas de lucha, pero ahora, con el énfasis en las grandes ciudades y en las masas urbanas.
El Estado colombiano cede a algo que se supone había negado antes o que no existe. Según los firmantes, en adelante se “profundiza y robustece nuestra democracia” como si la Constitución vigente no contemplase un amplio régimen de garantías que ha permitido, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos de diversas tendencias, el crecimiento electoral de la principal fuerza de izquierda, el Polo Democrático Alternativo, la existencia de una ambiente de libertad de prensa y de opinión, la realización de protestas, huelgas y movilizaciones de sectores sociales que han tenido como sus grandes enemigos no a los gobiernos ni una política de estado sino la acción armada ilegal de grupos de extrema izquierda y extrema derecha.
Hay párrafos bastante desafortunados para el sentido común como este que dice: “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia […] a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia”, pues se acepta que no habrá entrega de armas y se da por sentado que la guerrilla lucha por la democracia y que ella está por llegar.
Sin duda, pues, las FARC van ganando, tienen la iniciativa, no han cedido en nada, seguirán atacando a la Fuerza Pública y acometiendo actos violentos, han asumido una retórica democrática con la que solapan su credo comunista. Se han convertido de hecho en aliados electorales del presidente Santos en la búsqueda de la reelección presidencial.
Los aspectos más polémicos del Acuerdo son los referidos al compromiso de crear “Circunscripciones Especiales de Paz” en zonas de conflicto, sin decir cuántas ni dónde ni por cuánto tiempo. No es necesario ser muy perspicaz para asociar esta concesión a la vieja pretensión comunista impulsada por “Tirofijo” en los años sesenta de crear zonas de autodefensa campesina que hoy se pretenden reciclar en las llamadas “zonas de reserva campesina” que servirían de retaguardia social a las fuerzas guerrilleras que hayan “dejado” mas no “entregado” las armas y en las que no imperarían algunas normas del Estado de derecho. Tradúzcase: “creación de repúblicas independientes” que cumplirían la función estratégica de apoyar el levantamiento popular al que parece estar apuntando las FARC en su cambio de estrategia para hacer la revolución.
No está por demás advertir que la idea de las circunscripciones especiales es una “medida extraordinaria” de las que contempla el documento gubernamental de la negociación, que supone reforma constitucional, que puede violar el bloque de constitucionalidad al alterar los principios de representación política y de proporcionalidad de ésta.
De parte de las FARC no hay un solo compromiso en el Acuerdo. Sabedoras de tener en sus manos la suerte del presidente Santos, han cobrado duro ese poder al dar a entender al mundo que ellas no son una fuerza terrorista sino democrática que trata de alcanzar un espacio en un país que no les ha brindado oportunidad de hacerlo pacíficamente.
Sin duda, pues, las FARC van ganando, tienen la iniciativa, no han cedido en nada, seguirán atacando a la Fuerza Pública y acometiendo actos violentos, han asumido una retórica democrática con la que solapan su credo comunista. Se han convertido de hecho en aliados electorales del presidente Santos en la búsqueda de la reelección presidencial.
Con la firma de este documento han logrado, gratis, extender la negociación hasta por lo menos agosto del 2014, cuando se iniciará un nuevo periodo de gobierno. En los meses por venir desempeñarán un papel protagónico y se pueden convertir en árbitros de la campaña presidencial. El presidente Santos nos ha demostrado que puede hacer concesiones “extraordinarias”, o sea, inconstitucionales, y feriar la institucionalidad con tal de aplastar el uribismo y hacerse reelegir.
—Medellín, 10 de noviembre de 2013.
