LA VIOLENCIA EN SAN JUAN COPALA

¿Quién tiene la culpa de la violencia desde hace treinta años en el pueblo oaxaqueño de San Juan Copala? Todos se acusan entre sí: distintas organizaciones de indígenas triquis que, lejos de llegar a acuerdos y alcanzar la paz, continúan añadiendo su cuota de violencia asesina al ya de por sí ensangrentado mapa del país.

Las balas silencian la tranquilidad de San Juan Copala, Oaxaca. Atrapada, secuestrada por el odio, rodeada de cerros tupidos de árboles. Los habitantes cuentan que hay disparos todo el día, a todas horas. Casi nadie sale a las calles, quien lo hace, no vive para contarla: recibe escupitajos de metralletas. Ha cobrado poco más de seiscientas víctimas.

San Juan Copala está sitiado. Las escasas mil personas que habitan este poblado están divididas. Unas son del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), otras pertenecen a la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) o son miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Trique Independiente (MULTI). Otros más simpatizan con el movimiento zapatista y el movimiento autonómico.

Estos grupos disputan el control político, desde hace treinta años, a punta de sangre y balas de las comunidades. Los grupos políticos de esa zona poseen al menos rifles de asalto AK47 y fusiles M1 y escopetas.

Millones de pesos han pasado en San Juan Copala, pero todo queda en manos de los dirigentes de las tres organizaciones. Tan sólo en el periodo de Felipe Calderón se han destinado más de 48 millones de pesos en proyectos productivos y 26 millones en electrificación y salud, con el fin de “paliar el regazo y propiciar la paz y el perdón, pero el dinero no basta para cambiar las cosas”, afirmó al diario La Jornada (2 de mayo de 2010) la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, Concepción Rueda Gómez.

Desde 1986 un informe de Amnistía Internacional denunció la violencia en la zona e incluyó el caso del profesor bilingüe Paulino Martínez Delia, quien fue encarcelado y torturado; en aquel documento ya se advertía de las graves violaciones a los derechos humanos en la región triqui, uno de los dieciséis pueblos indígenas originarios de Oaxaca, de escasas 15 mil personas, que en su mayoría se desplazaron a otras ciudades.

La violencia no perdona nada ni a nadie. Unos a otros se desbaratan a balazos. Niños, mujeres, ancianos, hombres… ni los defensores de los derechos humanos se escapan de la muerte.

La violencia no perdona nada ni a nadie. Unos a otros se desbaratan a balazos. Niños, mujeres, ancianos, hombres… ni los defensores de los derechos humanos se escapan de la muerte.

Los ancianos, quienes en algún momento, con su solidez moral, gobernaron San Juan Copala, han desaparecido. Eran respetados, sus palabras persuadían. Eso fue hace tiempo, en los años setenta y ochenta y hasta mucho antes. Hoy a nadie respetan. Los pocos mayordomos que quedan ya emigraron, los demás, descansan debajo de la tierra. O entre las piedras y los barrancos, por aquellos cuerpos que no han logrado recuperar.

Rosa (su verdadero nombre se omite por razones de seguridad), vestida con el traje típico de su pueblo, de color rojo, sentada en una silla de plástico, en medio de cortinas multicolores que vende en un tianguis artesanal indígena, cuenta la historia de San Juan Copala. Como si este reportero conociera los entretelones del poder de su pueblo, Rosa menciona nombres, brinca en el tiempo, se regresa. Habla del Tata Lázaro Cárdenas que electrificó esa zona.

Otro entrevistado, de nombre Pablo, por su parte, recuerda que Carlos Salinas de Gortari, quien andaba en campaña, visitó San Juan Copala. Prometió carreteras y proyectos productivos. Dijo que regresaría una vez que ganara la presidencia de la república. Regresó. Aunque no se acuerda del día exacto, asegura que Salinas se quedó una noche y se hospedó en una de las casas de San Juan Copala.

Añade Rosa: “Todo está revuelto. Hace unos quince días fui a Copala y ya no entiendo nada”. Entre retazos, Rosa y Pablo van reconstruyendo su vivencia. A veces dudan. Entre ellos se miran de reojo.

Rosa muestra su miedo: “Tenemos miedo. Las organizaciones de allá son capaces de hacer cualquier cosa. Mi familia aún vive en Copala aunque ya la hayan despojado de sus tierras”, asienta la entrevistada.

Esta historia de despojo fue corroborada por diversos escritos de estudiosos de la región triqui, como Francisco López Bárcenas y Epifanio Díaz Sarabia, autor del libro Los triquis de San Juan Copala. Breve historia y vida, y diversos medios de comunicación de Oaxaca.

Por aquellos años, a finales de los ochenta, el dominio de la región trique lo tenía MULT, que nació en 1981. No siempre fue así. Mucho antes, en 1975, la organización que unificó la resistencia del pueblo trique fue el CLUB, conocido como el primer movimiento independiente.

MULT, dirigido por Heriberto Pasos Ortiz, recién fundada inspiraba cierta esperanza y en 1981 logró realizar el Primer Encuentro Nacional contra la Represión en Copala y Yosoyuxi. A principios de los noventa empezaron a fluir los millones. No saben cuánto, “pues los dirigentes lo manejan a discreción”, afirma Pablo.

“En ese momento, desde que el gobierno financió supuestos proyectos, el MULT se corrompió. Se volvieron unos vividores”.

Por eso Pablo y otros habitantes de San Juan Copala fundaron el Ubisort en 1994. Tenían la finalidad de reconstruir y articular un movimiento para revertir la hegemonía del MULT. Se repitió la historia. Recibieron acusaciones de corrupción y asesinatos. Para acrecentar su poder el MULT creó el Partido de Unidad Popular (PUP) en 2003 y lograron una diputación local que ejerció Rufino Martínez.

La desbandada siguió. En marzo de 2006 se crea el MULT-Independiente, un cisma más. Y el 20 de enero de 2007 unos disidentes de Ubisort y MULT-Independiente impulsan un gobierno autónomo y la violencia se recrudeció. Otra vez la región se volvió caliente. Los autónomos nombraron como presidente del municipio a José Ramírez Flores, un campesino de 32 años.

Poco duró el sueño de autonomía. Los de Ubisort destituyeron a Ramírez Flores a mediados de diciembre de 2009 y le dieron el cargo a Anastasio Juárez, luego de tomar la presidencia municipal. Desde ese día los niños dejaron de ir a la escuela porque los maestros huyeron del lugar. El centro de salud cerró sus puertas. Se quedaron sin luz ni agua ni esperanza.

Pero eso sí, todas las organizaciones se dicen zapatistas y de izquierda. Pero también mutuamente se acusan de pertenecer al PRI o de haberse convertido en paramilitares, traidores y en asesinos.

El ataque

Hace unos días emboscaron una caravana de la paz que convocó el MULTI y que iba rumbo a San Juan Copala. Murieron dos: el activista finlandés Jyri Haakkola y la mexicana Alberta Beatriz Cariño.

El mismo día del ataque, el 27 abril, en la mañana los medios locales de Oaxaca difundieron la declaración de Rufino Juárez Hernández, dirigente de la Ubisort, en el cual acusó de antemano a José Albino Ortiz, de MULTI, de cualquier ataque a la “caravana de porros de la UNAM”.

Rufino Juárez afirmó que la caravana hacia el municipio de San Juan Copala es una provocación, “por eso responsabilizo a Jorge Albino Ortiz de lo que pudiera pasar”.

Luego de la emboscada los tres grupos, incluidos los adherentes al movimiento autonómico, se deslindaron del ataque y se responsabilizaron mutuamente.

Hace unos días emboscaron una caravana de la paz que convocó el MULTI y que iba rumbo a San Juan Copala. Murieron dos: el activista finlandés Jyri Haakkola y la mexicana Alberta Beatriz Cariño.

Hace dos años el estudioso de los triquis, Epifanio Díaz Sarabia, señaló en un artículo que las organizaciones civiles no tomaran partido por ninguna de las tres o cuatro organizaciones existentes y es que “hasta ahora no han hecho más que incrementar la ola de violencia en la región, desde el momento en que otorgan su respaldo incondicional a alguno de los grupos antes que buscar el diálogo y la mediación entre éstos (La Jornada, 17 de mayo de 2008).

Un comunicado de Ubisort que se hizo público el jueves 29 de abril, firmado por Antonio Cruz, señala que están de acuerdo con el desarme total de todos los grupos para encontrar la paz.

Afirmó: “En San Juan Copala los profesores tienen armas, los niños están sin clases, mujeres y niños sufren de hambre, viven bajo las amenazas de los líderes de MULTI, a quienes no les convenía que llegara la caravana hasta San Juan Copala”. Y hasta dice que estaría a favor de la posible intervención de la ONU en el conflicto.

“Niños y jóvenes han derramado su sangre, es necesario que el gobierno federal envíe a los militares porque solamente así podremos estar más tranquilos y se tiene que poner orden en la zona trique, de lo contrario, esta epidemia va a crecer”.

Según la denuncia del Ubisort, los miembros del MULTI han comprado armas con el dinero que llegó en los últimos tres años a la agencia de San Juan Copala, “a pesar de que se decían autónomos, los militantes del MULTI estuvieron al frente de la administración de esos recursos, fue utilizado para la compra de armamento”.

Por su parte, Heriberto Pazos Ortiz, el veterano dirigente de MULT, quien vive en silla de ruedas y controla desde la ciudad de Oaxaca a esta organización, se deslindó del ataque a la caravana de paz. “Nosotros estamos en medio de un proceso electoral (a través del Partido de Unificación Popular)”, señaló escuetamente. Heriberto Pazos murió ejecutado el pasado 24 de octubre. Nadie supo quién lo asesinó.

En la caravana iba un miembro del municipio autónomo, Macario García Merino, quien en distintas declaraciones a medios locales acusó a los del MULT de que eran corruptos. Macario García dijo a la agencia CIMAC el 11 de abril de 2008: “Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”.

En cambio, los dirigentes de MULT acusaron al consejo autónomo de la desaparición de las hermanas Daniela y Virgina Ortiz en 2007.

José Ramírez Flores, en aquel entonces presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, dijo que Heriberto Pazos Ortiz, de MULT, era uno de los “autores intelectuales” de la masacre que las dos locutoras de radio La Voz que Rompe el Silencio.

“Vergüenza”

—¿Qué siento? Dolor, en el fondo, que me lastima aquí —dice Rosa, mientras golpea su pecho. Se traga el dolor y el llanto. Esos ojos enormes se le humedecen.

Rosa es risueña, en momentos suelta carcajadas. Tiene enormes ojos y el cabello negro y largo. Es cálida. Se acerca a los cuarenta años pero aparenta un poco más de edad. Domina muy bien el español y actualmente sobrevive vendiendo sus artesanías en distintos tianguis de Guadalajara. Siempre con su huipil rojo con algunas líneas verdes. Lo porta con orgullo.

“Hemos emigrado a causa de la violencia y ahora vivimos en todos lados, en la capital de Jalisco, en Puerto Vallarta, en San Quintín, Baja California, Miguel Alemán, en Sonora. Y hasta fundamos una comunidad llamada Nuevo San Juan Copala, en Baja California, donde está un asentamiento de los más grandes, así como en la Ciudad de México”.

Rosa creció en medio de San Juan Copala. La desplazaron de su pueblo los grupos paramilitares que acosan a la zona trique y desde hace quince años vive en Guadalajara. Aquí nació su hijo, quien estudia la preparatoria. Se vino con su esposo. Pero viaja constantemente a su pueblo. El más reciente fue hace un mes. Sintió que los ánimos estaban caldeados.

—¿Qué organización le simpatiza?

—Ninguna. Nadie está libre de culpa. Todos han tirado la primera piedra —dice, mientras atiende a un cliente que pide precios de sus cortinas—. No somos muchos. Quedamos pocos triquis. ¿Por qué nos matamos? Siento vergüenza de ser triqui. Así, nos vamos a acabar.

El único que acepta dar su nombre verdadero es Adrián Ramírez, director del Fondo Regional de Migrantes Indígenas en Guadalajara, financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). También es indígena triqui y cuenta que salió huyendo de su pueblo, Sabana, a escasos kilómetros de San Juan Copala, por el miedo a las balas.

Cuenta que empezó desde abajo. Actualmente dirige el Fondo Regional que beneficia a cientos de indígenas migrantes que viven en Guadalajara.

Una particularidad distingue a Adrián Ramírez: sus parientes fueron los fundadores de las tres organizaciones existentes. “Son mis primos, mis tíos, o hermanos. Les he dicho: pónganse de acuerdo. Pero no entienden. Están destrampados”, afirma resignado.

Mujeres, un “botín”

En San Juan Copala las mujeres no valen nada. Son asesinadas, violadas o desaparecidas con total impunidad. En muchas ocasiones las afectadas ni siquiera presentan una denuncia ante el temor de que las vuelvan a agredir.

Eso vivió Rosa. “Allá no hay justicia. Todos sabemos quiénes son los agresores, pero como ni la policía ni el ejército entran a la zona, ¿quién va a aplicar la justicia?”

En San Juan Copala las mujeres no valen nada. Son asesinadas, violadas o desaparecidas con total impunidad. En muchas ocasiones las afectadas ni siquiera presentan una denuncia ante el temor de que las vuelvan a agredir.

Resume en una frase ese torbellino de violencia: “La vida misma no tiene valor”. Uno de los hechos brutales en contra de las mujeres sucedió el 7 de agosto de 1996. En los límites del pueblo San Pedro Chayuco fueron violadas siete mujeres, según la agencia de información CIMAC.

El 17 de diciembre de 2007 CIMAC hizo un recuento de las mujeres y niñas que han sido víctimas y “botines” de este conflicto que lleva más de treinta años: las hermanas Daniela, de catorce años, y Virginia, de veinte, hijas de un dirigente del MULT, desaparecieron desde julio de 2007 y hasta la fecha siguen sin encontrar sus cuerpos. Los de MULT acusan a Ubisort y a MULTI.

Años antes, en 2005, fueron asesinados dos jóvenes triquis, hijos de los dirigentes Timoteo Alejandro Ramírez y de José Albino, de MULTI, y éstos señalan a Ubisort como los responsables.

En octubre de 2007 una menor fue agredida en las afueras de San Miguel Copala cuando regresaba de la escuela, y en julio de 2006 otra niña de catorce años sufrió lo mismo cuando caminaba con su abuela y su papá en la orilla del poblado Yosoyuxi. La víctima señaló a Timoteo Alejandro Ramírez, de la organización MULTI, según la averiguación previa 157/2006.

En todos los casos, señala CIMAC, los responsables siguen libres y muchas de las víctimas no denuncia ante las autoridades, por la desconfianza.

“¿Culpables?”

Adrián Ramírez no le va a ninguna organización. Es escéptico. “Los tres tienen la culpa. Nadie se salva, mucho menos el gobierno de Ulises Ruiz. ¿Por qué no hizo nada para detener a estos grupos armados?

—¿A qué se refiere cuando dice “los tres”?

—A la Ubisort, la MULT y la MULTI y también los autónomos. Son lo mismo y con cinismo pregonan la paz cuando no es cierto. No entiendo por qué no se ponen de acuerdo. No ponen su grano de arena para calmar las cosas. Buscar el diálogo. No hay necesidad de matarnos así, como animales. Los tres le están tirando balas al pueblo. Por qué el gobierno no calmó los conflictos —se cuestiona.

Rosa tiene una versión del origen del conflicto.

—¿Cómo empezó a descomponerse su pueblo?

—A mí me mataron a mi papá. Lo venadearon, como se dice. ¿Quién fue? Nadie supo. Entonces, empiezan las venganzas… Porque mataste a mi papá, entonces, voy y hago justicia por mi propia mano. Así, hasta que todos se matan entre sí, para justificar la violencia.

La directora editorial del periódico A Diario, María Sanabia (El Informador, 29 de abril de 2010), confirma la versión de los entrevistados por este reportero al señalar que los secuestros y las muertes que se presentan en la localidad son todas por venganza: “El gobierno oaxaqueño no puede ni acercarse a la región y la verdad es que no lo intentan por el simple hecho de que los triquis están mejor armados que ellos. Tienen muchísimas más armas y como la región es montañosa y apartada es aún más difícil que las autoridades se atrevan a entrar sin armas y sin conocer la región”.

Tanto Pablo, Rosa y Adrián Ramírez insinúan que la presencia del Ejército puede calmar el conflicto, pero no están seguros. Aún recuerdan la masacre allá por los años de 1954, a un pueblo triqui, cuando lo desaparecieron por completo. Y luego a mediados de los años setenta, cuando el Ejército se acuarteló en San Juan Copala y violaba a las mujeres.

—¿Con quién tiene trato Ulises Ruiz? —se le cuestiona a Adrián Ramírez.

—Yo pienso que con las tres organizaciones. Le da recursos económicos supuestamente para proyectos.

El entrevistado afirma que Ubisort nació ante las constantes quejas de que los del MULT se quedaban con todos los recursos que llegaban para la comunidad, como Procampo, becas, apoyo a la tercera edad, proyectos productivos. Todo se quedaba en manos de sus dirigentes, como Heriberto Pazos, un mestizo que vive en la ciudad de Oaxaca, y Rufino Merino Zaragoza, un triqui.

—¿Desde cuándo los del MULT asesinan? —se tarda varios segundos en responder, quizá la pregunta fue un poco directa.

—Desde que me acuerdo, ahora tengo cuarenta años y cuando empecé a darme cuenta, ya asesinaban por cualquier cosa.

Pablo dice que las armas son compradas con el dinero que llegan para los proyectos productivos. Rosa acepta esta versión.

—¿Qué siembran allá?

La señora suelta la carcajada: “Mariguana, amapola, que crece sola en el cerro. Es casi silvestre. No requiere cuidado. No sabíamos qué tenía un valor allá afuera. Unos muchachos, hace varios años, salieron a la ciudad y como aquí se aprende muchas cosas, supieron que la amapola era negocio”.

Los niños, allá en Copala, juegan con armas, aseguran los entrevistados. “Es normal que desde pequeño aprendamos a usarlas aunque apenas podamos cargarla porque un cuerno de chivo es bien pesado”, recuerda Pablo, que rebasa los treinta años.

Los niños, allá en Copala, juegan con armas, aseguran los entrevistados. “Es normal que desde pequeño aprendamos a usarlas aunque apenas podamos cargarla porque un cuerno de chivo es bien pesado”, recuerda Pablo, que rebasa los treinta años.

La versión de que las tres organizaciones civiles están armadas lo confirmó el comandante de la Octava Zona Militar Luis Arturo Olive Ce, el pasado 5 de mayo, en la ciudad de Oaxaca, pero negó que el Ejército vaya a entrar en la zona.

Adrián Ramírez endurece su rostro. Intenta no reír pero carcajea cuando cuenta que en su pueblo, Sabana, ya no quieren enterrar a sus muertos en Copala. “Es que allá ni los muertos descansan por tanta balacera. Por eso hicimos nuestro propio panteón”. Un lugar que seguramente seguirá llenándose de víctimas.

El hijo de Rosa recientemente visitó San Juan Copala, se quedó fascinado. “No quería regresar. Los dos ríos que están cerca del pueblo, los árboles… Cuando lo traje de nuevo a Guadalajara duró varios días deprimido. Pero por ahora no lo vuelvo a llevar. Para ir a Copala hay que tener un seguro de vida, por si las dudas”.

—¿Es posible imaginar una relativa paz en esa zona? —le pregunto a Adrián Ramírez.

—Si firman algún acuerdo de paz, lo cumplen unos cuatro o cinco meses y empiezan de nuevo los balazos.

Los entrevistados están seguros de una cosa: cada quien carga con sus muertos y el odio se ha hecho piel y no parece tener fin. ®